El Ministerio Público exigió a los alcaldes municipales del departamento del Tolima, informar las acciones y estrategias implementadas para la protección de los excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación.Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han asesinado en todo el país a 420 excombatientes en proceso de reincorporación. Por eso, la Procuraduría verificará el cumplimiento de la Directiva PNG 001 de 2020, emitida el 3 de febrero de ese mismo año con el objetivo de garantizar la protección a la vida, integridad y seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.El ente de control solicitó, a través de la Provincial de Instrucción de Ibagué, si se han implementado de manera correcta los Planes Integrales de Prevención (2020 - 2025) en el departamento y si se han realizado diagnósticos de riesgo para esta población con el fin de darles la debida protección.Los alcaldes también deberán reportar si cuentan con una mesa de reincorporación activa. Además de informar si en el Plan de desarrollo Municipal se incluyeron los proyectos dirigidos a esta población y si el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla estrategias de protección para estas personas.Holandesa que hizo parte de las Farc pide a JEP que otorgue renuncia a persecución penalTanja Nijmeijer es una holandesa que hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, en el año 2020 renunció al partido creado tras la firma del acuerdo, asegurando que ya no se sentía cómoda.El pasado mes de mayo del 2024, la jurisdicción de la JEP ordenó materializar una amnistía para la ciudadana holandesa y recientemente le envió una carta a esa jurisdicción, por medio de su abogado, en la que pide que le resuelvan definitivamente su situación jurídica.“En mi condición de apoderado de la compareciente Tanja Nijmeijer dentro del caso 001, comedidamente me dirijo a su H. Despacho para solicitar las actuaciones respecto a la compareciente relacionadas con el secuestro de los norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, sobre lo cual rindió versión 26 de noviembre de 2019 en la audiencia realizada Icononzo, Tolima, sean remitidas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina en forma definitiva la situación jurídica a través de la renuncia a la persecución penal”, señala el abogado de Nijmeijer.
El equipo de defensa de los firmantes del acuerdo de paz del año 2016 radicó una carta ante la JEP en la que advierten que el convenio 631 de 2024, que permitía la vinculación de todos los equipos miembros de la Defensa, finalizó el pasado 10 de marzo por lo que los firmantes en este momento no tienen a sus representantes de confianza ante la jurisdicción."El acuerdo de paz firmado en el año 2016, permitió la existencia de un Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para los firmantes de paz que comparecen ante el sistema. Este sistema depende funcionalmente de la Secretaria Ejecutiva de la JEP, quien deberá garantizar su continuidad y autonomía. Sin embargo, denunciamos que el Convenio 631 de 2024 que permitía la vinculación de todos los equipos miembros de la Defensa de Confianza de Comparecientes Firmantes de la Paz, rubricado entre la JEP y la OEI, finalizó el día 10 de marzo del corriente. Con este debía garantizarse la continuidad de la actividad de la defensa de firmantes a partir del 11 de marzo con la firma de un nuevo contrato de vinculación", se lee en el documento.Además, señalan que hasta el día de hoy se están presentando afectaciones contractuales y por eso los firmantes de la paz se encuentran desprovistos de defensa ante la JEP.“Hoy ningún abogado o abogada, analista, psicóloga o psicólogo, enlace, asesor y demás profesionales adscritos al sistema de confianza cuenta, pues, con garantías contractuales y de seguridad para ejercer el derecho a la defensa. En consecuencia, ningún profesional podrá asistir a ninguna de las actividades judiciales convocadas, así como tampoco podrá garantizar desplazamientos y acompañamientos dada su situación de desvinculación. Dicho de otra forma, la actividad de la defensa de los firmantes ha sido suspendida por efecto de decisiones contractuales atribuibles a la SEJEP”, se lee en el documento enviado a la jurisdicción.
Colombia concretó un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para realizar una investigación sobre los usos industriales de la hoja de coca. La iniciativa se trabajó durante una reunión entre la canciller, Laura Sarabia, y el director General del OIEA, Rafael Grossi. El encuentro se dio en Austria, donde se desarrolla el 68 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas."Esto permitirá abrir nuevas oportunidades para el desarrollo alternativo, incluyendo mejorar el rendimiento de agro insumos y biofertilizantes, así como evaluar las condiciones ambientales de los territorios que padecen impactos ambientales adversos por los problemas asociados a los cultivos ilícitos", explicó la canciller.En este momento Colombia busca actualizar su marco regulatorio para el uso seguro y pacífico de tecnologías nucleares, en sectores como la salud, agricultura, industria, comercio y medioambiente."La jefe diplomática hizo un recorrido por el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena donde conoció sobre las aplicaciones de las tecnologías nucleares aplicadas a la hoja de coca a través de, por ejemplo, realizar mediciones para determinar que no haya presencia de alcaloides tóxicos en la harina de hoja de coca o fertilizantes derivados de la misma", señaló la Cancillería.
En este momento el proceso de paz con el ELN se encuentra suspendido tras varias acciones terroristas que se presentaron por parte de ese grupo, especialmente en Arauca y Norte de Santander.Sin embargo, la delegación de diálogos del Gobierno en negociaciones con esa guerrilla convocó a varios sectores de la sociedad civil a un congreso por la paz el próximo 5 de abril.“La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos para la Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) convoca el 5 de abril a las plataformas, redes de paz, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así como a iniciativas de paz de los territorios, comunidad internacional, Iglesia e iglesias a un espacio de escucha y reflexión sobre el momento actual y pensar posibles acciones”, señala la delegación del Gobierno.El proceso de paz con el ELN empezó en noviembre del 2022 pero fue suspendido por parte del presidente Gustavo Petro desde el pasado mes de septiembre.“A pesar de la suspensión de la Mesa de Diálogos con el ELN, la Delegación insiste en que la paz no solo debe buscarse en las mesas de diálogo con los actores armados, sino también en las comunidades, las organizaciones sociales, los liderazgos territoriales y la sociedad civil en su conjunto. Este Congreso responde a la necesidad urgente de escuchar las voces de aquellos que, en diversas regiones del país, siguen apostando por la paz a pesar de las adversidades”, señala el Gobierno.
En las últimas horas, el Ejército confirmó la destrucción de cuatro toneladas y media de cocaína en medio de operaciones militares que se realizaron en la frontera entre Colombia y Ecuador, que dejó como resultado el hallazgo de dos megalaboratorios en la vereda Tiuquer, municipio de Cumbal, en el departamento de Nariño.En el informe presentado, confirman que se encontraron poco menos de dos toneladas y media de clorhidrato de cocina en proceso de secamiento y suspensión; 530 kilos de pasada base de coca, 80 kilogramos de insumos sólidos, 220 galones de pasta base de coca en solución, 2.200 galones de insumos líquidos y elementos de fabricación como máquinas y herramientas.“Al parecer, estos laboratorios tendrían una capacidad de producción mensual de una tonelada y media de estupefacientes. Con su destrucción, se afectan las finanzas ilegales en aproximadamente 13 millones de dólares. Asimismo, se evitó el tráfico y destrucción de 2.7 millones de dosis en el mercado ilegal internacional", confirmó el Brigadier General Juan José Guzmán Ramírez, comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional.Entre tanto, también confirman que en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, fueron encontradas más de dos toneladas de cocaína e insumos líquidos que facilitaban la creación de la droga.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con tomar medidas contra aquellos abogados y equipos legales que presenten demandas contra medidas migratorias adoptadas por su administración, en un nuevo intento por expandir el poder del Ejecutivo.En un memorando firmado el viernes y hecho público este sábado por la Casa Blanca, Trump afirmó que los abogados están alimentando un "fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito" en el sistema migratorio, por lo que ordenó al Departamento de Justicia que sancione a aquellos que incurren en lo que a su juicio son conductas profesionales indebidas.El documento también instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a "imponer sanciones a abogados y firmas que interpongan litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos".En ese sentido, instó a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir dichos bufetes a la Casa Blanca para que se les retiren ciertas credenciales y se les rescinda cualquier contrato que puedan tener con el Gobierno federal.La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que ha impulsado varias demandas contra las medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la decisión en un comunicado.Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como "otro paso" de Trump hacia el desmantelamiento del "Estado de derecho" y un intento de "silenciar" a los abogados que intentan exigir al Gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población."Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia", afirmó Wang.Actualmente, los tribunales federales están examinando más de un centenar de demandas contra medidas adoptadas por Trump, muchas de ellas en materia migratoria.Un juez, por ejemplo, ha fallado en contra de su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha gobernado a golpe de orden ejecutiva, buscando expandir los poderes del Ejecutivo y desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal obstáculo.
La crisis del sistema de salud en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, según lo expuesto por Néstor Álvarez, presidente de la Asociación Pacientes de Alto Costo, en una entrevista con El Radar de Blu Radio. Álvarez advirtió que el déficit presupuestario y la falta de gestión por parte del Gobierno han llevado a una crisis humanitaria en la atención médica del país.“En estos tres primeros meses del 2025, la reducción del presupuesto asignado a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha impedido que las EPS compren los medicamentos necesarios para los pacientes”, afirmó. Además, señaló que esta situación no es nueva, pero se ha agravado considerablemente en el primer trimestre del año.Uno de los problemas fundamentales que enfrenta el sistema de salud es la falta de información precisa sobre la deuda real del sector. Álvarez explicó que no existe un sistema de información eficiente ni interoperable que permita conocer en tiempo real las cifras exactas de la crisis.“No hay facturación electrónica en línea, ni prescripción de medicamentos completamente digitalizada. Las EPS e IPS no hacen pública su contabilidad y, en consecuencia, el sistema se convierte en un laberinto de cifras en el que nadie sabe con certeza cuánto es la deuda real”, manifestó.A pesar de esta incertidumbre, lo que sí es claro es que los recursos actuales son insuficientes para cubrir la demanda de atención médica y adquisición de medicamentos, lo que ha llevado a la interrupción de tratamientos para enfermedades graves.Medicamentos escasos y crisis humanitariaEl desabastecimiento de medicamentos esenciales ha impactado a pacientes con diversas patologías, desde enfermedades crónicas hasta tratamientos oncológicos. “Podemos decir que está faltando desde acetaminofén, ampicilina, amoxicilina, trimetoprima, hasta terapias hormonales para cáncer. No es solo una enfermedad huérfana o el cáncer, sino que ahora todos los pacientes con enfermedades crónicas y agudas están viendo interrumpidos sus tratamientos”, advirtió Álvarez.La falta de estos medicamentos ha generado que muchas personas pierdan el control sobre su enfermedad, lo que las pone en una situación de riesgo grave. “Se están dispensando solo el 50% de los medicamentos requeridos, con faltantes que se han acumulado desde hace meses”, agregó.En medio de este panorama, la actitud del Ministerio de Salud ha sido fuertemente criticada. Álvarez denunció que las mesas de negociación para la asignación de la UPC han sido manejadas con poca transparencia, dejando por fuera a actores clave en la discusión.“El ministro de Salud simplemente hizo su exposición y se fue, dejando a los asistentes debatiendo entre sí. Esto demuestra la indiferencia del Gobierno frente a la crisis”, enfatizó.Ante esta situación, la Asociación Pacientes de Alto Costo ha optado por dirigirse directamente al presidente de la República, solicitando una intervención urgente. “Para nosotros, es claro que no hay ministro de Salud en este momento. La administración ha abandonado su responsabilidad para enfocarse en su reforma, dejando a los enfermos en un estado de vulnerabilidad total”, concluyó Álvarez.
El sector arrocero nuevamente llama la atención del Gobierno nacional por presuntos incumplimientos tras el paro sobre varios departamentos del país. Dentro de una carta emitida a la Defensoría del Pueblo, este sector denuncia que uno de los incumplimientos más graves es la falta de la resolución de apoyo de comercialización, como se pactó en las reuniones en el Espinal, Tolima, el pasado 12 de marzo.“A la fecha no hemos recibido la resolución de apoyo a la comercialización, la cual quedó comprometido el Ministerio de expedir en la misma semana en la que se finiquitó la negociación. Preocupa a los productores este incumplimiento, toda vez que el retraso llevará a que, cada día que pasa, las pérdidas económicas son crecientes”, expresan en la misiva.Sin embargo, no es la única carta que envían a entidades. También le hicieron llegar una misiva a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, con varios puntos de preocupación y una petición de cumplimiento urgente a los compromisos adquiridos por la cartera agro y el sector arrocero.El primer punto que ponen sobre la mesa es el apoyo a la comercialización del arroz paddy verde con el cual se comprometieron a la creación de una bolsa de casi 22.000 millones de pesos, por medio de la resolución que no ha llegado, es de vital cumplimiento, ya que si esto no se ejecuta, el producto está en una delgada línea de pérdida y comercialización.“La situación es especialmente crítica dado que muchos agricultores ya han comenzado a cosechar sus cultivos y necesitan el apoyo con urgencia para continuar operando en el próximo semestre. La demora en la expedición de la resolución genera cada día que pasa una pérdida económica para los pequeños y medianos productores, a menos que se aplique retroactividad o se amplíe la fecha de terminación del periodo hasta septiembre de 2025”, afirman.Por su parte, hablan de que es necesario que se cumplan los alivios a las deudas del sector y la activación de créditos, ya que al requerirlos en entidades bancarias, las respuestas no han sido positivas. Afirman que tampoco ha existido la mesa de diálogo con el Ministerio de Ambiente para la reformulación del cobro de la tasa por el uso de agua, que estaba convocada para el 17 de marzo. Y concluyen en otros aspectos como el control de contrabando, protección de cultivos, apertura de mercados de exportación y la implementación de salvaguardias para la protección del sector.Por esto, el campesinado arrocero anunció que en la tarde del sábado 22 de marzo, se llevará a cabo una reunión entre Dignidad Arrocera y Dignidad Agropecuaria para acordar las acciones de rechazo y movilización frente a los incumplimientos del gobierno nacional, ministerio de Agricultura y desarrollo rural.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que pedirá a El Salvador la extradición de un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), presuntamente involucrado en el asesinato del rapero Canserbero, en 2015, y que habría sido deportado desde Estados Unidos hacia el país centroamericano.Saab explicó, en una publicación en Instagram, que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) inició los trámites "para solicitar la extradición de Yonel Alejandro Toro Noguera", exfuncionario del Cicpc, por su presunta implicación "en el homicidio del rapero Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero"."Según información difundida por distintos medios, Toro Noguera estaría entre los deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador en días recientes", añadió.El fin de semana pasado, Estados Unidos deportó a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador tras ser culpados de ser supuestamente miembros de la organización criminal Tren de Aragua, lo que tensó las relaciones con Venezuela, que ha denunciado que esos ciudadanos están "secuestrados".El fiscal explicó que el exfuncionario presuntamente participó en la "modificación de la escena del crimen que pretendió culpabilizar a Canserbero del homicidio de su productor Carlos Molnar, a los fines de liberar de responsabilidad a los homicidas Natalia y Guillermo Améstica"."Por su participación en esta modificación, a Toro Noguera se le solicitó y fue acordada orden de aprehensión y alerta roja de Interpol por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir, simulación de hecho punible, corrupción propia agravada", indicó.En diciembre pasado, la Justicia venezolana condenó a cinco personas que actuaron como cómplices en el asesinato, en 2015, del rapero Canserbero, según informó entonces la Fiscalía General.A través de una publicación en Instagram, el Ministerio Público indicó en ese entonces que tras las conclusiones en la audiencia del juicio oral, los acusados Gilbert Cruz, Edgar Trillo, Teresa Pinto, Solangela Mendoza y Marcos Pratolongo fueron sentenciados a condenas de entre 15 y 20 años de prisión.En febrero del año pasado, la Fiscalía informó de que los hermanos Natalia y Guillermo Améstica fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato del rapero.El cantante fue sedado y asesinado a puñaladas, así que no se trató de un suicidio, como indicaron las primeras investigaciones, informó entonces la Fiscalía.Tras reabrir el caso en 2023, la Fiscalía presentó declaraciones grabadas en video en las que una mujer identificada como Natalia Améstica confesó haber usado benzodiacepinas para adormecer a Canserbero y al también músico Carlos Molnar, quien era su pareja, para luego apuñalarlos hasta dejarlos sin vida.Posteriormente, Améstica pidió ayuda a un hermano -con quien alteró la escena del crimen-, con el objetivo de simular que había ocurrido una pelea entre Molnar y González y que acabó con el homicidio del primero por parte del segundo, que terminó suicidándose, como indicó la versión policial durante los últimos ocho años.En 2023, la revista Rolling Stone reconoció al rapero venezolano como el mejor en español de los últimos 50 años.
En las últimas horas la Unidad de Víctimas adelantó un diálogo con representantes de la comunidad indígena Emberá, quienes se encuentran albergados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en Funza, Cundinamarca. Según la entidad, aproximadamente 900 indígenas, entre mujeres, hombres, niños y adultos mayores, manifestaron su intención de retornar a los territorios en Chocó y Risaralda."Para ello, la comunidad participó en diversas actividades lúdicas centradas en la identidad cultural, la autonomía de gobierno propio y el derecho fundamental al territorio, con el fin de empoderar a la comunidad para tomar decisiones informadas sobre su retorno. Esta actividad forma parte de los ejercicios de alistamiento para regresar a su territorio ancestral a finales de abril de este año", señala la Unidad de Víctimas.Es importante recordar que el pasado mes de septiembre empezó el retorno de otros grupos de indígenas, quienes se encontraban asentados en el Parque Nacional, en Bogotá. El proceso de retorno, que se espera se de en el mes de abril, busca garantizar todos los derechos de las comunidades en su territorio."El proceso de retorno cuenta con la colaboración de varias entidades que han apoyado el trabajo de la Unidad para las Víctimas, entre las que se encuentran la alcaldía de Bogotá y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito", agregó la Unidad de Víctimas.
La sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP le otorgó la renuncia a la persecución penal a 7 comparecientes que hicieron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 8 (AFEUR), con sede en Cúcuta, Norte de Santander.Estas personas están involucradas en unos casos de falsos positivos ocurridos el 22 de julio de 2008, en el municipio de Durania.Los militares asesinaron al menor de edad Johan Manuel Guzmán Uzquiano, a la joven Leydi Katherine Gelves Martínez y a los jóvenes Hugo Armando Garzón Alvarado y Nelson Darío Vargas Parra, para presentarlos falsamente como bajas en combate.Las siete personas aportaron verdad y reconocieron, su responsabilidad en los hechos, además, participaron en una audiencia en la que estuvieron los familiares de algunas de las víctimas.Después de evaluar cada caso, la JEP decidió concederle la renuncia a la persecución penal a estas personas, es importante recordar que este beneficio aplica para quienes no son seleccionados como máximos responsables, por no haber tenido una participación determinante en dichos crímenes.La justicia transicional explica, además, que la versión entregada en una primera medida sobre los hechos fue falsa, pues el enfrentamiento nunca ocurrió y las muertes de las víctimas fueron encubiertas de forma planificada, pues se simuló un combate con el fin de obtener resultados operacionales falsos.“Johan Manuel Guzmán Uzquiano, nació el 29 de agosto de 1990 en Cúcuta, tenía 17 años. Se desempeñaba como mecánico de motos y, recientemente, había trabajado cargando piedra y arena para un contratista local en el municipio de Villa del Rosario. En 2007 había finalizado el bachillerato técnico en mecánica y vivía con sus padres y su hermano en el barrio La Unión. Por su parte, Hugo Armando Garzón Alvarado, de 22 años, nació en Barranquilla y residía en el barrio Ospina Pérez de Cúcuta. Se dedicaba a oficios varios y el día de los hechos había salido a repartir volantes publicitarios. Había prestado servicio militar y trabajado como oficinista en una empresa de transporte" se lee en la resolución de la JEP.Para ejecutar el crimen dos civiles transportaron a las víctimas en un vehículo junto con armas de fuego y granadas que serían usadas por los miembros de la AFEUR para simular los hechos."Es notorio que la verdad que se ha decantado ante la JEP, fue construida con los aportes hechos por los comparecientes en cumplimiento del régimen de condicionalidad al que se encuentran sometidos, supera lo establecido en su momento por la justicia ordinaria, pues además de que se conoce en forma detallada las circunstancias que rodearon el hecho delictivo a de la referencia, ello hace que en el proceso transicional se fortalezca la calificación jurídica aplicada, porque se cuenta con reconocimientos de responsabilidad por los comparecientes sobre quienes recae este pronunciamiento", añade la JEP.La renuncia a la persecución penal permite que los comparecientes resuelven la situación jurídica de forma definitiva a aquellos comparecientes que cumplan con sus compromisos y se eliminan los antecedentes penales por estos procesos."En la audiencia de ajuste al régimen de condicionalidad de 7 de noviembre de 2024, así como en la audiencia territorial de seguimiento al régimen de condicionalidad, aporte a la verdad y reconocimiento público de responsabilidad y medidas de satisfacción, realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2024, los comparecientes SV (R) Oscar Arley Mosquera Prada, SLP (R) Yair Aurelio Osorio Rangel, SLP (R) Carlos Anildo Antolínez Calderón, TC (R) Fabian Andrés Aristizábal Zapata, SLP (R) Juan Gabriel Calderón Villamizar y SLP (R) Luis Gabriel Reyes Martínez reconocieron su participación en los hechos y pidieron perdón a las víctimas, realizándose por consiguiente, un acto de redignificación diseñado con la participación activa de las víctimas con el que se honró la memoria de sus seres queridos", indica la JEP.A estaspersonas, y tras varias audiencias, se les concedió el beneficio de la renuncia a la persecución penal, al igual que a José Nelson Capera, quien también ha participado en el proceso, la resolución fue firmada por los magistrados de Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Mauricio García y Pedro Elías Díaz, además, se le comunicó a las autoridades correspondientes para que se adelantes los trámites respectivos, pues, por ejemplo, los comparecientes retirados de la fuerza pública objeto de ladecisión, no podrán ser reincorporados como miembros activos.
El Foro Internacional de Paz que realizó la Alta Consejería para la Paz de Santa Marta, fue el escenario en el que Óscar Mauricio Silva, delegado del Gobierno nacional, anunció que se iniciarán los acercamientos para iniciar las conversaciones con el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Ante los más de 5.000 campesinos asistentes a este evento, Silva aseguró que “el Gobierno nacional me ha autorizado de anunciar aquí, ante las comunidades, es que el proceso de paz con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, expresó.De inmediato la euforia de los asistentes no se hizo esperar, a lo que Óscar Silva agregó que “es un proceso que vamos a comenzar inmediatamente, vamos a sentarnos a hablar con el grupo, con la alcaldía, con las comunidades, con todos los que tengamos que a hablar para lograr la paz”.A su turno, Jennifer Del Toro, Alta Consejera para La Paz del Distrito, “este proceso nos permitirá el fortalecimiento de economías lícitas que se concreta en el diseño de un nuevo modelo ecoturismo de talla mundial y agricultura sostenible que genera bienestar a las comunidades. La superación de situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado, salud, educación y bienestar social y trabajar en la justicia restaurativa como alternativa real para la construcción de paz”, puntualizó.La Alcaldía Distrital también informó que para el próximo miércoles está agendada la reunión entre los líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta, delegados del Gobierno Nacional y demás actores de este proceso, para establecer una hoja de ruta que permita determinar un cronograma de este histórico proceso. Las comunidades la Sierra esperan que este sea el inicio de la paz en este territorio que históricamente ha sido golpeado por la violencia y el olvido del estado.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha protegido 80 sitios de interés forense y ha identificado a 152 víctimas de desaparición forzada. Estas acciones se han adelantado en diferentes departamentos del país; sin embargo, la situación de violencia que se vive en algunas regiones también incide en el proceso de recuperación de cuerpos."La situación de orden público en Colombia es muy compleja, y hay lugares en los que la JEP quisiera actuar de forma más rápida y expedita. Por ejemplo, el Cauca es una zona muy conflictiva, y tenemos una serie de medidas cautelares allá en municipios como Miranda y Corinto", señaló el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.Sánchez también explicó que en la zona de frontera con Venezuela, tanto en Arauca como en Norte de Santander, existen algunas dificultades para lograr el acceso a los puntos de interés forense."La zona de frontera en Norte de Santander también es muy compleja por el tema de seguridad. Allá se ha hecho presencia del propio magistrado relator, y ha tenido que acudir con acompañamiento del Ejército. Entonces, esas zonas son muy complejas. Insisto en que uno, como juez, y la JEP en general, quisiera poder actuar de una forma mucho más segura para darle un alivio a las víctimas", agregó Sánchez.En total, tras las medidas cautelares de la JEP, se han exhumado 1.713 cuerpos. De ellos, 152 han sido identificados y 97 entregados a sus familias.
Tras la captura de alias 'Araña', integrante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo disidente de la Segunda Marquetalia, en medio de los diálogos que sostenía con el Gobierno nacional por parte del CTI de la Fiscalía en un hotel en Bogotá, la molestia en el Gobierno nacional la expresó el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien dijo que era "una posible trampa" dicha detención."Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes", dice Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz a los agentes del CTI que detuvieron a Andrés Rojas, alias 'Araña', en el occidente de Bogotá. Asimismo, dijo que ellos se han retirado de la mesa de diálogos es porque han sido "entrampados" y aseguró que "hacen una trampa contra el proceso de paz" que se viene desarrollando con la Segunda Marquetalia.De acuerdo con los miembros del CTI de la Fiscalía, que llegaron hasta el hotel, 'Araña' tenía una una circular roja de la Interpol por lo tanto debía ser capturado por parte de las autoridades. Por otro lado, los miembros de la Segunda Marquetalia calificaron esta acción como "dudosa" y reiteraron que sus órdenes de captura fueron retiradas para participar en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. Este era el tercer ciclo de diálogos de paz entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno nacional, los cuales comenzaron en junio de 2024 en Caracas, Venezuela y, al igual que otros proceso, el Gobierno levantó órdenes de captura para avanzar en las negociaciones entre las partes.
A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el ELN, que ha sido el causante de la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. El mandatario aseguró que ese grupo guerrillero se dedicó al tráfico de cocaína, manchando su bandera y esclavizando a los campesinos de la región.“Puede Antonio García atacarme lo que quiera e intentar matarme si lo desea; muchos revolucionarios han muerto bajo balas del ELN. Pero la historia es la historia y no perdona. La nueva generación del ELN decidió manchar la bandera del ELN con cocaína y ya no la entiende, no sabe qué significa”, dijo Petro en su cuenta de X.En medio de su publicación, el jefe de Estado aseguró que el grupo criminal, asociado a los “peores traquetos”, ha asesinado al campesino, le ha quitado sus tierras y lo ha desplazado de su hogar. Según el mandatario, el ELN ha comprado a la guardia venezolana con el fin de esclavizar al pueblo.“Su tráfico, el que hace la EFER clandestina hasta del mismo ELN, ha destruido el pueblo de Haití, que nos dio la libertad, esclaviza al pueblo venezolano, que dicen ustedes defender, pero que cada vez se pone más en su contra y esclaviza y asesina al pueblo colombiano del Catatumbo”, continuó Petro.Como último mensaje, el presidente asegura que Antonio García, líder del ELN, saboteó la paz y mató el propósito revolucionario del grupo guerrillero. “Su fé en el amor eficaz, trajo odio y muerte (...), traicionó al campesinado que lo apoyó y que ahora, usted permite que asesinen”, finalizó.
La reciente decisión de la Corte Constitucional ha generado un importante debate en torno a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En su sentencia C-036 de 2025, el alto tribunal estableció que los acuerdos parciales, alcanzados en el marco de una política de paz total son válidos y pueden ser implementados, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales y constitucionales adecuados.La Ley 2272 de 2022 permitía que los acuerdos humanitarios suscritos en las mesas de diálogo se integraran directamente al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que según el alto tribunal violaba los principios de supremacía constitucional y separación de poderes, ya que otorgaba a los negociadores de paz un poder excesivo para modificar el ordenamiento jurídico sin la intervención del Congreso.Los artículos 93 y 94 de la Constitución Política fueron tenidos en cuenta en la decisión pues, el primero establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen sobre el orden interno y el 94 dispone que los derechos y garantías de la Constitución y los convenios internacionales no niegan otros derechos inherentes a la persona humana.Por esta razón, el abogado Germán Calderón España explicó que los acuerdos de paz ostentan una naturaleza política que refleja en la voluntad de las partes en la mesa de diálogo para dar por terminado un conflicto y lograr la paz. "De tal manera que ha sido enfática la Corte Constitucional en establecer que, si el legislador contempla en una ley que esas normas o esos acuerdos de paz son normas de Derecho Internacional Humanitario, está violando la Constitución y principios de rango muy elevado en el contexto constitucional”, detalló el abogado.La decisión del alto tribunal reafirma la necesidad de un control democrático y legislativo en la implementación de los acuerdos de paz.Por último, la Corte recordó que la paz es un objetivo esencial del Estado colombiano y que todas las autoridades, no solo el presidente, deben trabajar conjuntamente para alcanzarla.
Medicina Legal logró identificar a dos víctimas de desaparición forzada cuyos cuerpos fueron hallados durante la intervención en La Escombrera, de la Comuna 13, en Medellín. Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28 años que eran del corregimiento de San Cristóbal."Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. La verdad judicial, construida a partir de evidencia, testimonios y análisis forenses, confirma que La Escombrera fue un sitio destinado a la desaparición forzada en Colombia", señala la JEP.La joven de 20 años salió de su casa el 30 de julio de 2002 e iba a asistir a una reunión. Esa noche paramilitares del Bloque Cacique Nutibara entraron al lugar y se la llevaron. Un día después le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse, sin embargo, no se volvió a tener información de ella."La evidencia recabada por la JEP, en el marco del trámite judicial, indica que el crimen ocurrió ocho días después de la desaparición de un reconocido líder comunal del sector. Al parecer la joven habría sido trasladada viva desde el corregimiento de San Cristóbal, donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada", agregan desde la JEP.En el caso del hombre de 28 años vivía con sus padres y generaba algunos ingresos para el hogar como vendedor, el 13 de octubre de 2002, en horas de la mañana, salió de su casa ubicada en el barrio Belencito, y desde ese día su familia no volvió a tener noticias sobre él."La víctima estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable", explican desde la JEP.
La Corte IDH determinó que hay al menos 6.000 integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos o exiliados y amenazados, entre otros delitos que se presentaron. En el mismo sentido se le ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, reconocerlos públicamente, proteger a las víctimas y sus familiares y avanzar con las indemnizaciones, entre otras medidas.Las víctimas, dos años después, consideran que la reparación aún está en deuda. Incluso hay personas que murieron durante este tiempo sin ver materializado su derecho a la reparación."Se hace necesario que después de 30 años de haber vivido el padecimiento, la desaparición, el desplazamiento, asesinato y amenazas el Estado realmente genere el espacio y que eviten la revictimización y que nos permitan gozar de esos derechos que se llaman reparación integral para las víctimas", aseguró Andrea Forero Dueñas, víctima e hija de Teófilo Forero.Las víctimas le hacen un llamado a todas las instituciones y entidades que tienen responsabilidad en la reparación de las víctimas; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que haga el seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas, también a la Unidad de Víctimas para que avance con las indemnizaciones. Es importante recordar que el acto de reconocimiento público por este caso lo iba a encabezar el presidente Gustavo Petro, pero por razones de salud no pudo asistir y aún no se ha realizado."El avance es limitado e insuficiente, es limitado porque estas medidas no se han implementado, entonces eso es como si la sentencia estuviera de alguna manera solo en un texto y no en la materialización de la vida de las víctimas. Hemos hecho unos foros en las universidades que fueron promovidos por las coordinaciones de víctimas y apoyados en términos logísticos por las universidades y en términos de organización y presupuesto por parte del Estado, y eso es muy importante, pero en el resto de medidas no hay ningún avance", agrega Luz Marina Monzón abogada y codirectora de la Corporación Reiniciar.
La JEP ordenó compulsar copias a Justicia y Paz para que investigue si el exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar, incumplió con sus compromisos frente a esta jurisdicción tras la desmovilización. La decisión se tomó después de que la JEP absolvió al defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo por el homicidio de David Núñez Cala, quien fue candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, Santander y fue asesinado el 5 de abril de 1991."‘Julián Bolívar’ habría expresado interés en que se hicieran incriminaciones contra Rabelo Crespo y, presuntamente, habría ordenado que se utilizaran unas fotos compradas a un periodista para ese efecto. Todo esto en un contexto en el que el señor Rabelo estaba haciendo activas denuncias por la relación entre personajes políticos y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Barrancabermeja", explicó la JEP.Es importante recordar que Julián Bolívar fue designado recientemente como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al igual que otros 17 exjefes paramilitares entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Hernán Giraldo."Como parte de los elementos que tuvo en cuenta la Sección para esta decisión, además de la versión Rabelo Crespo en el trámite de revisión transicional, están la toma de testimonio a 19 testigos, los cuales constituyen pruebas testimoniales; a su vez, se tuvieron en cuenta: un informe del Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP sobre el Bloque Oriental y el Frente 24 de las extintas Farc-EP, cinco informes de la Unidad de Investigación y Acusación y más de 30 pruebas documentales", agregan desde la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) renunció a la persecución penal de 16 miembros de la fuerza pública, entre activos y retirados, que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de falsos positivos que se registraron entre 2005 y 2006 en Meta y Santander."La renuncia a la persecución penal es un mecanismo que implica que no se ejerce la acción penal o no se continúa con ella en la justicia ordinaria, ni en la transicional. Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con estos graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad, al tiempo que contribuyen a la restauración del daño causado", señaló la JEP.De esta manera, se resuelve de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que aportaron verdad plena y reconocieron su responsabilidad en los hechos."La magistratura encontró que, durante el trámite judicial ante la JEP, los comparecientes reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de tres hechos en los que cinco personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron asesinadas y, en algunos casos, desaparecidas en Puerto Concordia (Meta) y Lebrija (Santander); además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los crímenes. A juicio de la magistratura, estos aportes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la justicia ordinaria" agregaron desde la JEP.Con esto se busca que se les eliminen los antecedentes penales a estos 16 comparecientes, tampoco se podrán iniciar nuevos procesos por las conductas ya resueltas.
Desde hace más de 20 años, las familias buscadoras de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín han insistido en que en la Escombrera hay estructuras óseas de personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado.La Escombrera es una montaña artificial que se fue formando con los residuos que fueron arrojados en ese lugar, pero recientemente la JEP confirmó que allí fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13.María Auxilio Arenas es integrante del colectivo Mujeres Caminando Por la Verdad y sobre el caso de su esposo aseguro: “Al que salía de la casa muchos no regresaban y eso le pasó a mi esposo, salió de la casa, bajó a la iglesia de El Salado y nunca más regresó”.La JEP explicó que la Comuna 13 fue un territorio en disputa entre grupos armados desde 2001 y hasta 2004, en ese mismo periodo se realizaron 34 operaciones militares en esa zona de Medellín.“La tierra empezó a hablar y estamos demostrando que no estábamos locas. Uno siente alegría y a la vez tristeza, la alegría de saber que estamos callando la boca a toda esta gente y al Gobierno de Álvaro Uribe que decía que allá no había nadie, incluso todavía lo sigue negando, ve los hechos y sigue negando. Uno siente mucha alegría porque así no sea el de uno, es el de cualquier madre que está buscando a su desaparecido”, agregó María Auxilio.Las familias buscadoras piden que la Escombrera sea cerrada y que se convierta en un espacio de memoria. Ellas han hecho parte activa de la intervención y van todos los días a hacer veeduría. Los primeros hallazgos en esa zona de Medellín se dieron el pasado mes de diciembre y desde entonces se han logrado remover más de 37.000 m3 de tierra y escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material.“La JEP no tiene víctimas de primera y segunda categoría, las víctimas de todos los actores del conflicto armado son igualmente importantes. Decir igualmente que la verdad va a seguir siendo desenterrada”, dijo en ese momento el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Escuche el informe completo aquí:
El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló que fuentes diplomáticas cubanas confirmaron a Blu Radio que actualmente no hay presencia de ningún cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio cubano.Esta declaración llega en medio de un contexto de tensiones y reacciones internacionales tras la reactivación de 31 órdenes de captura contra los líderes de este grupo armado ilegal en Colombia.Las fuentes diplomáticas destacaron que esta situación marca un cambio significativo desde el gobierno de Iván Duque, cuando Colombia solicitó a Estados Unidos que volviera a incluir a Cuba en la lista de países que apoyan y patrocinan organizaciones terroristas. Como respuesta a esta presión, el gobierno cubano ha decidido no permitir una presencia permanente de miembros de grupos armados ilegales colombianos en su territorio.Según explican estas fuentes, los ingresos de integrantes del ELN a Cuba han sido únicamente puntuales y temporales, siempre bajo la supervisión y autorización del gobierno colombiano, específicamente del presidente Gustavo Petro.Estos ingresos ocurren principalmente durante períodos de negociaciones de paz, las cuales, cabe mencionar, están suspendidas desde agosto del año pasado y no han tenido encuentros bilaterales en varias semanas.Una vez concluidas las gestiones negociadoras, los integrantes del ELN son instruidos a abandonar la isla de Cuba en el mismo vuelo que los llevó. Este protocolo, según las fuentes, refleja un compromiso por parte de Cuba de no albergar a miembros de organizaciones consideradas terroristas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el ELN.Este tema adquiere especial relevancia para Cuba en un momento en que, recientemente, el Gobierno saliente de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Sin embargo, pocas horas después, una de las primeras órdenes ejecutivas del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, reincorporó a Cuba en ese mismo listado, lo cual podría tener repercusiones económicas negativas para la isla.Escuche el informe completo aquí:
En medio de la emergencia en Catatumbo, algunas personas han logrado escapar a través de caravanas terrestres, motorizadas y fluviales, mientras otras permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad. Firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales, niños y niñas son especialmente propensos a secuestros o ataques, indicó la Defensoría del Pueblo.Extracciones y Rescates435 personas han sido evacuadas en vuelos humanitarios.En Tibú, 200 personas de especial protección fueron evacuadas con apoyo del Ejército Nacional.Impacto en Firmantes de PazLa violencia también afecta a quienes han apostado por la reconciliación:6 firmantes asesinados, 7 desaparecidos (2 liberados) y 102 desplazados.En Ocaña, los firmantes solicitan refugio debido a los altos riesgos que enfrentan.Homicidios y Levantamientos de CuerposEl Gobernador de Norte de Santander reporta 80 asesinatos, mientras que la Defensoría confirma al menos 60 víctimas. Medicina Legal ha identificado 41 cuerpos, de los cuales 34 han sido entregados a sus familias.Desplazamiento de la Comunidad YukpaLa situación también afecta a comunidades indígenas. En San Pablo, Tibú y Cúcuta, 631 personas Yukpa han sido desplazadas. El Resguardo Catalaura recibió varias familias, entregándoles 1.5 toneladas de alimentos, aunque las necesidades humanitarias siguen siendo urgentes.Vulnerabilidades de Mujeres y NNAEn Cúcuta se han reportado casos de trata de personas vinculados a Tibú, activándose rutas de protección para dos víctimas. La situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) también es crítica:1.500-1.800 NNA en riesgo en Cúcuta.1.000 en Ocaña.600 en Tibú.Acciones Humanitarias y NecesidadesPara mitigar la crisis, se han desplegado esfuerzos humanitarios:25 toneladas de ayuda entregadas en Ocaña.1 tonelada vía aérea enviada a Tibú.Sin embargo, persisten problemas como la falta de alimentos, insumos de higiene y colchones, así como riesgos de seguridad en los albergues.Un número indeterminado de personas ha cruzado la frontera buscando refugio en Venezuela, lo que complica aún más la crisis regional.La situación en el Catatumbo requiere una respuesta inmediata y coordinada para garantizar seguridad, caracterizar a las víctimas, mejorar las condiciones en los albergues y proteger a líderes, lideresas, alcaldes y personeros. La atención humanitaria y el compromiso con soluciones duraderas son indispensables para estabilizar a las comunidades afectadas.
El número de desplazados por la violencia guerrillera en la región colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), ascendió este martes a 32.000 tras seis días de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC.Así lo manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien dijo que 15.000 personas se vieron forzadas a buscar refugio en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 11.000 llegaron a Ocaña, segunda ciudad de ese departamento, y 5.300 a Tibú, localidad ubicada en el Catatumbo.Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.