La misión de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) aseguró este sábado que el Ejército israelí ha destruido con una excavadora una propiedad identificada de los cascos azules, así como una torre de observación de las Fuerzas Armadas libanesas, pese a la tregua en vigor y que termina a finales de este mes."Esta mañana, las fuerzas de mantenimiento de la paz observaron cómo una excavadora de las Fuerzas de Defensa de Israel destruía un barril azul que marcaba la línea de retirada entre el Líbano e Israel en Labbouneh (sur), así como una torre de observación perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas situada al lado de una posición de la FINUL en ese lugar", indicó la misión de la ONU en un comunicado.Advirtió de que "la destrucción deliberada y directa" por parte del Ejército israelí "tanto de propiedades claramente identificables de la FINUL como de infraestructuras pertenecientes a las Fuerzas Armadas Libanesas, constituye una violación flagrante de la resolución 1701 (que puso fin a la guerra de Israel y el grupo chií libanés Hizbulá en 2006) y del derecho internacional"."Hacemos un llamamiento a todos los actores para que eviten cualquier acción, incluida la destrucción de bienes e infraestructuras civiles, que pueda poner en peligro el cese de las hostilidades", concluye la nota.Hasta el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información.Israel ha violado en numerosas ocasiones la tregua de 60 días que están en vigor en el Líbano, acordada con mediación de Estados Unidos tras la escalada bélica del Ejército israelí contra ese país y posiciones de Hizbulá.La tregua estipula que las tropas israelíes tienen que retirarse del Líbano, ya que ocupan una parte del sur del país después de iniciar una invasión a principios del pasado octubre, mientras que los combatientes de Hizbulá deben replegarse al norte del río Litani.
Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023 y hasta mediados de 2024 Israel perpetró al menos 136 ataques contra 27 hospitales y otras 12 instalaciones médicas en Gaza en los que murieron 500 sanitarios, cometiendo posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, advierte la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos."Los mortales ataques en hospitales de Gaza y sus inmediaciones, y los combates asociados, han colocado el sistema sanitario al borde del colapso total, con un efecto catastrófico en el acceso palestino a la salud", resume el informe, publicado pocos días después del ataque al hospital Kamal Adwan del norte de la Franja.Israel ha justificado muchos de estos ataques alegando que los hospitales son utilizados con fines militares por grupos armados palestinos, pero según la oficina de Naciones Unidas no ha presentado pruebas suficientes para demostrar esas alegaciones, o usó argumentos en ocasiones contradictorios.Los ataques contra el sistema sanitaria palestino "plantean dudas sobre el cumplimiento de la ley internacional por parte de Israel, que protege específicamente a personal médico y hospitales siempre que éstos no cometan actos perjudiciales para el enemigo fuera de su función humanitaria", señala el documento.Estos ataques y el colapso sanitario que han provocado causaron la muerte de numerosos heridos cuando esperaban a ser hospitalizados o tratados, o la de recién nacidos cuyas madres no pudieron dar a luz en instalaciones apropiadas o recibir atención postnatal, denuncia."El único refugio donde los palestinos deberían haberse sentido seguros se ha convertido en una trampa mortal", concluyó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al publicarse el informe.Al Shifa, primer objetivoIsrael comenzó este tipo de prácticas ya en noviembre de 2023 con el primer gran ataque contra un hospital gazatí, el de Al Shifa (hasta entonces el principal de la Franja y situado en la capital del territorio), que tras una nueva ofensiva en marzo de 2024 "quedó en completa ruina", recuerda el informe.Tras la retirada del Ejército israelí de esa instalación, se encontraron fosas comunes en el recinto hospitalario con al menos 80 cadáveres, entre ellos los de pacientes que todavía tenían catéteres en su cuerpo.En algunos de los ataques al sistema sanitario gazatí el Ejército de Israel ha utilizado armamento pesado y bombas aéreas, como por ejemplo en el perpetrado el 10 de enero de este año contra el Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah (Gaza central), que causó la muerte de 12 personas, entre ellas un periodista.Otro patrón frecuente en este tipo de ataques ha sido la aparente búsqueda de objetivos en el interior de esos recintos médicos, con casos como el del Hospital Al Awda en Jabalia en diciembre de 2023, incluido el de una enfermera que murió de un disparo cuando se asomó por una ventana."Es esencial que haya una investigación independiente, profunda y transparente de todos estos incidentes, y una completa rendición de cuentas de todas las violaciones de la ley internacional y de los derechos humanos", señaló Türk.Kamal Adwan, el más recienteEl alto comisionado austríaco también pidió la liberación de todos los sanitarios aún detenidos, en alusión a trabajadores como el director del Hospital Kamal Adwan, aún bajo custodia de Israel después del ataque del viernes 27 a esas instalaciones.El Ejército israelí irrumpió ese día en el interior de ese hospital sito en Beit Lahia, uno de los pocos que quedaban parcialmente operativos en el norte de la Franja, para prender fuego a sus instalaciones y registrar e interrogar a prácticamente todos los enfermos, acompañantes y miembros del personal médico.El informe subraya que incluso en el caso de que los trabajadores sanitarios y sus instalaciones puedan ser considerados objetivos militares "en circunstancias excepcionales" todo ataque contra ellos tiene que respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.El documento matiza que si las alegaciones de Israel sobre el uso militar de hospitales por parte de grupos armados palestinos, estos últimos también estarían cometiendo el crimen de guerra de "utilizar la presencia de civiles para protegerse de ataques".
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que hasta el mes de noviembre de este 2024 han sido denunciados 186 casos de homicidios de líderes sociales en Colombia, 80 de esos casos ya fueron verificados por Naciones Unidas.“La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: El carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora”, explica la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.La mayoría de líderes sociales asesinados pertenecían a juntas de acción comunal, con el 24% de los casos. De los 80 homicidios que ya fueron verificados por Naciones Unidas en el Cauca se registraron 17 casos, en Arauca 15 y en el Valle 11.“Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 186 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas hay 80 casos verificados, 11 casos están en proceso de verificación y 95 casos son no concluyentes”, agrega Naciones Unidas.
A través de su cuenta de X, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia rechazó dos hechos ocurridos en pleno 24 de diciembre en el departamento del Cauca.Por un lado, la entidad se refirió al robo que sufrió la diputada de la Asamblea del Cauca y lideresa del movimiento campesino Fensuagro, Orgenis Viera. La mujer fue víctima de grupos criminales armados que se apropiaron de su vehículo, pues durante la jornada se lo hurtaron.Por otro lado, la ONU en Colombia rechazó el atentado contra el coordinador de guardias del resguardo San Francisco en Toribío, Neider Escué Coicué. Este hombre fue víctima de un acto criminal con arma de fuego en las últimas horas.“Solicitamos a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de estos dos hechos. Llamamos a fortalecer las medidas de protección y de prevención de la violencia en el Cauca, en particular, para personas defensoras, y líderes y lideresas”, señaló la ONU a través de sus redes sociales.En medio de su mensaje, la organización mencionó las cuentas del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez, del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Fiscalía General de la Nación.Por último, la ONU en Colombia hizo un llamado “a fortalecer las medidas de protección y de prevención de la violencia en el Cauca, en particular, para personas defensoras, y líderes y lideresas”.
El caso Pelicot, que ha conmocionado a la sociedad francesa este año y ha culminado con condenas a 51 hombres por violación bajo sumisión química, "es una llamada de atención sobre el nivel de la violencia sexual" contra las mujeres en la sociedad, alertó este martes la relatora de la ONU Reem Alsalem."Una de las consecuencias más importantes del juicio es que ha revelado la banalidad de los violadores en nuestra sociedad. Son hombres de toda condición, ordinarios, que tienen familias, empleos y responsabilidades normales", señaló la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas en un comunicado donde analizó el caso.Según Alsalem, el proceso también ha puesto en primer plano "el dañino impacto de la industria pornográfica y la tecnología digital cuando permiten y aceleran el abuso, la cosificación y la violencia masculina contra mujeres de todas las edades en la vida real, hasta un nivel de epidemia".La relatora añadió que el caso ha mostrado una vez más la necesidad de estudiar el concepto de consentimiento a la hora de legislar sobre violaciones, abusos y explotación sexual, algo que muchos países están haciendo ya, aunque recordó que en 60 Estados todavía no se contempla la violación en el seno del matrimonio."El juicio ha mostrado asimismo los crecientes riesgos que mujeres y niñas corren debido a nuevas formas de abuso", aseguró Alsalem, en referencia a la utilización de drogas para la sumisión química.La relatora también quiso elogiar a Gisèle Pelicot por "haber mostrado un coraje y resiliencia extraordinarios al decidir salir del anonimato y permitir que las pruebas de los horrendos crímenes se hicieran públicas".Alsalem hizo un llamamiento a los Estados para que promulguen legislaciones adecuadas para prohibir y perseguir ese tipo de prácticas, "enfrentando la violencia facilitada por medios tecnológicos, algo que incluye la pornografía, y haciendo más para cambiar los persistentes estereotipos sexistas y misóginos".
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció frente a la desaparición de Sandra Milena Martínez, quien habría sido secuestrada por las disidencias de las Farc en Paujil, Caquetá.“Nos sumamos a las voces de condena de la desaparición de la defensora de derechos humanos Sandra Milena Martínez, desde el 26 de noviembre, en el municipio de El Paujil. Sandra está en embarazo de alto riesgo de 4 meses”, señaló la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.La mujer de 28 años salió el pasado 26 de noviembre a una reunión en zona rural de El Paujil, desde entonces no se tiene información de ella.“Instamos a autoridades nacionales a activar todas las rutas de búsqueda urgente de Sandra para proteger su vida, libertad e integridad. Exigimos a los actores armados no estatales el respeto de su vida y su inmediata liberación, sana y salva”, agregaron desde la ONU.Sandra Milena trabaja en una ONG y, según la familia, ayudaba a promover el empoderamiento de jóvenes, mujeres y víctimas.“Ella me dijo que iba a estar en una reunión y que iba a estar de 2 a 3 horas sin señal y sin comunicación”, expresó Luz Alba Cortés, hermana de la víctima.
A través de un comunicado, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU ratificó que hay 20.000 cuerpos bajo un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. El organismo aseguró incluso que las autoridades estatales ya conocían de las cifras."Un día antes de publicar las revelaciones de los hallazgos preliminares, el Comité las presentó en un encuentro con las autoridades del Estado, lo que constituye una cortesía diplomática que les permite corregir cualquier error factual. No hubo ninguna solicitud relacionada con la cuestión de los cadáveres no identificados, incluida la información sobre el almacenamiento de cadáveres no identificados en el aeropuerto de Bogotá", dice el comunicado.Cabe recordar que, tras la publicación del informe, diferentes entidades e incluso desde el Gobierno nacional pidieron claridad sobre este, pues según ellos no había certeza de la cifra. "Esta declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país, afectando la confianza en el informe presentado”, afirmaron desde la Cancillería.A lo anterior se sumó la Procuraduría General Nación, afirmaron que esta era una fosa ficticia, ya que en medio de su visita al aeropuerto no encontraron evidencia alguna. "Recorrimos durante más de cuatro horas los 27 hangares concesionados a Opaín y verificamos que son espacios dedicados exclusivamente a actividades aeroportuarias como mantenimiento de aeronaves, bodegas y talleres. No se encontró evidencia alguna que respalde la afirmación del comité", dijo el procurador delegado, Javier Sarmiento, en entrevista con Mañanas Blu.Desde la ONU enviaron un último mensaje al Gobierno colombiano. "El Comité recomienda que se hagan esfuerzos igualmente rápidos para abordar todas las demás preocupaciones e informaciones relacionadas con las desapariciones forzadas y los cadáveres no identificados", finaliza el comunicado.
Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ en su época como líder de las Farc y actual presidente del partido Comunes, dirigió una carta al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, expresando profundas críticas al funcionamiento de esta jurisdicción. En su misiva, también exhortó a la comunidad internacional a intervenir para evaluar los presuntos incumplimientos de la JEP en los plazos acordados.“Me permito exhortar a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a Cuba y a Noruega, como garantes del acuerdo de paz, y a la comunidad internacional en su conjunto, a examinar con detenimiento lo que viene ocurriendo”, afirmó Londoño. Según él, los retrasos en las investigaciones y juicios que adelanta la JEP evidencian un incumplimiento del acuerdo firmado en 2016.La respuesta de Londoño surgió luego de que Ramelli, en una entrevista con Blu Radio, advirtiera sobre los límites temporales de la JEP. “Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, señaló Ramelli. Esta declaración generó preocupación entre los comparecientes de la antigua guerrilla, quienes consideran que los procesos en la jurisdicción especial están en riesgo.Londoño también cuestionó las afirmaciones de la magistrada Xiomara Balanta, quien atribuyó a los firmantes del acuerdo la responsabilidad de los incumplimientos. “No se puede entender que el señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, esté advirtiendo en los medios que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente […] Tampoco la manifestación pública de la señora magistrada Xiomara Balanta, en el sentido de que los firmantes somos los mayores responsables de los incumplimientos del acuerdo”, expresó en su carta.El líder del partido Comunes acusó a la JEP de gastar dos billones de pesos sin resultados concretos, como sentencias o renuncias a la persecución penal. Advirtió que estas fallas podrían derivar en la intervención de la Corte Penal Internacional y pondrían en peligro los avances logrados en el proceso de paz. “Sus equivocaciones serán caldo de cultivo de nuevas violencias”, concluyó.
El comité contra la desaparición forzada de la ONU terminó su visita a Colombia y en su informe preliminar advirtieron que habían recibido información de Medicinal Legal, según la cual en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá habría 20.000 cuerpos sin identificar.Medicina Legal, la Alcaldía de Bogotá y Opain aseguraron que no tenían información del tema y la Procuraduría realizó una visita al aeropuerto sin encontrar evidencias de esos casos.Blu Radio habló con Luz Janeth Forero, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, quien se refirió a los sitios de interés forense en Bogotá.“Los sitios de interés forense que nosotros investigamos la mayoría de ellos están en los cementerios de la ciudad, no hay que olvidar que muchas de las personas no identificadas que fallecieron o desaparecieron en el marco del conflicto pudieron haber sido allí inhumadas sin hacerse su debida identificación, en Bogotá tenemos zonas rurales y sitios ubicados por ejemplo en la localidad de Sumapaz, pero en el contexto urbano la mayoría de sitios de interés forense se ubican en los cementerios y algunas áreas rurales cercanas a la capital”, dijo Forero.Sobre el caso preciso de El Dorado, la directora de la UBPD dijo que no tenían información sobre esos casos.“No contamos con información al respecto e incluso hicimos nuestro sondeo en nuestro registro nacional a ver si en el aeropuerto El Dorado o alrededor del aeropuerto pudiera existir algún sitio de interés forense, pero no lo encontramos, no lo encontramos en nuestro registro ni en nuestra información histórica”, agregó Forero.La directora además reveló que hicieron un ajuste al universo de búsqueda pasando de 111.640 a 124.734.“Esto significa un aumento en las personas que estamos buscando, personas que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado, cuyas desapariciones ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016”, señaló la directora de la UBPD.
La Procuraduría General de la Nación aclaró este jueves que no encontró restos humanos en los hangares del aeropuerto El Dorado de Bogotá, desmintiendo la alarmante denuncia del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada que señalaba la supuesta existencia de 20.000 cuerpos no identificados en ese lugar.Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, lideró la inspección junto a un equipo especializado. "Recorrimos durante más de cuatro horas los 27 hangares concesionados a Opaín y verificamos que son espacios dedicados exclusivamente a actividades aeroportuarias como mantenimiento de aeronaves, bodegas y talleres. No se encontró evidencia alguna que respalde la afirmación del Comité", declaró Sarmiento en entrevista con Mañanas Blu.La denuncia que encendió las alarmasEl Comité de la ONU, en el cierre de su visita a Colombia, expresó preocupación sobre el manejo de restos humanos en el país. Según su informe preliminar, basado en información de fuentes no reveladas, habría aproximadamente 20.000 cuerpos no identificados en uno de los hangares del principal aeropuerto de la capital. Esta declaración generó indignación y alarma nacional.Sarmiento explicó que las aseveraciones de la ONU citan como fuente a Medicina Legal, entidad que posteriormente desmintió dicha información. "No hay concordancia de esa cifra con ninguna fuente oficial o registro de víctimas. Una cifra de 20.000 es absolutamente desproporcionada, casi la mitad del estadio El Campín", dijo en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor MoralesProcuraduría, en búsqueda de la verdadAnte la gravedad de la acusación, la Procuraduría requirió información a entidades como la Fiscalía, la Dijín y Medicina Legal para corroborar cualquier dato relacionado con esta denuncia. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia que respalde la existencia de los cuerpos.El equipo de la Procuraduría destacó que la inspección fue de observación, sin excavaciones, y que el acceso fue facilitado por Opaín, la empresa que administra el aeropuerto. "En principio, no se hizo ningún tipo de intervención en el subsuelo. Fue un recorrido documentado que no arrojó hallazgos", señaló Sarmiento.El impacto diplomático de la denunciaLa posibilidad de que este dato preliminar sea presentado ante la ONU en Ginebra preocupa a las autoridades colombianas. “Es altamente probable que el informe incluya esta cifra errónea. Por eso, hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestione aclaraciones diplomáticas para evitar que quede en el aire una afirmación tan alarmante como esta", puntualizó Sarmiento.Además, el procurador instó a Naciones Unidas a revelar la fuente que proporcionó esta información, calificándola de "altamente inverosímil". En sus palabras: "20.000 cadáveres ni siquiera podrían encontrarse en escenarios de guerra como Ucrania o Siria".Reacción ante la falta de rigorLa denuncia de la ONU ha generado cuestionamientos sobre la rigurosidad de las investigaciones realizadas por el Comité de Desaparición Forzada. "Uno no puede lanzar una acusación de esta magnitud sin pruebas contundentes. Esto parece más una fosa común ficticia que una realidad fundamentada", comentó Sarmiento.
