Recientemente, algunos relatores de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Colombia en la que mostraban su preocupación por las amenazas que ha recibido el joven ambientalista colombiano Francisco Vera. En el documento los relatores también pedían información sobre las medidas tomadas por el Estado para garantizar la seguridad de Vera."Expresamos nuestra preocupación grave ante los persistentes ataques virtuales, incidentes de intimidación y acoso digitales, incluyendo amenazas de muerte, en contra del niño defensor de los derechos humanos, Francisco Vera, durante varios años, desde que tenía 11 años de edad, en 2019", señalaron los relatores.Estas amenazas de muerte, incitaciones a la violencia, y ataques digitales parecen estar directamente relacionados con sus actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos y en torno a la justicia climática, conservación de la naturaleza, el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, y los derechos de los niños y las niñas, así como con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en defensa de dichas causas", aseguraron.En el documento también citaron varios casos en los cuales Vera ha recibido mensajes con amenazas en su contra, de esta manera, los relatores de Naciones Unidas también información sobre las medidas tomadas para garantizar la protección del joven colombiano.Respuesta de la Cancillería de ColombiaLa respuesta llegó por parte de la Cancillería, desde ese ministerio se refirieron a las medidas de seguridad tomadas por la Unidad Nacional de Protección y a las políticas que se han tomado para garantizar los derechos de los niños y los defensores ambientales."El Estado colombiano ratifica su compromiso de continuar informando a la Honorable Subdivisión sobre la información adicional que alleguen las entidades concernidas sobre el asunto de la referencia. En este sentido y dada la gravedad de la situación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se instará nuevamente a las autoridades competentes a que, en el marco de sus competencias, adelanten acciones en con el fin de garantizar la investigación de las amenazas en línea recibidas por el menor de edad y brindar protección a Francisco Vera y su familia. Colombia refrenda su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes y mediante instituciones especializadas en la protección de la niñez como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Estado trabaja en la garantía y cumplimiento de los derechos de la infancia" respondieron desde la Cancillería.
El Comité Intergubernamental de Negociación de la ONU (INC) arrancó este lunes la quinta ronda de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo internacional "ambicioso" para limitar la contaminación global de plásticos, con el foco en las discusiones sobre el control de la producción de polímeros sintéticos.Con la participación de representantes de 175 países y unas 600 organizaciones observadoras, el panel comenzó su trabajo hoy en la ciudad de Busan, al sureste de Corea del Sur y tendrá hasta el domingo 1 de diciembre para tratar de alcanzar un tratado vinculante que regule la contaminación derivada del uso de plásticos y su impacto en la salud humana y el medioambiente.No obstante, los progresos en las negociaciones se ven dificultados por las divergencias entre un grupo de países partidarios de una mayor regulación del sector y otros cuyos intereses nacionales están marcados por el peso de su industria petroquímica.La de Busan es la quinta y última sesión del Comité Intergubernamental, que fue conformado en 2022 bajo una resolución de Naciones Unidas con el mandato de desarrollar "un instrumento internacional legalmente vinculante" sobre la contaminación de plásticos, y basado en el compromiso de acabar con ese tipo de polución para 2040."Tenemos la oportunidad real de hacer algo al respecto, y esperamos que esto sea un ambicioso punto de partida para regular internacionalmente el problema de los plásticos", dijo la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, en una rueda de prensa con motivo del arranque de la sesión.Andersen señaló tres puntos concretos por resolver durante la cita de Busan: identificar ciertos compuestos químicos presentes en los plásticos que pueden suponer un riesgo para la salud humana, lograr una producción y consumo de plásticos "sostenible", y crear un mecanismo financiero para apoyar los esfuerzos internacionales a largo plazo de control del problema de los residuos plásticos.Al ser preguntada sobre las dificultades de alcanzar un acuerdo sobre el segundo punto, el de controlar la producción internacional de ciertos plásticos, Andersen admitió que es un asunto complejo y apostó por centrar los esfuerzos de las negociaciones en el primer punto y tratar de avanzar sobre el consenso ya existente."Sabemos que hay compuestos que no queremos en nuestros cosméticos, cerca de los alimentos que vamos a comer, o en los pañales para bebés... Empecemos por aquí y establezcamos un proceso para identificarlos, incluirlos en un listado y así poder controlarlos mejor", dijo."No espero que las negociaciones sean sencillas, pero está claro que hay un deseo entre la ciudadanía para abordar este problema y también voluntad política", afirmó Andersen, quien dijo que la complejidad de las negociaciones "no debe hacer que se baje el listón" y derivar en "un acuerdo insignificante".Por su parte, el presidente del comité, el ecuatoriano Luis Vayas, se mostró "optimista" sobre las posibilidades de acordar un tratado que suponga "un cambio real" a la hora de proteger la salud humana y el planeta, además de "garantizar un futuro más sostenible".El presidente del INC catalogó la contaminación de los plásticos "como una de las crisis globales medioambientales más urgentes de nuestro tiempo", y citó datos como que los plásticos representan el 80 % de toda la contaminación de los océanos, o que entre 8 y 10 millones de toneladas métricas de esos residuos van a parar a los océanos cada año.La producción de plásticos conlleva además una carga financiera de 2.500 millones de dólares anuales a la economía global por su impacto en los ecosistemas o en la salud humana, dijo Vayas, quien destacó que el tratado que se busca en Busán "no solo servirá para proteger la salud humana o el planeta, sino también para apoyar un desarrollo económico sostenible y promover innovación en la industria plástica".En la víspera del inicio de la quinta de negociación (INC-5), una plataforma de ONG envió a las delegaciones participantes una petición firmada por 3 millones de personas de todo el mundo en la que se reclama "un tratado global legalmente vinculante para reducir drásticamente el uso y producción de plásticos y proteger la salud humana y el medio ambiente".Las principales ONG medioambientales detrás de esta iniciativa, Greenpeace, WWF y Break Free from Plastic, instaron a los gobiernos a "revertir la crisis global de los plásticos" y a "rechazar cualquier intento de diluir el contenido del acuerdo de excluir medidas clave", en un comunicado.
Cartagena fue la sede de un evento mundial para hablar de turismo, una actividad que viene en aumento en el planeta, también en Colombia, pero que exige estrategias para hacerlo de manera sostenible.En diálogo con Mañanas Blu Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, habló sobre cómo han avanzado en la iniciativa sostenible. La recuperación del turismo post-pandemia, de acuerdo con Natalia Bayona, el turismo está logrando una recuperación significativa, con cifras que superan el 97 % en comparación con 2019. Esta resiliencia del sector indica que el turismo puede recuperarse rápidamente, pero es fundamental que evolucione hacia un modelo que priorice la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades."Nosotros trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Turismo y Presidencia. Colombia hoy en día tiene un liderazgo muy importante a nivel regional", resaltó.Estos problemas requieren un enfoque en la sostenibilidad ambiental y social para garantizar que el turismo sea un motor de desarrollo económico y paz.Aunque el país ha avanzado en la atracción de inversiones y en el crecimiento de la conectividad aérea, persisten desafíos en la gobernanza y la regulación del turismo para asegurar que beneficie a las comunidades locales. Bayona enfatizó en la necesidad de un turismo que no sea masivo, sino de nicho, basado en la cultura y las tradiciones, para que pueda sostenerse en el tiempo."El turismo es sinónimo de riqueza y evolución en su comunidad", reflexionó. Escuche aquí la entrevista:
Desde una reunión de alto nivel en la ONU, en Nueva York, la vicepresidenta Francia Márquez pidió a este organismo respaldar la proclamación de un segundo decenio internacional de los afrodescendientes y asumir las reparaciones de estos pueblos.Márquez aseguró que esta agenda debe girar en torno de desarrollo, justicia y reconocimiento; para ello sugirió la creación de un fondo mundial de reparaciones históricas para erradicar las consecuencias de la esclavitud y el racismo.La también ministra de Igualdad y Equidad pidió además institucionalizar una conferencia mundial para la restauración de la dignidad de los afrodescendientes.“Asumir verdaderamente una agenda para el desarrollo, el reconocimiento y la justicia, implica asumir una agenda de reparaciones históricas que restauren la dignidad humana de los pueblos afrodescendientes (…) los invitamos a construir sobre el legado de la Declaración de Durban para lograr un Segundo Decenio en el que la dignidad se haga costumbre”, dijo ante los asistentes.La vicepresidenta cuestionó duramente los resultados de haber proclamado el primer decenio, que termina en diciembre de este año. Reconoció que la población afro sigue sin acceso a la educación, salud, trabajo digno y “sometida a ocupar el lugar de la servidumbre”.“La pregunta de fondo es: ¿por qué el Decenio de los Afrodescendientes no nos ha permitido alcanzar el desarrollo, la justicia y el reconocimiento? Y la respuesta es simple: porque nuestros Estados continúan conservando sus estructuras racistas como consecuencia del sistema esclavista y colonial”, dijo la ministra.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló en las últimas horas que hasta el mes de septiembre de este 2024 había recibido 152 denuncias de homicidios de líderes sociales en Colombia. La ONU ya pudo verificar 47 casos y 44 están en proceso de verificación."La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: el carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora", explicó la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.El 24 % de los casos denunciados hacen referencia a miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) siendo los defensores que enfrentan el mayor riesgo. En cuanto a los departamentos el Cauca es uno de los que más registros presenta. Sin embargo, la situación también es compleja en Arauca.Es importante recordar que en el Cauca hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, mientras que en Arauca hay presencia de ese mismo grupo y del ELN, el cual está en un proceso de paz con el Gobierno.En 2023, la oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió ya 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras que está cotejando.“Observamos que esta violencia afecta en particular a miembros de Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente”, señaló el director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en el país, Christian Salazar Volkmann.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó su preocupación sobre la metodología utilizada por las Naciones Unidas para la medición de cultivos ilícitos en el país. Según dijo, el enfoque prospectivo que se aplica para estimar la producción de cocaína no refleja con precisión la realidad de la situación en Colombia.La ministra Buitrago explicó que el método actual genera un conjunto de hipótesis a partir de un análisis territorial, pero no aborda las acciones efectivas que realiza la Policía Nacional y la Fiscalía, que incluyen la incautación y destrucción de narcóticos."Es un método que nosotros llamamos prospectivo y lo que hace es generar una hipótesis a través de un análisis de un territorio. Y esto nos lleva a dos condiciones particulares, la primera, que cuando nosotros hablamos de qué es lo que realmente ha salido como cocaína o como producto fabricado, no se puede medir, tampoco se hace utilización de las incautaciones y la destrucción de laboratorios para trabajar la cifra final y sobre esos supuestos generamos algo que ha insistido también la directora de ONU que significa que ellos lo que hacen es una proyección y un potencial", detalló.Además, mencionó que hay regiones donde el cultivo de coca ha disminuido y que esto se relaciona con factores como la caída del precio de la coca. Detalló que, en algunos lugares, la producción dejó de ser rentable, alrededor de 5.000 pesos la tonelada, lo que contribuyó a la reducción de cultivos.“Entonces, cuál es la discusión que tenemos de fondo y la tenemos desde el Ministerio de Justicia y el presidente ha hecho énfasis en varios elementos, que cuando yo hablo de potencial no hay posibilidad de medir lo real y desde ese punto de vista no se está dando un dato con una evidencia que pueda decir: eso fue lo que pasó. Lo segundo, que al no descontar las múltiples acciones que hace la Policía Nacional y la Fiscalía, como son incautaciones de destrucción de laboratorios, destrucción de clorhidrato, pues resulta que tampoco se está contando que ese material no ha salido del país porque fue objeto de incautación, destrucción o, desde ese punto de vista, de inhibición, de que salga esa cocaína o realmente tenga algún resultado”, recalcó.En un contexto donde las mediciones de cultivos ilícitos son cruciales para definir la política antidrogas, Buitrago subrayó la necesidad de revisar y ajustar la metodología utilizada para generar un entendimiento más claro de la situación real en Colombia. Esto es esencial, especialmente en un momento en que el país busca crear un nuevo enfoque en su lucha contra el narcotráfico, dijo.Así, la ministra también se refirió a un proyecto que puede permitir al Estado adquirir cultivos de coca para usos científicos o medicinales. Aclaró que esto se mantendría dentro del marco legal existente y no permitirá que el cultivo se amplíe más allá de lo permitido por las convenciones internacionales.
La Oficina para la coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ocha, reveló que entre enero y septiembre del 2024 en Colombia al menos 388.100 personas han sido afectadas por desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones de movilidad. La zona del país más afectada es el Pacífico, pero la situación también es preocupante en Arauca y Norte de Santander.“Entre enero y septiembre, el Equipo Humanitario País ha observado una tendencia creciente en las acciones armadas, impulsadas por las dinámicas de expansión y control territorial de los Grupos Armados No Estatales. Su presencia en múltiples territorios sigue exponiendo a la población civil a graves riesgos de protección, accidentes por artefactos explosivos, enfrentamientos, combates, reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en hostilidades, entre otros”, advierte la OchaLos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc han generado tensiones en los departamentos de Meta, Guaviare y la región Amazónica, donde podría haber una agudización del conflicto.“En Norte de Santander y Arauca, la violencia armada por parte del ELN contra las fuerzas de seguridad e infraestructura pública incrementaron los riesgos de protección para la población civil. Dicho departamento previamente era identificado como zona de alto riesgo, y entre agosto y septiembre se produjeron desplazamientos forzados y confinamientos, lo que sobrepasó las capacidades de respuesta de las autoridades locales, departamentales y del equipo local de coordinación”, se lee en el documento.Casos de desplazamiento en ColombiaEntre enero y septiembre, al menos 171.700 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Colombia y las comunidades étnicas del país se están viendo gravemente afectadas.“Al menos 41 % de las víctimas de desplazamiento masivo pertenecen a comunidades afrocolombianas, y los pueblos indígenas representan el 42 % de las víctimas de confinamiento. Los impactos desproporcionados en los pueblos étnicos, al desconectarlas de sus territorios y sus prácticas socioculturales, agravan la inseguridad alimentaria, limitan la sostenibilidad de sus modos de vida, erosionan la cohesión social y las estructuras organizativas tradicionales y los mecanismos de protección comunitaria ocasionando riesgos en su pervivencia”, se lee en el documento de Naciones Unidas.Algunos departamentos en los que se están presentando estos casos son Bolívar, Chocó, Nariño, Cauca y Norte de Santander.“Nariño sigue siendo el departamento con el mayor número de víctimas de desplazamiento masivo, con un total de 18.225 personas afectadas hasta finales de septiembre, lo que representa el 42 % del total nacional. Los municipios más afectados han sido Olaya Herrera, Magüí Payán, Policarpa y El Charco, los cuales han experimentado un incremento del 135% en el número de víctimas por desplazamientos masivos”, señala el texto.Más de 104.000 personas fueron confinadas en Colombia entre enero y septiembreEn Colombia al menos 104.803 personas fueron confinadas entre enero y septiembre, en los primeros nueve meses del año se superó el total de víctimas de confinamiento del 2023.“Chocó continúa como el departamento con mayor número de víctimas por confinamiento, con especial preocupación en los municipios de El Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí e Istmina tras el paro armado decretado en agosto. Durante 2024, un total de 37.874 personas fueron afectadas por confinamientos, lo que representa el 36,2 % del total nacional, dice la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
La ministra de justicia, Ángela María Buitrago, se suma a la tesis del presidente Gustavo Petro sobre los vacíos que tendría el informe de la ONU sobre cultivos y producción de coca en el país. Dice la ministra que las cifras no son coherentes con la realidad de lo que se incautó y por ende se evitó que saliera del territorio, menciona también que faltan explicaciones y contexto y por eso aseguró que en 2 reuniones que se ha tenido con la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito el Gobierno presentó 21 preguntas para que se especifiquen varios temas de dicho informe.“El informe de la UNDOC no tiene en cuenta ni incautaciones ni destrucciones de laboratorios, ni destrucciones de base, ni destrucciones de clorhidrato. ¿Qué significa que haya un nivel tan alto en incautaciones y destrucciones? Que ese material nunca salió. Para poder llegar a esa conclusión del potencial, que vuelvo y digo no es real porque no hubo ninguna verificación en ese tema, tendrían que haber descontado lo que realmente incautó, destruyó y generó”.Este pronunciamiento se da luego de conocerse el reporte anual de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito que reveló que la producción de cocaína en Colombia se disparó 53 % en 2023, pero además también se disparó la productividad. El presidente Gustavo Petro ya había asegurado que tenía dudas sobre dicho informe asegurando que no ha observado ningún cultivo en el mundo que duplique su productividad en un año.“Es decir que la misma área sembrada produce el doble en el 2022 que en el 2023. Solo dejo que son dudas”, puntualizó el mandatario.
La enorme cantidad de imágenes de abuso sexual infantil creadas con inteligencia artificial (IA) amenaza con desbordar la capacidad policial en algunos Estados y dificulta los esfuerzos para identificar a las víctimas, alerta la principal experta de Naciones Unidas en cibercriminalidad."El problema no es solo la cantidad de material generado, sino también la dificultad que representa para las investigaciones", explica a EFE en una entrevista Nayelly Loya Marin, jefa del Programa Global contra el Ciberdelito de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD).Identificar y perseguir"Es mucho más complicado identificar qué imágenes son reales y cuáles han sido alteradas o creadas con inteligencia artificial, lo que obstaculiza la identificación tanto de las víctimas como de los perpetradores", agrega la experta mexicana.La IA no solo incrementa de forma exponencial el volumen de contenido ilegal, sino que también perpetúa el daño a las víctimas, subraya Loya Marin.Las imágenes de menores que han sufrido abusos pueden ser utilizadas para generar nuevo material, lo que implica una constante "revictimización"."Esto perpetúa el sufrimiento de las víctimas, quienes ven su imagen utilizada repetidamente en contextos abusivos", resume la experta.El perfil de los criminales involucrados en la creación y distribución de imágenes de abuso sexual infantil es muy variado, aunque en su inmensa mayoría son hombres.Existen redes criminales que producen este contenido de manera sistemática y que, según Loya Marin, suelen estar vinculadas a la trata de personas y la explotación sexual, grabando y distribuyendo material como una extensión de los delitos que ya cometen en el mundo físico.Pero ahora el problema se multiplica por la capacidad casi infinita de la IA para crear nuevo material a partir de imágenes ya existentes."Esto va a tener un fuerte impacto en la capacidad de investigación de las fuerzas policiales", sostiene Loya Marin, subrayando que ya de por sí la investigación de este tipo de delitos es una de las áreas más complicadas para las fuerzas de seguridad.Desde la pandemia de la Covid el material de abuso sexual infantil ha crecido de manera alarmante, y la inteligencia artificial permite ahora generar contenido de forma sencilla.El uso de IA permite, por ejemplo, manipular imágenes de menores, desnudándolos o alterándolas para crear contenido sexualizado, lo que amplía la cantidad de material en circulación."Hemos visto casos de jóvenes que, utilizando versiones gratuitas de estas herramientas, crean nuevo contenido manipulando fotos que originalmente no tenían connotación sexual, convirtiéndose en ofensores sin saber que era un delito", indica Loya Marin.En este contexto, las grandes plataformas tecnológicas juegan un papel crucial y deben actuar de forma ética y responsable, destaca la responsable de la ONU.La aplicación de tecnologías como el encriptado del material que se comparte en grupos cerrados de redes sociales supone un enorme problema para las fuerzas de seguridad y dificulta la detección de contenido ilegal."El encriptado impide que las autoridades accedan al contenido en ciertos grupos privados, lo que hace más complicado identificar y detener el intercambio de este tipo de material", advierte.Un ciberdelito sin fronterasAdemás de los desafíos tecnológicos, Loya Marin destaca también la importancia de la cooperación internacional y, en este aspecto, el papel que jugará la nueva Convención contra la ciberdelincuencia de la ONU."El crimen en el ciberespacio no conoce fronteras, y muchas veces las víctimas están en un país, el perpetrador en otro, y el contenido en un servidor en un tercer país", subraya la experta.Esa Convención, que en diciembre puede ser aprobada por la Asamblea General de la ONU, debe ser ratificada por 40 Estados para que entre en vigor, lo que llevará un tiempo.El borrador del documento aborda de forma específica el tema del "material de explotación y abuso infantil", una definición que, según Loya Marin, refleja mejor la naturaleza del delito que el término de "pornografía infantil".Para la experta ese término puede generar confusión porque podría dar a entender algún tipo de consentimiento, algo que no es posible en un menor.La ONUDD, a través de su Programa Global contra el Ciberdelito, apoya a los Estados proporcionando asistencia técnica, capacitación, facilitando equipos y promoviendo la cooperación internacional tanto en la prevención como en la investigación, destaca la experta.En el caso de América Latina, Loya Marin señala que existen problemas en el acceso a tecnología avanzada y software especializado, cuyo costo es elevado.Loya Marin destaca también que la IA puede ser una herramienta poderosa para luchar contra el crimen.Esta tecnología puede analizar grandes volúmenes de datos y ayudar a las fuerzas de seguridad a identificar patrones y acelerar las investigaciones."La clave está en cómo se entrena y diseña esta tecnología", concluye.
Al finalizar la COP16 que se llevó a cabo en Cali, Valle, durante dos semanas, el alcalde Alejandro Eder confirmó que la ciudad fue invitada a la Duodécima Sesión del Foro Urbano Mundial (WUF12).El mandatario asistirá como Orador Principal en la Asamblea de Empresas y Fundaciones, espacio de colaboración estratégica que busca convocar actores públicos, privados y filantrópicos para explorar soluciones tangibles y sostenibles ante los desafíos globales."Esta invitación de honor para la ciudad está convocada por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), que se celebrará en El Cairo, Egipto, del 4 al 8 de noviembre de 2024, por el gran desempeño de la ciudad en la COP16", dijo Eder.En el evento se abordarán los retos que tiene la urbanización sostenible. Este año, bajo el tema “Todo Empieza en Casa”, el foro enfatizará la importancia de las acciones locales para superar los desafíos globales, especialmente a través de colaboraciones estratégicas entre los sectores público y privado, esto además incluye la desaceleración económica, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático."Estaré viajando este sábado, 2 de noviembre, en la tarde justamente para representar nuestra ciudad y esto es un momento muy especial porque el mundo está mirando a Cali con otros ojos, y en estos días de la COP nosotros estuvimos en las páginas de periódicos de por lo menos 150 países, en más de 51 idiomas, lo que quiere decir que de Cali se ha hablado bien", expresó el alcalde.Este evento marca el regreso del foro al continente africano, luego de más de 20 años desde su creación en Nairobi, Kenia, en 2002, y representa una oportunidad para Cali de mostrar, luego del éxito de la COP16, su liderazgo en sostenibilidad, urbanismo y desarrollo social.
La audiencia de imputación de cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, sigue este martes, 3 de diciembre. La Fiscalía pide que la exfuncionaria sea enviada a prisión mientras avanza el juicio en el que le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.Siga EN VIVO la audiencia contra Sandra Ortiz aquí:
En medio de la fuerte polémica por la jugada que definió el empate (1-1) entre Atlético Nacional y Millonarios, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, y que tuvo como protagonista al delantero visitante Radamel Falcao García, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó una radical decisión.El ente, ante los duros señalamientos en contra del trabajo del juez central Carlos Betancurt, y del VAR Nicolás Gallo, reveló en la mañana del martes 3 de diciembre los audios de la conversación que ambos silbatos sostuvieron durante la revisión de la acción que marcó el rumbo del partido.
Después de concretar el estado de alerta el pasado 15 de octubre del 2024, en la que el Gobierno le aseguró a los trabajadores de Migración Colombia y la Cancillería que llegarían a concertación para definir las condiciones de trabajo y reajustes salariales, la Organización Sindical de Empleados Migración Colombia, Osemco, y la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y Relaciones Exteriores, citaron a los servidores de las entidades y al Ministerio del Interior a una mesa de concertación para poner en marcha la ruta de trámite para las peticiones. De acuerdo con las peticiones, la cita está pactada para este martes 3 de diciembre a las 6:00 p.m. sería definida como “la hora cero”.“Las bases expresan completo rechazo a la suerte de burla con la que los representantes del Gobierno del cambio han sostenido varias reuniones con los representantes de los empleados de la UAEMC y del MRE, sin que ese diálogo social haya surtido efectos tangibles que pongan límite a las precarias condiciones salariales de los trabajadores del Estado en Migración Colombia y la Cancillería, así como, una solución de fondo e inmediata a la sobrecarga de trabajo que se disiparía con la expedición del Decreto de ampliación de planta sobre el cual el Gobierno tiene una tardanza inexcusable de más de un año y finalmente la falta de determinación sobre los asuntos que rodean la crisis de gobernanza de la entidad”, aseguran los sindicatos.Los trabajadores que emiten la carta, aseguran que el estado de alerta emitido en el mes de octubre está dispuesto a convocar al Gobierno nacional para que asuma las responsabilidades y con prontitud las demandas expuestas por el sector. Asegura que es necesario que actores como Relaciones Exteriores, Dapre, MinHacienda y DAFP y Migración Colombia aclaren la realidad de la creación de la “bonificación de mejora salarial”, en la que se prometió un porcentaje de pago y periodicidad, aspecto que, según los sindicatos, no se ha cumplido.Concluyen que con las medidas que los sindicatos piensan tomar, se podrían presentar inconvenientes en los vuelos durante la temporada navideña e incluido para el año entrante si el Gobierno no es oportuno.
La JEP adelanta un juicio contra el coronel en retiro Hernán Mejía, quien comandó el Batallón La Popa, con sede en Valledupar. Mejía es acusado por más de 70 casos de falsos positivos y, si es hallado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.El fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Samuel Serrano, presentó a un testigo en la sesión de este martes 3 de diciembre y posteriormente solicitó que la audiencia sea aplazada mientras se realizan las gestiones para que los otros testigos se presenten desde el 16 y hasta el 20 de diciembre, una solicitud a la que accedió la magistrada Reinere Jaramillo."Esa semana del 16 al 20 agotaremos los testigos de la Unidad de Investigación y Acusación y los testimonios decretados a cargo de las víctimas", explicó Jaramillo.Es importante recordar que recientemente el fiscal Serrano envió un documento a la magistratura en el cual renunciaba a 41 testigos.Los testimonios que estarían pendientes de practicar en desarrollo del juicio oral son de corroboración, como quiera que darían cuenta de algunas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos en los que participaron y que ya han sido puestas de manifiesto por otros testigos en desarrollo del juicio. Todas las personas que fueron solicitadas, rindieron versión libre ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas en el proceso dialógico y participaron en los procesos que se adelantaron en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar”, señaló el fiscal Serrano.
A tiros asesinaron a Rosa Noriega de la Rosa, una mujer de 68 años que se encontraba sentada en la terraza de su vivienda, en el barrio Santo Domingo de Barranquilla, cuando varios delincuentes armados pasaron por el frente de su casa haciendo disparos de manera indiscriminada.En el ataque también resultaron heridos Sonia Esther Guerrero, de 38 años, y Hesdner Campo Cueto, de 27, quienes se encontraban sentados en la misma terraza compartiendo.Los tres impactados a bala fueron trasladados por la comunidad al centro médico San Ignacio, pero allí falleció minutos después la adulta mayor, aumentando así a 69 la triste cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico.La Policía confirmó que ninguna de estas víctimas tenía anotaciones judiciales, lo que genera aún más dudas sobre los motivos detrás de este atentado a bala.Vale decir que, apenas unas horas antes de este ataque, se registró un hecho similar en el barrio San Luis, también sur de Barranquilla, donde delincuentes abrieron fuego contra varias personas que departían en una terraza, dejando un hombre muerto y dos mujeres heridas.La víctima mortal de este caso fue identificada como Breiner Cepeda García, de 24 años, quien murió mientras médicos de la clínica San Ignacio intentaban reanimarlo.Las heridas responden a los nombres de Daniela Roca Pico, de 24 años y Eidy Carolina Montenegro Galvis, de 25, quienes según la Policía se encuentran fuera de peligro.El móvil de ambos atentados aún es materia de investigación por parte de las autoridades.
