Luego de que le cayeran fuertes críticas al personero de Medellín, Mefi Boset Rave, por una polémica fotografía en donde él aparece besando una camioneta, que acababa de ser entregada al Ministerio Público, el funcionario se defendió sobre múltiples acusaciones relacionadas con la austeridad y el gasto público de la entidad. Con esta situación el mismo Rave explicó que no adquirieron 16 vehículos como se había hablado en un principio, sino que fueron 6 compras bajo un plan estratégico.Por su parte y sobre la controversial foto, Rave aseguró que dicho material es sacado de contexto, ya que la compra de dichos vehículos era una necesidad de la Personería de Medellín que realiza más de 300 recorridos por la ciudad en el día. Además, indicó el personero que al momento de recibir su cargo habían 10 camionetas y solamente una estaba en funcionamiento."La foto es sacada de un contexto, un contexto de alegría, de emoción. Por atender una necesidad latente que tenemos en la ciudad, es una foto desafortunada. Por ejemplo, el día de hoy tenemos tres marchas en la ciudad. Tenemos que transportar a nuestros colaboradores y funcionarios a esos distintos lugares de la ciudad", dijo el personero.Rave explicó que los vehículos adquiridos no son de representación, sino que son meramente operativos para, por ejemplo, las más de 400 visitas que ha hecho la Personería de Medellín a las estaciones de Policía. Asimismo, se adquirieron cuatro motocicletas para que los funcionarios del Ministerio Público puedan estar presentes en movilizaciones ciudadanas y se puedan transportar de una manera más eficiente.Sin embargo, otra de las preguntas de la comunidad fue de dónde salió el dinero para adquirir los vehículos teniendo en cuenta que la Personería cuenta con un presupuesto de 44.000 millones de pesos. Ante esto Rave insistió que este año se ahorraron 520 millones de pesos en temas de fotocopias con lo que se adquirieron los primeros vehículos hace algunos meses.Sobre los tres carros comprados en las últimas horas reconoció el personero que el dinero llegó de la cancelación de viáticos, con lo que se ahorraron cerca de 250 millones de pesos, y la reducción de la operación logística que bajó cerca de 1.000 millones de pesos. Con este presupuesto llega la compra de las tres camionetas mencionadas y, además, se adquirió equipo tecnológico, se arregló la infraestructura del Ministerio Público y se amplió la atención al público hasta las 10:00 p. m.
La Personería de Medellín se encuentra en la lupa de la ciudadanía y de críticas en redes sociales, por verse inmersa en varias polémicas.Una foto del personero de Medellín besando una de las camionetas entregadas en las últimas horas a esa entidad genera controversia en la capital antioqueña. Además, durante el acto estuvo presente el personero auxiliar, quien a esa misma hora tenía una audiencia de imputación de cargos en el municipio de Campamento, la cual fue aplazada.Críticas desde diferentes sectores cayeron, por este motivo, al personero de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez, luego de que en redes sociales de la Personería Distrital se publicara una polémica fotografía del funcionario en medio de la entrega de tres nuevas camionetas para el cumplimiento de las funciones de la entidad.En la fotografía, cuya publicación ya fue eliminada, el funcionario está besando uno de los vehículos de alta gama recientemente adquiridos, lo que desató comentarios de todo tipo por parte de los usuarios en redes, especialmente relacionados con la austeridad y en el gasto público y la gestión de Rave en los primeros casi diez meses de su gestión.Desde la entidad del Ministerio Público indicaron que las camionetas entran a reforzar un parque automotor que ahora es de 16 vehículos para cumplir con las distintas tareas misionales que tienen en la capital antioqueña.Una situación que tampoco pasó desapercibida durante el acto de entrega tuvo que ver con la participación del personero auxiliar de la ciudad, Héctor Alfonso Gómez, quien por esas horas estaba citado para una audiencia de imputación de cargos en el municipio de Campamento, la cual fue aplazada.Cuando se desempeñó como alcalde de esa localidad del Norte de Antioquia entre 2012 y 2015, Gómez habría omitido solicitar autorización expresa al Concejo Municipal para realizar la compra del lote rural denominado Los Chorros para la ejecución de un proyecto de vivienda, situación por la que incluso ya fue sancionado por la Procuraduría.Actualmente ante la justicia el personero auxiliar debe responder por el cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
A las 9:00 de la mañana de este miércoles, 20 de noviembre, está programada la diligencia judicial en la cual el Juzgado Promiscuo del municipio de Campamento y la Fiscalía General imputará la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales al personero auxiliar de Medellín, Héctor Alfonso Gómez.La irregularidad que se le atribuye al funcionario la habría cometido cuando se desempeñó como alcalde de esa localidad del Norte de Antioquia entre los años 2012 y 2015 en medio de la adquisición de un predio para proteger un nacimiento de agua para la construcción de un proyecto de vivienda.El entonces mandatario omitió el deber de solicitar autorización expresa al Concejo Municipal para realizar la compra del lote rural denominado Los Chorros por lo que incluso ya obtuvo una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría y que ya tiene trascendencia penal a pesar de un principio de oportunidad que no fue aprovechado.Aunque el Contralor auxiliar dijo que no conoce ni ha tenido cercanía con Daniel Quintero y su grupo político, al menos cinco contratos por 205 millones de pesos tuvo con dicha administración, la mayoría de ellos fueron con el Hospital General, así como con algunos de sus sindicatos como Sindisalud y Sintravid, para la prestación de servicios en materia de asesoría jurídica.Igualmente, Héctor Alfonso Gómez, tiene relación política con el actual personero de Medellín, Meffi Boset Rave, quien tiene varias personas que estuvieron en el municipio de Campamento trabajando en varias dependencias de este ministerio público.Se espera que se defina por ese despacho si se impondrá alguna medida de aseguramiento evaluando los elementos que pueda hacer llegar la Fiscalía 83 Seccional Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia que investigó el caso.
Tras haber anunciado la apertura de una indagación preliminar, la Personería de Medellín anunció que encontró los elementos suficientes para formular cargos contra una exsecretaria de inspección de la Policía de la ciudad que habría incurrido en conductas irregulares aprovechando su cargo.Se trata de Ana María Bedoya Isaza, quien para 2023 se desempeñaba en este cargo, adscrita a la Subsecretaría del Gobierno Local y Convivencia de la Secretaría de Seguridad del Distrito.Según la denuncia que ahora avanza en proceso de juzgamiento, Bedoya Isaza se habría hecho pasar como abogada para supuestamente acompañar procesos que adelantaban ciudadanos ante esa inspección a cambio de dinero.La mujer llegó a recibir hasta 700.000 pesos por un proceso y le habrían abonado 200 mil por otro, por lo que le fueron formulados tres cargos. Uno por falta gravísima relacionado con concusión y los otros dos a título de dolo que tienen que ver con el incumplimiento de deberes y prohibiciones como los establece el artículo 38 en su numeral 9 y el artículo 39 en el numeral 3.Tras la notificación del pliego de cargos a la implicada por parte del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, ahora el proceso entra en etapa de decisión donde a través de un juzgamiento se definirá la culpabilidad o no de la exsecretaria en los hechos mencionados.
Grave panorama por casos de violencia y ataques hacia la población LGBTIQ+ en Antioquia y Medellín. Solo durante este año se han atendido a 849 personas que han sido víctimas de diferentes tipos de violencias por su orientación sexualA raíz de los recientes ataques hacia esta población, la Personería Distrital de Medellín emitió una alerta donde advierte sobre el aumento de la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+, pues según cifras de Módulo Diverso, línea 123 de atención para esta población, desde su instalación en 2021 hasta septiembre de 2024 se han atendido 1741 casos de emergencia social con esta comunidad.Además, hubo un incremento durante este 2024, sobre la atención a casos de violencia y discursos de odio, pues en 2023 se habían atendido a 637 personas y en lo corrido de este año al corte de septiembre ya se han atendido 849 personas, al menos 212 casos más. Entre estos casos, se encuentra la más reciente denuncia de Javier Carrera, un integrante de la población LGBTIQ+, que fue atacado junto a su pareja en Medellín por ir tomados de la mano debido a su orientación sexual."Yo venía agarrado de mano con mi pareja y nos dijeron un poco de cosas feas, y simplemente por pararme y decirle que por favor me respetara, nos agarraron entre todos y nos golpearon horrible. ¿Cómo había pasado esto en mi vida?", narró.Adicionalmente, según información de la Línea 123 Módulo Diverso y el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, confirman que hay una crisis de seguridad que pone en riesgo la integridad de las personas LGBTIQ+ en zonas de altos ataques y violencia hacia esta población, como lo es la comuna 11, Laureles, la comuna 12, La América y la comuna 10, La Candelaria, entre otras. Según Juan David Pineda, integrante de la comunidad LGBTIQ+ e historiador con énfasis en estudios culturales de la Universidad de los Andes, los ataques podría deberse a aspectos generacionales y a un rechazo de la sociedad."Creo que ha existido un aumento en casos de intolerancia a la población diversa que no necesariamente se manifiestan en actos de agresiones físicas. Creo que esto se debe sin duda a aspectos generacionales, pero principalmente es a una población un poco más conservadora que rechaza nuevas nociones de ver el mundo e incluso más que ver, de vivir y de sentir la experiencia humana", manifestó.Además, de acuerdo con datos de organizaciones como Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, Antioquia se encuentra entre las regiones con mayores índices de violencia contra personas LGBTIQ+, pues solo el año pasado, fue el departamento con más homicidios hacia esta población con 7 asesinatos, asimismo, Medellín continúa reportando preocupantes cifras de agresiones físicas, amenazas y homicidios. A pesar de una leve reducción en los homicidios en 2024 en comparación con el año anterior, según la Personería, los discursos discriminatorios persisten en la capital antioqueña, elevando el riesgo de ataques contra esta comunidad, pues muchas veces las estadísticas oficiales no reflejan la realidad debido a que muchas personas no denuncia por miedo y a deficiencias en los sistemas de información, lo cual agrava el suBregistro de estos casos.Desde la Personería de Medellín, realizaron una petición a las autoridades locales para adoptar un enfoque integral de derechos humanos, que reactive la mesa de casos urgentes y promueva intervenciones coordinadas con entidades locales para garantizar la seguridad a esta población.Asimismo, le solicitaron a la Secretaría de Seguridad y a la Gerencia de Diversidades Sexuales a sensibilizar a la ciudadana frente a los discursos de odio responsables de esta violencia.
La Personería de Medellín anunció la apertura de la investigación disciplinaria en contra de varios exdirectores del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín y también de Metroparques, todos involucrados en presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo firmado por ambas entidades en el 2020. Según el Ministerio Público los inconvenientes se evidenciaron durante la etapa de ejecución del convenio mencionado.Entre los investigados están Diana Toro, Carlos Romero, Cristhian Sánchez y Yuberth Ordóñez, exdirectores del Inder; Jorge Liévano, María Domínguez y Carlos Jaramillo, exgerentes de Metroparques; y otro par de funcionarios involucrados en el manejo irregular de los contratos.La personera delegada de Vigilancia e Instrucción Disciplinaria, Yenny Serna, explicó cuáles fueron las irregularidades que se evidenciaron en el convenio: "El objeto era contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia, coordinación y ejecución de recursos para las actividades físicas para el desarrollo de la oficina asesora de planeación, así como los proyectos priorizados del programa de planeación local y presupuesto participativo del INDER Medellín", manifestó la funcionaria.Según la Personería de Medellín la investigación garantizará a los exservidores públicos el derecho a la defensa y una vez culmine la etapa de investigación se tomará una decisión de archivar o en su caso realizar la formulación del pliego de cargos.
La Personería de Medellín formuló cargos contra el exgerente y el exdirector financiero de Metroplús por la extensión de un contrato que no contaba con disponibilidad ni registro presupuestal.Gracias a una investigación iniciada por la Contraloría General de Medellín, la Personería distrital formuló cargos en contra de Andrés Moreno Manera y Germán Builes Zuluaga, exgerente y exdirector financiero de Metroplús respectivamente para el año 2019.Según el ente de control, las presuntas irregularidades tienen que ver con el contrato 73 de revisoría fiscal en el año 2019, para el que estos exfuncionarios firmaron una adición en plazo que no contaba con disponibilidad ni registro presupuestal."Le adicionó el contrato sin tener el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal. Este contrato iba hasta el mes de abril del año 2020 el CP y el registro presupuestal solamente fueron expedidos en el mes de enero del año 2020 una vez ya se había realizado la adición", explicó Yenny Serna Montoya, personera delegada de vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria.En este sentido, para este contrato de cerca de 70 millones de pesos los exfuncionarios habrían comprometido recursos de vigencias futuras que no les correspondían a ellos y que tuvieron que ser sacados del presupuesto del año siguiente.
La Personería de Medellín inició indagación previa contra funcionarios de la Empresa de la EDU que, al parecer, habrían legalizado, de manera irregular y sin cumplimiento de requisitos, documentos para la construcción de infraestructura en la Cuarta Brigada de Medellín.La mencionada indagación comenzó, luego de las denuncias presentadas por la actual gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano relacionadas con la expedición y firma de documentos en 2024 por parte de la exgerente, sin que la última tuviera calidad ni competencia para ello.Yenny Serna, personera delegada de vigilancia e instrucción disciplinaria del Ministerio Público, amplió detalles de las presuntas irregularidades.“Las presuntas irregularidades se habrían presentado en la ampliación y adición a los contratos 3302 de 320 y 330620 superando los 10.000 millones de pesos”, afirmó.Según detalló la Personería, la indagación contra los funcionarios aún por determinar, se desarrollará con el respectivo respeto de la garantía del debido proceso, garantizando que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de alguna inconsistencia, procederá con la apertura formal de Investigación y, de ser necesario, la formulación de pliego de cargos.Estas denuncias hacen parte de los más de 500 hallazgos, en contra de la administración de Daniel Quintero, que denunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a principios del año.
La Personería de Medellín abrió indagación previa por presuntas irregularidades que se habrían presentado en un contrato del año 2023 y el presunto desvió de dineros de la ejecución del mismo para la campaña a la Alcaldía de Medellín del ahora concejal por el partido Independientes, Juan Carlos Upegui.Por ello, la agencia del Ministerio Publicó indagará a funcionarios por determinar del Distrito de Medellín por estas presuntas anomalías, en un contrato celebrado entre Plaza Mayor y la Secretaría de Participación Ciudadana. Si bien este asunto había sido remitido por parte de la Alcaldía de Medellín a la Personería, durante las sesiones extraordinarias del Concejo, Federico Gutiérrez se refirió y aportó una nueva prueba, según confirmó Yenny Serna, personera delegada 20D de vigilancia e instrucción disciplinaria."Fue como un correo que se encontró de una corporación donde hacía alusión de que le habían dicho que no le podían pagar como la factura completa porque parte del dinero de esa factura se había tenido que asignar o designar para la campaña de un candidato a la alcaldía de Medellín", manifestó Serna.Esta investigación hace parte de los 501 hallazgos que dio a conocer el alcalde Federico Gutiérrez, a las entidades competentes para indagar, de su antecesor Daniel Quintero, por contratos y proyectos con presuntas irregularidades o dónde las autoridades podrían determinar que hay corrupción.Según la Personería, esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de Investigación Disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos.
La Personería Distrital de Medellín inició una indagación previa en contra de varios funcionarios de Buen Comienzo y de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín por, presuntamente, comprar de manera irregular dos predios en la capital de Antioquia. Las irregularidades se registran en dos terrenos valorados en más de 5.000 millones de pesos.La información entregada por el Ministerio Público indica que uno de los predios está en el polígono de renovación del Plan Parcial Jesús Nazareno. Esto explicó Yenny Serna, personera delegada de Vigilancia e Instrucción Disciplinaria de la Personería de Medellín."Allí construiría un jardín o un centro infantil por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, que según el Departamento Administrativo de Planeación no se puede construir en ese lugar", explicó la funcionaria.Además, se conoció que el otro predio que tiene irregularidades y que entró en el proceso de Vigilancia Administrativa de la Personería de Medellín es el proyecto Santa Eufrasia que, presuntamente, no tendría con la licencia para la construcción. El lugar donde se quería construir un jardín infantil de Buen Comienzo está ubicado entre la comuna La América y San Javier.Finalmente, desde el Ministerio Público se indicó que si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche, se procederá con la investigación disciplinaria y de ser necesario se les formulara pliegos de cargos.
Con 20 votos a favor de 21 posibles, el Concejo de Medellín le dio luz verde al proyecto de acuerdo que fijaba el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para el 2024.El concejal coordinador de la iniciativa, Alejandro De Bedout, indicó que este proyecto está acorde con las leyes nacionales y parte del decreto 0293 del 2024 que emitió el presidente de la República, en el cual se establece el límite salarial.Así las cosas, quedó en firme la propuesta de fijar el salario en $23.836.104 millones de pesos para estas tres importantes figuras en la capital antioqueña, lo que, en comparación al año 2023, representa un incremento del 10.3%. Además, añadió el concejal que el aumento corresponde a la responsabilidad del cargo y da respuesta a la variación del IPC y a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con los sindicatos y los empleados en el país.A su vez, el concejal Carlos Gutiérrez afirmó que el incremento va ligado según la categoría del municipio y enfatizó que el aumento que se está haciendo queda por debajo del que se realizará a los servidores públicos del Distrito de Medellín.Por otro lado, la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, explicó que el Gobierno nacional fijó el techo salarial para los alcaldes de categorías especiales. Este proyecto fija el salario mensual en $23.836.104 millones de pesos porque Medellín es un Distrito de categoría especial. Indicó, además, que este aumento da casi un punto porcentual menos que el incremento que tuvieron los servidores públicos del Distrito de Medellín para el año 2024. Finalmente, el Concejo aprobó el incremento salarial para los funcionarios con el IPC más 2.1% puntos porcentuales para el año 2025. El debate se concentró en ofrecer la posibilidad a los empleados del Distrito de un incremento que no se diluya con el crecimiento de la inflación.
La historia empezó cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Telecom Colombia, durante su Gobierno.El jefe de Estado aseguró que la privatización de la liquidada empresa se dio por la codicia del exmandatario.El expresidente Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a la comunidades.“Por el bien de Colombia y de la democracia quisiera evitar noticias que titulen “rifirrafe Petro-Uribe”, que tanto aprovechan algunos. Cuando llegué a la Presidencia Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época, los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero”, dijo en sus redes sociales.Además, añadió que “el actual Gobierno, que ha creado 39 mil cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk”.A esto se le suma que argumenta que el Gobierno neocomunista niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. “Colombia necesita la polarización conceptual y debe evitarse la polarización del agravio personal”, finalizó Uribe.
César Pérez Chala, alias ‘Peñaranda’, tenía un largo prontuario delictivo y una carrera criminal de 17 años liderando proyectos de expansión territorial en el departamento del Chocó. El cabecilla es responsable de delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, además de confinamientos y homicidios. También estaría señalado de las acciones criminales con artefactos explosivos ocurridas en el 2022, contra estaciones de Policía en los municipios de Novita e Istmina, del departamento de Chocó.Durante más de un año, las autoridades le habían seguido la pista al delincuente, quien visitaba con frecuencia la subregión del Urabá para realizar actividades de descanso y compartir con su familia. Según el coronel Héctor Alexander Juzga, comandante de la Décima Séptima Brigada, este importante golpe a este grupo armado fue llevado a cabo por tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional en un trabajo articulado con la Sijín y la Policía Nacional, quienes, en medio de un operativo desplegado en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, capturaron en flagrancia al presunto cabecilla de la Subestructura Carreteras, del departamento del Chocó."Este hombre fungía como el cabecilla principal de la Subestructura de Carreteras del grupo armado organizado, Clan del Golfo, que delinque en el departamento del Chocó. De tal manera que esta importante captura es una afectación vital a los intereses estratégicos del Clan del Golfo en lo que corresponde al expansionismo territorial", explicó el coronel.En el operativo fue hallado un revólver con munición, además de varios objetos de brujería, que portaba el cabecilla en un canguro que en su interior contenía figuras esotéricas, jeringas, aceites y un cuaderno con rituales de magia negra y santería, con los que, según las autoridades, alias ‘Peñaranda’ pretendía atraer riquezas y evitar ser capturado por la justicia.Es importante recordar que, en el año 2021, este cabecilla fue enviado por alias ‘Siopas’, quien fue subcomandante del Clan del Golfo y le había ordenado en aquel tiempo al delincuente trasladarse desde Urabá, donde delinquía, hasta el Chocó, debido a su experiencia en combate y capacidad armada, factor que lo hizo acreedor de ser quien materializara la expansión criminal del Clan de Golfo en el Chocó.
Mientras todo parece indicar que la llegada del primer recibo de cobro por valorización a propietarios de predios en la Vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, será un hecho inminente en el mes de febrero; desde estas dos ciudades siguen las voces de rechazo a este instrumento del Gobierno Nacional.El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Invias que permite dicho cobro, y además coadyuvó la demanda del articulo Plan del Desarrollo del Gobierno que autoriza este impuesto por obras de infraestructura, pidió frenar el inicio de este pago de valorización hasta que se den las decisiones judiciales pendientes.El mandatario cartagenero reiteró que está en contra de la medida que considera inconstitucionalidad, pues de que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto.“Yo no estoy de acuerdo con el cobro, pero tengo que respetar las reglas, y la regla es que tiene que ser la justicia la que tome una decisión, mientras la justicia toma una decisión el trámite que se está surtiendo es el que ya el Ministerio ha planteado, el que Invias ha planteado, el que se ha comunicado, y de no suceder nada antes de marzo, en esa fecha nos empezarán a llegar los recibos”, sostuvo el alcalde Turbay.Sin embargo, el alcalde también fue enfático en que en caso de que se inicie los cobros, tal como lo ha anunciado la ministra de transporte, María Constanza García, exigirá que todo el dinero recaudo en la ciudad será reinvertido en Cartagena.“El presidente ha hablado de solidaridad de los colombianos, pero si a nosotros al final nos toca pagar eso, esos recursos deben reinvertirse en la ciudad, ni siquiera en Bolívar, en Cartagena, y el proyecto identificado inicialmente es la terminación de la Vía Perimetral”, señaló.El cobro de valorización se aplicará a aproximadamente a 147 mil predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena, a partir del primer semestre de 2025, empezando por la capital de Bolívar.“Los análisis realizados nos han permitido identificar que los 147 mil predios, a los cuales se aplicará la contribución, tienen capacidad de pago.Es decir, si tras los análisis realizados se determina que el propietario o poseedor del predio no tiene capacidad de pago, no recibirá el recibo correspondiente. Los propietarios que sí lo reciban tendrán la capacidad de pagar la contribución asignada”, explicó el pasado mes de octubre desde Cartagena el director del Invias, Juan Montenegro.A su vez, el funcionario detalló que el 40% de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad, quedaron exentos de este cobro debido a aspectos como falta de capacidad de pago, ser Sisbén A y B, estar clasificados en los estratos 1, 2 y 3; o ser bienes excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.
WhatsApp ha empezado a implantar las transcripciones de los mensajes de voz, una nueva función que permitirá a los usuarios leer este tipo de mensajes y que, inicialmente, está disponible en algunos idiomas, incluido el español.Según la aplicación de mensajería instantánea, las transcripciones se realizan en el dispositivo, por lo que los mensajes de voz personales permanecen cifrados de extremo a extremo. "Esto significa que nadie más, ni siquiera WhatsApp, puede verlos, escucharlos o leerlos"."Las transcripciones de los mensajes de voz están llegando a WhatsApp. ¡Disfrútenlas!", ha escrito a través de su canal de WhatsApp Mark Zuckerberg, fundador de Meta.La aplicación de mensajería detalla en una nota que, si bien los mensajes de voz permiten conectarse con amigos y familiares de un modo más personal, hay ocasiones en las que el usuario está en medio de una actividad en un lugar ruidoso o recibe un mensaje de voz largo y no puede detenerse para escucharlo."Para momentos así, WhatsApp presenta las transcripciones de mensajes de voz. Los mensajes de voz que recibes pueden transcribirse a texto para que puedas participar de las conversaciones sin importar lo que estés haciendo", señala la red de mensajería.Las transcripciones se implementarán en todo el mundo durante las próximas semanas. Comenzarán con algunos idiomas, pero WhatsApp tiene previsto añadir más en los próximos meses.
