La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió amnistía a cuatro exintegrantes de las extintas Farc-EP por delitos políticos relacionados con el Paro Nacional Agrario de 2013. Esta decisión, tomada por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), reconoce los hechos cometidos durante las protestas sociales como delitos conexos, susceptibles de amnistía, según el acuerdo final de paz.Los comparecientes habían sido condenados por la jurisdicción ordinaria por fabricación, tráfico y porte de explosivos, al encontrarse en sus pertenencias sustancias como aluminio, azufre y clorato de potasio, junto con pancartas alusivas a las movilizaciones campesinas. Según la SAI, estas conductas ocurrieron en el contexto del conflicto armado interno y de la protesta social, lo que permitió su tratamiento como delitos políticos.La amnistía otorgada elimina la responsabilidad penal de los beneficiarios por estos delitos, pero exige el cumplimiento de estrictas condiciones. Entre estas se encuentran la obligación de contribuir a la verdad, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición y participar en programas de búsqueda de desaparecidos. Asimismo, deben informar cualquier cambio de residencia, no abandonar el país sin autorización y comparecer ante la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas cuando sean requeridos.La Sala destacó que el conflicto armado influyó en los excesos cometidos durante las protestas sociales de 2013. La guerrilla buscaba tener presencia en dichas movilizaciones, lo que generó situaciones de judicialización. Esta relación entre protesta social y conflicto armado fue reconocida en el Acuerdo Final y reafirmada por la Corte Constitucional en 2018, al señalar que ciertos actos durante protestas pueden considerarse conexos a los delitos políticos. A la fecha, la JEP ha otorgado 827 amnistías y ha comunicado más de 9.600 decretos de este tipo a firmantes del acuerdo final.
La controversia sobre el mural en homenaje a las víctimas de La Escombrera, un terreno vinculado a la desaparición de personas en Medellín durante el conflicto armado, escaló a nivel político luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciara que el Gobierno nacional intenta imponer un relato sesgado de la violencia en el país.Gutiérrez, en declaraciones ofrecidas en entrevista con Blu Radio, con Néstor Morales, afirmó que detrás de esta polémica se esconde una estrategia para manipular la percepción de los hechos históricos y crear un discurso “conveniente” de cara a las próximas elecciones.“Claro que las madres tienen razón y respeto profundamente su lucha, pero lo que está mal es que utilicen su dolor como parte de un relato político que no se ajusta a la verdad”, afirmó el mandatario local. Gutiérrez señaló que el mural, si bien reivindica la memoria de las víctimas, ha sido aprovechado por sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro para generar divisiones sociales y políticas.Las diferencias en torno al mural y la memoriaEl origen del debate fue un mural pintado en la Comuna 13, en el que se denuncian las desapariciones ocurridas en La Escombrera, considerada una de las posibles fosas comunes más grandes de América Latina. Desde el inicio, el mural fue objeto de tensiones: por un lado, defensores del arte urbano y organizaciones de derechos humanos lo vieron como un acto de memoria histórica, mientras que sectores cercanos a Gutiérrez lo consideraron parte de una narrativa política sesgada.“Nosotros hemos apoyado el arte urbano en Medellín. Vamos a intervenir más de 30.000 metros cuadrados con murales, pero una cosa es el arte y otra es el odio disfrazado de expresión artística”, comentó el alcalde. Gutiérrez aseguró que el verdadero debate no es el mural en sí, sino la intención detrás de su difusión y el contexto político en el que se presenta. “¿Por qué ahora el Gobierno quiere crear una verdad única sobre lo que ocurrió en la Comuna 13 y culpar a todos los que no piensan como ellos?”, cuestionó.“En mi alcaldía no hubo omisión”Federico Gutiérrez también respondió a las acusaciones de Sofía Petro, quien había señalado que durante su primera administración como alcalde de Medellín (2016-2019) no se habían adelantado esfuerzos significativos para la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera. Gutiérrez calificó estas afirmaciones como “absolutamente falsas” y explicó que la competencia en la búsqueda de cuerpos siempre ha recaído en la Fiscalía y, más recientemente, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).“No había ninguna orden ni de la Fiscalía ni de la JEP para iniciar búsquedas en ese momento. Nosotros como alcaldía no podíamos simplemente empezar excavaciones por cuenta propia; eso tiene unas reglas claras y son las autoridades competentes las que deben liderar el proceso”, aclaró Gutiérrez. Además, insistió en que la verdadera omisión ocurrió durante la administración 2020-2023, cercana al presidente Petro, cuando, según él, se ignoraron fallos que exigían adecuar el terreno para las excavaciones.“Desde el 2020 hasta el 2023 se incumplió una orden de la JEP para preparar la zona de búsqueda. Nosotros, apenas retomamos la alcaldía, cumplimos con lo solicitado y facilitamos el trabajo de las entidades encargadas”, afirmó Gutiérrez, añadiendo que los actuales hallazgos de restos óseos son resultado de la gestión de su administración.La narrativa del conflicto: ¿imposición política?El alcalde también criticó lo que denominó como “el intento del gobierno de reescribir la historia del conflicto armado en Colombia”. Según Gutiérrez, mientras sectores del Gobierno buscan culpar únicamente a ciertos actores de los hechos violentos en Medellín, ignoran la responsabilidad de grupos guerrilleros y otros actores armados que también participaron en la violencia en la Comuna 13.“En esta ciudad todos sufrimos la violencia. Hubo guerrillas, paramilitares y delincuencia común que hicieron un daño enorme. Pero ahora algunos que fueron parte del conflicto posan de víctimas y tratan de imponer su versión de la historia”, denunció el mandatario.Gutiérrez recordó que, durante la década de los 90 y principios de los 2000, la Comuna 13 era un territorio controlado por distintos grupos armados y que, a lo largo de los años, han surgido múltiples versiones sobre lo ocurrido en esa zona. No obstante, insistió en que debe ser la JEP, y no actores políticos, la encargada de establecer la verdad sobre los hechos. “Si hay un cuerpo, una sola víctima, merece toda nuestra atención y respeto. Pero lo que no podemos permitir es que se use el dolor de las familias para construir un relato político”, sentenció.Mural, protestas y elecciones: ¿una estrategia política?Federico Gutiérrez también alertó sobre la posible intención del Gobierno nacional de utilizar el mural y otros símbolos similares para generar movilización social y preparar el terreno para las próximas elecciones. Según el alcalde, hay un esfuerzo coordinado por parte de ciertos sectores políticos para avivar la polarización y promover protestas en las principales ciudades del país.“Esto no es casualidad. Ya empezaron a calentar motores de cara a las elecciones, y lo están haciendo con la misma estrategia de siempre: generando caos y atacando a quienes no piensan como ellos”, advirtió. Además, señaló que los recientes debates sobre el mural, sumados a las tensiones sociales, son parte de una narrativa que busca distraer la atención de los escándalos de corrupción y otros problemas que enfrenta el país.
Los equipos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP que se encuentran en la Comuna 13 de Medellín, encontraron nuevas estructuras óseas que permiten identificar dos nuevos cuerpos en La Escombrera. Los hallazgos serán enviados a Medicina Legal para el proceso de análisis.“Estos resultados se dieron tras la reactivación de la intervención forense el pasado 7 de enero y tras la medida cautelar que ordenó la JEP para proteger La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, bajo la presunción de que podrían hallarse cuerpos de víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado", indicaron desde la UBPD."Con el objetivo de avanzar en la identificación de estos hallazgos, es indispensable que las personas que tengan a un familiar desaparecido en esta zona del país y que aún no hayan aportado sus muestras de ADN lo hagan”, agregaron, antes de señalar que el próximo 21 de enero se entregará el primer balance quincenal de los hallazgos. Además, tras conocerse el hallazgo, el presidente Gustavo Petro señaló, por medio de su cuenta de X, que luego de los nuevos hallazgos, en su concepto, es posible "decir con toda claridad que La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, administrada por una empresa privada que debe dar explicaciones públicas, es una fosa común”.Cabe recordar que recién el pasado 7 de enero se reanudaron las labores de intervención en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, por parte de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
El mayor en retiro Juan Carlos Meneses, fue comandante de la Policía en Yarumal, Antioquia, entre el 1 de agosto de 1992 y el 4 de noviembre de 1994. Meneses ha reconocido ante la justicia sus alianzas con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y ahora su proceso está en manos de la JEP.En las últimas horas, la sección de revisión de la JEP le negó a Meneses una solicitud en la que pedía abrir un incidente de desacato contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción, pues según Meneses esa Sala no le había resuelto algunas dudas que él tenía sobre su proceso, pues consideraba que lo estaban juzgando dos veces por los mismos hechos."El compareciente alegó el mismo fundamento de la doble investigación y juzgamiento en los procesos adelantados en la justicia ordinaria y la Procuraduría General de la Nación. Empero, la Sala desestimó su pretensión y confirmó el sometimiento por la investigación disciplinaria No. 008-144409, correspondiente a hechos vinculados con el actuar delictivo del grupo conocido como Los Doce Apóstoles en el municipio de Yarumal, Antioquia, entre los meses de julio de 1993 y marzo de 1994; que es uno de los asuntos en el que arguye se le desconoció la garantía constitucional del non bis in idem”, se lee en la resolución de la sección de revisión.Esta Sección de la JEP decidió no abrir el incidente de desacato solicitado por Meneses, pues el magistrado Jesús Ángel Bobadilla consideró que en algunas resoluciones previas la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya había solucionado las dudas de Meneses aclarando que no se le están vulnerando sus derechos."La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolvió el planteamiento que se formulaba en igual sentido, ratificando la ausencia de vulneración del non bis in idem y plasmando los mismos argumentos que los exhibidos en la contestación a la petición referida en precedencia, tal como consta en la resolución No. 4006 de 30 de diciembre de 2024", se lee en la resolución firmada por Bobadilla.JEP dejó en firme audiencia de Meneses para el 21 de eneroEn otra resolución, conocida por Blu Radio, el magistrado Pedro Elías Díaz le recordó a Meneses que debe presentarse a la audiencia a la cual fue citado el próximo 21 de enero, aclarándole que ya le han resuelto sus dudas frente al caso por el que él argumenta que lo están juzgando dos veces, que es el homicidio de Camilo Barrientos.Es importante recordar que ante la JEP Meneses se ha ofrecido a entregar información sobre los delitos cometidos por los Doce Apóstoles, ante este tribunal ha dicho que conoció a Santiago Uribe Vélez, en la hacienda La Carolina y ha dicho que gracias a sus declaraciones se reabrieron las investigaciones relacionadas con ese grupo paramilitar."El señor Meneses también explicó que el capitán Benavidez le presentó a Santiago Uribe Vélez, en la hacienda La Carolina, quien, sostuvo, era el jefe de ese grupo de autodefensas. Y relacionó una serie de personas que integraban dicho grupo en la parte urbana y en la parte rural del municipio de Yarumal. Además, reconoció que su responsabilidad durante los tres meses y medio que permaneció como comandante del Distrito 7 de Policía, fue la de “permitir el actuar de este grupo paramilitar en la región", explicó la JEP en una de sus resoluciones.
La JEP citó al general en retiro Mauricio Santoyo a diferentes audiencias para que entregue información sobre los casos por los cuales ha sido procesado. Santoyo ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y fue condenado en Estados Unidos por sus alianzas con el paramilitarismo.En las últimas horas, Santoyo hizo llegar a la JEP un documento en el que hace su aporte a la verdad frente a los hechos por los cuales ha sido investigado, teniendo en cuenta que esa jurisdicción evalúa una solicitud de las víctimas para expulsar a Santoyo, pues consideran que no ha entregado información relevante.Es importante recordar que Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.Blu Radio conoció en primicia el documento entregado por Santoyo a la JEP, allí se refiere a la sala de grabaciones del Gaula y a las interceptaciones telefónicas. En su aporte a la verdad el general aseguró que la sala de interceptaciones del Gaula en Medellín era utilizada por la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, y la Dirección de Policía Judicial, Dijin, que tienen su sede en Bogotá, pero que desarrollan sus labores en todo el territorio nacional.Dicha sala contaba con un jefe y con varios analistas. En el mismo sentido Santoyo dicen su relato que en el año 1998 el general (r) óscar Naranjo lo llamó para decirle que iba a enviar un personal a realizar labores de inteligencia, entre ellos llegó el teniente Edward García, de quien, según dice Santoyo, se enteró posteriormente que tenía vínculos con el paramilitarismo."En este punto hago referencia respecto de que, para el año 1998 más o menos me llama el director de inteligencia de la Policía Nacional, Dipol, de la época, el coronel óscar Naranjo y me manifestó que enviaba un personal en comisión a Medellín a adelantar unas actividades de inteligencia y solicitaba que se les facilitara la sala de grabaciones para el desarrollo de estas labores; fue así como se presentó el teniente García Edward junta con dos o tres analistas no recuerdo exactamente; llame al jefe de la sala de grabaciones y le manifesté que les prestara toda la colaboración que requirieran para el desarrollo de las misiones que fueran a cumplir; si no me falla la memoria, cuando en diciembre de 1999 dejé de ser comandante del Gaula, todavía permanecían allí", dijo a la JEP el General Santoyo.Sobre el teniente García dice que "Para la época pertenecía a la Dirección de Inteligencia, Dipol, es uno de los oficiales de la Policía a los cuales me he referido en anteriores ocasiones como uno de los funcionarios de quienes me entere de que tenía vínculos con las autodefensas y con otras organizaciones criminales".Advirtió además que a él no le entregaban información de esas investigaciones que se adelantaban."Como comandante del Gaula, nunca se me informaba, ni tenía conocimiento del contenido de las investigaciones que adelantaban, ni de las labores de inteligencia que desarrollaban, ni de las interceptaciones telefónicas que hacían agentes de otras direcciones o unidades policiales, pues siempre se trabajaba de una forma totalmente compartimentada, es decir, que cada unidad responde a sus propias misiones de trabajo sin tener que informar a aquellos que no son jerárquicamente superiores o que no pertenecen a la misma dirección o unidad policial. Lo único que hacía el Gaula era facilitar la sala de grabaciones para que ellos desarrollaran su actividad.", agregó Santoyo.En el mismo sentido, se refirió a las versiones de algunos exmiembros de las Autodefensas, según las cuales Santoyo tenía alianzas con el paramilitarismo. En este punto, asegura que esas declaraciones no son ciertas y que demostrará las imprecisiones y falsedades de dichas afirmaciones. Sobre las desapariciones de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, dice que en ese momento él ya no se encontraba en el Gaula de Medellín, pues el comandante para la época era el teniente coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez. Es por esto que Santoyo advierte que no aceptará responsabilidad en dichos casos.Posteriormente, el general en retiro aporta el nombre de algunos oficiales que, según él, habrían tenido vínculos con el paramilitarismo."He aportado a la verdad manifestando el nombre de algunos oficiales de la Policía y un suboficial de quienes tuve conocimiento tenían relación con grupos de autodefensas y otros sectores delincuenciales. Los cuales relaciono a continuación: teniente coronel Danilo González Gil, mayor Byron Ordóñez Portilla, capitán Edward García Arboleda, sargento José Gerlein García Galeano", se lee en el documento entregado a la JEP.Incluso advierte que el coronel Danilo González le comentó personalmente sobre sus vínculos con las Autodefensas, asegurando que se dieron cuando hizo parte del Bloque de Búsqueda, e incluso advirtió que González le había dicho que la información que le entregaban las Autodefensas había sido utilizado por la Policía para realizar operaciones contra capos del narcotráfico."Me enteré de la relación de mi coronel Danilo González con las autodefensas porque él mismo me lo comentó; desde que recibí a finales de julio de 1996 el Gaula de Medellín; él se encontraba trabajando, no recuerdo, si era el comandante del Gaula de Bogotá o trabajaba con el Zar antisecuestro; me manifestó que tenía informantes que conseguían muy buena información, que él cuando estuvo en el bloque de búsqueda de lucha contra Pablo Escobar había conocido a Fidel Castaño, Carlos Castaño, alias Don Berna y a otras personas que eran informantes y que conocía mucha gente que tenía muy buena información. De esta relación me entero porque él mismo me lo comenta, por boca de él mismo, me manifestó que se entrevistaba con frecuencia con ellos y además recuerdo que me dijo que ellos eran quienes les habían dado la información para el procedimiento que realizó la policía contra alias Chepe Santacruz", dijo a los magistrados el general (r) Santoyo.Por último, le pide a la JEP que se tengan en cuenta estos aportes a la verdad, pero reitera que hará uso de su derecho fundamental a no autoincriminarse y a exigirle al estado Colombiano que le permita defenderse con todas las garantías.Respuesta del general (r) Óscar NaranjoBlu Radio contactó al general (r) óscar Naranjo para obtener su respuesta frente a lo dicho por Santoyo, quien aclaró que todas las operaciones que él ordenó y desarrolló se hicieron en el marco de la legalidad y que el teniente García será quien explique a la JEP los objetivos de las operaciones que se le ordenaron en su momento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró este lunes que no ha dicho que los restos óseos encontrados en una comuna de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el en noroeste de Colombia, correspondan a víctimas de la operación Orión."Esta Jurisdicción no ha afirmado que correspondan o no a las víctimas de la 'Operación Orión'. La investigación apenas está iniciando", dijo el alto tribunal en su cuenta de X en la que agregó que "la identificación de los cuerpos todavía es materia de investigación".La Comuna 13 de Medellín fue escenario entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 de Orión, una operación de las Fuerzas Armadas para expulsar milicianos de las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Para defensores de los derechos humanos, esta operación, que se realizó con la ayuda de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó numerosos muertos y desaparecidos que, al parecer, fueron sepultados en un vertedero conocido como La Escombrera.La JEP aseguró que ni el presidente del alto tribunal, Alejandro Ramelli Arteaga, ni el magistrado relator de las medidas cautelares de protección en La Escombrera, Gustavo Salazar, "han dicho que estos hallazgos (...) pertenezcan o no a víctimas de la 'Operación Orión'. Esto está por determinarse".El pasado 18 de diciembre la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de Colombia anunciaron que encontraron los primeros restos humanos en La Escombrera, luego de años de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado vivido entre 2001 y 2004 en el sector de la Comuna 13."Fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín", confirmaron en ese momento ambas entidades en un comunicado conjunto.Esta nueva búsqueda empezó en julio, cuando la JEP lo ordenó tras una pequeña intervención en 2022 y de múltiples dilaciones que han sido una "revictimización" para las familias, según denunciaron los colectivos de buscadores.Según la JEP, en la Comuna 13 de Medellín hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. Solo en esta ciudad, el número asciende a 5.912 personas desaparecidas.El entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) ha defendido la Operación Orión, pues asegura que la Comuna 13 estaba controlada por grupos terroristas como los Comandos Armados del Pueblo del ELN, la FARC y los paramilitares.También asegura que la operación fue ejecutada conjuntamente por la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría y la Alcaldía de Medellín y que el objetivo era retomar por completo el control de una zona de Medellín que se encontraba bajo el control de grupos ilegales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió excluir de sus beneficios transicionales al sargento mayor retirado Ferney Ulmandín Causaya Peña, tras confirmar su condena a 40 años de prisión. El exmilitar fue hallado responsable de desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.En su defensa, sostuvo que no tuvo participación en estos crímenes y que sus actividades como suboficial se limitaron a operaciones de inteligencia enfocadas en el ELN. También afirmó que, durante la retoma, únicamente transportó equipos de comunicación a la Casa del Florero.Sin embargo, la JEP determinó que sus declaraciones no aportaron información clave para esclarecer las desapariciones ni para identificar a otros responsables. Según el fallo, la versión de Causaya resultó insuficiente y no cumplió con los requisitos establecidos para mantener los beneficios del sistema transicional. Además, la JEP consideró que las propuestas de Causaya para reparar a las víctimas fueron limitadas y carentes de sustancia. Su único planteamiento consistió en expresar un deseo general de que se conociera la verdad, apelando incluso a la voluntad divina, sin ofrecer detalles concretos que ayudaran a reconstruir los hechos.En consecuencia, la JEP comunicó la decisión a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que esta tome las medidas pertinentes respecto a la condena de Causaya en el proceso judicial 61472. Asimismo, notificó a la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema para que continúe con la investigación 13744, en la cual el exmilitar también está implicado.Con esta decisión, Causaya queda a disposición de la justicia ordinaria para el cumplimiento de las sanciones penales impuestas por su responsabilidad en los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
El Ministerio de Justicia ya presentó un borrador sobre las zonas de restauración para las exFarc, un tema que despertó controversia. Según la ministra de esta cartera, Ángela María Buitrago, el documento busca reactivar una mesa de diálogo que había “estado paralizada” y también abordar las sanciones que cumplen los excombatientes bajo el acuerdo de paz.Aclaró que el borrador no es una política pública definitiva porque aún no se ha publicado, sino que es "un punto de partida" para discutir cómo se deben establecer las sanciones, así como los mecanismos de seguimiento necesarios.Y la polémica está en que los exintegrantes de las Farc han manifestado su descontento, argumentando que el documento se asemeja a la creación de zonas o colonias agrícolas y no se alinea con lo acordado en el acuerdo.En diálogo con Mañanas Blu, la ministra Buitrago explicó que el borrador contempla varias dimensiones, incluyendo la inclusión de las víctimas en el proceso. Según precisó, es crucial escuchar y considerar las opiniones de las víctimas al definir las sanciones y las zonas de restauración."Primero, hay que decir que no ha publicado nada el Ministerio de Justicia, es un documento borrador que se trabaja en una articulación que estaba completamente quieta hace ocho meses y que es un lugar de articulación muy importante, porque no solamente está compuesto por los firmantes, sino que hay una serie de competencias que también son parte del Ministerio de Justicia”, detalló.¿Cómo y qué son las zonas de restauración?“Dentro del borrador hay unas zonas que pueden servir para varios aspectos; uno para el tema también del diálogo con las víctimas y son las zonas que nosotros llamamos, de restauración, en el sentido de que las víctimas no tengan que desplazarse en ningún otro lugar, sino que en los territorios donde están, efectivamente las personas puedan establecerse diálogos para reconocer esa verdad”, explicó.En ese sentido, la ministra habló de un “mal entendido” sobre el mismo borrador, el cual, recalcó, no se ha publicado. Señaló que hay muchos elementos a considerar por su importancia en estos casos."¿Cuál es el malentendido? El malentendido, primero, es que alguien entregó un documento borrador que no es todavía una política pública asumida por el Ministerio, pero sí plantea elementos que consideramos importantes para tener en consideración sobre la base de las funciones que tiene el Ministerio de Justicia. Dos, quién impone la sanción, pues la JEP es la única competente para imponer la sanción, pero para poder hablar de esto, entonces también tenemos que mirar lo que está reglamentado", insistió.Además, confirmó que el ejecutivo tiene la competencia exclusiva para imponer sanciones, pero que estas deben desarrollarse en un marco de diálogo y entendimiento con todas las partes involucradas, incluidas las exFarc y la comunidad internacional.“Sobre todo porque, si el ejecutivo tiene que cumplir algunas, tiene que saber si son viables, cuánto le van a costar, cómo se van a implementar y, obviamente, en un desarrollo que hemos venido haciendo durante el último año, también de muchas de esas sanciones propias que la misma JEP ha pedido que trabajemos con cada uno de los magistrados y en cada uno de los casos", añadió.Así, la ministra subrayó la importancia de “clarificar las medidas” establecidas en la ley estatutaria de la JEP y cómo se llevarán a cabo las sanciones propias. La discusión también abarcó el seguimiento y monitoreo de estas normas, especialmente en un contexto donde la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un plazo definido para su operación.“Por esa razón, en esa articulación y en esa reunión, se presentó un borrador con el objeto, entre otras, de reactivar la mesa que estaba paralizada para realizar un diálogo con la JEP respecto de algunos de los posibles caminos que se puedan tomar para cumplir, incluso, la misma ley estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP", aseveró.
El exagente del extinto DAS Giovany Calderon, reconoció su responsabilidad en nueve de los diez crímenes cometidos entre 2006 y 2008 por el Gaula Tolima, en el contexto de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, su aporte de verdad permitió esclarecer el accionar del Gaula, además de revelar la participación de miembros del DAS, el CTI y la Fiscalía en estos hechos.Entre los casos aceptados se encuentran homicidios como el de los hermanos Alexander y Luis Alfonso Jiménez Gallego, ocurrido en Pastales, Tolima, y el de José del Carmen Escorcia Marimón y Humberto Junior Escorcia Manotas en San Luis, Tolima.Como parte de la resolución de este tribunal de justicia transicional, Giovanny Calderón recibió libertad transitoria, condicionada y anticipada, junto con el levantamiento de una orden de captura en su contra. Sin embargo, deberá seguir aportando información sobre tres nuevos hechos no investigados previamente y participar en acciones restaurativas que contribuyan a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.La decisión también ordena a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP avanzar en la identificación de víctimas indirectas y realizar pruebas de ADN para confirmar parentescos, como el caso de una hija póstuma de una víctima.La JEP destacó que los aportes de verdad del exagente superaron los estándares exigidos, permitiendo esclarecer detalles sobre los crímenes, la manipulación de escenas del crimen y la legalización de operativos fraudulentos. No obstante, la permanencia de los beneficios estará condicionada al cumplimiento continuo del régimen transicional y la ampliación de información en las próximas diligencias.
La Jurisdicción Especial de Paz anunció que, el informe, entregado el pasado 27 de diciembre, incluye un análisis detallado de más de 57.000 unidades de conservación y cerca de 47.800 medios digitales, almacenados en depósitos en Bogotá y Funza.La Jurisdicción Especial para la Paz recibió el diagnóstico integral de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que permitirá definir las condiciones para la desclasificación de documentos clave relacionados con inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, asegurando el acceso de las víctimas del conflicto armado a información vital para esclarecer violaciones de derechos humanos.La JEP anunció que, el informe, entregado el pasado 27 de diciembre, incluye un análisis detallado de más de 57.000 unidades de conservación y cerca de 47.800 medios digitales, almacenados en depósitos en Bogotá y Funza.El objetivo es organizar y digitalizar estos archivos, facilitando su acceso y preservación como patrimonio documental de la nación.El magistrado Óscar Parra, líder de las medidas cautelares para la preservación de estos archivos, subrayó la importancia del diagnóstico: “Es un paso importante para luchar contra la impunidad en algunas graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”.
