A través de un comunicado, el abogado Luis Moreno, defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia.El abogado, quien ya purgó una pena por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción, actuó como agente encubierto para grabar un presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara, en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos."Como ciudadano, al tener conocimiento de un hecho delictivo, en el cual me contactan para ser un puente del mismo, no dudé ni un segundo en cumplir con el deber ineludible de reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la Nación”, indicó Moreno.Luis Moreno, agente escubiertoLa Fiscalía, tras recibir información delicada del propio sobre el presunto soborno, designó a Luis Moreno como agente encubierto bajo su control.Todo empezó el 26 de julio de 2024, cuando Moreno obtuvo información sobre un intento de soborno y alertó a la Fiscalía. En una reunión, Edgar Riveros le ofreció 3.000 millones de pesos para alterar el testimonio de Sneyder Pinilla, buscando favorecer un contrato de 42.000 millones de pesos.Moreno rechazó el intento de soborno y continuó recopilando pruebas. Reportó el incidente a la fiscal Andrea Muñoz. En una reunión el 29 de julio, con apoyo del CTI, grabó las conversaciones con Riveros, revelando que negociaban un contrato de 242.000 millones de pesos. Luego entregó la evidencia a las autoridades.“Mi mensaje es claro y quiero transmitirlo a las nuevas generaciones: siempre actúen bajo la ley y no se dejen llevar por los caminos cortos”, señaló el abogado cuyo caso destapó un impresionante asunto de corrupción en el poder judicial colombiano conocido como el cartel de la toga.
El martes 23 de julio, el juzgado 60 emitió una condena de cuatro años y siete meses de prisión contra el abogado Luis Ignacio Lyons por su participación en el escándalo del Cartel de la Toga. Este caso ha sacudido a varios miembros del poder judicial, revelando una red de corrupción que comprometió la integridad del sistema.El Cartel de la Toga fue una trama de corrupción descubierta en 2017 que implicaba a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, y abogados. La red se dedicaba a manipular procesos judiciales, beneficiando a políticos y empresarios a cambio de sobornos. Entre los implicados se encuentran el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, y el abogado Leonardo Pinilla.Durante el juicio, se comprobó que Lyons actuó de manera ilícita en su ejercicio profesional. Se demostró que recibió pagos del exsenador Musa Besaile para sobornar al exmagistrado Gustavo Malo, con el fin de frenar una orden de captura que pesaba sobre Besaile desde hacía diez años. Este delito de cohecho por dar u ofrecer se tradujo en una sentencia de 55 meses de prisión y una multa equivalente a 77 salarios mínimos mensuales vigentes. Además, Lyons fue inhabilitado por 88 meses para ejercer funciones públicas.El juicio también reveló cómo Lyons facilitó la entrega de dinero a través de intermediarios, aprovechando su posición como abogado para influir en decisiones judiciales. Este esquema de corrupción no solo afectaba casos individuales, sino que también erosionaba la confianza pública en la imparcialidad y la justicia del sistema judicial colombiano.Durante el proceso, Lyons solicitó la prisión domiciliaria, argumentando que necesitaba cuidar de su hijo y que pertenecía a la comunidad de Emaús, donde realiza servicio social. Sin embargo, el juez consideró que no había pruebas suficientes que justificaran su solicitud, debido a inconsistencias en la documentación presentada. Por esta razón, Lyons cumplirá su condena en una cárcel designada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.El juez ordenó la captura de Lyons una vez la decisión esté en firme, aunque el abogado defensor anunció que apelará el fallo de primera instancia en los próximos cinco días. Lyons, quien asistió a la audiencia de manera virtual, también manifestó su intención de apelar, lo que podría prolongar el proceso judicial.
La inasistencia de un testigo clave está poniendo en riesgo el avance del juicio contra Luis Ignacio Lyons procesado por el delito de cohecho en el conocido caso de "El Cartel de la Toga".El procurador Judicial Mario Enrique Gómez Jiménez dirigió una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón y expresó su preocupación por el desarrollo de este proceso judicial.El caso, que se tramita en el Juzgado 60 Penal del Circuito, está actualmente en la etapa de juicio oral, y la Fiscal 12 delegada ante el Tribunal Superior, Diana Alejandra Cucunubá Pérez, indicó que las audiencias recientes se han visto frustradas por la ausencia del testigo Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado por “El Cartel de la Toga” condicionó su testimonio a la renovación del principio de oportunidad a su favor, lo que ha impedido su comparecencia.En este caso, el juez 60 Penal del Circuito ha señalado la gravedad de esta situación, advirtiendo sobre el riesgo de prescripción del caso. Si esto pasa, podría haber una terminación del proceso sin una resolución judicial, lo que representaría una garantía constitucional para el procesado y una sanción para el Estado por su inactividad.En un documento de cuatro páginas, el procurador Gómez pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes y necesarias para garantizar la asistencia del testigo y asegurar el desarrollo continuo del juicio y del proceso.Por medio de esta misiva, subrayó la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida y destacó los derechos de defensa y el debido proceso.Por último, según la Procuraduría, la falta de avance en este caso emblemático no solo afecta la administración de justicia, sino que también puede tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado por pertenecer a una organización que recibió dineros para beneficiar a terceros en procesos que estaban a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, entre los que se encontraban los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile en el entramado judicial conocido como el cartel de la toga.La Procuraduría General de la Nación se pronunció en este caso, y pide que se mantenga vigente la condena de 16 años y 5 meses de prisión impuesta al exmagistrado de la Corte Suprema.Durante la audiencia de sustentación del recurso de casación presentado por la defensa de Ricaurte ante el alto tribunal, el procurador segundo delegado para la casación penal destacó que la sentencia emitida, tanto en primera como en segunda instancia, está respaldada por testimonios y pruebas recopiladas durante el proceso penal, por lo que no existen fundamentos para su revocación.El procurador encargado del caso también fue enfático en afirmar que el objetivo es lograr una justicia efectiva para restaurar la imagen de la judicatura, afectada por las actividades delictivas en las que estuvieron involucradas diversas personas, incluidos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.Ricaurte fue hallado culpable de formar parte de una organización que recibía sobornos para favorecer a terceros en casos a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, incluyendo a excongresistas y un exgobernador. El Juez Décimo Penal del Circuito de Bogotá dictó la condena inicial y luego la confirmó el Tribunal Superior de la capital.
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
Este martes, 23 de enero, durante la audiencia de aporte único a la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exgobernador de Santander y el coronel en retiro Hugo Aguilar, salpicó al exmagistrado investigado por el 'cartel de la toga' Leonidas Bustos, y aseguro que por un intermediario le pidió una millonaria suma para reducir su condena.“El mensaje que expuse sobre el magistrado Leonidas Bustos, no fue él, tengo que ser claro, en mayo del 2013 ya había terminado el juicio, estaba a la espera de la condena o absolución de la parapolítica. Claudia García Méndez con la doctora Marta Cristina Pineda visitaban a Iván Moreno, en una ocasión, ella me dice le traigo un mensaje del magistrado Leonidas, tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años más en la cárcel, me señala los cinco dedos. Digo yo, ¿cinco dedos?, no, cinco mil millones”, declaró Aguilar ante la JEP.Aguilar puntualizó: “con el respeto del pueblo colombiano les dije, yo no soy ningún mafioso dígale que de dónde voy a sacar 5.000 millones de pesos. De todos los políticos que estábamos allá, a ellos les aplicaron penas de los 7 años y multas que no pasaban de los 1.000 millones y a mí nueve años y una multa de 6.300 millones”.Hay que recordar que el llamado ‘cartel de la toga’ se destapó cuando el excongresista Musa Besaile fue arrestado en agosto de 2017 al descubrirse que pagó 2.000 millones de pesos para que no se conociera el expediente que lo vinculaba con paramilitares.De esa investigación nació la trama conocida como el ‘cartel de la toga’ en el que resultaron salpicados Tarquino y los también expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.También formó parte de ese entramado de corrupción el entonces fiscal jefe de la unidad anticorrupción Gustavo Moreno, y su socio Leonardo Pinilla, condenados en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons.
En una medida de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez (2014-2018), por entregar una millonaria suma de dinero para favorecerse en un proceso penal.La historia empezó cuando la excongresista le entregó $130 millones a un funcionario del magistrado auxiliar Camilo Ruíz de la Corte Suprema de Justicia, a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno.Esta versión la confirmó la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, aclarando que todo se dio para evitar una captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de $300 millones cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo (2009-2010).La Procuraduría logró evidenciar que la excongresista planeó el entramado para beneficiarme de un proceso penal y se estableció “en grado de certeza la materialidad de la falta a la endilgada”.Para el Ministerio Público, con su actuación, demostró “un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de una servidora que fue elegida por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.El plan de la excongresista fue relatado en las declaraciones rendidas por Luis Gustavo Moreno Rivera en el proceso penal donde se investigó la conducta irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como ‘el cartel de la toga’. Al tratarse de un fallo en primera instancia, la sancionada puede apelar.Le podría interesar:
Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal anticorrupción de Colombia condenado por el recordado 'Carte de la Toga0, es el abogado de Jorge Luciano Bolívar, excandidato a la Alcaldía de Ibagué en las pasadas elecciones regionales por el partido Conservador, en las acciones legales que adelantan porque, según ellos, existieron irregularidades en el reciente proceso electoral.“Emitir una decisión avalando cualquier candidatura de la que se hayan desprendido o cometido delitos para concretarla, sería un prevaricato”, dijo Luis Gustavo Moreno RiveraDesde la campaña azul en la capital de Tolima, esperan que se revise voto a voto el resultado electoral de la pasada contienda electoral, donde perdió frente Johana Aranda por una diferencia superior a los 4.000 votos."Hemos entregado poder al reconocido abogado Luis Gustavo Moreno Rivera por varias razones la primera sin duda es que creemos en las segundas oportunidades así las cosas le hemos solicitado que actúe en derecho y que interponga todas las acciones penales que den lugar tras las evidentes pruebas que demuestran con hechos concretos el fraude electoral con el que pretenden derrotar nuestra candidatura”, aseguró en medio de una conferencia de prensa Jorge Bolívar.Recordemos que el exfiscal anticorrupción en Colombia fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada y, luego de enfrentar a la justicia colombiana, fue extraditado a los Estados Unidos por solicitud del Tribunal del Distrito Sur de Florida, señalado del delito de concierto para lavar dinero.“Sin a duda el país conoce que fui el director nacional anticorrupción de la Fiscalía, que soy un conocido penalista, antes de ello en ejercicio de la defensa de muchas personas que han sido investigadas, pero además que hice parte unos hechos que empañaron la administración de justicia, pagué por ellos, fui extraditado, recorrí los pasillos tortuosos de la extradición, pagué pena de prisión en Colombia en Estados Unidos, pero cuando uno está privado de la libertad, uno sueña con el momento de encontrarse con la libertad, y qué hacer con ella, yo sin duda tuve ese sueño recurrente, todos los días y le pedí a Dios en el momento que me diera esa oportunidad de tener una segunda oportunidad de hacer las cosas bien de combatir los hechos de corrupción”, agregó Moreno.En un comunicado de prensa, fueron enfáticos a asegurar que “la campaña Jorge Bolívar – Alcalde” insistirá en la revisión exhaustiva, dadas las cientos de evidencias que demuestran un fraude electoral en Ibagué, en los pasados comicios electorales”.“Eso no puede seguir pasando, hay elementos de prueba suficientes para que no solo se denuncie sino para que el doctor Bolívar sea reconocido como víctima, pero desafortunadamente la realidad nacional nos muestra que los procesos son demorados, que los implicados tratan de retrasarlos para que esto no llegue a condenas, para que opere la prescripción”, puntualizó el abogado litigante.La denuncia ya fue insaturada en la Fiscalía General de la Nación, donde presentaron posibles irregularidades en el trámite de los formularios E 14, en el diligenciamiento de los mismos.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Una nueva decisión se conoce en medio del escándalo del llamado Cartel de la Toga, pues se conoció de un pago que habría realizado el exrepresentante a la cámara por San Andrés Julio Gallardo al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos buscando conseguir una decisión favorable sobre un proceso penal. Con esta formulación de cargos, Gallardo Archbold sería llamado a juicio disciplinario.La Procuraduría informó que la Sala de Instrucción Disciplinaria establece que, como parte del entramado de corrupción denominado 'Cartel de la Toga', Julio Eugenio Gallardo habría hecho llegar el dinero del pago por medio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, materializando un cohecho por dar u ofrecer.“Al parecer, Gallardo Archbold se desvió del cumplimiento de sus deberes y afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública, al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”, señaló el Ministerio Público.La Procuraduría mencionó que con el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.Cartel de la Toga: Juan Carlos Abadía acusado formalmente por su presunta participaciónEl exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente hacer parte del denominado 'Cartel de la Toga'.El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaute, quien hoy también enfrenta una condena.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez por presuntamente entregar 130 millones de pesos a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, para ser favorecida en un proceso penal.Según las investigaciones, la excongresista habría entregado el dinero a través de su abogado, Luis Gustavo Moreno, para evitar una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010.“Utilizó su cargo y función para quebrantar la ley que ella misma juró cumplir, utilizando maniobras fraudulentas como resulta ser el ofrecimiento o pago de sumas de dinero a magistrados para que no fuese sujeto de la ley penal”, aseguró la Procuraduría en un comunicado.Las declaraciones entregadas por Luis Gustavo Moreno implican a la excongresista en el proceso penal denominado como el ‘Cartel de la Toga’. El órgano de control calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.Le puede interesar:
La procuradora Margarita Cabello dijo estar preocupada por las declaraciones anticipadas de mercancía que deben hacerse ante la Dian. Dicen que tienen dudas sobre si esta norma que empezará a regir desde el año 2025 funcionará, pues estas pueden genera un caos en las zonas portuarias del país.La procuradora Margarita Cabello señaló que, si bien la vigilancia de la Procuraduría promovió la preparación de los puertos tanto en lo relacionado con la tecnología, como en los aspectos funcionales y operacionales y que se pueda hacer sin traumatismos todo lo relacionado con la declaración anticipada de mercancías, norma que empezará a regir a partir del mes de septiembre de 2025, aún tienen preocupaciones y malos presagios en ese sentido, pues cree que esta nueva norma va a generar caos en las zonas portuarias del país.“Ojalá eso funcione. Tenemos nuestras dudas y preocupaciones porque podría generar un caos en las zonas portuarias, en los aeropuertos de nuestro país por todo lo que conlleva hacer declaración anticipada de unas mercancías antes de que ingresen al país, esto facilita la corrupción”, indicó Cabello.La procuradora indicó que la Dian tiene el compromiso de mantener las mesas de trabajo permanente con los gremios empresariales y de realizar todas las pruebas funcionales que se requieran antes de entrar en vigor la norma.Llamado a la DIANLa procuradora Margarita Cabello alertó que la Dian cuatro años después de haber recibido un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 250 millones de dólares para la modernización de los sistemas de la entidad, apenas ha logrado avanzar en un 30% en el proceso.Desde Barranquilla la procuradora Margarita Cabello cuestionó que cuatro años después de realizar un crédito con el BID por 250 millones de dólares para que modernizara sus sistemas de información, a la fecha todo sigue siendo un caos y solo se ha avanzado en la actualización del sistema en un 30%.Indicó que las actividades están muy rezagadas lo que afecta a toda la institución y esto favorece la corrupción.“Estamos requiriendo mucho a la DIAN para que modernice su sistema tecnológicos. Reduzca la cantidad de requisitos y presupuestos para efectos de evitar la corrupción. Entre menos modernización y menos tecnología haya y más trabas y procesos se coloquen para efectos de regularizar las mercancías en el país, es abrirle las puertas a la corrupción. Por eso hemos insistido a la DIAN que implemente rápidamente el crédito BIP para modernizar sus instalaciones y lograr así evitar la corrupción.Insistió en que la Dian tiene el dinero para actualizar su sistema y prevenir la corrupción, que es lo que le están insistiendo.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 21 de noviembre, en La Nube:La queja de los usuarios por el algoritmo en redes sociales: quieren nuevo contenido.La serie animada Mini Beat Power Rockers ya está disponible en MAX: tendrán nueva aventura al conocer los personajes de DC Comics.La inteligencia artificial entrega respuestas sobre los regalos que puede dar a sus familiares en Navidad.
En las redes sociales, se viralizan constantemente videos que abordan temas diversos y generan intensas conversaciones. Recientemente, una joven tocó un tema poco discutido: la convivencia diaria entre hombres y mujeres, enfocándose en un aspecto específico que considera un desafío.En un video que rápidamente se convirtió en tendencia en la plataforma X, la chica lanzó una pregunta que captó la atención de miles de usuarios: "¿Por qué nadie habla de lo difícil que es convivir con un hombre en temas de alimento?".Según relató, la experiencia de comer sola es completamente distinta a hacerlo en compañía de un hombre. Ella describió cómo disfruta de momentos tranquilos con su comida: "Yo ahora me estoy tomando unos mates con unos alfajorcitos de maicena y un budín de banana que hice yo, a mi tiempo, respirando en el medio, tranquila".No obstante, aseguró que esta dinámica cambia radicalmente cuando hay un hombre presente. "Si yo tengo un hombre sentado en frente, me tengo que apurar porque se comen todo. Arrasan", afirmó indignada, exponiendo lo que, para ella, es una experiencia estresante.Ante esta situación, propuso dos opciones para enfrentar el problema: "Tenes que dejar ir el alfajorcito o te atragantas, una de dos", aseguró.El video generó posiciones encontradas entre los usuarios de X. Algunos compartieron su frustración con situaciones similares, mientras que otros defendieron el comportamiento que ella criticó.“Y nunca pensó que tal vez ella come muy lento”, “Jajaja, me hace acordar a cuando le cocino y hago para 5 pensando 'que le sobre para mañana' y de repente siento que hasta se quedó con hambre”, “Está dando sus primeros pasos hacia el lesbianismo”, “Conseguirte un problema honesto”, son algunos de los comentarios que se leen.
Emoción en Ciudad de México gracias a la colombiana Shakira, quien, este jueves, 21 de noviembre, sorprendió al anunciar una séptima fecha de su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', noticia que no esperaban debido a la demora que tuvo la venta total de tiquetes para la sexta. Igual el equipo de la barranquillera aseguró que "será la última".Esto es un hito histórico para la carrera de la barranquillera al lograr llenar tantas veces el estadio GNP Seguros, que pocos artistas han logrado esto. Llevando su música a más personas y haciendo que su música sea aún más grande de lo que ya es.“Empecé a planear este tour con muchas expectativas porque sabía que sería el tour más importante de mi carrera. Pero lo que está pasando ha superado todo. Nunca imaginé que un día como hoy podría estar recibiendo esta placa que dice que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es el tour con más shows vendidos en el Estadio GNP Seguros. ¡Wow! Estoy sin palabras. Qué puedo decir frente a una noticia así. Solo puedo decir gracias, gracias y más gracias, y que les voy a dar el mejor concierto de toda mi carrera. Que cada concierto será un momento inolvidable. Para ustedes y para mí”, expresó la artista.¿Se ilusiona Bogotá?Con el anuncio de esta nueva fecha, Bogotá se ilusiona con la posibilidad de una tercera fecha en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Miles de fans esperan que, nuevamente, apueste por su tierra y les de una noche más en esta gira internacionales, pues muchos quedaron esperando en las extensas filas virtuales que hicieron imposible para algunos la compra de tiquetes.El regreso de Shakira a Colombia va más allá de una simple visita. Con cinco conciertos en ciudades clave, la artista busca marcar un hito en su carrera. Páramo Presenta asegura un espectáculo inolvidable, lleno de sorpresas y éxitos que vibrarán en cada estadio. Un momento único para celebrar a nuestra reina de la música.
Este domingo 24 de noviembre será la jornada de votación para definir si Cali, Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Villa Rica, municipios de Valle y Cauca, se unen al Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano. Para que la jornada transcurra con normalidad, las autoridades decidieron decretar ley seca, la medida tiene horarios definidos para bares, discotecas, estancos y establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas. "Para establecimientos sin consumo interno de bebidas alcohólicas (como estancos y tiendas): la medida inicia a las 10:00 de la noche del sábado 23 de noviembre. Para establecimientos con consumo interno (bares, discotecas y restaurantes), la medida inicia a la medianoche del mismo día. La restricción estará vigente hasta las 6:00 de la mañana del lunes 25 de noviembre", dijo Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Cali. También se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali y habrá un despliegue de uniformados en todos los puestos de votación para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos."El domingo es importante acudir a las urnas desde las 8 de la mañana hasta las 4:00 pm en el mismo puesto de votación donde se encuentra la cédula de ciudadanía registrada, de esta misma manera la policía junto con la fuerza pública y la Alcaldía de Cali garantizara el derecho a la democracia y garantizara que todas las personas que salgan a votar lo hagan de manera libre y segura", manifestó Hau. Durante la jornada estará prohibido el transporte de carga pesada, materiales de construcción, escombros, pipas, pimpinas de gas y trasteos, así como el porte, tenencia o transporte de armas blancas.Finalmente, desde este sábado y hasta el lunes, los centros médicos tienen activada la alerta amarilla para garantizar la prestación oportuna de los servicios de salud ante una posible emergencia.
