El recién nombrado superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, ya tomó una de sus primeras decisiones en el cargo: retirar a Julio Rincón del cargo de interventor de la Nueva EPS en medio de varias alertas por problemas en la facturación de la entidad y el aumento de las quejas y reclamos por parte de los afiliados.En una resolución publicada este viernes, el nuevo superSalud reseñó varios informes, auditorías y reportes que motivaron a hacer el cambio y a nombrar en reemplazo a Bernardo Armando Camacho.Uno de ellos tiene que ver con un seguimiento que hizo el equipo técnico logrando hallazgos como que había falencias en el proceso de control interno y de gestión de riesgo de la institución, prácticas contables y administrativas que no eran confiables para almacenar toda la información financiera afectando los resultados, así como falta de control con el estado de la facturación y los pagos realizados a los prestadores, poniendo en riesgo el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Estos hallazgos llevaron a que la entidad realizara otro seguimiento, donde encontraron faltas como que no cumplía con la entrega oportuna y clara de información que la Supersalud solicitaba, así como otras irregularidades con circulares internas.Por otra parte, dice la Supersalud que, contrario a las pretensiones de una intervención, la atención de la Nueva EPS se deterioró y esto lo respalda con cifras como que al comparar los registros de octubre 2022 a septiembre 2023 y octubre 2023 a septiembre 2024, hubo un incremento del 12,88 % en las reclamaciones para el régimen subsidiado y de 26,53 % para el contributivo.Además, al revisar los indicadores del Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales Fénix Nueva EPS al último corte aprobado, en julio 2024, había logrado el cumplimiento de 13 de 3.923 indicadores.Con estos y otros motivos, el superintendente cambió al interventor y le ordenó al saliente presentar en los siguientes cinco días un informe con todas las actividades ejecutadas durante su paso por el cargo, así como pasar al nuevo intervenir todos los activos, libros de contabilidad, los registros y demás elementos relacionados con la administración de bienes y asuntos de la entidad.
En un acto de desespero por el visible deterioro de la salud de su hija, Eladia Rolong se ató con una cadena a la puerta de la Alcaldía de Baranoa y protestó para exigir que a su niña de 1 año le practiquen una serie de estudios médicos que ella requiere.Después de una larga lucha legal y de tocar puertas a autoridades y entes de control, la madre consiguió que un genetista atendiera a la niña, pero afirma que aún la Nueva EPS no le ha practicado la totalidad de los estudios que le ordenó el especialista para confirmar su diagnóstico, teniendo en cuenta que la niña sufre desnutrición, tiene lesiones en el esófago y en el colon, y no se descarta que padezca una enfermedad huérfana."Lo que deseo es que los derechos de mi hija no sean vulnerados una vez más, quiero que le practiquen estos (exámenes de) laboratorios con urgencia", dijo."Yo estoy molesta por la falta de seriedad, porque me la paso de un lado a otro, yendo a la clínica, a la EPS, a la Secretaría de Salud, al Bienestar y ahí vamos en la misma cosa, cuando la salud de la niña es lo que interesa", expresó.La mujer contó que, a raíz de la protesta que protagonizó en las últimas horas, a su hija le realizarán una de las pruebas genéticas este jueves; sin embargo, otro importante estudio sigue en espera.Al ser consultada por este medio, la Nueva EPS se comprometió a “revisar el tema y gestionar lo que esté pendiente para garantizar la salud de la niña”.
El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, informó sobre una reunión clave entre la ADRES, el Ministerio de Salud, la IPS especializada, Nueva EPS y Audifarma, centrada en los contratos que vinculan a estas entidades. Durante el encuentro, ambas partes confirmaron que, a lo largo de 2024, la Nueva EPS ha cumplido con el pago completo de los servicios a Audifarma. Sin embargo, se destacó que la deuda actual se origina en años anteriores.El objetivo de esta reunión fue alcanzar una conciliación en los pagos y evitar que esta situación perjudique a los pacientes, asegurando la entrega continua de medicamentos. En este sentido, se acordó que el próximo 1 de noviembre ambas partes presentarán sus cuentas respectivas, con la esperanza de encontrar un acuerdo que disipe la tensión existente.Además, tanto Audifarma como Nueva EPS se comprometieron a garantizar la entrega oportuna de medicamentos y tecnologías de salud a los usuarios de Nueva EPS, independientemente del proceso de conciliación. En caso de que se considere la terminación de su relación contractual, se acordó un desmonte gradual para minimizar el impacto en los pacientes. Nueva EPS también se comprometió a presentar un plan de acción ante la Superintendencia Nacional de Salud, asegurando la continuidad de la dispensación de medicamentos a todos sus afiliados en el país.La Superintendencia de Salud continuará supervisando de manera constante la situación entre Nueva EPS y Audifarma, con el fin de salvaguardar el derecho de los usuarios a recibir atención en salud de manera adecuada y oportuna. Se espera que para el 7 de noviembre se presente una respuesta definitiva sobre este caso.
Dos exfuncionarios del hospital San Francisco de Asís en Sincelejo, Sucre, y un contratista fueron capturados por su presunta participación en una red de corrupción que se apropia de recursos de la salud a través de engaños jurídicos. Los hechos en cuestión se habrían dado entre 2023 y 2024.Se trata de Milena Sofía Pacheco Peña, exgerente del hospital; Carlos Arturo Guerra Sierra, quien fuera subgerente administrativo y financiero, y se encargó de proyectar los estudios previos del contrato celebrado que tendría irregularidades, y Rubby del Carmen Cassiani Escorcia, representante legal de la empresa contratista.Las detenciones se dieron en la capital sucreña y en Barranquilla en medio de una operación de la Unidad Anticorrupción de la Dijín de la Policía.Las investigaciones partieron de la denuncia que, a finales del año pasado, interpuso el gerente de la Nueva EPS en Sucre alertando posibles irregularidades en un contrato firmado entre el hospital San Francisco de Asís y la empresa CENCAS Ltd para prestar asesoría legal.Sin embargo, este convenio fue aprovechado de manera irregular para iniciar un cobro coactivo por los ajustes en la tarifa por el aumento en la Unidad de Pago por Capitación, UPC, más intereses de mora. El cobro coactivo es la posibilidad que tiene el Estado de cobrar deudas a su favor pero sín recurrir a una autoridad judicial.Con esta figura, según la investigación, los funcionarios del hospital se habrían desviado $18.000 millones, que estaban en las cuentas de la Nueva EPS, pese a que eran recursos inembargables pues su destino era el sistema de salud.Los agentes de la DIJIN lograron determinar que los funcionarios del hospital aprovecharon sus cargos y responsabilidades para extralimitarse competencias que no tenían al usar el cobro coactivo cuando correspondía a otras instancias. Para esto, además, contaron con el apoyo de una firma de abogados.La otra irregularidad detectada es que la firma asesora contratista Centro de Cobranzas y Asesorías, CENCAS LTDA, se habría quedado con un monto entre $3.800 millones y $4.000 millones producto de una comisión del contrato. Es decir, llegó a terceros y no fue invertido en el sector salud.Esta empresa tiene su sede en Barranquilla y asesora a diferentes entidades del sector salud en el país, en especial en Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Guajira, Antioquia y otros. Fue la que contactó al hospital San Francisco de Asís y presentó la propuesta del contrato mencionado y que hoy está bajo la lupa, también por la condición impuesta de que el pago corresponda a un 20% del monto recaudado.Las irregularidades con los cobros irregulares son una de las principales preocupaciones que ha alertado la Superintendencia de Salud tras la intervención a Nueva EPS pues serían varios los casos en los que otras entidades logran cobrar recursos públicos valiéndose de entramados jurídicos. La Procuraduría también está sobre el tema.
En medio de una situación crítica para el sistema de salud colombiano, Julio Alberto Rincón, agente interventor de Nueva EPS, anunció que la entidad ha cumplido con los pagos a Audifarma en su totalidad durante el presente año. La relación entre estas dos organizaciones, que hasta hace poco colaboraban en la entrega de medicamentos a millones de afiliados, ha llegado a un punto de quiebre que afecta a más de 2,5 millones de usuarios en todo el país.El origen de la disputa entre Nueva EPS y AudifarmaDurante su intervención en Mañanas Blu, Rincón explicó que la decisión de Audifarma de poner fin a la entrega de medicamentos fue anticipada desde 2023, cuando la empresa farmacéutica expresó su deseo de retirarse del contrato con la EPS. Sin embargo, Nueva EPS ha intentado mantener el suministro de medicamentos de manera regular y asegura haber pagado lo que corresponde por los servicios prestados. "Nosotros le hemos pagado a Audifarma el 100% de lo correspondiente a este año", afirmó el interventor. Según Rincón, el problema no radica en los pagos de 2024, sino en una deuda acumulada que data de antes de la intervención de la EPS. “Nosotros le debemos a Audifarma 168.000 millones de pesos, pero esa cifra corresponde a deudas anteriores a 2023”, puntualizó en diálogo con Néstor Morales.Diferencias en las cifrasLa discusión entre ambas partes ha generado confusión, sobre todo porque Audifarma sostiene que la deuda es mucho mayor.Según la empresa, Nueva EPS le adeuda 370.000 millones de pesos, una cifra que el doctor Rincón desestimó, aclarando que en diversas comunicaciones la misma Audifarma ha variado sus cálculos.“Audifarma ha mencionado diferentes cifras en distintos momentos, primero 157.000 millones, luego 180.000 millones. Sin embargo, en nuestras cuentas, la deuda asciende a 168.000 millones, lo cual representa aproximadamente 50 días de operación, ya que Audifarma factura alrededor de 100.000 millones mensuales”, explicó el interventor.¿Qué pasará con los usuarios?El fin del contrato con Audifarma plantea un reto logístico para la distribución de medicamentos a los 2,5 millones de afiliados de Nueva EPS que dependen de este servicio. Rincón aseguró que, aunque Audifarma tiene todo el derecho de finalizar su participación, la entrega de medicamentos debe realizarse de manera progresiva y organizada.“Hemos pedido seis meses para que la transición sea ordenada y que los pacientes no se vean afectados. Audifarma tiene la responsabilidad de no abandonar abruptamente un servicio que ha prestado durante años a millones de personas”, subrayó Rincón.Además, explicó que Nueva EPS está trabajando en un plan alternativo para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, especialmente para pacientes crónicos y aquellos con tratamientos de alto costo.Estrategia de distribución de medicamentosRincón detalló que el plan B de Nueva EPS ya está en marcha y que consiste en descentralizar la entrega de medicamentos, llevándolos más cerca de los pacientes.“Actualmente, estamos identificando a cada uno de los pacientes crónicos, que representan cerca de 800.000 personas, para que reciban sus medicamentos directamente en casa, como lo hicimos durante la pandemia del COVID-19”, comentó. Este sistema busca evitar las largas filas y problemas de distribución que se han visto en las principales ciudades. Además, para los pacientes que requieren medicamentos de manera inmediata, como antibióticos o analgésicos, Nueva EPS está fortaleciendo su red de farmacias, que complementarán el servicio de Audifarma durante el periodo de transición.¿Cuándo estará listo el plan B?El agente interventor aseguró que el plan alternativo estará funcionando en su totalidad en un plazo de dos meses.“Estamos instalando la nueva red de distribución y esperamos que esté completamente operativa en ese tiempo. Aunque Audifarma ha comunicado que dejará de prestar el servicio a partir del 4 de diciembre, confiamos en que podremos cubrir las necesidades de nuestros afiliados sin que se vean afectados por la transición”, expresó.Este conflicto entre Nueva EPS y Audifarma ha revivido el debate sobre los monopolios en el sistema de salud. Rincón mencionó que el país, en lugar de concentrar la distribución de medicamentos en un solo proveedor, debería fortalecer otras redes de distribución, como las cooperativas de hospitales, que también pueden comercializar medicamentos.“Nosotros no dependemos exclusivamente de Audifarma. Existen otras opciones en el mercado que estamos explorando para garantizar que nuestros usuarios no se queden sin sus tratamientos”, añadió.
La confirmación de Nueva EPS de que Audifarma dejará de ser su proveedor de medicamentos para pacientes de alto costo ha generado una fuerte reacción por parte de los usuarios. Néstor Álvarez, presidente de Pacientes de Alto Costo, enfatizó la necesidad de que Nueva EPS evite improvisaciones con pequeños gestores y, en su lugar, busque acuerdos de pago con otros operadores para garantizar un suministro constante y seguro de medicamentos.Álvarez destacó que el cambio de proveedor no resolverá los problemas de pago existentes. “Creemos que es crítico, ya que cambiar de proveedor no soluciona la falta de pago de deudas pasadas. Lo que esperamos es que no se introduzcan pequeños proveedores que podrían poner en riesgo la calidad del suministro, y que Nueva EPS llegue a un acuerdo de pago con los operadores actuales para asegurar una entrega continua y puntual de medicamentos”, afirmó.>>> Lea también: Respuesta de Audifarma a Supersalud por video en que dicen que esconden medicamentosDesde la perspectiva de la asociación Pacientes Colombia, la situación es vista de manera más complicada. Dennis Silva, representante de Pacientes Colombia, expresó su preocupación por la falta de alternativas a Audifarma. “Esto es complicado por tres razones: primero, en el país no existe un operador tan grande como Audifarma; segundo, esto aumentará las barreras para el suministro de medicamentos; y tercero, las EPS son inconsistentes: quebraron a Audifarma y ahora se van sin pagar”, añadió.Por su parte, Audifarma reveló que enfrenta una deuda acumulada de $651.000 millones, lo que ha dificultado su capacidad para continuar con una dispensación óptima de medicamentos. Esta situación plantea un desafío significativo tanto para los proveedores como para los pacientes, quienes dependen de un sistema de salud confiable y eficiente.
Sin esperanzas de que lleguen los recursos está el Hospital San Rafael del municipio de Carolina del Príncipe, al que la Nueva EPS le adeuda 1.300 millones de pesos, pero que como otros 17 centros asistenciales de Antioquia afrontan un bloqueo financiero por parte de la entidad por cobros duplicados que les hicieron en años anteriores.Fueron 3.292 millones de pesos los que este hospital público le embargó a la Nueva EPS, tal y como lo dio a conocer la entidad en el mes de agosto, a través de cobros coactivos, lo que calificó en un comunicado como “apropiación indebida de recursos”.De hecho, un acta de la entidad revela que fueron cobros duplicados, que se radicaron por dos vías diferentes cuentas por pagar por 1.200 millones de pesos, que presuntamente hizo el gerente anterior de este centro asistencial, pero que hoy le cobran factura al actual.“Del análisis de la facturación reportada, se validan 1.165 facturas por el valor de 5.580.802.810, donde se evidencia que 810 facturas por valor de $ 1.212.313.493, se encuentran incluidas tanto en el proceso de cobro coactivo, como en los acuerdos conciliatorios, efectuándose un doble cobro a las mismas facturas”, se lee en el acta de la Nueva EPS. Andrés Delgado, gerente actual del Hospital San Rafael, contó a Blu Radio que ya radicó nuevas denuncias contra el anterior gerente, pues no solo se trata de la cuantiosa cifra cobrada a la Nueva EPS, sino que por atenciones por SOAT se hicieron cobros de 89 millones de pesos a Seguros del Estado y tres millones más a Sura."La administración anterior, embargo esos 89 millones no cobró nada, sino que esos 89 millones se los envió al hospital César Piedrahita de Caucasia como remanentes, ¿para qué hicieron un cobro coactivo si el hospital no iba a cobrar ninguna factura supuestamente? Ya hoy se radicó en la Fiscalía, es que si ellos no iban a cobrar nada, ¿por qué no se le volvieron a seguros del Estado?", cuestionó el gerente.Delgado contó que lo cobrado a Seguros del Estado por poco le cuesta un día de arresto y el millonario cobro de la Nueva EPS lo tiene en aprietos, pues en un municipio con 4.100 habitantes, el San Rafael atiende a 1.350 pacientes de la Nueva Eps. Por este motivo, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia ha solicitado a la entidad normalizar los pagos con los nuevos gerentes y cursar procesos penales y judiciales contra los anteriores directivos, para recuperar el dinero."Siempre en las conciliaciones donde uno va a Bogotá, la nueva crisis es que nosotros les tenemos que devolver ese dinero. Y ellos están escogiendo esa cartera para tratar de forzarnos a nosotros a que se devuelva ese dinero. La facturación de nosotros, es de 100, 120 millones de pesos, entonces, cuándo vamos a pagar esa plata", indicó Delgado.Otro caso es que aunque intentaron hacer un cobro coactivo presuntamente excesivo a la EPS Coosalud, esta se defendió y no lograron realizar ningún embargo. Por lo pronto, la entidad tiene bloqueos a otros 19 hospitales por cobros duplicados y el giro de recursos estuvo frenado desde octubre de 2023, aunque hubo un abono en abril de este año, lo que tiene sin flujo de recursos a esta entidad, a la que esta entrada le representa el 46 por ciento de la facturación."La nueva EPS, ¿por qué hace dos años se quedó callada?, no se defendió en su momento y ya ahora, de una forma arbitraria, vienen a bloquear recursos que tienen una destinación específica", indicó.
El conflicto entre el presidente Gustavo Petro y Enrique Vargas Lleras continúa escalando tras la retractación pública del mandatario, que, según Vargas Lleras, no cumplió con los términos establecidos por la ley. A pesar de que Petro se retractó de las acusaciones que hizo contra el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, vinculándolo a irregularidades en la Nueva EPS, Enrique Vargas asegura que no se ha dado una verdadera rectificación.Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Enrique Vargas Lleras expresó su descontento con la retractación emitida por el presidente Petro."No ha habido una retractación, no ha presentado las excusas ni la rectificación", afirmó Vargas, al referirse a las acusaciones de Petro sobre supuestas irregularidades en la Nueva EPS, donde Vargas Lleras fue miembro de la junta directiva.La acusación inicialEl origen de esta disputa se remonta a declaraciones realizadas por el presidente Petro, en las que acusaba a Enrique Vargas Lleras de haber ocultado $5 billones de pesos durante su gestión en la Nueva EPS. Esta acusación fue considerada por Vargas Lleras como un agravio a su nombre y su honra, razón por la cual interpuso una tutela, exigiendo una retractación pública por parte del presidente.El Consejo de Estado emitió un fallo en el que ordenaba a Petro retractarse de las afirmaciones, dado que estas no estaban respaldadas por pruebas concretas. Sin embargo, la forma en que el presidente abordó la retractación ha sido calificada por Vargas como insuficiente y ambigua.¿Una retractación ambigua?El pasado viernes, Gustavo Petro emitió un comunicado de dos páginas en el que manifestaba su retractación, pero lo acompañó con una serie de aclaraciones que, en palabras de Vargas Lleras, socavan el propósito de la misma.“El presidente dice 'me retracto', pero después se ratifica en lo que había dicho originalmente. Entonces, ¿dónde está la rectificación?”, comentó el empresario.Vargas Lleras hizo énfasis en que la retractación no cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado, ya que Petro, lejos de ofrecer disculpas claras, utilizó la figura de la objeción de conciencia para justificar sus acusaciones anteriores. "No podemos maltratar el derecho ni hacer uso de figuras constitucionales para desconocer los fallos. Este es un esguince a un fallo judicial y no es de recibo", sentenció.Objeción de conciencia: ¿una salida válida?El argumento de la objeción de conciencia presentado por Petro ha generado una gran controversia, pues esta figura está generalmente asociada a situaciones relacionadas con el servicio militar, la eutanasia o el aborto, pero no a fallos judiciales relacionados con temas de honor y reputación. Vargas Lleras fue categórico al rechazar este intento de Petro: "La objeción de conciencia que él pretende utilizar no es válida en este tipo de trámites", afirmó durante la entrevista.Según Vargas Lleras, el uso de esta figura no solo es inapropiado, sino que representa una maniobra para evitar cumplir con las obligaciones impuestas por la ley. Afirmó que el presidente sigue vinculándolo a una supuesta malversación de recursos en la Nueva EPS, lo que, según él, es una "falsa retractación".¿Desacato en puerta?Ante la situación, Enrique Vargas Lleras no descartó la posibilidad de entablar un incidente de desacato contra el presidente Petro, dado que, en su opinión, no ha cumplido con lo ordenado por el Consejo de Estado.“El desacato procede frente al presidente y a los más altos funcionarios”, indicó, sugiriendo que el caso podría derivar en sanciones judiciales más graves para el mandatario, incluyendo arresto.El escenario legal se mantiene incierto, pero Vargas Lleras aseguró que ya ha informado a la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el incumplimiento de la orden judicial. El Consejo deberá ahora valorar la objeción de conciencia presentada por Petro y decidir si esta justifica su actuación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retractó este viernes de su acusación contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al que vinculó con casos de corrupción cuando hizo parte de la Nueva EPS, una empresa de salud."Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones", señala un extenso comunicado emitido por el jefe de Estado.Petro hizo la retractación luego de que el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo), en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, decidiera amparar el derecho a la honra y al buen nombre de Enrique Vargas Lleras en una acción de tutela promovida contra el gobernante colombiano.La acción de tutela (recurso de amparo) fue presentada debido a declaraciones de Petro en su cuenta de X y a alocuciones presidenciales en las que señaló que la familia Vargas Lleras estaba involucrada en las investigaciones en la Nueva EPS.Según el fallo del Consejo de Estado, Petro tiene el deber de verificar previamente las informaciones públicas puesto que con ellas no puede atentar contra el derecho fundamental al buen nombre de las personas.Petro también dijo en el documento de retractación que, más allá de sus opiniones sobre el sistema de salud, en distintos momentos ha tenido comportamientos que lo hacen actuar en contra de los abusos o corrupción que investigan las autoridades.El mandatario dijo que aunque como servidor público debe someterse al ordenamiento jurídico, considera: "que como persona sigo siendo titular de los derechos fundamentales. No busco que se me deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto".
La Nueva EPS tomó la decisión de suspender temporalmente los pagos a 144 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en diversas ciudades del país, entre ellas Pasto, Bucaramanga, Tunja, Neiva, Medellín, Ibagué, Santa Marta y Cartagena. En Bogotá, hay tres afectadas por la suspensión de pagos, incluyendo al Hospital Militar Central..Esta medida responde a un incremento inesperado en los montos radicados por estas instituciones, que superaron significativamente los promedios habituales.La suspensión busca proteger los recursos destinados a la salud y garantizar una gestión financiera transparente. La EPS ha implementado una política de control de giros para resolver estas discrepancias. Las IPS afectadas están actualmente en proceso de conciliación de cuentas con Nueva EPS, en mesas de trabajo que comenzaron el 29 de julio y se extenderán hasta el 13 de septiembre.Estas mesas de conciliación tienen como objetivo revisar detalladamente los valores pendientes, corregir posibles discrepancias y llegar a acuerdos que permitan regularizar los pagos. La intención es asegurar que los pagos se ajusten a los lineamientos establecidos y se realicen de manera equitativa, en beneficio de los usuarios del sistema de salud."Esta decisión reafirma nuestro compromiso con la eficiencia y la transparencia. Nueva EPS se esfuerza constantemente por garantizar que cada recurso se utilice de manera óptima, con el objetivo de proporcionar la mejor atención posible a nuestros afiliados”, afirmó Julio Alberto Rincón Ramírez, agente interventor para la administración de la EPS.Las IPS afectadas recibirán prioridad en los procesos internos para asegurar una pronta resolución de su situación.Este es el documento:
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
