La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, confirmó que no se levantará la suspensión que pesa sobre esta infraestructura portuaria. La funcionaria aseguró que la falta de garantías en términos de protección ambiental es la principal razón para mantener la medida, resaltando que el muelle no cuenta con las condiciones legales necesarias para operar.Según Muhamad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) detectó irregularidades en las operaciones del Muelle 13, las cuales habrían sido ignoradas durante años. En particular, destacó que el Ventura Group, operador del puerto, no reportó un aumento en el volumen y calado del muelle durante tres años, lo que implicaba un cambio en la autoridad ambiental responsable, lo que complicó la supervisión y control de las actividades.Además, la ministra anunció que se elevarán denuncias penales y disciplinarias contra quienes resulten responsables de estas omisiones. Estas acciones, según indicó, buscan proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, puesto que las actividades del muelle podrían estar afectando gravemente el ecosistema local y la comunidad.Por su parte, la ministra de Transporte, María Constanza García, subrayó que el grupo portuario Ventura Group debió haber solicitado una licencia ambiental antes de operar el muelle, y no simplemente un plan de manejo. García recalcó que la ley establece que dicha licencia debe ser aprobada antes de otorgar la infraestructura, lo que aún no ha sucedido, limitando la capacidad del Gobierno de autorizar la administración del muelle.El conflicto ha generado gran incertidumbre en la región, especialmente respecto al empleo en Buenaventura. Sin embargo, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexánder López, trató de calmar los temores, asegurando que no se perderán empleos. Según López, Buenaventura cuenta con otros 15 muelles y dos sociedades portuarias adicionales, lo que permite que la carga que debería haber llegado al Muelle 13 sea redirigida a otras terminales. En cuanto al desabastecimiento, afirmó que no existe riesgo para el suministro en el país.Así, el futuro de Muelle 13 sigue siendo incierto, mientras las autoridades nacionales insisten en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales antes de que se reanuden las operaciones.Por otro lado, sobre la visita anunciada por la Procuraduría, el director del DNP, Alexander López, aseguró que la procuradora Margarita Cabello nunca se preocupó por el bienestar de los trabajadores de la zona sino por las empresas privadas.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, expidió una nueva resolución para regular el consumo excesivo de agua en los hogares, estableciendo un cargo adicional por metro cúbico consumido en exceso, teniendo en cuenta el lugar donde se presta el servicio. Pero ¿a dónde iría el dinero recaudado por el cargo adicional?La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció el lanzamiento de la campaña ‘Agua pal barrio’, que consiste en un proceso pedagógico sobre cómo usar el agua lluvia, con 2.000 juntas de acción comunal en Bogotá y La Sabana. Esta medida, según Muhammad, será financiada con el recaudo del consumo excesivo en el país.“Esperamos hacer un lanzamiento en febrero de la campaña, articuladamente con todas las comunidades. El proceso pedagógico y la organización popular ya empezó y esperamos lanzarla de manera masiva. Además, va a haber material disponible para que la ciudadanía, autónomamente, se pueda organizar y entender qué significa la campaña”, anunció la ministra.Cabe recordar que estas medidas de control de consumo de agua han tomado mucha relevancia desde el año pasado, por el fenómeno de sequía que se ha vivido en el país. Esto, también, ha desencadenado el racionamiento de agua que aún sigue vigente en Bogotá.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió temporalmente las operaciones del Muelle 13 en Buenaventura, tras identificar graves deficiencias en las medidas de manejo ambiental. Daniel Páez, jefe de la Oficina Jurídica de la Anla, explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los motivos detrás de esta decisión, enfatizando la necesidad de garantizar estándares ambientales actualizados para mitigar los riesgos en la zona portuaria.Según Páez, la suspensión responde a la insuficiencia de los instrumentos de control ambiental vigentes, basados en estudios antiguos que no reflejan las condiciones actuales del área. "Las medidas de manejo ambiental existentes no son adecuadas ni actuales para los impactos evidenciados en una visita técnica realizada en coordinación con el Ministerio de Ambiente", afirmó el funcionario.Entre las irregularidades encontradas, se destacan la mezcla de aguas lluvia con sustancias contaminantes y la falta de controles estrictos para evitar que estas lleguen al mar. Además, se detectó la presencia de vectores como palomas, que podrían comprometer la calidad de los productos almacenados en las bodegas del muelle.Durante una inspección conjunta con el Ministerio de Ambiente, se documentaron diversos problemas ambientales y sanitarios, incluyendo imágenes que muestran palomas sobre los granos almacenados en el muelle. Páez destacó que estos hallazgos forman parte de un informe técnico que sustentó la decisión de suspensión. "Aunque la Anla se enfoca en los aspectos ambientales, esta situación también podría tener implicaciones sanitarias, por lo que hemos informado a las autoridades de salud competentes, como el Invima y la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura", señaló.Por otro lado, se detectaron riesgos asociados con la contaminación del agua y el suelo debido a un manejo inadecuado de residuos, lo que refuerza la urgencia de actualizar las medidas de control en el puerto.La suspensión de la Anla al Muelle 13En respuesta a las críticas del Grupo Portuario —operador del Muelle 13—, que cuestionó la competencia de la Anla en este caso, Páez aclaró que el puerto fue clasificado como marítimo de gran calado, lo que otorga a la Anla autoridad sobre sus operaciones. Este cambio se fundamenta en datos oficiales de la Superintendencia de Puertos y la Dimar.“La Agencia de Defensa Jurídica del Estado corroboró esta clasificación, y el EPA (Establecimiento Público Ambiental) entregó el expediente al reconocer la competencia de la Anla. Por tanto, actuamos dentro del marco de la ley”, puntualizó el funcionario.En cuanto a una decisión del Tribunal Superior del Valle del Cauca favorable al operador, Páez explicó que esta se limita a aspectos contractuales y no interfiere con las facultades ambientales de la Anla.Para levantar la suspensión, la Anla exige la elaboración de un nuevo instrumento de manejo ambiental con estudios de campo actualizados. Páez insistió en la importancia de contar con medidas que mitiguen adecuadamente los impactos ambientales actuales, en lugar de apoyarse en información secundaria o desfasada.
En la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, celebrada el 31 de diciembre de 2024, Raúl Duran Parra fue designado oficialmente como nuevo director general de la entidad, cargo que ocupará hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión fue tomada por votación unánime de los miembros del Consejo Directivo.La elección causa polémica, dado que la Sección Quinta del Consejo de Estado habría declarado nula su elección el pasado 12 de septiembre de 2024 y hoy, en medio de las votaciones, volvieron a elegirlo.Durante las votaciones se realizaron las consultas pertinentes sobre los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y medidas correctivas del nuevo director, constatándose que no presenta ningún antecedente.En un documento oficial, enviado a la secretaria general de la CAS, Gloria Milena Figueroa, el Ministerio de Ambiente solicitó el soporte de todas las recusaciones presentadas contra miembros del Consejo Directivo y el director encargado, subrayando la importancia de resolver estas objeciones antes de proceder con la elección. El ministerio hizo énfasis en que las decisiones del Consejo Directivo deben ajustarse a las normativas establecidas en el decreto 1076 de 2015.Sobre Raúl Duran ParraEs abogado y dentro de sus cargos se ha desempeñado como procurador provincial del municipio de San Gil, cuenta con formación académica en el ámbito legal y ambiental. Duran Parra se graduó como abogado de la Universidad Santo Tomás y posee una especialización en derecho penal obtenida en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su carrera ha estado marcada por la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible.A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos en la dirección territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, así como en la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.Su experiencia en el sector ambiental se ha registrado en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en donde ha realizado proyectos orientados a la protección de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas en la región.
La elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), programada para este 31 de diciembre de 2024, ha generado una intensa controversia que involucra al Consejo Directivo de la entidad, el Ministerio de Ambiente, representantes políticos y líderes ambientales. Este proceso electoral se produce tras la anulación del nombramiento de Raúl Durán por parte del Consejo de Estado, debido a la falta de representación de las comunidades negras en la junta directiva de la CAS.En un documento oficial enviado a la secretaria general de la CAS, Gloria Milena Figueroa, el Ministerio de Ambiente solicitó el soporte de todas las recusaciones presentadas contra miembros del Consejo Directivo y el director encargado, subrayando la importancia de resolver estas objeciones antes de proceder con la elección. El ministerio hizo énfasis en que las decisiones del Consejo Directivo deben ajustarse a las normativas establecidas en el decreto 1076 de 2015.Paralelamente, el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, presentó una recusación contra la totalidad de los consejeros de la CAS, lo que añade un nuevo obstáculo al ya complicado panorama. Avendaño cuestionó la transparencia del proceso, exigiendo mayores garantías para asegurar una elección justa.El líder ambientalista Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Yariguíes, también manifestó su preocupación.“La situación actual de la CAS es grave. Las decisiones se están tomando en una época en la que la atención pública está dispersa, sin un debate amplio ni participación ciudadana. Esto afecta temas ambientales y territoriales fundamentales para Santander”, declaró Sampayo, quien también criticó la celeridad con la que se han convocado las reuniones extraordinarias del Consejo Directivo.La anulación de la elección de Durán por parte del Consejo de Estado obligó a convocar nuevamente a las organizaciones afrodescendientes para designar un representante ante la junta directiva. Este paso se cumplió en noviembre, pero las tensiones persisten en torno a la conformación del Consejo Directivo y la lista de más de 40 candidatos elegibles.Mientras tanto, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ha defendido el proceso y ha reiterado la importancia de seguir adelante con la elección para garantizar la continuidad administrativa de la CAS. Sin embargo, críticos aseguran que el manejo de la situación refleja una falta de planeación y comunicación adecuada por parte de las autoridades.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia y los permisos para explorar el pozo de Komodo - 1, un proyecto de exploración de gas y petróleo en el Caribe colombiano. Con esto, la entidad a cargo podrá reanudar sus operaciones para extraer dos de los suministros más importantes para el país.Este pozo se ubica en la zona económica exclusiva de Colombia, aproximadamente a 140 kilómetros de la costa frente a Santa Marta, y es el proyecto más profundo en el país en términos de perforación submarina. La exploración planeada alcanzaría profundidades de entre 3,800 y 4,000 metros de columna de agua solo para llegar al lecho marino, además de otros 2,000 metros de perforación adicionales.Cabe recordar que este proyecto, liderado por la empresa Anadarko Colombia, enfrentaba una suspensión desde octubre en el proceso de evaluación ambiental debido a la intervención del Ministerio de Ambiente, que solicitó detener el trámite para realizar una revisión exhaustiva dada la envergadura y complejidad del mismo.“Aquí nunca se ha generado esos pozos a esa profundidad. Es una lámina de agua de 4 kilómetros para poder llegar al subsuelo, entonces estamos mirando la situación de ecosistemas de aguas profundas y estamos mirando también las condiciones de manejo de riesgos, para que en caso de que esa licencia se dé, pues tengan todos los condicionantes. Estamos muy avanzados en el proceso, esperamos muy pronto darlos y que la ANLA tome una decisión”, dijo en su momento la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.Con todo esto, y tras el anuncio, desde la Procuraduría General de la Nación celebraron que la ANLA haya brindado la licencia ambiental. “Esperamos que este proyecto permita aportar conocimiento e información sobre nuevas fuentes y reservas de gas natural, lo cual es crucial para garantizar la seguridad energética de todos los colombianos” dijo el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad González, informó que en próximos días la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expedirá la resolución para el cierre de las minas que hace una década la multinacional Eco Oro abandonó en el municipio de California, Santander. "La Anla va a expedir la medida preventiva por el cierre de los antiguos túneles de Eco Oro, que son precisamente los túneles que son hoy fuente de la minería ilícita en Santander. Se espera que con esto, con la investigación que va en camino se pueda lograr la articulación conjunta del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales, para lograr el cierre de los túneles más adelante”, aseguró la ministra. Susana Muhamad, señaló que la minería ilegal también fue combatida en el páramo de Santurbán. "Donde se desmantelaron instalaciones utilizadas para procesar material acuífero. Estas operaciones simulaban legalidad mediante documentación falsa y generaban ingresos de más de 2.000 millones de pesos mensuales".Minambiente informó que en operativos se incautaron materiales contaminantes como mercurio y explosivos en la zona minera de Soto Norte en Santander. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad , anunció la extensión del plazo para participar en la consulta pública del proyecto de resolución que definirá la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán. La nueva fecha límite para la participación ciudadana será el 10 de febrero de 2025.La decisión responde a un acuerdo logrado durante las visitas realizadas por el Ministerio de Ambiente a los municipios de Surata, California y Vetas, donde se dialogó con alcaldes, concejales y actores clave de la región, como titulares mineros, para mejorar la comunicación y facilitar un proceso de consulta transparente sobre las implicaciones de la creación de la reserva temporal.Entre las actividades programadas, se incluyen reuniones con la Secretaría de Ambiente de Bucaramanga, el comité de defensa del páramo de Santurbán y sesiones híbridas abiertas al público. También se realizarán webinars de divulgación y visitas a los municipios de Tona, Charta y Matanza. En paralelo, se acordó con la Corporación Autónoma de Bucaramanga mejorar la comunicación sobre el tema en el Consejo Directivo.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció la extensión del plazo para participar en la consulta pública del proyecto de resolución que definirá la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán. La nueva fecha límite para la participación ciudadana será el 10 de febrero de 2025.La decisión responde a un acuerdo logrado durante las visitas realizadas por el Ministerio de Ambiente a los municipios de Surata, California y Vetas, donde se dialogó con alcaldes, concejales y actores clave de la región, como titulares mineros, para mejorar la comunicación y facilitar un proceso de consulta transparente sobre las implicaciones de la creación de la reserva temporal.“Cumplimos con los compromisos establecidos en el territorio, tras escuchar a la comunidad, organizaciones sociales y autoridades locales, quienes pidieron la ampliación del plazo debido a las festividades decembrinas”, afirmó la ministra Muhamad.Además, destacó que durante este periodo se llevarán a cabo una serie de reuniones tanto virtuales como presenciales, en las cuales se presentarán los detalles jurídicos y los efectos de la propuesta. Estos encuentros buscan garantizar una amplia y efectiva participación ciudadana.Entre las actividades programadas, se incluyen reuniones con la Secretaría de Ambiente de Bucaramanga, el comité de defensa del páramo de Santurbán y sesiones híbridas abiertas al público. También se realizarán webinars de divulgación y visitas a los municipios de Tona, Charta y Matanza. En paralelo, se acordó con la Corporación Autónoma de Bucaramanga mejorar la comunicación sobre el tema en el Consejo Directivo.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debido al presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos para la delimitación del páramo de Santurbán. La acción obedece a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017.Según informó el ente de control, la indagación fue iniciada por la Procuraduría Delegada para el seguimiento al cumplimiento de sentencias de tutela de la Corte Constitucional, con base en un informe preventivo con fines disciplinarios elaborado en conjunto con la Defensoría del Pueblo.Entre los hallazgos consignados en el informe se destaca la ausencia del acto administrativo necesario para delimitar el páramo en las jurisdicciones de Santurbán – Berlín, así como la falta de publicación de los cronogramas de actividades, incumpliendo lo dispuesto por la sentencia.Adicionalmente, se identificó que el micrositio ‘Santurbán Avanza’, plataforma diseñada para informar a las comunidades interesadas en el proceso de delimitación, no ha sido actualizado. El informe también señala la falta de espacios efectivos de diálogo y generación de confianza con las comunidades para alcanzar acuerdos.La Procuraduría busca con esta medida identificar e individualizar a los posibles responsables, "verificar la ocurrencia de las conductas señaladas y establecer si estas constituyen faltas disciplinarias".La delimitación del páramo de Santurbán ha sido un tema de alta relevancia ambiental y social en Colombia, debido a la importancia de este ecosistema en el suministro de agua para millones de personas en los departamentos de Santander y Norte de Santander.La sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó garantizar la protección del páramo y brindar participación efectiva a las comunidades locales, en un proceso transparente y concertado.
Luego de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmara la salida de varios jefes de cartera por las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan, fuentes cercanas a la Presidencia de la República también informaron que antes de que termine el año se conocerán los nombres de quienes se van del Gobierno Petro.Protocolariamente, los ministros presentarán su carta de renuncia, y será el presidente quien decidirá si la acepta o no. Los nombres que suenan son: el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aspiraría a ser congresista; el canciller Luis Gilberto Murillo, que tendría aspiraciones presidenciales para el 2026; y, por último, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el de Educación, Daniel Rojas.Presidente y canciller evalúan nombramiento de Daniel MendozaEl presidente Gustavo Petro está conversando con el canciller Luis Gilberto Murillo para evaluar si seguirá en pie el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia. A pesar de que el mandatario ha defendido la designación públicamente, al no estar oficializada podría caerse por la polémica y el rechazo que ha generado desde varios sectores, incluso en los sindicatos de la misma Cancillería, que consideran que le falta experiencia diplomática y ven con preocupación los trinos que se han viralizado por su contenido alusivo a la pedofilia, el abuso y la violencia.
