Desde el corregimiento de El Salado, en los Montes de María, Bolívar, donde participó de la entrega de más de 700 hectáreas de tierras a víctimas del conflicto y firmantes de paz, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensajes a sus detractores, empresarios y, en especial, a quienes, según él, estarían buscando sacarlo del poder.En medio de su fuerte discurso, el Grupo Argos fue duramente señalado, el mandatario lo acusó de quedarse “con la tierra de los desplazados” en ese momento. Según dijo, no son los responsables de masacres, pero sí de “beneficiarse” de esa violencia.Esas palabras provocaron la pronta reacción de varios sectores, incluyendo la de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en cabeza de Gerardo Vega, quien, en diálogo con Mañanas Blu, se refirió a esa compra de tierras a los campesinos y que hoy tiene en la polémica a Argos.Vega, aseguró que el Grupo Argos “creó un entramado jurídico” en su momento para quedarse con esas tierras de los campesinos.Por su parte, Esther Piedad Torres, lideresa social de El Salado, Bolívar, en diálogo con Mañanas Blu, de igual manera fue dura con la cementera, de quienes aseguró, se apoderaron de tierras en sus territorios y no dieron beneficios ni oportunidades a los habitantes de esta zona del país.“Argos llega al territorio y se apodera de todo, de las tierras. ¿Cómo y de qué manera? Pues es un tema judicial, pero nosotros como saladeros no recibimos ningún beneficio”, dijo.La mujer critico la multinacional por haber excluido a la comunidad de El Salado en medio de del proceso de entrega de tierras y oportunidades de trabajo, “nunca le dio trabajo a personal de El Salado y Argos no fue allí a hacer cemento. Argos fue a hacer sus riquezas con tecas y grandes temas de cultivos y de aguas y de búfalo. Después Argos entrega, según por su buena voluntad, fractura el territorio en qué aspecto que nos dejó sin tierra y no nos permitió sentarnos en la mesa”.De esta misma manera, contó algo de la historia en medio del conflicto que ha vivido El Salado a mano de los grupos armados y detalló que las tierras no fueron devueltas a víctimas de El Salado y que por el contrario fueron entregadas a victimarios de El Chocó y extranjeros.Torres señaló que, a través de la fundación de la cementera, Crecer en Paz, “hicieron los que quisieron. Y ellos donaron a su mismo organismo”.Criticó fuertemente las formas en que se dieron las entregas de tierras y nombró a Vega, “fácilmente puedo decir que Argos hizo un papel, armó sus documentos, y no sé cómo Gerardo Vega le firma unos títulos, porque eso no es fácil”.Y agregó, “el presidente dijo la verdad (…) Pero lo que sí no entiendo es cómo Gerardo Vega engaña al presidente”.
En entrevista realizada por Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, la líder social Esther Piedad Torres de El Salado, Bolívar, expresó sus opiniones y preocupaciones sobre el proceso de entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado en su comunidad. La líderesa, quien ha sido testigo y víctima directa de la violencia y el despojo de tierras en El Salado, compartió sus impresiones al respecto.El presidente Gustavo Petro había arremetido contra el Grupo Argos, el periódico El Colombiano y el Grupo Empresarial Antioqueño durante un evento de entrega de tierras en Montes de María. Petro afirmó que Argos, una gran empresa privada, se benefició de la masacre y la sangre al quedarse con las tierras de los desplazados. Torres explicó que el despojo de tierras en su comunidad es un tema muy sensible y subrayó la necesidad de reconocer la verdad detrás de estas acciones.Esther Piedad Torres compartió detalles sobre la historia de El Salado, una comunidad que sufrió la violencia del conflicto armado en Colombia de manera devastadora. Recordó que su padre fue víctima del robo de tierras y que varios de sus familiares perdieron la vida en la masacre. Enfatizó que la verdad sobre lo ocurrido es esencial y rechazó las acciones de Argos en su comunidad, indicando que esta empresa se apropió de las tierras sin beneficiar a los lugareños ni generar empleo en la zona.La líderesa explicó que Argos adquirió tierras en Montes de María a través de su filial Tekia, bajo el pretexto de un proyecto de siembra de árboles maderables y para cementeras. Sin embargo, subrayó que las acciones de Argos tuvieron un impacto negativo en su comunidad al fracturar el territorio y dejar a los campesinos sin tierra. Torres también señaló la existencia de la fundación Crecer en Paz, que fue creada por Argos y que, en su opinión, fue utilizada para favorecer a la empresa.La líderesa dejó claro que las tierras que se entregaron recientemente en la región no beneficiaron a los verdaderos habitantes de El Salado. Señaló que quienes recibieron las tierras no son las verdaderas víctimas y enfatizó que es necesario encontrar una solución justa para su comunidad. Propuso la compra de tierras por parte del Gobierno, mencionando que unas 24,000 hectáreas podrían estar disponibles para este fin.Esther Piedad Torres también compartió sus preocupaciones sobre la situación actual en El Salado y llamó a la acción a las autoridades pertinentes. Afirmó que es esencial encontrar una solución pacífica y justa para su comunidad, y mencionó la posibilidad de manifestaciones nacionales si no se atienden sus demandas.En un tono emotivo, Torres expresó su admiración previa por el presidente Gustavo Petro, aunque también mencionó que las recientes acciones y declaraciones del Gobierno habían causado tristeza y desencanto en su comunidad. Utilizó una metáfora poética para describir este sentimiento: "Petro fue la luz de nuestros corazones, pero ayer se le apagó la vela al salado."“Le agradezco que por favor nos ayude y que el doctor Gerardo Vega le invito a Cartagena a una reunión con nuestra población porque nos cortaron el discurso y eso no quedó allí y no va a quedar porque nos vamos a movilizar. Si no nos atienden en Cartagena, nos movilizamos a Bogotá. Que renuncie si no se siente capaz, como le dijo Petro. Además, con la sentencia podemos meter presos hasta el presidente, él lo aceptó. Tenemos una sentencia en tres fases de incumplimiento. Petro fue la luz de nuestros corazones, pero ayer se le apagó la vela al salado. Se le apagó la vela y hay tristeza y dolor”, puntualizó.Esta entrevista no solo reveló la profunda situación de despojo de tierras y violencia en El Salado, sino también la lucha y determinación de la líderesa Esther Piedad Torres por buscar justicia y soluciones para su comunidad. Su testimonio resonó como un llamado a la atención y a la acción por parte de las autoridades y la sociedad en general.
El Grupo Argos fue duramente señalado por el presidente Gustavo Petro en medio del discurso de la entrega de tierras a víctimas del conflicto armando en El Salado, Montes de María. El mandatario lo acusó de quedarse “con la tierra de los desplazados” en ese momento. Según dijo, no son los responsables de masacres, pero sí de “beneficiarse” de esa violencia.Esas palabras provocaron la pronta reacción de varios sectores, incluyendo la de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en cabeza de Gerardo Vega, quien, en diálogo con Mañanas Blu, se refirió a esa compra de tierras a los campesinos y que hoy tiene en la polémica a Argos.De acuerdo con Vega, el Grupo Argos “creó un entramado jurídico para quedarse” con esos predios y, al igual que el presidente Petro, considera que se “aprovecharon” del conflicto para “aumentar su patrimonio” y adquirir más terrenos.“Se aprovecharon de la circunstancia de violencia, se aprovecharon de la violencia y el conflicto armado para hacerse a unas tierras. Ellos (Argos) no causaron de manera directa el despojo, pero sí se aprovecharon, se enriquecieron, crecieron su patrimonio, su número de predios en hectáreas en esa región; se aprovecharon de las circunstancias”, sentenció.Según contó Vega, luego de los hechos y de los varios procesos de reclamación de tierras por parte de las víctimas, se han emitido más de 18 sentencias, 22 en total, que “vinculan a Argos en las responsabilidad que tienen sobre el despojo”.“Entonces, siempre se hizo a través de terceros y por eso el presidente toca el tema ayer (miércoles), porque entregamos unas tierras que fueron donadas a las Agencia Nacional de Tierras para ser entregadas; van 11 predios donados por la Fundación Crecer, creada en 2015. Esa fundación recibió unas tierras de Argos”, explicó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:Le puede interesar:
Durante la entrega de tierras a víctimas del conflicto armado en El Salado, Montes de María, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el Grupo Argos, el periódico El Colombiano y el Grupo Empresarial Antioqueño.“Entonces la gran empresa privada, amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos, ¿de quién es Argos?, del mismo dueño de El Colombiano creo yo, periódico del grupo empresarial antioqueño”, indicó.Quizá la reclamación más grande contra Argos está en Montes de María, donde fue el discurso de Petro anoche. Argos compró esas tierras a través de Tekia, una filial para un proyecto de la siembra de teca, un árbol maderable y para cementeras.“Estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaría del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”, manifestó Petro.Esta reclamación de tierras, de los campesinos a Argos, la lideró y los representó Gerardo Vega, actual director de la Agencia de Restitución de Tierras y en ese entonces director de la ONG Forjando Futuros, así como Jhenifer Mojica, hoy ministra de Agricultura y quien trabajó con los campesinos en la Unidad de Tierras cuando era directora de asuntos étnicos.Los procesos de restitución en contra de ArgosEl caso 79 de la Comisión de la Verdad recoge las 17 sentencias de restitución de tierras que entre 2016 y 2021 hay contra Argos, por predios reclamados por campesinos en El Carmen de Bolívar, San Jacinto (Bolívar), San Onofre, Ovejas (Sucre) y San José de Becerril (Cesar).“La Fundación Forjando Futuros ha registrado en el informe Empresas, violencia, despojo y concentración de tierras, un total de 66 empresas cobijadas por sentencias de restitución (a corte mayo de 2020), en las que no sólo ordenan restituir predios, sino también suspender títulos mineros y/o anular hipotecas bancarias, ranking que de lejos encabeza CEMENTOS ARGOS S.A. En efecto, magistrados de restitución de tierras de cinco tribunales diferentes han proferido (hasta hoy) 16 sentencias en contra de CEMENTOS ARGOS S.A., referidas a predios localizados en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre. En total, le han ordenado a la cementera que restituya 1.224,8 hectáreas a familias campesinas de los Montes de María, repartidas en una treintena de predios”, dice el documento.Además indica: “Sin embargo, el asunto es más complejo de lo que parece. Las sentencias revelan una refinada estrategia de ARGOS para despistar y encubrir sus movidas económicas, jurídicas y políticas para acumular tierras, previa adquisición de las mismas a precios relativamente bajos y sin negociar directamente con campesinos. Con base en ello, ARGOS ha venido alegando su buena fe exenta de culpa en los escenarios judiciales, arguyendo también –en tono moralista– que no se opondría a la entrega de predios si se demostrare que los dueños originales fueron despojados por aquellos de quienes adquirió u otras personas”.Según recoge la Comisión de la Verdad: “El objetivo de ARGOS era ambicioso: adquirir tierras de alta calidad, a bajo costo, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala. Para lograrlo, estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros”.Y añade: “Luego se contrataba a una fiduciaria que ayudaba a constituir un patrimonio autónomo con los predios adquiridos, en favor de la propia ARGOS. Se trataba de un fideicomiso sui generis, pues la compañía decidía qué predios se compraban (encargándose del estudio de títulos y exonerando de responsabilidad a la fiduciaria), y no delegaba la administración del patrimonio autónomo, sino apenas la formalización de la compra a nombre de la fiduciaria”.Puntualiza el aparte del informe de la Comisión de la Verdad: “Es decir, ARGOS “delegaba” la titularidad de los predios en la fiduciaria, pero pactaba que los derechos de propiedad revertirían a su haber a la extinción del patrimonio autónomo”.ARGOS desarrollaba el proyecto agroforestal con el apoyo del Gobierno nacional y la cooperación internacional, en el marco de las políticas públicas ambientales de incentivos forestales.
En el 2020 la JEP decretó medidas cautelares en el cementerio de El Salado, en Bolívar, con el fin de proteger la zona de inhumación del cementerio y las bóvedas que allí se encuentran, debido a que algunas de ellas habían sido alteradas. También se buscaba investigar posible vandalismo a las bóvedas y si la exposición de los cuerpos que evidenció la JEP podría tener alguna relación con una alteración de algún grupo armado presente en la zona.Es importante recordar que entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en el corregimiento de El Salado, las AUC perpetraron una masacre presuntamente con la aquiescencia de la fuerza pública en la zona, dejando 66 víctimas de las cuales se presume algunas podrían estar en dicho cementerio, por lo que la orden decidió buscar su protección.“Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado de Carmen de Bolívar, con ocasión de la existencia de bóvedas abiertas con exhibición de estructuras óseas, de quienes, en su momento, consideraron los peticionarios podrían corresponder a víctimas de la masacre, en condición de no identificadas”, se lee en la decisión.Sin embargo, la JEP analizó la orden y consideró que se realizaron acciones para lograr el sellamiento y reparación de las bóvedas que presentaban daños y exhibición de estructuras óseas. También se hizo un mantenimiento y la Alcaldía ha cumplido las órdenes con el fin de proteger el cementerio y los cuerpos, por lo que se tomó la decisión de levantar las medidas cautelares, no sin antes advertir que podría reabrirse este trámite si se considera que hay riesgo para los cuerpos.“El Salado era un hecho de absoluta gravedad, en tanto la posible pérdida de estructuras óseas, que podrían ser de víctimas de la masacre, generaría un impacto en el desarrollo o resultados del proceso transicional, luego se conjuró el riesgo con la reparación de las bóvedas, y se estableció que los restos corresponden al cuerpo de una persona que a la postre resultó ser pariente del alcalde de El Carmen de Bolívar. Asimismo, se consideró que era urgente intervenir por la inminencia del riesgo y en ese orden la finalidad de la medida cautelar se agotó de tiempo atrás”, puntualizó la JEP.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso denunció por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y calumnia al exparamilitar Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirri’ porque, según él, mintió cuando dijo que alias ‘La Gata’ dio la orden para que se ejecutara la masacre de El Salado.En la denuncia, interpuesta por su abogado, Jaime Alberto Paeres, Mancuso asegura que alias ‘Pitirri’ entregó afirmaciones “falsas” en un programa de televisión periodístico que fue emitido el pasado 28 de marzo, específicamente, que es falso lo que dijo sobre que el móvil para cometer dicha masacre, fue llevar a cabo una venganza de la señora Enilce López conocida como La Gata.“Según lo aseguró el señor Jairo Castillo Peralta el móvil para cometer dicha masacre, fue llevar a cabo una venganza de la señora Enilce López conocida e identificada por el denunciado como “La Gata” por la muerte de un hermano de ella, sumado a una vieja rencilla por el hurto de cuatrocientas reses que tenía en la zona; también asevera que la Infantería de Marina apoyó la incursión paramilitar, como retaliación al atentado sufrido por el “...general llamado Persa o coronel”, dice la denuncia.En el documento, dice Mancuso, el móvil real de la masacre de El Salado fue para “combatir a la guerrilla y consecuentemente posesionarse de un territorio estratégico para hacer posible la expansión y consolidación de las AUC en la costa norte de Colombia y por esa razón y por órdenes del máximo comandante de las extintas AUC - Carlos Castaño, los exjefes, Jorge Cuarenta, Salvatore Mancuso y Jhon Henao planearon y ejecutaron dicha acción criminal, sin ninguna clase de intervención por parte de la señora Enilce López”, concluyó.Por esa razón, pide a la Fiscalía que investigue al exmiembro de las AUC como presunto responsable de los delitos de falso testimonio, fraude procesal y calumnia.
En una declaración conjunta, el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, y el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, anunciaron la manera en la que trabajarán articuladamente en dos misiones con respecto a las amenazas a la comunidad de El Salado.La situación actual de amenazas a líderes sociales y el proyecto de coordinación de cifras de esta problemática en el país.Según el fiscal Barbosa, se desarrollarán mecanismos de colaboración como una mesa técnica compuesta por la UNP, los diferentes ministerios, el Ejército, la Policía, bajo la coordinación del defensor del pueblo y la Fiscalía acompañando la misma, frente a los casos de protección de derechos humanos.Además, informaron que ya tienen judicializados a dos de los presuntos responsables de las amenazas a la líder Yirley Velasco Garrido y su familia, con relación a los hechos ocurridos entre 2018 y 2020.“Respecto a las nuevas amenazas contra la lideresa y la comunidad en general del corregimiento El Salado, municipio Carmen de Bolívar (Bolívar), el Fiscal Barbosa priorizó las acciones investigativas para esclarecer los hechos y destacó además un grupo de trabajo para articular esfuerzos entre dependencias, impulsar los procesos por este tipo de afectaciones y realizar las investigaciones en contexto”, añadieron en un comunicado de prensa.Al parecer, se realizó la búsqueda selectiva en base de datos que permitió identificar que el número desde donde fueron enviados los mensajes amenazantes contra la familia de la lideresa, efectivamente correspondía a una línea usada en el mismo corregimiento.La Fiscalía añadió que se ha intensificado el desarrollo de diferentes labores de policía judicial para recaudar material probatorio sobre este y otros casos denunciados en El Salado, por las afectaciones a personas defensoras de derechos humanos.Además, resaltó la entidad que, en un año, el avance de esclarecimiento de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos pasó del 51% al 63,52%, lo que representa un aumento del 12%.
Un hecho histórico se vivió en la ciudad de Cartagena 20 años después de uno de los pasajes más dolorosos y desgarradores del conflicto armado en el Caribe colombiano: la masacre de El Salado.La Comisión de la Verdad divulgó este domingo el video de un acto de reconciliación entre dos víctimas y un responsable de esta atroz matanza perpetrada en el año 2000 por un grupo de paramilitares bajo el mando del Bloque Norte Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Por primera vez un responsable de este cruel episodio que dejó un saldo trágico de 60 personas asesinadas en medio de desgarradores actos de barbarie; el exjefe paramilitar, Uber Banquez Martínez, quien era conocido en los tiempos de la guerra con el nombre de ‘Juancho Dique’, se encontró cara a cara con dos de sus víctimas.Yirley Velásco Garrido y Carmen Fontalvo Vides, sobrevivientes de la masacre, viajaron desde El Salado, Montes de María, para participar en este encuentro histórico que se dio en uno de los salones centenarios del Santuario de San Pedro Claver, en el Centro Histórico de Cartagena. “La verdad significa poder seguir llevando los procesos personales, de organizaciones, procesos para poder seguir reconstruyendo el tejido social. La verdad juega un papel fundamental en la vida de cada una de estas personas que nos tocó vivir la violencia en carne propia”, dijo Yirley Velasco, representante legal de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, sobrevivientes de violencia sexual. En el video se observa el momento en que el exjefe paramilitar del autodenominado Bloque Héroes de los Montes de María, pide perdón a las dos sobrevivientes de la masacre de El Salado, y asegura que le gustaría ir hasta el corregimiento, ubicado en zona rural del Carmen de Bolívar, a repetir este encuentro."Con Yirley mando un mensaje de perdón para toda la comunidad, y así como está ella aquí sentada a mi lado, espero que me acepte ese perdón (...) yo siempre que siento que me perdonan duermo más tranquilo, se me quita ese peso de encima (....) quiero que me reciban este perdón con un fuerte abrazo", dijo el exjefe paramilitar, antes de estrecharse en un conmovedor abrazo con estas dos mujeres.La Comisión de la Verdad detalló, a través de un comunicado, que tras de este encuentro, desde ya se coordina una reunión entre el excombatiente de las AUC con los pobladores que regresaron a El Salado. El encuentro se podría dar en el mes de abril.“Así como tuve el valor de llegar a El Salado a hacer el daño, así tengo el valor ahora de pedirle perdón a las víctimas. Y me siento también orgulloso de haber recuperado a mi familia que dejé abandonada por la guerra”, dijo.Carmen Fontalvo, otra de las víctimas que participó en el encuentro, aseguró que para ella la verdad significa sanar. "Hay cosas que la sociedad no sabe de lo que ocurrió en El Salado, entonces al esclarecerse esta verdad, para nosotros sería una reivindicación de lo que nos ha sucedido, para que sepan que nos dañaron, pero con esto podemos sanar”, agregó.El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, destacó la fortaleza y la convicción de paz de las víctimas de la masacre, y señaló que "ustedes han participado en actos de reconciliación y perdón y están mostrando al país justamente el protagonismo de las víctimas, que es la fuerza moral más grande”.Homenaje a las víctimas este 18 de febreroEl martes 18 de febrero, día en que el horror entró vistiendo camuflado y botas pantaneras a El Salado hace 20 años, se cumplirá una agenda construida por la propia comunidad para rendir homenaje a sus víctimas. Esas 60 víctimas fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores de 18 años, que murieron en medio de la barbarie. Vea aquí: Amenazan de muerte a docentes y a un estudiante en el corregimiento de El SaladoBLU Radio conoció que varios líderes de este municipio decidieron abstenerse de dar declaraciones en los últimos días y aseguraron que el próximo 18 de febrero emitirán un comunicado sobre lo que viven actualmente muchos de los sobrevivientes de la masacre y en especial quienes lideraron los procesos de retorno en 2002.
“Los sapos de los profesores lo aceptan en la institución, entonces esos profesores también serán ‘descuartizados’ en el camino porque ya sabemos a qué hora salen y entran. No vamos a permitir que gente de este tipo dañen el mundo (…)”.Este fue el mensaje que recibió en la tarde del pasado viernes el hermano de Yirley Velasco, líder social y de Derechos Humanos del corregimiento El Salado.El texto intimidatorio despertó temor entre los docentes de la institución educativa de ese corregimiento del Carmen de Bolívar, quienes aseguran que no retomarán las clases hasta que las autoridades les den garantías de seguridad para seguir ejerciendo su labor.Vea aquí: Líder social de El Salado Yirley Velasco volvió a recibir amenazas de muerteEl mensaje, que fue enviado al teléfono celular del hermano de 16 años de Velasco, quien cursa undécimo en la institución educativa, fue conocido en medio de una reunión de padres de familia que se desarrollaba en la sede de la Institución Educativa El Salado para tratar temas relacionados con el inicio del nuevo año escolar. “Los docentes estaban en una reunión de padres de familia cuando se enteraron de este mensaje, y de inmediato se fueron en caravana a El Carmen a poner en alerta a las autoridades”, relató Edgardo Flórez, integrante de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar.Por su parte, en diálogo con BLU Radio, Yirley Velasco aseguró que esta nueva amenaza se suma a la larga lista de intimidaciones que viene recibiendo ella y su familia desde enero de 2019, y que ocasionaron que la líder social abandonara El Salado en julio de ese mismo año.Le puede interesar: Gobierno incrementa seguridad de Leyner Palacios tras abandonar Chocó por amenazas “Mis hermanos, mi mamá, toda mi familia vienen recibiendo amenazas. Es una situación que nos mantiene en zozobra, porque saben cada paso que damos, con quien hablamos, con quien nos relacionamos, y después de tanto tiempo no hay resultado de las investigaciones de las más de nueve denuncias que hemos interpuesto en la Fiscalía”, dijo la líder social.La Gobernación de Bolívar anunció que la próxima semana se llevará a cabo un consejo de seguridad extraordinario en El Salado para garantizar que los 25 docentes retomen sus labores sus labores.“El Gobernador Vicente Blel ha convocado para la próxima semana en El Salado un consejo extraordinario de seguridad para atender en conjunto con las autoridades de policía y militares el caso de los maestros y de todos los líderes sociales de los Montes de María que vienen siendo víctimas de amenazas”, dijo el secretario del Interior de Bolívar, Carlos Feliz Monsalve.
Mediante un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó una sentencia en contra del Estado a título de omisión por parte del Ministerio de Defensa, la Armada Nacional y la Policía en los hechos donde murieron más de 100 personas a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la conocida masacre de el corregimiento de El Salado, Bolívar, ocurrida en febrero del 2000.Vea aquí: Condenan al Estado a indemnizar a víctimas de la masacre de El SaladoDe acuerdo con la sentencia, ni la Policía ni el Ejército tuvieron en cuenta la cercanía de unos 100 hombres armados que se movilizaron por esa región previo a la masacre, la cual, se supone, era de control de las autoridades estatales.Tras el hecho que ocurrió entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, en principio 30 personas recibirán la suma de 120 salarios mínimos legales vigentes como reparación a las faltas del Estado. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad a que sean más reclamantes.Estos 120 salarios serán vigentes al año 2014 a título de perjuicio de orden moral.De igual manera, el fallo ordena a la parte demandada a que se publique la sentencia en distintos medios de comunicación que los interesados y afectados por estos hechos se presenten a la justicia dentro de los 20 días siguientes a la publicación para reclamar la indemnización.
El Gobierno español anunció una reforma en el reglamento de la ley de extranjería que facilitará la regularización de migrantes que residen en el país sin documentos, una medida que podría beneficiar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Cuáles son los cambios en la nueva ley de migración de EspañaLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló los cambios en la normativa tras la reunión del Consejo de Ministros. Uno de los ajustes más relevantes es la reducción del tiempo necesario de residencia en España para acceder a figuras de arraigo, pasando de tres años a solo dos. Estas figuras incluyen opciones como el arraigo social, sociolaboral, familiar, socioformativo y una nueva categoría denominada “de segunda oportunidad”.Además, la reforma establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, mientras que las renovaciones tendrán un plazo extendido de cuatro años, lo que busca evitar que los migrantes entren en situaciones de irregularidad una vez obtengan su estatus legal.Facilidades para la reagrupación familiarEntre las novedades, se fortalecen los mecanismos para la reagrupación familiar. La edad límite para que los hijos puedan beneficiarse de este proceso se amplía de 21 a 26 años. También se incluyen a parejas no registradas oficialmente, siempre que puedan demostrar una relación análoga, y a los familiares de víctimas de trata, violencia sexual o de género.Por ejemplo, estas medidas son particularmente relevantes para colombianos que han adquirido la nacionalidad española y desean llevar a sus familiares a ese país.Cambios para estudiantes internacionalesOtro aspecto destacado de la reforma es la flexibilización de las autorizaciones para estudiantes extranjeros. Quienes lleguen a España para realizar estudios tendrán una autorización inicial de estancia que cubrirá todo el período de formación. Además, se establecerá un sistema ágil para que puedan vincularse al mercado laboral tras completar su formación académica.¿Cómo beneficiará esto a España?La reforma responde a necesidades del mercado laboral español, que según organismos internacionales como Naciones Unidas, requiere entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para mantener el sistema de bienestar social."España es un país mejor (...) tenía dos opciones: elegir ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre; España hoy es un mejor país", agregó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Continúan los movimientos en las diferentes unidades de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional por cuenta de la salida de varios generales de la institución que no fueron llamados a ascenso. Uno de los cambios que más llaman la atención es la inminente salida del general Pedro Sánchez, quien comandó la ‘Operación Esperanza’, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES).La salida del general Sánchez, quien aún no tiene un cargo definido, será el próximo miércoles 27 de noviembre, cuando le entregará el mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales al general Walter Giraldo, quien comandaba la Octava División del Ejército.El general Sánchez es recordado por liderar la ‘Operación Esperanza’ en la cual militares e indígenas buscaron a los 4 hermanitos Mucutuy durante 40 días en las selvas de Caquetá y Guaviare. Sánchez aún no tiene nuevo cargo; sin embargo, todo parece indicar que asumirá una importante designación en la Fuerza Aérea.Este viernes 22 de noviembre el Brigadier General Jaime Alonso Galindo asumirá como nuevo comandante de la Octava División del Ejército con jurisdicción en Casanare, Arauca, Vichada y Guainía. El alto oficial ha sido comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, agregado militar naval y aéreo a la embajada de Colombia ante el gobierno de la República Popular de China y comandante del Comando Específico del Oriente.
El desbordamiento de los ríos Magdalena, Lebrija, Cáchira, Carare y Opón, han provocado inundaciones en viviendas, fincas y vías en el departamento de Santander.En Barrancabermeja fue declarada la alerta amarilla por el aumento del caudal del río Magdalena que comenzó a hacer estragos en la zona rural. “Tenemos inundaciones en viviendas y cultivos en el corregimiento de Ciénaga del Opón”, informó la Alcaldía.En Sabana de Torres, Rionegro y Puerto Wilches, las emergencias son a causa del desbordantito de los ríos Lebrija y Cáchira.“Nuestros voluntarios en articulación con los Comités Municipales de Gestión del Riesgo y con las demás autoridades, como Bomberos, Policía y Ejército, apoyan a las comunidades en las esas evacuaciones hacia zonas más segura, como los sectores altos en Sabana de Torres, donde hay cientos de hectáreas inundadas. También han evacuado algunos animales como cerdo, gallinas y ganado que nuestros campesinos tienen como sustento de vida y estas personas pues se han visto bastante afectadas y se ha prestado este apoyo”, aseguró Dudwing Villamizar de la Defensa Civil.Las autoridades de los municipios afectados por las lluvias también están en la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas“Todas estas labores de entrega de ayudas humanitarias a las personas afectadas y todo siendo coordinado bajo el sistema comando de incidentes con las autoridades municipales que deben mantener activas las estrategias para monitorear las zonas de riesgo por deslizamientos y desbordamiento de ríos”, señaló la Defensa Civil.
La violencia está desbordada en diferentes regiones del país, cuyos responsables son delincuentes comunes y grupos ilegales que pretenden disfrazar sus crímenes con un falso ropaje político como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, Los Pachenca, y muchos otros.Con sus actuaciones violentas permanentes, el ELN ha demostrado con creces que no tiene voluntad de paz: no solo asesinó con explosivos a cinco militares en Anorí, sino que mantuvo confinados a centenares de miles de chocoanos con un absurdo paro armado en medio de las graves emergencias por las lluvias.Las disidencias de las Farc también continúan recrudeciendo la violencia contra la población civil: 'Iván Mordisco' reclutó a 15 niños en El Plateado para su grupo, también sería el responsable de una fosa común con los cuerpos de cinco personas asesinadas, que apareció en Buenos Aires, Cauca.Mientras tanto, las disidencias de alias 'Calarcá' continúan expandiéndose y a pesar de que en teoría están en una mesa de diálogo con el gobierno con cese del fuego incluido, se convirtieron en la pesadilla de miles de colombianos en el sur del Tolima, en Huila, en Meta, Caquetá y otros departamentos, quienes siguen siendo citados a reuniones a plena luz del día para obligarlos a pagarles extorsiones, llegando al nivel de descaro de expedir recibos para certificar el pago de la vacuna.Por el lado de alias 'Iván Márquez', que por tercera vez está dándole un portazo a la mano tendida del Estado para que deponga las armas, tras separarse de la Segunda Marquetalia que él mismo creó, es inaceptable que el Comisionado de Paz Otty Patiño siga dándole nuevas oportunidades de negociación a un hombre que tampoco está interesado en abandonar la ilegalidad.Mientras tanto, los antiguos paramilitares también quieren disfrazarse de grupos insurgentes, como en el caso de Los Pachenca en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes a propósito han emprendido una preocupante ofensiva en los últimos días para extorsionar masivamente a las grandes empresas, para que puedan seguir distribuyendo sus productos.La mayoría de esos grupos tienen vasos comunicantes con el narcotráfico, por eso resulta desconcertante la propuesta del presidente Gustavo Petro para que la JEP, que según su idea debería ser un tribunal de cierre del conflicto, conceda beneficios penales a los narcotraficantes.Aunque anoche el presidente dijo que según el acuerdo de paz, la JEP tiene que aceptar a los narcos y no lo está haciendo, lo cierto es que lo consignado en el acuerdo del Teatro Colón, revisado por la Corte Constitucional, señala que la competencia de esa jurisdicción se limita únicamente a los antiguos guerrilleros de las Farc y a miembros de la Fuerza Pública, en ningún caso la Jurisdicción Especial fue creada para lavarle la cara a los narcotraficantes.
El lanzamiento de artefactos explosivos, al parecer por parte del ELN, contra un grupo de soldados en la vereda La Plancha del municipio de Anorí, se convirtió en el más reciente hecho violento que ha aumentado la preocupación frente a las garantías de seguridad en zonas de Antioquia fuertemente golpeadas desde hace varios años por la violencia.¿Quiénes fueron los soldados que murieron en atentado en Anorí, Antioquia?Tras el ataque, cinco militares perdieron la vida y sus cuerpos fueron trasladados a Medellín, ellos son: los soldados profesionales Fabián José Regino Mora, Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí, Yoiser David Redondo Arias, y el cabo segundo Fredys David Robles Romero.Parte médico de los soldados heridos en Anorí, AntioquiaAdemás, otros tres uniformados, que se encuentran en dispensario de la Cuarta Brigada, y un civil, que está siendo atendido en el Hospital General de Medellín, resultaron lesionados y su pronóstico es estable. Este nuevo hecho violento ha generado reacciones de diversas como la del presidente de Colombia, Gustavo Petro."Coherencia con el pensamiento del sacerdote y el padre Camilo Torres Restrepo. Es la hora del amor eficaz. El amor es ayudarnos, decían en el Nuevo Testamento. Ayudarnos mutuamente. La humanidad está aquí, después de centenares de miles de años de evolución de esa misma humanidad, porque se ha ayudado mutuamente", insistió Petro.Gobernador de Antioquia rechazó atentado en AnoríPor su parte, nuevamente el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó las intenciones de paz del grupo guerrillero, especialmente cuando los hechos ocurrieron según la Agencia de Reincorporación Nacional en el tercer anillo de seguridad, muy cerca del antiguo Espacio Territorial de Reincorporación donde permanecen firmantes del acuerdo de paz con las antiguas FARC."Un ataque desalmado por cuenta del ELN, están en esa zona del departamento en convivencia con el Estado Mayor Central, quienes pretenden estar negociando con el gobierno atacando a firmantes de paz, que han negociado y han honrado la palabra con el Gobierno nacional en otros contextos", destacó el mandatario.Fico también rechazó el atentadoLo propio hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió que la mano tendida del Gobierno nacional y el cese al fuego solo es una estrategia del ELN para ganar tiempo y continuar su fortalecimiento y expansión tanto militar como territorial."Lo único que están ganando es tiempo para seguirse fortaleciendo financieramente y por ende militarmente, es una burla absoluta con el país. Como en mi concepto es una burla que hayan reabierto un proceso de paz que ya habían cerrado con un gran número importante de las personas de las Farc y luego abren otro proceso con las disidencias Farc", mencionó Gutiérrez.Con este panorama ya son al menos dos semanas, en los que la presencia de grupos armados sigue produciendo una grave crisis humanitaria en Anorí, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.Al tiempo que, en las próximas horas, se esperan conocer nuevas medidas para controlar la situación de seguridad en la región, también se espera que los cuerpos de los militares asesinados sean entregados a sus familias para ser despedidos.
