Fueron citados a la Corte Suprema de Justicia como testigos en el escándalo de corrupción en la UNGRD la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el ministro de Hacienda, Diego Guevara.Además, la sala instrucción también citó a dar testimonio como testigos dentro del caso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del interior; y a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).Los ministros de Salud, Trabajo y Hacienda tendrán oportunidad de responder un cuestionario que les enviara la Sala Instrucción de la Corte, caso contrario al de Velasco, Carlos Ramón González y Bonilla, quienes sí deberán comparecer ante el alto tribunal para que den su versión de lo que conocen sobre el cónclave que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), imputado y considerado como uno de los principales testigos ha mencionado en la Fiscalía General de la Nación y la misma Corte.Todo esto en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte contra Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.
Los recientes casos de maltrato animal en Colombia han encendido las alarmas tras la poca efectividad de las autoridades en pro del bienestar de estos seres vivos. Según la Ley 1774 de 2016, todo aquel que por cualquier medio maltrate a un animal, causándole lesiones o incluso la muerte, incurrirá en penas de 12 a 36 meses de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos.Sin embargo, al ser un delito no menor y contar con penas que no superan los cuatro años de prisión, los maltratadores de animales en el país no reciben sanciones adecuadas, según el daño que realizan a estos seres vivos. En diálogo con Blu Radio, la senadora Andrea Padilla, quien es una de las autoras del proyecto que pretende revertir la situación, explicó la gravedad del panorama colombiano.“Entre el 2017 y septiembre del 2024, la Fiscalía General de la Nación recibió 14.600 denuncias por maltrato animal. Es decir, por casos graves que acabaron con la vida y la integridad física del animal: que este resultara muerto o, producto de una violación sexual, quedara con una discapacidad permanente. De esos casos, solamente hubo sanciones en el 2,5%. Es decir, estamos ante una impunidad dramática”, le dijo Padilla a Blu Radio.A eso se suman los casos de abandono o aquellos que no han sido reportados por los ciudadanos en el país, por lo que la cifra podría ser mucho más preocupante. Por lo mismo, desde el Congreso de la República se está tramitando un proyecto, apodado como Ley Angel, que pretende mejorar la situación de los animales en Colombia.¿En qué consiste y qué tan avanzada está la Ley Ángel?Para finales del año pasado, el proyecto alcanzó la aprobación en tres de sus cuatro debates, por lo que la meta para este 2025 es completar el último que se necesita. Según la senadora Andrea Padilla, la Ley Ángel debe pasar por la Plenaria de la Cámara de Representantes para que sea una realidad, pues la iniciativa es una corrección de lo que ya se encuentra establecido en el código penal.“Nosotros estamos dividiendo el delito en dos y lo que haríamos es aumentar las multas, que hoy van de 5 a 60 salarios mínimos: estamos aumentando la mínima de lesiones de 15 a 30 salarios y la mínima de muerte de 30 a 60 salarios, entonces aumenta la mínima de multa para ambos delitos”, dijo Padilla.En cuanto a las penas carcelarias, en caso de cometerse algún tipo de maltrato físico, se aumentarían de 20 a 48 meses (más de 3 años para las lesiones) y, en el caso de la muerte, de 24 a 56 meses (casi 5 años de cárcel). Con esto, los delitos por maltrato animal ya no serían excarcelables, pues superarían el umbral mínimo para serlo.“Vendrían otras multas complementarias, por ejemplo otras sanciones: que una persona que ha sido condenada por maltratar a un animal no pueda volver a tener animales en un periodo de hasta 7 años, estamos habilitando a la Policía para que ingrese a los domicilios, pues si llega, y solo si el propietario del predio lo permite, este puede entrar. En fin, eso es un trámite. Entonces lo que estamos buscando es que la Policía pueda ingresar cuando exista certeza de que el animal está siendo violentado, de tal forma que su integridad física y su vida”, afirmó Padilla.Con este proyecto, sumado a uno adicional que pretende destinar predios para la construcción de centros de bienestar animal a nivel regional o provincial, se espera que las cifras de maltrato en Colombia se reduzcan a tal punto de brindar garantías para los seres vivos en el país.
La empresa Air-e reportó que uno de sus trabajadores recibió un audio amenazante por parte del cantante vallenato, Alex Manga, luego de que la compañía diera a conocer un supuesto fraude que detectó la energética en una casa campo en la que al parecer reside el artista en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.El hecho fue rechazado por la empresa, la cual también especificó que no es la primera vez que identifica irregularidades en uno de sus predios. Según una comunicación oficial, Manga ya enfrenta acciones penales por el delito de fraude de fluidos, conocido como robo de energía.Estas fueron las palabras mencionadas en el audio: “Oye, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Compa, habla con Alex Manga. Entiendo que es tu trabajo, pero también debes ser honesto con lo que haces. Me parece una falta de respeto la de ese señor de Air-e. El mismo día que revisó, sacó las cuentas de cuánto debía; y tú, sin más allá, mandas eso a los medios”.“De verdad que seguimos con el mismo cuento. Pasó en la finca que sacaron un informe que no era, mira cómo terminó todo. Esto es peligroso, estoy arrendado allí. Esa casa no es mía para que sepas, así que mi vida puede correr riesgo por culpa de ustedes, por sus atrevimientos”, agregó.Finalmente, Alex declaró, entre malas palabras, que “mirarán como vamos a hacer” ,pues entonces se verá obligado a tomar acciones legales.El caso fue dado a conocer por el grupo de investigaciones especiales de la empresa Air-e, el pasado 15 de enero. De acuerdo a los hallazgos, se trataba de un medidor tipo 4 electromecánico con dos puentes externos que proyectaba un consumo no facturado de 2055 KWh/mes.En otras palabras, fueron $2.342.700 dejados de pagar mensualmente, lo que adaptándolo a la línea de tiempo de seis meses sumó $14.056.200 dejados de facturar.
La situación del Deportivo Cali es alarmante, con deudas que alcanzan los 140.000 millones de pesos. Esta crisis ha llevado a los asociados a actuar, realizando un fuerte esfuerzo para cubrir el costo de la auditoría forense destinada a investigar el desfalco que ha golpeado a la institución. Vale recordar que con esta auditoria forense se buscaba establecer quiénes son los responsables del mal manejo financiero del equipo vallecaucano en los últimos años.¿Qué pasó con la auditoria forense del Cali?A pesar de que la auditoría fue entregada en diciembre, los detalles siguen siendo un secreto. En entrevista con Blog Deportivo, Rodrigo Carvajal, asociado del Deportivo Cali, afirmó que todavía no conocen en detalle la información y, mucho menos, quiénes serían los responsables del mal manejo de los dineros que entraron al conjunto azucarero.Según Carvajal, el presidente del Cali, Humberto Arias, mencionó que los hallazgos más graves han sido enviados a la Fiscalía. La preocupación por la falta de información crece entre los asociados, quienes han solicitado la entrega del documento de auditoría a través de un derecho de petición, pues desean conocer qué sucedió en el periodo 2013 - 2024 ya que la deuda aumentó de $10.000 millones a 142.000 millones de pesos.Los asociados quieren establecer responsabilidades: determinar si hubo mala administración o si se trató de errores de gestión. "Queremos conocer qué sucedió en estos once años", enfatizó.De acuerdo con Carvajal, el presidente del Deportivo Cali ha dicho que la auditoria fiscal dio a conocer cinco hallazgos "muy graves" que serían competencia de autoridades civiles y no de la Fiscalía, situación que genera más preocupación entre los asociados.Se espera la respuesta al derecho de petición en un lapso de 10 días hábiles.
Enviaron a la cárcel a un hombre que secuestró en Medellín a un bebé de 19 meses para presionar a su expareja sentimental, madre del niño, para que continuaran la relación. El menor de edad fue rescatado en una vivienda del nororiente de la ciudad. Presuntos casos de violencia intrafamiliar y de género también estarían afectando a menores de edad en Medellín como quedó evidenciado en una reciente situación donde ya la Fiscalía anunció avances en el proceso de judicialización de un hombre.Los hechos que han generado rechazo ocurrieron el pasado 14 de enero en una vivienda del barrio Manrique en donde el procesado irrumpió en medio de una discusión con su expareja sentimental.El hombre entró para llevarse con rumbo desconocido al hijo de 19 meses de la mujer luego de que esta se negara a retomar la relación sentimental que sostenían.Tras el rapto y en medio de actos de intimidación, esta persona se comunicó a través de mensajes de audio con la mamá del bebé y le indicó que no lo retornaría a su hogar.Al reportar el caso ante las autoridades, estas lograron que el hombre acordara un encuentro con la mamá del menor de edad para dialogar y fue capturado en ese momento por parte de efectivo del Gaula de la Policía.Luego de estar en poder de las autoridades el hombre reveló la ubicación del bebé en una vivienda del mismo barrio hasta donde llegaron para devolverlo a su núcleo familiar.El señalado victimario fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de control de garantías y deberá responder por el delito de secuestro simple agravado y atenuado.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel El Bosque a Ever Enrique Faix Díaz, alias 'El Sobri', el hombre que fue capturado luego de que el pasado lunes protagonizó una cinematográfica persecución en un carro rojo, con el que arrolló a tres personas, entre ellas un policía, en Soledad, Atlántico.La investigación permitió establecer que inicialmente, alias 'El Sobri', al parecer, arrolló con un vehículo a un hombre y se dio a la fuga. La comunidad alertó a la Policía del hecho y dos uniformados lograron interceptarlo más adelante.Dice la Fiscalía que en el momento que le solicitaron que se bajara del automotor, Faix Díaz retrocedió el carro y arrolló a un patrullero, quien quedó gravemente herido. Este momento quedó grabado por ciudadanos que se acercaron a la escena. Tras el incidente, alias ‘El Sobri’ huyó nuevamente, y atropelló a una tercera persona.A este hombre una fiscal seccional le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, lesiones personales culposas, falsedad personal y daño en bien ajeno.El señalado delincuente el día de la captura se identificó ante la Policía con una cédula de ciudadanía falsa con la que pretendió ocultar que era la persona que buscaban autoridades con un circular roja, por haberse fugado de dos estaciones de Policía en medio de la investigación por el intento de asesinato de un comerciante en el barrio los Nogales, de Barranquilla.
Entidades judiciales siguen avanzando en las investigaciones de presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la ciudad de Medellín, pues Blu Radio conoció que en recientemente fueron imputadas dos exfuncionarias.Se trata de Laura Mejía Higuita, exlíder del Programa de Unidad Logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Viviana del Valle Velásquez, quien se desempeñaba entre 2021 y 2022 como jefe de la Unidad de Compras de Metroparques.Valle Velásquez deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, mientras que Mejía Higuita solo fue imputada por este último cargo.Los hechos juzgados corresponden a la suscripción de 12 contratos interadministrativos por 1.465 millones de pesos que habrían favorecido a las empresas JPino SAS, Estructuras Zafiro y Soluciones SAS, en procesos relacionados con la adquisición de insumos y el mantenimiento para el Parque de las Aguas en el municipio de Barbosa.Por esto también fue imputada Lilibeth Lorena Pino Jaramillo, integrante de Soluciones SAS y quien no solo habría retirado los dineros depositados por Metroparques por bienes que nunca se suministraron, sino que además es señalada de haber creado la sociedad con la finalidad exclusiva de contratar con esta entidad descentralizada del distrito de Medellín.En la diligencia a cargo de la Fiscalía 170 Seccional de Administración Pública de Medellín, se dejó en evidencia que “en los 12 trámites contractuales cuestionados se pretendió para dar la apariencia de competencia y pluralidad de ofertas cuando en la realidad se invitó en algunos trámites a empresas y/o personas naturales no idóneas para suministrar los bienes y servicios requeridos o sin ningún interés real de presentar oferta. En otros se omitieron invitaciones al número de oferentes requeridos y en otras las invitaciones se rotaban a las empresas del mismo grupo familiar”.Vale la pena mencionar que la investigación de todos estos hechos la está llevando a cabo la investigación la hace también la Unidad Anticorrupción de la Dijín de la Policía. ¿Cartel de contratación?Este tipo de conductas precisamente llevó a que en su momento la veeduría ciudadana Todos X Medellín, quien denunció estos hechos, se refiriera al caso que involucra a otros procesos y entidades como un ‘cartel de la contratación’. Así lo explicó en su momento la vocera de la veeduría, Piedad Restrepo."Encontramos una alianza, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen", indicó Restrepo.Con esta nueva imputación ya son nueve personas las vinculadas formalmente al proceso, de las cuales cinco son exservidores públicos y cuatro particulares. Además, se conoce a un año exactamente de que la Fiscalía imputara a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cyan Eventos, por hechos similares en relación con contratos que desde esa entidad descentralizada del Distrito se habrían usando recursos del Presupuesto Participativo.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Moisés Correa Restrepo fue capturado y enviado a casa por cárcel por ser el presunto responsable de la intimidación con arma blanca a un director de fútbol juvenil y cuatro de sus dirigidos en un barrio de Medellín. Según la denuncia, los hechos ocurrieron el 12 de enero en La Floresta, cuando el entrenador estaba compartiendo con cuatro de sus dirigidos.La información conocida hasta ahora es que Correa habría insultado a dos de los menores de edad por tener camiseta de un equipo de fútbol de Antioquia. Sin embargo, con esta situación, el director técnico le pidió al agresor respeto por los niños y por lo que el victimario, presuntamente, intentó agredir al entrenador con arma blanca.En medio del intento de agresión, la ciudadanía tuvo que intervenir en esta zona de la capital antioqueña en donde, además, también intervino la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que, posteriormente, capturó a Correa en flagrancia. Una vez sucedió esto, un fiscal le imputó al agresor el delito de intimidación o amenaza con armas, elementos o dispositivos menos letales y posteriormente un juez le impuso la medida de casa por cárcel.Sin embargo, un dato que no ha pasado por desapercibido es que la persona que sufrió las intimidaciones fue Omar Camilo Uribe Velásquez, quien al consultar con los organizadores del Festival de Festivales se logró conocer es el director técnico del equipo Quinta Oriental de Cúcuta, un equipo masculino que participa en el Baby Fútbol.Aunque no se dio a conocer quienes fueron los menores de edad que resultaron involucrados en este hecho, las autoridades confirmaron que ni el entrenador ni ninguno de los menores de edad resultaron lesionados.
Una hora tarde comenzó la segunda parte de esta audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, realizada este martes en el centro de servicios judiciales de Barranquilla.Entre lo mencionado por la fiscal Lucy Laborde, quien continuó con su proceso de exposición de las solicitudes probatorias, se destacó el pedido de acreditación al testimonio del investigador Juan Camilo López Linares, quien en trabajo de campo habría conseguido pruebas que podrían conducir a una cifra superior a los 1.000 millones de pesos, frente al incremento ilícito del patrimonio del hijo mayor del presidente Gustavo Petro.Muestra de ello, según la misma Fiscalía, serían los costosos viajes que realizó Petro Burgos y que no iban acordes con los ingresos que tenía cuando hacía parte de la Asamblea departamental en el Atlántico, siendo esta su única fuente lícita de dinero.La Fiscalía espera contar en el juicio con un informe de la Dian en el que se especifican los ingresos reportados por el acusado en los plazos investigados y, de la misma forma, solicitó en su tiempo un recuento desde Migración Colombia en el que se enlistan todos los viajes que realizó Nicolás, así como los desarrollados por su entonces pareja sentimental Daysuris Vásquez.De esta última información, el ente acusador confía en hacer una relación con el concepto que fue declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y sí esos valores tienen concordancia con los gastos realizados en su tiempo.“Con la información se prueba que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos ocultó y encubrió, verbos rectores del lavado de activos, ese incremento patrimonial injustificado que obtuvo durante el periodo del año 2018 a 2023. También se probará que la información exógena de terceros da cuenta del gasto de esos dineros adquiridos de forma presuntamente ilícita que exceden el monto lícito adquirido por él”, afirmó la fiscal Lucy Laborde.La Fiscalía sostuvo que, por otro lado, quisiera la autorización para utilizar los seguimientos realizados a los familiares de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro', y Alfonso 'el Turco' Hilsaca, con el fin de verificar si se llevaron a cabo encuentros con Nicolás en los que les fueron entregados dineros de forma ilegal.Las solicitudes probatorias restantes serán anunciadas por las representantes de la Fiscalía los días 11, 12 y 13 de febrero del 2025, fecha agendada por el juez Hugo Carbonó para los próximos encuentros en los que Petro Burgos podrá seguir presentándose de manera virtual. Las citas iniciarán desde las 8:30 de la mañana.
Uh hombre pagará 10 años de cárcel en Medellín por prenderle fuego a un habitante de calle. Esta condena es producto de un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, donde el Tribunal Superior de Medellín revocó una sentencia de primera instancia y condenó a Juan Fernando Acevedo Muñoz, alias ‘Orejas’, a 10 años y 3 meses de prisión por su participación en este homicidio.Estos hechos habían ocurrido el 22 de abril de 2015 en el Parque Bolívar de Medellín, donde alias ‘Orejas’ roció con alcohol al habitante de calle, mientras que otra persona que le ayudó en el crimen le prendía fuego. Según detallan las investigaciones, la víctima había sido atacada cuando se encontraba desprevenida haciendo una fila para ingresar a un baño público de la zona.Debido a esto, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció el 11 de mayo del 2015, producto de una falla multiorgánica causada por las quemaduras recibidas. El fallo declaró que este hombre es responsable del delito de homicidio preterintencional simple, al tiempo que ordenó su captura para cumplir su pena en el establecimiento carcelario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).A raíz de las evidencias y el material probatorio, la justicia también determinó condenar a la persona que ayudó a alias ‘Orejas’ a realizar este crimen, por eso, Robinzon Andrés González, alias ‘Llorón’, fue sentenciado a una pena de 41 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.
