En octubre de 2024 el antiguo secretariado de las Farc le envió una carta a la JEP en la que solicitaban una única resolución de conclusiones y una única sentencia por todos los delitos cometidos durante el conflicto.La JEP le respondió a los excomandantes de la guerrilla este lunes, 7 de abril, asegurando que habrá una única resolución de conclusiones para cada uno de ellos, pero también se puede presentar una ampliación de hechos a medida que avances las investigaciones del tribunal.“En los casos en los que ya se haya proferido una resolución de conclusiones se emitirán ampliaciones posteriores a la que ya está surtiendo trámite ante el Tribunal. Es decir, en caso de que con posterioridad a una resolución ya emitida se identifiquen hechos adicionales, relacionados con el mismo compareciente, la Sala expedirá ampliaciones a dicha resolución, que la Sección de Reconocimiento estudiará según sus mecanismos de distribución de la carga judicial, buscando preservar la unidad de la actuación y facilitar una respuesta más célere y eficaz”, explicó la JEP.El presidente de esa jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, explicó que de esta manera se busca garantizar la seguridad jurídica de quienes firmaron el acuerdo y en general de los comparecientes ante el tribunal.“Se va a cumplir el mandato de estricta temporalidad y precisamente esta decisión es para agilizar y para dar seguridad jurídica. Ningún compareciente que haya aceptado su responsabilidad va a cumplir una sanción superior a ocho años”, señaló Ramelli.
Este sábado empieza el proceso de destrucción del material de guerra que ha entregado hasta el momento el grupo Comuneros del Sur, una estructura que hizo parte del ELN pero que se separó de la guerrilla y se mantuvo en las negociaciones de paz con el Gobierno.Los Comuneros del Sur tienen presencia en Nariño y en esta primera fase de destrucción de material de guerra el grupo entregó 585 artefactos entre morteros, minas antipersona y cilindros.El presidente Gustavo Petro participará este sábado en un evento en Nariño en el que se hablará sobre los avances en el proceso de paz con Comuneros del Sur.“El frente Comuneros del Sur se formó en 1992, siendo la primera estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño. En marzo de 2024, este grupo armado se desvinculó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y comunicó públicamente su intención de construcción territorial de paz en dicho departamento”, señaló la Consejería de Paz sobre este proceso.Este es un paso importante en el contexto de la escalada violencia que azota al país. El ELN tiene presencia en distintas partes de Colombia, donde las autoridades ya han incautado arsenal de guerra en días anteriores. Por ejemplo, el pasado 2 de abril en una operación de registro y control militar, la Armada Nacional asestó un duro golpe al ELN con la incautación de un depósito ilegal de material de guerra en la zona rural de Buenaventura, donde tropas de Infantería de Marina encontraron dos fusiles – uno calibre 5.56 y otro 7.62 milímetros –, 1.138 cartuchos de distintos calibres, cinco granadas artesanales, proveedores para fusil, equipos de telecomunicaciones y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, avanzan en las labores de intervención en La Escombrera, de la Comuna 13 en Medellín. En esa zona se han hallado cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.En Blu Radio hablamos con la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, quien se refirió a la financiación de esta intervención que, en parte, habían sido aportados por esta entidad en las primeras fases. Sin embargo, la Unidad de Búsqueda viene alertando desde hace algunos meses por el agotamiento del presupuesto destinado para la maquinaria pesada necesaria para este proceso. Pese a esta situación la directora Forero ha explicado que los equipos siguen en la zona. Su llamado es también para que se garantice el presupuesto de las labores de búsqueda, no solo en La Escombrera, sino en diferentes zonas del país."La mayoría de búsquedas son en territorios selváticos, en la Colombia profunda donde hay que llegar después de 8 o 10 horas de camino usando una cantidad de elementos y recursos multimodales de transporte, que en nuestro país es costoso. El verdadero mensaje que debe quedar es que no deben ser contingencias para atender casos puntuales, la búsqueda tiene que tener un respaldo y un apalancamiento real y serio que pueda atender estas exigencias de la búsqueda y que las familias participen activamente", señaló Forero.Por otro lado, la directora de la entidad advirtió que en diferentes instancias se han hecho los llamados para garantizar los recursos en el caso de La Escombrera."En muchos escenarios, mesas y reuniones hemos anunciado de muchas maneras que el proyecto que apalancábamos recursos de esta entidad para el movimiento de tierras tenía recursos disponibles hasta el 31 de marzo, luego esto lo hicimos de manera oficial y no solo en las mesas, sino de manera oficial a través de comunicados que hemos enviado a las instancias competentes y el ministerio de hacienda en manera particular. No era desconocido que esto se podía venir y hemos hecho alertas de distintas formas", agregó la directora.En este momento la entidad también está a la espera de que la Alcaldía de Medellín defina cómo se van a utilizar los recursos anunciados para la intervención en La Escombrera, que según el alcalde Federico Gutiérrez, serían alrededor de 2.000 millones de pesos."Estamos esperando la comunicación de la Alcaldía de Medellín frente a la disponibilidad de los recursos y hacia la forma como la alcaldía los puede implementar, en mesas de trabajo que tuvimos antes de este día cero la alcaldía ofreció posibilidades de que la operación del movimiento de tierras no fuera necesariamente a través del modelo que tiene la entidad sino que lo podía hacer directamente con sus recursos institucionales", detalló Forero sobre el tema.
El Consejo Nacional de Reincorporación del Partido Comunes, es decir, los firmantes del acuerdo de paz del año 2016, emitieron un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro en el que le piden avanzar con la reincorporación de quienes dejaron las armas tras el proceso de paz.“Señor presidente Gustavo Petro, la reincorporación no puede seguir esperando. A casi nueve meses de la firma del Decreto 0846 de 2024, el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) aún no ha sido instalado y el Comité Ejecutivo –su órgano rector– ni siquiera ha sido convocado. Sin esta estructura en marcha, la reincorporación integral de los firmantes del Acuerdo de Paz sigue sin dirección ni garantías reales”, se leyó en el comunicado.En el mismo sentido aseguran que aún se deben hacer más esfuerzos para garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo, además, advierten que hay una institucionalidad frágil para la implementación.“Más de 11.000 firmantes del Acuerdo continúan su tránsito a la vida civil en condiciones de incertidumbre y riesgo. Aunque el acceso a tierras ha venido mejorando en el marco del actual gobierno, el reto aún es grande, los proyectos productivos siguen sin sostenibilidad y con una ofertainstitucional insuficiente en los territorios, para no hablar de los desafíos permanentes en temas de seguridad y estigmatización que atentan directamente la reincorporación política”, le dicen los firmantes al mandatario.Por último también cuestionaron algunas decisiones tomadas por el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.“El actual Consejero Comisionado para la Paz pretende diluir lo pactado en La Habana dentro del concepto de "Paz Total", confundiendo procesos de naturaleza distinta y debilitando aún más la ruta trazada en el Acuerdo Final de Paz”, señalaron los firmantes.Y finalizaron, “Sin una dirección clara y con un andamiaje institucional fragmentado, la reincorporación sigue siendo una deuda incumplida, dejando a miles de firmantes en la incertidumbre y al proceso de paz en un preocupante estado de fragilidad”.
Este miércoles, 16 de abril de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2494 de Baloto Revancha , con un premio acumulado que alcanzó los 11.500 millones de pesos. Adicionalmente, el sorteo Revancha ofreció un premio de 19.000 millones.Resultado del Baloto Revancha, último sorteoEn el sorteo 2494 realizado el miércoles, 16 de abril de 2025, los resultados fueron los siguientes:Baloto: 05 - 11 - 18 - 31 - 32 súper balota: 09.Revancha: 18 -32 - 34 - 36 - 38 súper balota: 13.En el sorteo no hubo ganadores de los premios más grandes, pero sí en otras categoría. Véalo en la siguiente imagen:Los apostadores tendrán una nueva oportunidad en el próximo sorteo de ganar una fortuna millonaria. Recuerde que puede comprar su tiquete en puntos autorizados o a través de plataformas digitales.Próximo sorteo de BalotoEl próximo sorteo del Baloto, que se llevará a cabo en el miércoles 16 de abril y ofrecerá un acumulado de 12.000 millones para Baloto y 19.300 millones para la Revancha, cifras que siguen en aumento debido a la falta de ganadores en las categorías máximas. Los apostadores tendrán una nueva oportunidad de probar su suerte y competir por estos jugosos premios, que han captado la atención de miles de colombianos.
La Fiscalía de Berlín imputó a un médico de 40 años, miembro de un equipo de cuidados paliativos, por 15 homicidios agravados. Así lo informó este miércoles el Ministerio Público de la capital alemana mediante un comunicado.Las acusaciones, presentadas ante el Tribunal Regional Número 1 de Berlín, incluyen "asesinato con alevosía y motivos infundados". La Fiscalía no solo busca una condena ejemplar, sino también la inhabilitación permanente del acusado para ejercer la medicina.El sospechoso, identificado en los medios como "Johannes M.", fue arrestado el verano pasado tras ser vinculado inicialmente con nueve muertes. Sin embargo, las pesquisas posteriores ampliaron la acusación a quince víctimas.Las investigaciones, que analizaron 395 casos atendidos por el médico, revelaron que entre septiembre de 2022 y julio de 2024 habría administrado a sus pacientes un anestésico seguido de un relajante muscular, provocándoles paro respiratorio y muerte en minutos, sin que estos lo supieran. En algunos casos, habría incendiado las viviendas de las víctimas para encubrir los crímenes.Las víctimas tenían entre 25 y 94 años. Las autoridades continúan investigando 75 casos vinculados al acusado y planean exhumar cinco cuerpos. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 16 de abril, en Bla Bla Blu:El conferencista Roberto Cuellar Wills contó algunas historias sorprendentes y explicó de que trata su nuevo libro.En tutoriales radiales, conozca los siete pecados capitales financieros con el experto Carlos Guillermo Fajardo, quien es asesor, consultor financiero, conferencista y escritor.Además, la doctora Adriana Varela habló sobre medicina regenerativa, ¿el cuerpo tiene el poder de curarse a sí mismo?Escuche el programa completo de Bla Bla Blu aquí:
Las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron un nuevo hecho terrorista en el suroccidente del país, registrado en la madrugada de este Jueves Santo. Una camioneta acondicionada con explosivos fue activada en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, lo que despertó a toda la comunidad.El vehículo fue abandonado a unos 200 metros de la estación de Policía de este corregimiento, en un sector conocido como La Variante. Una vez registrado el hecho, la fuerza pública llegó al lugar para verificar y evaluar los daños. Afortunadamente, la explosión no dejó heridos, debido a la hora en la que ocurrió.Sin embargo, este no ha sido el único hecho terrorista en el Valle del Cauca, pues la comunidad del municipio de Dagua reportó hostigamientos provenientes de la parte alta de esta población.Si bien aún no se han determinado los autores de este nuevo ataque, cabe señalar que en ambos municipios del Valle del Cauca opera la estructura 'Jaime Martínez', disidencia de las Farc.
El puesto de vacunación contra la fiebre amarilla fue instalado en la zona de descenso del terminal y está disponible tanto para viajeros que salen de la ciudad como para quienes arriban a Bucaramanga.“Por la situación que se está presentando de la alerta por la fiebre amarilla en el país, la Terminal de Transportes de Bucaramanga, en asocio con la Secretaría de Salud Municipal, implementamos un punto de vacunación en la zona de descenso para uso no solamente de los pasajeros que van a salir de la ciudad, sino los que están ingresando a la misma”, explicó Jaime José Pérez, gerente del terminal.Aunque en Santander no se han reportado casos confirmados de fiebre amarilla, la Secretaría de Salud Departamental recordó que hay varios municipios considerados en riesgo por sus condiciones ecoepidemiológicas. Entre ellos se encuentran Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Barrancabermeja, Cimitarra, Vélez y Puerto Wilches, entre otros.La vacuna contra la fiebre amarilla está incluida en el esquema nacional de vacunación. Es una dosis única que ofrece protección de por vida y está dirigida a personas desde los 9 meses de edad, incluyendo adultos mayores de 60 años que habiten o viajen a zonas en riesgo.Actualmente, Santander cuenta con 195 puntos habilitados para aplicar la vacuna. Las autoridades de salud hacen un llamado a la ciudadanía para que se inmunice de forma oportuna y así prevenir la propagación del virus.En Barrancabermeja, la Alcaldía también instaló desde el pasado lunes un puesto de vacunación en el aeropuerto Yariguíes para que los viajeros que no cuentan con la dosis se las apliquen. En este municipio, además, las autoridades están exigiendo el carné de vacunación a todas las personas que lleguen al puerto petrolero durante Semana Santa.Según Andrés Manosalva Camargo, secretario de Salud de Barrancabermeja, los viajeros deberán portar su esquema de vacunación completo al ingresar a la ciudad, quienes no cuenten con la vacuna podrán acceder a ella de forma gratuita en distintos puntos estratégicos como la Terminal de Transporte, el Aeropuerto Yariguíes y en las entradas al municipio.
La Fundación Ideas para la Paz, FIP, publicó un informe sobre la violencia en el Catatumbo, que se ha incrementado en los últimos meses tras las disputas entre el ELN y las disidencias de las Farc del frente 33, al mando de alias 'Andrey' y alias 'Jhon Mechas'. Más de 61.000 personas han sido desplazadas y la FIP advierte que esta crisis tuvo un origen multicausal, sin embargo, se aclara que todo empezó por las tensiones entre los grupos."Para 2023, el frente 33 se había expandido y pasó a ser el Bloque Magdalena Medio en pleno proceso de paz, convirtiéndose en un rival político del ELN. Incluso, para ganar legitimidad en la región, comenzó a financiar "obras sociales" para las comunidades, utilizando recursos del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando. Estos cambios llevaron a varias reuniones entre el ELN y las disidencias para intentar restablecer los acuerdos previos. Sin embargo, las tensiones entre ambos grupos aumentaron", se lee en el informe.Por otro lado, la FIP explica que los acercamientos que se dieron en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las disidencias de las Farc también habrían incrementado las tensiones, además, la situación en Venezuela también sería un factor clave para tener en cuenta en este conflicto."Venezuela también jugó un papel en las tensiones entre el ELN y el frente 33. Desde su creación en 2017, esta disidencia se asentó en el estado de Zulia, estableciendo acuerdos con políticos y militares venezolanos. Inicialmente, el ELN lo toleró con cautela, pero con el tiempo, la situación derivó en un creciente conflicto. Finalmente están las acusaciones del ELN sobre una posible alianza del Frente 33 con integrantes del Clan del Golfo y su llegada al Catatumbo, al parecer liderada por ‘Richard’," advierte la FIP.Todo esto llevó al ELN a ver a las disidencias como una amenaza y el ELN planeó el ataque contra las disidencias con apoyo de sus estructuras en Arauca. Las personas más afectadas fueron los civiles del Catatumbo."La crisis impactó a 1.870 pequeños y medianos productores de palma, productores de carbón, transportadores y comerciantes en las zonas urbanas de la región. Además, las autoridades locales se vieron desbordadas ante la magnitud de la emergencia humanitaria", señala el reporte.La fuerza pública ha desplegado más de 10.000 uniformados en el Catatumbo, sin embargo, los homicidios en algunas zonas de Tibú continúan y las autoridades locales, las iglesias, organismos humanitarios, empresarios y comunidades han ayudado a atender la situación."Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en las últimas dos semanas sugieren el inicio de un nuevo ciclo de guerra en Catatumbo, con consecuencias humanitarias aún mayores. Todo apunta a que la violencia en la región está lejos de llegar a su fin", se lee en el documento.La FIP señala que el Gobierno debe definir con claridad la estrategia para contener las disputas entre grupos, pero también se debe avanzar en otros temas como la sustitución de cultivos ilícitos, la reactivación económica, la mejora de la infraestructura vial, la prevención del reclutamiento de menores y el control fronterizo."Sigue pendiente que el actual Gobierno reconozca que muchas de las medidas contempladas en el Acuerdo Final de Paz de 2016 son claves para enfrentar esta crisis. El peor escenario sería que, en esta nueva fase del conflicto en Catatumbo, el Estado no avance en aspectos fundamentales de seguridad, desarrollo social y reactivación económica. Si esto ocurre, los habitantes de la región se verán obligados a convivir con la guerra entre el ELN y las disidencias durante meses, una situación inaceptable", dice la FIP.
En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador del Partido Verde Ariel Ávila abordó la delicada situación de orden público en Colombia, centrándose en el fracasado proyecto de la política de seguridad que buscó transformar la dinámica de violencia en el país.La situación actual en ColombiaÁvila enfatiza que, aunque el gobierno de Petro tenía buenas intenciones al proponer la paz total, la estrategia ha sido lamentablemente ineficaz. Con más de 300 municipios afectados por la violencia de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, la promesa de paz se siente lejana."EL ELN tiene el control territorial del Catatumbo desde hace más o menos siete años cuando eliminó al EPL y eso no ha variado en ese momento. Las operaciones militares había que hacerlas, tanto la de El Plateado en el Cauca como esta el Catatumbo, pero se sabía que esta particularmente estaba destinada al fracaso. ¿Por qué? Pues por el factor Venezuela, porque pues yo lo he dicho varias veces. El ELN en Venezuela es un grupo paramilitar. Aquí podrá ser un grupo guerrillero y el régimen venezolano ve eso como una especie de reserva militar en caso de una intervención y no están interesados ni en combatirlo militarmente ni en ayudar a la paz", dijo.Impacto de la política de seguridadEl senador criticó la ineptitud del actual Gobierno en cuanto a la política de seguridad, subrayando que este aspecto ha fallado junto con la de paz."No se puede tener una oferta de paz fuerte sin una política de seguridad efectiva", comentó. Según él, la situación en ciudades como Barranquilla, descrita como el "catatumbo urbano", es un reflejo claro de esto. La política de seguridad actual ha fracasado en adaptarse a los nuevos fenómenos delictivos que han surgido en el país.Desafíos en las elecciones de 2026Con el país de cara a un año electoral, Ávila advierte sobre la inminente interferencia de grupos armados en el proceso. Aunque afirma que no habrá una coerción a los votantes como en el pasado, las elecciones estarán marcadas por financiamiento ilícito y manipulación de campañas."Las disputas por territorios mineros y de cultivo de coca serán claves en este contexto", dice el senador. La incertidumbre sobre cómo se verán afectadas las elecciones es evidente, y los ciudadanos temen que sus voces sean censuradas.Ávila concluyó que la situación es crítica y requiere atención inmediata. Las consecuencias para la población colombiana ya son graves, con más de 50,000 desplazados, y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno acentúa el desánimo de los ciudadanos.El camino a seguir implica diálogos no solo con grupos armados en Colombia, sino también con actores internacionales, especialmente Venezuela, cuya influencia en la crisis es innegable. En los próximos años, el desafío será recuperar el control del orden público y la confianza de la ciudadanía en el Estado.Escuche la entrevista completa acá:
Para los colombianos, de acuerdo con la reciente encuesta Invamer, la mayor preocupación en el país se volvió el orden público y la inseguridad que se presenta en diferentes zonas del país, como el Catatumbo, Cauca, Huila, entre otros. En total, Colombia cuenta con más de 1.100 municipios y los casi 300 afectados se concentran en estas zonas por la operación activa de grupos al margen de la ley por parte de las disidencias, ELN y Clan del Golfo.Hablando puntualmente del caso del Cauca, en diálogo con Sala de Prensa de Blu, el senador de la República Ariel Ávila explicó que se dan cuatro guerras en esta zona en la ciudad. Pero lo que más preocupa es en los límites con el Huila en donde ha incrementado el reclutamiento de menores y que dejan como "fracasos" los operativos que alcanzaron a realizar en el Gobierno nacional en zonas como El Plateado, en donde en el largo plaza terminaría en esta situación."Un proceso muy grave de explosión de economías ilegales, lo he dicho, hace 10 años la onza de oro valía 800 dólares, hoy está en 3.000. El precio de la coca comenzó a aumentar luego de que estuvo en una crisis dura y el tema migrante; lo segundo es un tema de fragmentación criminal, las disidencias se están dividiendo, eran 2 y ahora son 6, terminarán siendo 14. Igual pasa como muchos grupos a nivel regional y lo tercero es una fuerza pública que no se ha podido adaptar a esta estrategia de seguridad, de operar. Estas tres cosas confluyen y este es un periodo preelectoral y suele ser muy violento", explicó.¿Existen errores desde el Gobierno? Esto dice el senadorSí, eso dice Ariel Ávila. No todo lo hecho por el Gobierno ha sido malo, pero si se preparó de forma incorrecta los operativos y la presencia de la fuerza pública en estas zonas, que si bien la intervención fue buena, el trabajo social no. Además, el Estado no le dio garantías a las personas para que dejaran los trabajos ilícitos por medio de modelos legales con un sustento aprobado para la Nación.
En Colombia, al menos 124.000 personas se encuentran desaparecidas por razones relacionadas con el conflicto armado. Rubén Vargas busca a su padre, William, quien desapareció cuando Rubén tenía 13 años. William fue a trabajar a Bogotá, y un día su familia dejó de recibir información sobre él. Rubén vive en Fundación, Magdalena, tiene cinco hermanos y, desde entonces, estuvo apoyando a sus familiares y viajaba a Bogotá para tratar de ubicar a su padre.En los últimos meses se enteró, por un medio local, que la Unidad de Búsqueda estaba tratando de ubicar a los familiares de William, pues, al parecer, su cuerpo estaría en un cementerio en la capital."Es como lo que estuve esperando toda la infancia: que mi papá llegara por fin o apareciera. Mi papá era comerciante y trabajador, y le gustaba compartir conmigo y mis hermanos. Él se tuvo que ir, pero era un buen papá; si no, no lo estaría buscando. Además, buscarlo era imposible porque no teníamos recursos, y simplemente estábamos a la espera de que él llamara. Yo estuve varias veces en Bogotá, y cada vez que iba era como la incertidumbre de saber que mi papá estaba ahí, pero no saber dónde", señaló Rubén.En Magdalena hay más de 4.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto. Durante esta semana, la Unidad de Búsqueda está realizando una intervención en el cementerio de Fundación, Magdalena. Allí llegó Elkin Miranda, pues, al parecer, en ese lugar podría estar el cuerpo de su hermano, quien desapareció en 2008, un tiempo después de haber culminado su servicio militar. Elkin llegó acompañado de otros familiares para estar presente en el proceso de intervención."Estamos aquí para ver si recuperamos los restos de mi hermano y así darle una sepultura como se merece. Lo más difícil es no saber dónde está ese ser que uno ama y que se crio con uno. ¿Dónde lo tiraron? Él era una persona alegre. Fui amenazado en este municipio haciendo las averiguaciones de mi hermano; me dijeron que no asistiera acá porque mi vida corría peligro. Yo me venía solo hasta el día que me dijeron que no viniera más. Desde ahí dejé de seguir en la búsqueda, hasta hoy, que gracias a Dios estamos otra vez de vuelta", aseguró Elkin.El drama de la desaparición en Colombia tiene muchas caras, y otra es la situación de Maryuris Rodríguez, quien lleva más de 20 años buscando información sobre el padre de sus hijos. Él trabajaba en una compraventa en Santa Marta, y un día salió de casa hacia su trabajo pero nunca regresó."Nosotros, como familiares, lo buscamos con un amigo, y al ver que al día siguiente no aparecía, comenzamos la búsqueda y no tuvimos resultados. Cuando él desapareció, estaba el conflicto de los paramilitares", dijo Maryuris.La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero, explicó a Blu Radio que este tipo de intervenciones en los cementerios se realizan tras un proceso de investigación en el que se contrastan fuentes que entregan información sobre los diferentes casos. Además, aclaró que la Unidad de Búsqueda no tiene por mandato hallar responsables, sino desaparecidos."Aquí tenemos desapariciones en contexto; por ejemplo, de desaparecidos en el marco de las hostilidades. Tenemos algunos casos de desaparición forzada que incluso forman parte de una investigación contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hay personas desaparecidas en el contexto de reclutamiento, por mencionar algunos", aseguró Forero sobre el caso de Fundación, Magdalena.
De acuerdo con el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, el criminal responsable de la escalada terrorista de las últimas horas en conmemoración de los 17 años de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, es alias ‘Faiber’, cabecilla de la compañía 'Fray León' de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.Información específica que le dio a las autoridades una mujer que fue capturada junto con otros criminales tras el atentado que causó la muerte del soldado profesional Roque Gutiérrez Romario, fue clave para que la fuerza pública lograra adelantarse y evitar más atentados terroristas con explosivos en otros puntos del departamento del Cauca.“Esta señora ha dado una muy buena información que la vincula a ella con esta estructura y las órdenes que ha recibido por parte de estos bandidos o sus jefes de guerrilla hacia estas personas. Sí, claro, ya tenemos informaciones muy importantes y ya estamos trabajando en ello, ha delatado y ha entregado una muy importante información que nos permite continuar neutralizando estas actividades y todos podemos dar cuenta de que todas estas acciones”, enfatizó el general Mejía.La escalada de terror de las disidencias de las Farc de la Carlos Patiño se debe, además, a las retaliaciones que está tomando esta estructura criminal por la gran cantidad de afectaciones que está sufriendo en el departamento, entre otras cosas, como perder el apoyo de la población civil, perder territorio, perder control y perder parte de la financiación de las economías ilícitas que hacen parte de las mafias con que están negociando con carteles mexicanos, ya que esto les genera una pérdida importante y por ende recurren a las prácticas terroristas.
El Clan del Golfo ha aumentado su número de integrantes de 3.260 en 2020 a 7.391 en la actualidad, un crecimiento del 246%, según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Esto ocurre pese a la captura de más de 3.000 personas vinculadas a la organización entre 2016 y 2024, incluyendo a sus máximos cabecillas, como alias 'Otoniel', extraditado a Estados Unidos en 2022.Las acciones judiciales no han logrado desmantelar ni debilitar al Clan del Golfo. La Fiscalía advierte que, aunque las distintas Direcciones Especializadas han incrementado las capturas de cabecillas y miembros de organizaciones criminales, esto no se ha traducido en una reducción real de su estructura ni de su influencia territorial. Alias Otoniel no ha sido el único alto mando en manos de la justicia, también han sido capturados otros cabecillas de la organización, sin que esto haya significado una fractura en su operatividad.La dispersión en las investigaciones y la falta de una estrategia unificada han dificultado la efectividad de las acciones contra el crimen organizado. Las capturas generan impacto mediático, pero la organización sigue expandiéndose, reemplazando a sus líderes y fortaleciendo su control sobre actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.El Clan del Golfo ha aprovechado la falta de presencia estatal en varias regiones para seguir reclutando nuevos integrantes, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables. Su estructura le permite adaptarse rápidamente a los golpes de la fuerza pública, manteniendo su operatividad sin que las capturas afecten su crecimiento, según el informe del ente acusador.La Fiscalía advierte que se necesita un cambio en la estrategia contra el crimen organizado. Más allá de capturas, es fundamental una mayor inteligencia, control territorial y desarticulación financiera para atacar de raíz el fortalecimiento de estas estructuras. El aumento de integrantes del Clan del Golfo confirma que la respuesta del Estado no ha sido suficiente y que el crimen organizado sigue en expansión.Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las cifras de crecimiento del Clan del Golfo presentadas por la Fiscalía deben analizarse con cautela. Además, advirtió que estos cálculos parecen más proyecciones matemáticas que reflejos exactos de la realidad, la cual podría ser aún más grave debido a la falta de información precisa sobre la estructura real del Clan del Golfo.Bonilla también cuestionó la efectividad de las capturas como principal estrategia del Estado. Señaló que, si bien ha habido avances, la lógica de operar contra el Clan del Golfo como si fuera un grupo armado tradicional es errónea, pues se trata de un “holding criminal” con estructuras flexibles que pueden expandirse o contraerse según las necesidades del mercado o del control territorial. En ese sentido, coincidió con la Fiscalía en la necesidad de fortalecer la inteligencia y el desmantelamiento financiero de la organización, pero agregó que el gran desafío sigue siendo la sustitución del control territorial del Clan del Golfo por una presencia efectiva del Estado y sus instituciones democráticas.
El Ministerio Público exigió a los alcaldes municipales del departamento del Tolima, informar las acciones y estrategias implementadas para la protección de los excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación.Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han asesinado en todo el país a 420 excombatientes en proceso de reincorporación. Por eso, la Procuraduría verificará el cumplimiento de la Directiva PNG 001 de 2020, emitida el 3 de febrero de ese mismo año con el objetivo de garantizar la protección a la vida, integridad y seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.El ente de control solicitó, a través de la Provincial de Instrucción de Ibagué, si se han implementado de manera correcta los Planes Integrales de Prevención (2020 - 2025) en el departamento y si se han realizado diagnósticos de riesgo para esta población con el fin de darles la debida protección.Los alcaldes también deberán reportar si cuentan con una mesa de reincorporación activa. Además de informar si en el Plan de desarrollo Municipal se incluyeron los proyectos dirigidos a esta población y si el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla estrategias de protección para estas personas.Holandesa que hizo parte de las Farc pide a JEP que otorgue renuncia a persecución penalTanja Nijmeijer es una holandesa que hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, en el año 2020 renunció al partido creado tras la firma del acuerdo, asegurando que ya no se sentía cómoda.El pasado mes de mayo del 2024, la jurisdicción de la JEP ordenó materializar una amnistía para la ciudadana holandesa y recientemente le envió una carta a esa jurisdicción, por medio de su abogado, en la que pide que le resuelvan definitivamente su situación jurídica.“En mi condición de apoderado de la compareciente Tanja Nijmeijer dentro del caso 001, comedidamente me dirijo a su H. Despacho para solicitar las actuaciones respecto a la compareciente relacionadas con el secuestro de los norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, sobre lo cual rindió versión 26 de noviembre de 2019 en la audiencia realizada Icononzo, Tolima, sean remitidas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina en forma definitiva la situación jurídica a través de la renuncia a la persecución penal”, señala el abogado de Nijmeijer.
El equipo de defensa de los firmantes del acuerdo de paz del año 2016 radicó una carta ante la JEP en la que advierten que el convenio 631 de 2024, que permitía la vinculación de todos los equipos miembros de la Defensa, finalizó el pasado 10 de marzo por lo que los firmantes en este momento no tienen a sus representantes de confianza ante la jurisdicción."El acuerdo de paz firmado en el año 2016, permitió la existencia de un Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para los firmantes de paz que comparecen ante el sistema. Este sistema depende funcionalmente de la Secretaria Ejecutiva de la JEP, quien deberá garantizar su continuidad y autonomía. Sin embargo, denunciamos que el Convenio 631 de 2024 que permitía la vinculación de todos los equipos miembros de la Defensa de Confianza de Comparecientes Firmantes de la Paz, rubricado entre la JEP y la OEI, finalizó el día 10 de marzo del corriente. Con este debía garantizarse la continuidad de la actividad de la defensa de firmantes a partir del 11 de marzo con la firma de un nuevo contrato de vinculación", se lee en el documento.Además, señalan que hasta el día de hoy se están presentando afectaciones contractuales y por eso los firmantes de la paz se encuentran desprovistos de defensa ante la JEP.“Hoy ningún abogado o abogada, analista, psicóloga o psicólogo, enlace, asesor y demás profesionales adscritos al sistema de confianza cuenta, pues, con garantías contractuales y de seguridad para ejercer el derecho a la defensa. En consecuencia, ningún profesional podrá asistir a ninguna de las actividades judiciales convocadas, así como tampoco podrá garantizar desplazamientos y acompañamientos dada su situación de desvinculación. Dicho de otra forma, la actividad de la defensa de los firmantes ha sido suspendida por efecto de decisiones contractuales atribuibles a la SEJEP”, se lee en el documento enviado a la jurisdicción.
Colombia concretó un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para realizar una investigación sobre los usos industriales de la hoja de coca. La iniciativa se trabajó durante una reunión entre la canciller, Laura Sarabia, y el director General del OIEA, Rafael Grossi. El encuentro se dio en Austria, donde se desarrolla el 68 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas."Esto permitirá abrir nuevas oportunidades para el desarrollo alternativo, incluyendo mejorar el rendimiento de agro insumos y biofertilizantes, así como evaluar las condiciones ambientales de los territorios que padecen impactos ambientales adversos por los problemas asociados a los cultivos ilícitos", explicó la canciller.En este momento Colombia busca actualizar su marco regulatorio para el uso seguro y pacífico de tecnologías nucleares, en sectores como la salud, agricultura, industria, comercio y medioambiente."La jefe diplomática hizo un recorrido por el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena donde conoció sobre las aplicaciones de las tecnologías nucleares aplicadas a la hoja de coca a través de, por ejemplo, realizar mediciones para determinar que no haya presencia de alcaloides tóxicos en la harina de hoja de coca o fertilizantes derivados de la misma", señaló la Cancillería.
En este momento el proceso de paz con el ELN se encuentra suspendido tras varias acciones terroristas que se presentaron por parte de ese grupo, especialmente en Arauca y Norte de Santander.Sin embargo, la delegación de diálogos del Gobierno en negociaciones con esa guerrilla convocó a varios sectores de la sociedad civil a un congreso por la paz el próximo 5 de abril.“La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos para la Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) convoca el 5 de abril a las plataformas, redes de paz, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así como a iniciativas de paz de los territorios, comunidad internacional, Iglesia e iglesias a un espacio de escucha y reflexión sobre el momento actual y pensar posibles acciones”, señala la delegación del Gobierno.El proceso de paz con el ELN empezó en noviembre del 2022 pero fue suspendido por parte del presidente Gustavo Petro desde el pasado mes de septiembre.“A pesar de la suspensión de la Mesa de Diálogos con el ELN, la Delegación insiste en que la paz no solo debe buscarse en las mesas de diálogo con los actores armados, sino también en las comunidades, las organizaciones sociales, los liderazgos territoriales y la sociedad civil en su conjunto. Este Congreso responde a la necesidad urgente de escuchar las voces de aquellos que, en diversas regiones del país, siguen apostando por la paz a pesar de las adversidades”, señala el Gobierno.
En las últimas horas la Unidad de Víctimas adelantó un diálogo con representantes de la comunidad indígena Emberá, quienes se encuentran albergados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en Funza, Cundinamarca. Según la entidad, aproximadamente 900 indígenas, entre mujeres, hombres, niños y adultos mayores, manifestaron su intención de retornar a los territorios en Chocó y Risaralda."Para ello, la comunidad participó en diversas actividades lúdicas centradas en la identidad cultural, la autonomía de gobierno propio y el derecho fundamental al territorio, con el fin de empoderar a la comunidad para tomar decisiones informadas sobre su retorno. Esta actividad forma parte de los ejercicios de alistamiento para regresar a su territorio ancestral a finales de abril de este año", señala la Unidad de Víctimas.Es importante recordar que el pasado mes de septiembre empezó el retorno de otros grupos de indígenas, quienes se encontraban asentados en el Parque Nacional, en Bogotá. El proceso de retorno, que se espera se de en el mes de abril, busca garantizar todos los derechos de las comunidades en su territorio."El proceso de retorno cuenta con la colaboración de varias entidades que han apoyado el trabajo de la Unidad para las Víctimas, entre las que se encuentran la alcaldía de Bogotá y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito", agregó la Unidad de Víctimas.
La sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP le otorgó la renuncia a la persecución penal a 7 comparecientes que hicieron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 8 (AFEUR), con sede en Cúcuta, Norte de Santander.Estas personas están involucradas en unos casos de falsos positivos ocurridos el 22 de julio de 2008, en el municipio de Durania.Los militares asesinaron al menor de edad Johan Manuel Guzmán Uzquiano, a la joven Leydi Katherine Gelves Martínez y a los jóvenes Hugo Armando Garzón Alvarado y Nelson Darío Vargas Parra, para presentarlos falsamente como bajas en combate.Las siete personas aportaron verdad y reconocieron, su responsabilidad en los hechos, además, participaron en una audiencia en la que estuvieron los familiares de algunas de las víctimas.Después de evaluar cada caso, la JEP decidió concederle la renuncia a la persecución penal a estas personas, es importante recordar que este beneficio aplica para quienes no son seleccionados como máximos responsables, por no haber tenido una participación determinante en dichos crímenes.La justicia transicional explica, además, que la versión entregada en una primera medida sobre los hechos fue falsa, pues el enfrentamiento nunca ocurrió y las muertes de las víctimas fueron encubiertas de forma planificada, pues se simuló un combate con el fin de obtener resultados operacionales falsos.“Johan Manuel Guzmán Uzquiano, nació el 29 de agosto de 1990 en Cúcuta, tenía 17 años. Se desempeñaba como mecánico de motos y, recientemente, había trabajado cargando piedra y arena para un contratista local en el municipio de Villa del Rosario. En 2007 había finalizado el bachillerato técnico en mecánica y vivía con sus padres y su hermano en el barrio La Unión. Por su parte, Hugo Armando Garzón Alvarado, de 22 años, nació en Barranquilla y residía en el barrio Ospina Pérez de Cúcuta. Se dedicaba a oficios varios y el día de los hechos había salido a repartir volantes publicitarios. Había prestado servicio militar y trabajado como oficinista en una empresa de transporte" se lee en la resolución de la JEP.Para ejecutar el crimen dos civiles transportaron a las víctimas en un vehículo junto con armas de fuego y granadas que serían usadas por los miembros de la AFEUR para simular los hechos."Es notorio que la verdad que se ha decantado ante la JEP, fue construida con los aportes hechos por los comparecientes en cumplimiento del régimen de condicionalidad al que se encuentran sometidos, supera lo establecido en su momento por la justicia ordinaria, pues además de que se conoce en forma detallada las circunstancias que rodearon el hecho delictivo a de la referencia, ello hace que en el proceso transicional se fortalezca la calificación jurídica aplicada, porque se cuenta con reconocimientos de responsabilidad por los comparecientes sobre quienes recae este pronunciamiento", añade la JEP.La renuncia a la persecución penal permite que los comparecientes resuelven la situación jurídica de forma definitiva a aquellos comparecientes que cumplan con sus compromisos y se eliminan los antecedentes penales por estos procesos."En la audiencia de ajuste al régimen de condicionalidad de 7 de noviembre de 2024, así como en la audiencia territorial de seguimiento al régimen de condicionalidad, aporte a la verdad y reconocimiento público de responsabilidad y medidas de satisfacción, realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2024, los comparecientes SV (R) Oscar Arley Mosquera Prada, SLP (R) Yair Aurelio Osorio Rangel, SLP (R) Carlos Anildo Antolínez Calderón, TC (R) Fabian Andrés Aristizábal Zapata, SLP (R) Juan Gabriel Calderón Villamizar y SLP (R) Luis Gabriel Reyes Martínez reconocieron su participación en los hechos y pidieron perdón a las víctimas, realizándose por consiguiente, un acto de redignificación diseñado con la participación activa de las víctimas con el que se honró la memoria de sus seres queridos", indica la JEP.A estaspersonas, y tras varias audiencias, se les concedió el beneficio de la renuncia a la persecución penal, al igual que a José Nelson Capera, quien también ha participado en el proceso, la resolución fue firmada por los magistrados de Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Mauricio García y Pedro Elías Díaz, además, se le comunicó a las autoridades correspondientes para que se adelantes los trámites respectivos, pues, por ejemplo, los comparecientes retirados de la fuerza pública objeto de ladecisión, no podrán ser reincorporados como miembros activos.
El Foro Internacional de Paz que realizó la Alta Consejería para la Paz de Santa Marta, fue el escenario en el que Óscar Mauricio Silva, delegado del Gobierno nacional, anunció que se iniciarán los acercamientos para iniciar las conversaciones con el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Ante los más de 5.000 campesinos asistentes a este evento, Silva aseguró que “el Gobierno nacional me ha autorizado de anunciar aquí, ante las comunidades, es que el proceso de paz con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, expresó.De inmediato la euforia de los asistentes no se hizo esperar, a lo que Óscar Silva agregó que “es un proceso que vamos a comenzar inmediatamente, vamos a sentarnos a hablar con el grupo, con la alcaldía, con las comunidades, con todos los que tengamos que a hablar para lograr la paz”.A su turno, Jennifer Del Toro, Alta Consejera para La Paz del Distrito, “este proceso nos permitirá el fortalecimiento de economías lícitas que se concreta en el diseño de un nuevo modelo ecoturismo de talla mundial y agricultura sostenible que genera bienestar a las comunidades. La superación de situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado, salud, educación y bienestar social y trabajar en la justicia restaurativa como alternativa real para la construcción de paz”, puntualizó.La Alcaldía Distrital también informó que para el próximo miércoles está agendada la reunión entre los líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta, delegados del Gobierno Nacional y demás actores de este proceso, para establecer una hoja de ruta que permita determinar un cronograma de este histórico proceso. Las comunidades la Sierra esperan que este sea el inicio de la paz en este territorio que históricamente ha sido golpeado por la violencia y el olvido del estado.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha protegido 80 sitios de interés forense y ha identificado a 152 víctimas de desaparición forzada. Estas acciones se han adelantado en diferentes departamentos del país; sin embargo, la situación de violencia que se vive en algunas regiones también incide en el proceso de recuperación de cuerpos."La situación de orden público en Colombia es muy compleja, y hay lugares en los que la JEP quisiera actuar de forma más rápida y expedita. Por ejemplo, el Cauca es una zona muy conflictiva, y tenemos una serie de medidas cautelares allá en municipios como Miranda y Corinto", señaló el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.Sánchez también explicó que en la zona de frontera con Venezuela, tanto en Arauca como en Norte de Santander, existen algunas dificultades para lograr el acceso a los puntos de interés forense."La zona de frontera en Norte de Santander también es muy compleja por el tema de seguridad. Allá se ha hecho presencia del propio magistrado relator, y ha tenido que acudir con acompañamiento del Ejército. Entonces, esas zonas son muy complejas. Insisto en que uno, como juez, y la JEP en general, quisiera poder actuar de una forma mucho más segura para darle un alivio a las víctimas", agregó Sánchez.En total, tras las medidas cautelares de la JEP, se han exhumado 1.713 cuerpos. De ellos, 152 han sido identificados y 97 entregados a sus familias.
Tras la captura de alias 'Araña', integrante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo disidente de la Segunda Marquetalia, en medio de los diálogos que sostenía con el Gobierno nacional por parte del CTI de la Fiscalía en un hotel en Bogotá, la molestia en el Gobierno nacional la expresó el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien dijo que era "una posible trampa" dicha detención."Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes", dice Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz a los agentes del CTI que detuvieron a Andrés Rojas, alias 'Araña', en el occidente de Bogotá. Asimismo, dijo que ellos se han retirado de la mesa de diálogos es porque han sido "entrampados" y aseguró que "hacen una trampa contra el proceso de paz" que se viene desarrollando con la Segunda Marquetalia.De acuerdo con los miembros del CTI de la Fiscalía, que llegaron hasta el hotel, 'Araña' tenía una una circular roja de la Interpol por lo tanto debía ser capturado por parte de las autoridades. Por otro lado, los miembros de la Segunda Marquetalia calificaron esta acción como "dudosa" y reiteraron que sus órdenes de captura fueron retiradas para participar en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. Este era el tercer ciclo de diálogos de paz entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno nacional, los cuales comenzaron en junio de 2024 en Caracas, Venezuela y, al igual que otros proceso, el Gobierno levantó órdenes de captura para avanzar en las negociaciones entre las partes.
