El Ministerio Público exigió a los alcaldes municipales del departamento del Tolima, informar las acciones y estrategias implementadas para la protección de los excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación.Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han asesinado en todo el país a 420 excombatientes en proceso de reincorporación. Por eso, la Procuraduría verificará el cumplimiento de la Directiva PNG 001 de 2020, emitida el 3 de febrero de ese mismo año con el objetivo de garantizar la protección a la vida, integridad y seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.El ente de control solicitó, a través de la Provincial de Instrucción de Ibagué, si se han implementado de manera correcta los Planes Integrales de Prevención (2020 - 2025) en el departamento y si se han realizado diagnósticos de riesgo para esta población con el fin de darles la debida protección.Los alcaldes también deberán reportar si cuentan con una mesa de reincorporación activa. Además de informar si en el Plan de desarrollo Municipal se incluyeron los proyectos dirigidos a esta población y si el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla estrategias de protección para estas personas.Holandesa que hizo parte de las Farc pide a JEP que otorgue renuncia a persecución penalTanja Nijmeijer es una holandesa que hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, en el año 2020 renunció al partido creado tras la firma del acuerdo, asegurando que ya no se sentía cómoda.El pasado mes de mayo del 2024, la jurisdicción de la JEP ordenó materializar una amnistía para la ciudadana holandesa y recientemente le envió una carta a esa jurisdicción, por medio de su abogado, en la que pide que le resuelvan definitivamente su situación jurídica.“En mi condición de apoderado de la compareciente Tanja Nijmeijer dentro del caso 001, comedidamente me dirijo a su H. Despacho para solicitar las actuaciones respecto a la compareciente relacionadas con el secuestro de los norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, sobre lo cual rindió versión 26 de noviembre de 2019 en la audiencia realizada Icononzo, Tolima, sean remitidas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina en forma definitiva la situación jurídica a través de la renuncia a la persecución penal”, señala el abogado de Nijmeijer.
El equipo de defensa de los firmantes del acuerdo de paz del año 2016 radicó una carta ante la JEP en la que advierten que el convenio 631 de 2024, que permitía la vinculación de todos los equipos miembros de la Defensa, finalizó el pasado 10 de marzo por lo que los firmantes en este momento no tienen a sus representantes de confianza ante la jurisdicción."El acuerdo de paz firmado en el año 2016, permitió la existencia de un Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para los firmantes de paz que comparecen ante el sistema. Este sistema depende funcionalmente de la Secretaria Ejecutiva de la JEP, quien deberá garantizar su continuidad y autonomía. Sin embargo, denunciamos que el Convenio 631 de 2024 que permitía la vinculación de todos los equipos miembros de la Defensa de Confianza de Comparecientes Firmantes de la Paz, rubricado entre la JEP y la OEI, finalizó el día 10 de marzo del corriente. Con este debía garantizarse la continuidad de la actividad de la defensa de firmantes a partir del 11 de marzo con la firma de un nuevo contrato de vinculación", se lee en el documento.Además, señalan que hasta el día de hoy se están presentando afectaciones contractuales y por eso los firmantes de la paz se encuentran desprovistos de defensa ante la JEP.“Hoy ningún abogado o abogada, analista, psicóloga o psicólogo, enlace, asesor y demás profesionales adscritos al sistema de confianza cuenta, pues, con garantías contractuales y de seguridad para ejercer el derecho a la defensa. En consecuencia, ningún profesional podrá asistir a ninguna de las actividades judiciales convocadas, así como tampoco podrá garantizar desplazamientos y acompañamientos dada su situación de desvinculación. Dicho de otra forma, la actividad de la defensa de los firmantes ha sido suspendida por efecto de decisiones contractuales atribuibles a la SEJEP”, se lee en el documento enviado a la jurisdicción.
Colombia concretó un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para realizar una investigación sobre los usos industriales de la hoja de coca. La iniciativa se trabajó durante una reunión entre la canciller, Laura Sarabia, y el director General del OIEA, Rafael Grossi. El encuentro se dio en Austria, donde se desarrolla el 68 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas."Esto permitirá abrir nuevas oportunidades para el desarrollo alternativo, incluyendo mejorar el rendimiento de agro insumos y biofertilizantes, así como evaluar las condiciones ambientales de los territorios que padecen impactos ambientales adversos por los problemas asociados a los cultivos ilícitos", explicó la canciller.En este momento Colombia busca actualizar su marco regulatorio para el uso seguro y pacífico de tecnologías nucleares, en sectores como la salud, agricultura, industria, comercio y medioambiente."La jefe diplomática hizo un recorrido por el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena donde conoció sobre las aplicaciones de las tecnologías nucleares aplicadas a la hoja de coca a través de, por ejemplo, realizar mediciones para determinar que no haya presencia de alcaloides tóxicos en la harina de hoja de coca o fertilizantes derivados de la misma", señaló la Cancillería.
En este momento el proceso de paz con el ELN se encuentra suspendido tras varias acciones terroristas que se presentaron por parte de ese grupo, especialmente en Arauca y Norte de Santander.Sin embargo, la delegación de diálogos del Gobierno en negociaciones con esa guerrilla convocó a varios sectores de la sociedad civil a un congreso por la paz el próximo 5 de abril.“La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos para la Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) convoca el 5 de abril a las plataformas, redes de paz, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así como a iniciativas de paz de los territorios, comunidad internacional, Iglesia e iglesias a un espacio de escucha y reflexión sobre el momento actual y pensar posibles acciones”, señala la delegación del Gobierno.El proceso de paz con el ELN empezó en noviembre del 2022 pero fue suspendido por parte del presidente Gustavo Petro desde el pasado mes de septiembre.“A pesar de la suspensión de la Mesa de Diálogos con el ELN, la Delegación insiste en que la paz no solo debe buscarse en las mesas de diálogo con los actores armados, sino también en las comunidades, las organizaciones sociales, los liderazgos territoriales y la sociedad civil en su conjunto. Este Congreso responde a la necesidad urgente de escuchar las voces de aquellos que, en diversas regiones del país, siguen apostando por la paz a pesar de las adversidades”, señala el Gobierno.
El exfutbolista español Gerard Piqué compareció ante un tribunal en Madrid el pasado 14 de marzo para declarar en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la negociación de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Durante su testimonio, negó haber pagado sobornos al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y aseguró que el caso le ha causado un "daño incalculable".La investigación y las acusacionesLa jueza que lleva el caso investiga posibles actos de corrupción en los contratos firmados en 2020 para llevar la Supercopa a Arabia Saudita. Dichos acuerdos, valorados en 40 millones de euros anuales, incluían una comisión de 4 millones de euros anuales para Kosmos, la empresa de Piqué, cuando este aún jugaba en el FC Barcelona.El auto judicial emitido en mayo indicaba que la causa se centra en posibles ilegalidades con relevancia penal en los acuerdos firmados entre la RFEF y Arabia Saudita. Sin embargo, Piqué insistió en su inocencia y negó haber realizado pagos indebidos a Rubiales o a cualquier otra persona de la Federación.Piqué se quiebra durante su testimonioAl concluir su declaración, el exjugador del Barcelona se mostró visiblemente afectado y rompió en llanto al referirse al impacto que el caso ha tenido en su imagen. “Me sorprende que a día de hoy se siga filtrando información sobre este asunto”, declaró Piqué, subrayando el daño reputacional que ha sufrido desde que se hicieron públicas las acusaciones.Mhoni Vidente predice un futuro oscuro para Piqué, ¿a la cárcel?En medio de la polémica, la reconocida pitonisa cubana Mhoni Vidente sorprendió con una inquietante predicción sobre el futuro de Gerard Piqué. Según la vidente, el exfutbolista enfrentará problemas legales aún más serios y podría terminar en prisión. Además, aseguró que estos problemas son una consecuencia de supuestos actos de brujería realizados por su madre, Montserrat Bernabéu, y su actual pareja, Clara Chía, contra la cantante Shakira.Y agregó, “Con la demanda por la Copa del Rey, lo más seguro es que la gane Barcelona, pues lo van a meter preso por 11 millones de euros”.Además, hizo una comparación entre los juicios que enfrentó la pareja mientras Shakira acudió serena y aceptando todo, Piqué lloró y desestimó los cargos que se le imputaron.“Ahí uno se da cuenta que el Piqué no servía para nada, solo para hacer hijos. Eso sí, bien bonitos, pero para nada más”, dijo la cubana. También mencionó a Shakira con sus impresionantes presentaciones en México y dijo que lo más probable es que cancele dos conciertos porque “No hay nadie que aguante”Si bien estas declaraciones forman parte del ámbito esotérico, generaron gran revuelo en redes sociales, alimentando aún más la controversia en torno al exdefensa del Barcelona.Un caso que sigue en desarrolloLa investigación contra Piqué es parte de un proceso más amplio que involucra a Luis Rubiales y otros exdirigentes de la RFEF por presunta corrupción y contratos irregulares. Las autoridades continúan recabando pruebas para determinar si hubo conductas ilícitas en la negociación de la Supercopa, mientras que el exfutbolista sigue defendiendo su inocencia en medio de la tormenta mediática.
EPM anunció que esta semana habrá cortes programados de agua en Medellín, Bello, Caldas e Itagüí. La empresa realizará mantenimiento en varios circuitos, lo que obligará a suspender el servicio en distintos sectores durante la noche y madrugada. Entre las obras están el lavado de un tanque en el circuito El Rodeo, la reposición de una red en el circuito Paraíso y ajustes en el circuito París.Cortes de agua en Caldas, Medellín e ItagüíEn Caldas, el agua se cortará el miércoles 26 de marzo desde las 9:00 de la noche hasta las 2:00 de la mañana del jueves 27 de marzo. Los sectores afectados van desde la calle 136 A sur hasta la calle 113 sur, incluyendo barrios como Caldas, La Inmaculada, La Legia, Centro, Las Margaritas, El Porvenir y Andalucía. En total, 14.952 usuarios tendrán que abastecerse con tiempo.En Medellín, el turno será el jueves 27 de marzo desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del viernes 28 de marzo. Se verán afectados sectores entre la calle 15 B sur y la calle 1 sur, incluyendo barrios como El Rincón, La Mota, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y el Parque Juan Pablo II.Itagüí también tendrá suspensión del servicio el jueves 27 de marzo desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del viernes 28 de marzo. Los cortes afectarán a 24.886 usuarios en los barrios Colinas del Sur y Santa María 3.Interrupciones diarias en el circuito ParísAdemás, el circuito París tendrá interrupciones diarias entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana hasta que el sistema se estabilice. En Medellín, los barrios impactados serán El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho, mientras que en Bello se verá afectado el barrio París, impactando a 7.402 usuarios.Ante estos cortes de agua, EPM pidió paciencia a los usuarios y recordó que estos mantenimientos son necesarios para garantizar la calidad del agua. Además, explicó que el lavado de los tanques de almacenamiento debe hacerse dos veces al año para cumplir con la normativa de calidad del agua para consumo humano.
En un avance sin precedentes para la ciencia y la acuicultura, investigadores de la Universidad del Magdalena (Unimagdalena) lograron reproducir en laboratorio la mojarra rayada (Eugerres plumieri) hasta su fase larvaria, un hecho sin antecedentes en el mundo. Este logro, alcanzado tras años de ensayos científicos, representa una esperanza para la conservación de la especie y una oportunidad para fortalecer la pesca artesanal en Colombia.La mojarra rayada ha sido históricamente una de las especies más importantes para los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta y otros ecosistemas del Caribe. Sin embargo, la sobrepesca y la reducción de su alimento natural han provocado un alarmante descenso en su población. Frente a este panorama, un equipo del Grupo de Investigación en Biodiversidad y Ecología Aplicada (GIBEA), liderado por la doctora Natalia Villamizar Villamizar, se propuso la tarea de domesticar esta especie y hacer viable su cultivo en cautiverio.“Este resultado es inédito a nivel mundial. Hasta ahora no se había logrado la reproducción de la mojarra rayada en condiciones controladas. Lo que hemos conseguido nos permite avanzar hacia un protocolo de cría que marque el camino para su conservación y uso sostenible”, explicó la doctora Villamizar, bióloga marina y decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena.El proyecto, que ha contado con el respaldo de la Vicerrectoría de Investigación y el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se desarrolló en los laboratorios de acuicultura de la Granja Experimental de Unimagdalena. Allí, los investigadores lograron replicar con éxito las condiciones ambientales necesarias para que los peces completaran su ciclo de reproducción.Durante el proceso, se documentaron avances significativos en tasas de fertilización, eclosión y supervivencia de larvas, lo que sienta las bases para la producción de alevinos en entornos controlados. Sin embargo, el desafío no termina aquí. Ahora, el equipo se enfrenta a una de las etapas más complejas: el desarrollo de una alimentación adecuada para las larvas, basada en microalgas e invertebrados vivos.“Una vez los peces se reproducen, tenemos embriones que requieren una calidad de agua óptima y un alimento vivo que garantice su crecimiento. Actualmente, estamos enfocados en resolver estos desafíos para lograr un proceso de cultivo eficiente y escalable”, detalló la investigadora.Este hito no solo es relevante para Colombia, sino para la acuicultura a nivel mundial. La posibilidad de reproducir especies comerciales en cautiverio es clave para reducir la presión sobre los ecosistemas naturales y garantizar la sostenibilidad de la pesca. En este caso, la mojarra rayada podría convertirse en un modelo para la producción de peces nativos en países con problemáticas similares.“Es una especie que se ha ido recuperando en la naturaleza, pero sin intervención humana. No existen planes de manejo ni estrategias de uso sostenible, lo que ha llevado a su sobreexplotación. Nuestro trabajo busca revertir esa situación y darle una alternativa a las comunidades pesqueras”, explicó Villamizar.Más allá del impacto científico, esta investigación responde a una necesidad urgente de las comunidades pesqueras de la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde la disminución de las capturas ha afectado gravemente la economía local. La reproducción en cautiverio de la mojarra rayada permitiría a los pescadores contar con una fuente de ingreso sostenible y reducir la presión sobre las poblaciones silvestres.Con este logro, la Universidad del Magdalena se posiciona como un referente en biotecnología acuícola y conservación marina. A medida que avancen las investigaciones, se espera que el protocolo de cría de la mojarra rayada pueda aplicarse a otras especies en riesgo, marcando un punto de inflexión en la gestión de los recursos pesqueros en Colombia y el mundo.
Mientras Colombia pone sus ojos en Barranquilla por la fecha 14 de las eliminatorias de la Selección Colombia, a pocos kilómetros, en Montería, se está preparando el sudamericano Sub 17, el cual irá desde el 27 de marzo hasta el 12 de abril, en un campeonato que permitirá revelar los nuevos talentos del balompié de la región. La obtención de esta sede se logró tras una gestión realizada por las autoridades departamentales ante la Conmebol, para llevar por primera vez este torneo a dicho territorio, por lo que el pasado 10 de abril, Alejandro Domínguez, presidente de esta organización, entregó el certamen a esta ciudad tras un encuentro realizado en Asunción, Paraguay. El desarrollo de este encuentro deportivo, que será transmitido por la plataforma Ditu de Caracol, proyecta ingresos económicos por el orden de $3.600 millones, a partir de lo que recibirán sectores como turismo, comercio y servicios; a lo que se suma una ocupación hotelera por encima del 95%. Los partidos de fútbol serán realizados principalmente en el estadio Jaguar, el cual tiene capacidad para 12 mil espectadores, lo que atraerá miles de visitas. "Montería cuenta con una oferta hotelera robusta, con 280 establecimientos registrados y más de 4.500 camas disponibles. Se prevé una ocupación hotelera del 95% durante el evento, gracias a las reservas gestionadas por la Confederación de Fútbol", indica la Alcaldía a través de un comunicado. Los mandatarios locales incluso han acompañado el recibimiento de los deportivas, a quienes les han dado la bienvenida para la disputa de estos juegos en los que participan selecciones de Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, entre otros. El partido del debut será entre Perú y Uruguay, a las 4:30 de la tarde de este miércoles, lo que será seguido por el partido Colombia vs Chile, programado para las 7 de la noche del mismo día. Las boletas están siendo comercializadas bajo oferta 2x1 para promover el ingreso de los asistentes, pues con una entrada, se puede asistir a dos partidos.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ha venido impulsado el crecimiento laboral y profesional de los ciudadanos a través de diferentes oportunidades de estudio y empleo.Según un estudio de la Universidad del Rosario en 2023, solo 4 de cada 10 personas que terminaban el bachillerato lograban acceder a educación superior. Adicionalmente según cifras de la Unidad del Servicio de Empleo del mismo año, las personas con nivel educativo de bachillerato o menos, ocupan apenas el 30 % de los trabajos en Colombia, y sus salarios no superan los 2.000.000.Las ofertas para los bachilleres no siempre son optimas, y se torna complicado conseguir un empleo formal en un entorno competitivo, por eso la Agencia Distrital anunció una Feria de Empleo en Bogotá.¿Cuándo será la Feria de Empleo en Bogotá? Será el miércoles 26 de marzo de 2025.Se llevará a cabo en la cra 13 #27-00, Edificio Bochica, local 12.Estarán recibiendo hojas de vida desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. ¿Cuáles son las vacantes de trabajo para bachilleres en Bogotá? Podrá acceder a diferentes puestos según su perfil en la empresa Multiempleos S.A., de la siguiente manera: 1. Auxiliar de punto de venta: El perfil para poder aplicar es bachilleres académicos, con mínimo seis meses de experiencia en servicio al cliente, puntos de venta, manejo de caja, rotación de productos, y áreas relacionadas.El sueldo al que podrá aspirar será de $ 1.424.000 + auxilio de transporte + comisiones por ventas + prestaciones sociales.Trabajará con turnos rotativos, completamente presencial, en la modalidad de contratación obra labor2. Conductores: El perfil para poder aplicar es tener quinto de primaria, con un mínimo de un año de experiencia como conductor de vehículos pesados. El sueldo al que podrá aspirar es de $ 1.503.000 + 3.5% por flete + prestaciones sociales.Se requiere que tenga licencia de conducción C2. Trabajará con turnos rotativos, completamente presencial, en la modalidad de contratación obra labor. 3. Domiciliario con moto: El perfil para poder aplicar es para personas con mínimo octavo de bachiller, que tengan al menos 6 meses de experiencia en la entrega de productos.El sueldo al que podrá aspirar es de $ 1.424.000 + auxilio de transporte + rodamiento + $313.000 + comisiones por entregas + prestaciones sociales.Trabajará de domingo a domingo con un día de descanso entre semana, completamente presencial, en la contratación obra labor. ¿Cómo se puede inscribir para trabajar en Bogotá? Tendrá que ingresar a la página oficial del Servicio Público de Empleo, aquí. Deberá iniciar sesión con su usuario y contraseña, y en caso de no tener, crear una. Posteriormente registrar su hoja de vida al 100 %.Deberá llenar un formulario de inscripción, aquí. Adicionalmente, a través de esa plataforma podrá enterarse de más ofertas laborales y aplicar a la que mejor se acomode a su perfil e interés.
En las últimas horas la Unidad de Víctimas adelantó un diálogo con representantes de la comunidad indígena Emberá, quienes se encuentran albergados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en Funza, Cundinamarca. Según la entidad, aproximadamente 900 indígenas, entre mujeres, hombres, niños y adultos mayores, manifestaron su intención de retornar a los territorios en Chocó y Risaralda."Para ello, la comunidad participó en diversas actividades lúdicas centradas en la identidad cultural, la autonomía de gobierno propio y el derecho fundamental al territorio, con el fin de empoderar a la comunidad para tomar decisiones informadas sobre su retorno. Esta actividad forma parte de los ejercicios de alistamiento para regresar a su territorio ancestral a finales de abril de este año", señala la Unidad de Víctimas.Es importante recordar que el pasado mes de septiembre empezó el retorno de otros grupos de indígenas, quienes se encontraban asentados en el Parque Nacional, en Bogotá. El proceso de retorno, que se espera se de en el mes de abril, busca garantizar todos los derechos de las comunidades en su territorio."El proceso de retorno cuenta con la colaboración de varias entidades que han apoyado el trabajo de la Unidad para las Víctimas, entre las que se encuentran la alcaldía de Bogotá y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito", agregó la Unidad de Víctimas.
La sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP le otorgó la renuncia a la persecución penal a 7 comparecientes que hicieron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 8 (AFEUR), con sede en Cúcuta, Norte de Santander.Estas personas están involucradas en unos casos de falsos positivos ocurridos el 22 de julio de 2008, en el municipio de Durania.Los militares asesinaron al menor de edad Johan Manuel Guzmán Uzquiano, a la joven Leydi Katherine Gelves Martínez y a los jóvenes Hugo Armando Garzón Alvarado y Nelson Darío Vargas Parra, para presentarlos falsamente como bajas en combate.Las siete personas aportaron verdad y reconocieron, su responsabilidad en los hechos, además, participaron en una audiencia en la que estuvieron los familiares de algunas de las víctimas.Después de evaluar cada caso, la JEP decidió concederle la renuncia a la persecución penal a estas personas, es importante recordar que este beneficio aplica para quienes no son seleccionados como máximos responsables, por no haber tenido una participación determinante en dichos crímenes.La justicia transicional explica, además, que la versión entregada en una primera medida sobre los hechos fue falsa, pues el enfrentamiento nunca ocurrió y las muertes de las víctimas fueron encubiertas de forma planificada, pues se simuló un combate con el fin de obtener resultados operacionales falsos.“Johan Manuel Guzmán Uzquiano, nació el 29 de agosto de 1990 en Cúcuta, tenía 17 años. Se desempeñaba como mecánico de motos y, recientemente, había trabajado cargando piedra y arena para un contratista local en el municipio de Villa del Rosario. En 2007 había finalizado el bachillerato técnico en mecánica y vivía con sus padres y su hermano en el barrio La Unión. Por su parte, Hugo Armando Garzón Alvarado, de 22 años, nació en Barranquilla y residía en el barrio Ospina Pérez de Cúcuta. Se dedicaba a oficios varios y el día de los hechos había salido a repartir volantes publicitarios. Había prestado servicio militar y trabajado como oficinista en una empresa de transporte" se lee en la resolución de la JEP.Para ejecutar el crimen dos civiles transportaron a las víctimas en un vehículo junto con armas de fuego y granadas que serían usadas por los miembros de la AFEUR para simular los hechos."Es notorio que la verdad que se ha decantado ante la JEP, fue construida con los aportes hechos por los comparecientes en cumplimiento del régimen de condicionalidad al que se encuentran sometidos, supera lo establecido en su momento por la justicia ordinaria, pues además de que se conoce en forma detallada las circunstancias que rodearon el hecho delictivo a de la referencia, ello hace que en el proceso transicional se fortalezca la calificación jurídica aplicada, porque se cuenta con reconocimientos de responsabilidad por los comparecientes sobre quienes recae este pronunciamiento", añade la JEP.La renuncia a la persecución penal permite que los comparecientes resuelven la situación jurídica de forma definitiva a aquellos comparecientes que cumplan con sus compromisos y se eliminan los antecedentes penales por estos procesos."En la audiencia de ajuste al régimen de condicionalidad de 7 de noviembre de 2024, así como en la audiencia territorial de seguimiento al régimen de condicionalidad, aporte a la verdad y reconocimiento público de responsabilidad y medidas de satisfacción, realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2024, los comparecientes SV (R) Oscar Arley Mosquera Prada, SLP (R) Yair Aurelio Osorio Rangel, SLP (R) Carlos Anildo Antolínez Calderón, TC (R) Fabian Andrés Aristizábal Zapata, SLP (R) Juan Gabriel Calderón Villamizar y SLP (R) Luis Gabriel Reyes Martínez reconocieron su participación en los hechos y pidieron perdón a las víctimas, realizándose por consiguiente, un acto de redignificación diseñado con la participación activa de las víctimas con el que se honró la memoria de sus seres queridos", indica la JEP.A estaspersonas, y tras varias audiencias, se les concedió el beneficio de la renuncia a la persecución penal, al igual que a José Nelson Capera, quien también ha participado en el proceso, la resolución fue firmada por los magistrados de Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Mauricio García y Pedro Elías Díaz, además, se le comunicó a las autoridades correspondientes para que se adelantes los trámites respectivos, pues, por ejemplo, los comparecientes retirados de la fuerza pública objeto de ladecisión, no podrán ser reincorporados como miembros activos.
El Foro Internacional de Paz que realizó la Alta Consejería para la Paz de Santa Marta, fue el escenario en el que Óscar Mauricio Silva, delegado del Gobierno nacional, anunció que se iniciarán los acercamientos para iniciar las conversaciones con el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Ante los más de 5.000 campesinos asistentes a este evento, Silva aseguró que “el Gobierno nacional me ha autorizado de anunciar aquí, ante las comunidades, es que el proceso de paz con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, expresó.De inmediato la euforia de los asistentes no se hizo esperar, a lo que Óscar Silva agregó que “es un proceso que vamos a comenzar inmediatamente, vamos a sentarnos a hablar con el grupo, con la alcaldía, con las comunidades, con todos los que tengamos que a hablar para lograr la paz”.A su turno, Jennifer Del Toro, Alta Consejera para La Paz del Distrito, “este proceso nos permitirá el fortalecimiento de economías lícitas que se concreta en el diseño de un nuevo modelo ecoturismo de talla mundial y agricultura sostenible que genera bienestar a las comunidades. La superación de situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado, salud, educación y bienestar social y trabajar en la justicia restaurativa como alternativa real para la construcción de paz”, puntualizó.La Alcaldía Distrital también informó que para el próximo miércoles está agendada la reunión entre los líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta, delegados del Gobierno Nacional y demás actores de este proceso, para establecer una hoja de ruta que permita determinar un cronograma de este histórico proceso. Las comunidades la Sierra esperan que este sea el inicio de la paz en este territorio que históricamente ha sido golpeado por la violencia y el olvido del estado.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha protegido 80 sitios de interés forense y ha identificado a 152 víctimas de desaparición forzada. Estas acciones se han adelantado en diferentes departamentos del país; sin embargo, la situación de violencia que se vive en algunas regiones también incide en el proceso de recuperación de cuerpos."La situación de orden público en Colombia es muy compleja, y hay lugares en los que la JEP quisiera actuar de forma más rápida y expedita. Por ejemplo, el Cauca es una zona muy conflictiva, y tenemos una serie de medidas cautelares allá en municipios como Miranda y Corinto", señaló el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.Sánchez también explicó que en la zona de frontera con Venezuela, tanto en Arauca como en Norte de Santander, existen algunas dificultades para lograr el acceso a los puntos de interés forense."La zona de frontera en Norte de Santander también es muy compleja por el tema de seguridad. Allá se ha hecho presencia del propio magistrado relator, y ha tenido que acudir con acompañamiento del Ejército. Entonces, esas zonas son muy complejas. Insisto en que uno, como juez, y la JEP en general, quisiera poder actuar de una forma mucho más segura para darle un alivio a las víctimas", agregó Sánchez.En total, tras las medidas cautelares de la JEP, se han exhumado 1.713 cuerpos. De ellos, 152 han sido identificados y 97 entregados a sus familias.
Tras la captura de alias 'Araña', integrante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo disidente de la Segunda Marquetalia, en medio de los diálogos que sostenía con el Gobierno nacional por parte del CTI de la Fiscalía en un hotel en Bogotá, la molestia en el Gobierno nacional la expresó el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien dijo que era "una posible trampa" dicha detención."Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes", dice Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz a los agentes del CTI que detuvieron a Andrés Rojas, alias 'Araña', en el occidente de Bogotá. Asimismo, dijo que ellos se han retirado de la mesa de diálogos es porque han sido "entrampados" y aseguró que "hacen una trampa contra el proceso de paz" que se viene desarrollando con la Segunda Marquetalia.De acuerdo con los miembros del CTI de la Fiscalía, que llegaron hasta el hotel, 'Araña' tenía una una circular roja de la Interpol por lo tanto debía ser capturado por parte de las autoridades. Por otro lado, los miembros de la Segunda Marquetalia calificaron esta acción como "dudosa" y reiteraron que sus órdenes de captura fueron retiradas para participar en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. Este era el tercer ciclo de diálogos de paz entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno nacional, los cuales comenzaron en junio de 2024 en Caracas, Venezuela y, al igual que otros proceso, el Gobierno levantó órdenes de captura para avanzar en las negociaciones entre las partes.
A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el ELN, que ha sido el causante de la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. El mandatario aseguró que ese grupo guerrillero se dedicó al tráfico de cocaína, manchando su bandera y esclavizando a los campesinos de la región.“Puede Antonio García atacarme lo que quiera e intentar matarme si lo desea; muchos revolucionarios han muerto bajo balas del ELN. Pero la historia es la historia y no perdona. La nueva generación del ELN decidió manchar la bandera del ELN con cocaína y ya no la entiende, no sabe qué significa”, dijo Petro en su cuenta de X.En medio de su publicación, el jefe de Estado aseguró que el grupo criminal, asociado a los “peores traquetos”, ha asesinado al campesino, le ha quitado sus tierras y lo ha desplazado de su hogar. Según el mandatario, el ELN ha comprado a la guardia venezolana con el fin de esclavizar al pueblo.“Su tráfico, el que hace la EFER clandestina hasta del mismo ELN, ha destruido el pueblo de Haití, que nos dio la libertad, esclaviza al pueblo venezolano, que dicen ustedes defender, pero que cada vez se pone más en su contra y esclaviza y asesina al pueblo colombiano del Catatumbo”, continuó Petro.Como último mensaje, el presidente asegura que Antonio García, líder del ELN, saboteó la paz y mató el propósito revolucionario del grupo guerrillero. “Su fé en el amor eficaz, trajo odio y muerte (...), traicionó al campesinado que lo apoyó y que ahora, usted permite que asesinen”, finalizó.
La reciente decisión de la Corte Constitucional ha generado un importante debate en torno a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En su sentencia C-036 de 2025, el alto tribunal estableció que los acuerdos parciales, alcanzados en el marco de una política de paz total son válidos y pueden ser implementados, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales y constitucionales adecuados.La Ley 2272 de 2022 permitía que los acuerdos humanitarios suscritos en las mesas de diálogo se integraran directamente al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que según el alto tribunal violaba los principios de supremacía constitucional y separación de poderes, ya que otorgaba a los negociadores de paz un poder excesivo para modificar el ordenamiento jurídico sin la intervención del Congreso.Los artículos 93 y 94 de la Constitución Política fueron tenidos en cuenta en la decisión pues, el primero establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen sobre el orden interno y el 94 dispone que los derechos y garantías de la Constitución y los convenios internacionales no niegan otros derechos inherentes a la persona humana.Por esta razón, el abogado Germán Calderón España explicó que los acuerdos de paz ostentan una naturaleza política que refleja en la voluntad de las partes en la mesa de diálogo para dar por terminado un conflicto y lograr la paz. "De tal manera que ha sido enfática la Corte Constitucional en establecer que, si el legislador contempla en una ley que esas normas o esos acuerdos de paz son normas de Derecho Internacional Humanitario, está violando la Constitución y principios de rango muy elevado en el contexto constitucional”, detalló el abogado.La decisión del alto tribunal reafirma la necesidad de un control democrático y legislativo en la implementación de los acuerdos de paz.Por último, la Corte recordó que la paz es un objetivo esencial del Estado colombiano y que todas las autoridades, no solo el presidente, deben trabajar conjuntamente para alcanzarla.
Medicina Legal logró identificar a dos víctimas de desaparición forzada cuyos cuerpos fueron hallados durante la intervención en La Escombrera, de la Comuna 13, en Medellín. Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28 años que eran del corregimiento de San Cristóbal."Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. La verdad judicial, construida a partir de evidencia, testimonios y análisis forenses, confirma que La Escombrera fue un sitio destinado a la desaparición forzada en Colombia", señala la JEP.La joven de 20 años salió de su casa el 30 de julio de 2002 e iba a asistir a una reunión. Esa noche paramilitares del Bloque Cacique Nutibara entraron al lugar y se la llevaron. Un día después le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse, sin embargo, no se volvió a tener información de ella."La evidencia recabada por la JEP, en el marco del trámite judicial, indica que el crimen ocurrió ocho días después de la desaparición de un reconocido líder comunal del sector. Al parecer la joven habría sido trasladada viva desde el corregimiento de San Cristóbal, donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada", agregan desde la JEP.En el caso del hombre de 28 años vivía con sus padres y generaba algunos ingresos para el hogar como vendedor, el 13 de octubre de 2002, en horas de la mañana, salió de su casa ubicada en el barrio Belencito, y desde ese día su familia no volvió a tener noticias sobre él."La víctima estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable", explican desde la JEP.
La Corte IDH determinó que hay al menos 6.000 integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos o exiliados y amenazados, entre otros delitos que se presentaron. En el mismo sentido se le ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, reconocerlos públicamente, proteger a las víctimas y sus familiares y avanzar con las indemnizaciones, entre otras medidas.Las víctimas, dos años después, consideran que la reparación aún está en deuda. Incluso hay personas que murieron durante este tiempo sin ver materializado su derecho a la reparación."Se hace necesario que después de 30 años de haber vivido el padecimiento, la desaparición, el desplazamiento, asesinato y amenazas el Estado realmente genere el espacio y que eviten la revictimización y que nos permitan gozar de esos derechos que se llaman reparación integral para las víctimas", aseguró Andrea Forero Dueñas, víctima e hija de Teófilo Forero.Las víctimas le hacen un llamado a todas las instituciones y entidades que tienen responsabilidad en la reparación de las víctimas; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que haga el seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas, también a la Unidad de Víctimas para que avance con las indemnizaciones. Es importante recordar que el acto de reconocimiento público por este caso lo iba a encabezar el presidente Gustavo Petro, pero por razones de salud no pudo asistir y aún no se ha realizado."El avance es limitado e insuficiente, es limitado porque estas medidas no se han implementado, entonces eso es como si la sentencia estuviera de alguna manera solo en un texto y no en la materialización de la vida de las víctimas. Hemos hecho unos foros en las universidades que fueron promovidos por las coordinaciones de víctimas y apoyados en términos logísticos por las universidades y en términos de organización y presupuesto por parte del Estado, y eso es muy importante, pero en el resto de medidas no hay ningún avance", agrega Luz Marina Monzón abogada y codirectora de la Corporación Reiniciar.
La JEP ordenó compulsar copias a Justicia y Paz para que investigue si el exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar, incumplió con sus compromisos frente a esta jurisdicción tras la desmovilización. La decisión se tomó después de que la JEP absolvió al defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo por el homicidio de David Núñez Cala, quien fue candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, Santander y fue asesinado el 5 de abril de 1991."‘Julián Bolívar’ habría expresado interés en que se hicieran incriminaciones contra Rabelo Crespo y, presuntamente, habría ordenado que se utilizaran unas fotos compradas a un periodista para ese efecto. Todo esto en un contexto en el que el señor Rabelo estaba haciendo activas denuncias por la relación entre personajes políticos y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Barrancabermeja", explicó la JEP.Es importante recordar que Julián Bolívar fue designado recientemente como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al igual que otros 17 exjefes paramilitares entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Hernán Giraldo."Como parte de los elementos que tuvo en cuenta la Sección para esta decisión, además de la versión Rabelo Crespo en el trámite de revisión transicional, están la toma de testimonio a 19 testigos, los cuales constituyen pruebas testimoniales; a su vez, se tuvieron en cuenta: un informe del Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP sobre el Bloque Oriental y el Frente 24 de las extintas Farc-EP, cinco informes de la Unidad de Investigación y Acusación y más de 30 pruebas documentales", agregan desde la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) renunció a la persecución penal de 16 miembros de la fuerza pública, entre activos y retirados, que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de falsos positivos que se registraron entre 2005 y 2006 en Meta y Santander."La renuncia a la persecución penal es un mecanismo que implica que no se ejerce la acción penal o no se continúa con ella en la justicia ordinaria, ni en la transicional. Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con estos graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad, al tiempo que contribuyen a la restauración del daño causado", señaló la JEP.De esta manera, se resuelve de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que aportaron verdad plena y reconocieron su responsabilidad en los hechos."La magistratura encontró que, durante el trámite judicial ante la JEP, los comparecientes reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de tres hechos en los que cinco personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron asesinadas y, en algunos casos, desaparecidas en Puerto Concordia (Meta) y Lebrija (Santander); además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los crímenes. A juicio de la magistratura, estos aportes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la justicia ordinaria" agregaron desde la JEP.Con esto se busca que se les eliminen los antecedentes penales a estos 16 comparecientes, tampoco se podrán iniciar nuevos procesos por las conductas ya resueltas.
Desde hace más de 20 años, las familias buscadoras de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín han insistido en que en la Escombrera hay estructuras óseas de personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado.La Escombrera es una montaña artificial que se fue formando con los residuos que fueron arrojados en ese lugar, pero recientemente la JEP confirmó que allí fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13.María Auxilio Arenas es integrante del colectivo Mujeres Caminando Por la Verdad y sobre el caso de su esposo aseguro: “Al que salía de la casa muchos no regresaban y eso le pasó a mi esposo, salió de la casa, bajó a la iglesia de El Salado y nunca más regresó”.La JEP explicó que la Comuna 13 fue un territorio en disputa entre grupos armados desde 2001 y hasta 2004, en ese mismo periodo se realizaron 34 operaciones militares en esa zona de Medellín.“La tierra empezó a hablar y estamos demostrando que no estábamos locas. Uno siente alegría y a la vez tristeza, la alegría de saber que estamos callando la boca a toda esta gente y al Gobierno de Álvaro Uribe que decía que allá no había nadie, incluso todavía lo sigue negando, ve los hechos y sigue negando. Uno siente mucha alegría porque así no sea el de uno, es el de cualquier madre que está buscando a su desaparecido”, agregó María Auxilio.Las familias buscadoras piden que la Escombrera sea cerrada y que se convierta en un espacio de memoria. Ellas han hecho parte activa de la intervención y van todos los días a hacer veeduría. Los primeros hallazgos en esa zona de Medellín se dieron el pasado mes de diciembre y desde entonces se han logrado remover más de 37.000 m3 de tierra y escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material.“La JEP no tiene víctimas de primera y segunda categoría, las víctimas de todos los actores del conflicto armado son igualmente importantes. Decir igualmente que la verdad va a seguir siendo desenterrada”, dijo en ese momento el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Escuche el informe completo aquí:
El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló que fuentes diplomáticas cubanas confirmaron a Blu Radio que actualmente no hay presencia de ningún cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio cubano.Esta declaración llega en medio de un contexto de tensiones y reacciones internacionales tras la reactivación de 31 órdenes de captura contra los líderes de este grupo armado ilegal en Colombia.Las fuentes diplomáticas destacaron que esta situación marca un cambio significativo desde el gobierno de Iván Duque, cuando Colombia solicitó a Estados Unidos que volviera a incluir a Cuba en la lista de países que apoyan y patrocinan organizaciones terroristas. Como respuesta a esta presión, el gobierno cubano ha decidido no permitir una presencia permanente de miembros de grupos armados ilegales colombianos en su territorio.Según explican estas fuentes, los ingresos de integrantes del ELN a Cuba han sido únicamente puntuales y temporales, siempre bajo la supervisión y autorización del gobierno colombiano, específicamente del presidente Gustavo Petro.Estos ingresos ocurren principalmente durante períodos de negociaciones de paz, las cuales, cabe mencionar, están suspendidas desde agosto del año pasado y no han tenido encuentros bilaterales en varias semanas.Una vez concluidas las gestiones negociadoras, los integrantes del ELN son instruidos a abandonar la isla de Cuba en el mismo vuelo que los llevó. Este protocolo, según las fuentes, refleja un compromiso por parte de Cuba de no albergar a miembros de organizaciones consideradas terroristas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el ELN.Este tema adquiere especial relevancia para Cuba en un momento en que, recientemente, el Gobierno saliente de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Sin embargo, pocas horas después, una de las primeras órdenes ejecutivas del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, reincorporó a Cuba en ese mismo listado, lo cual podría tener repercusiones económicas negativas para la isla.Escuche el informe completo aquí:
En medio de la emergencia en Catatumbo, algunas personas han logrado escapar a través de caravanas terrestres, motorizadas y fluviales, mientras otras permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad. Firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales, niños y niñas son especialmente propensos a secuestros o ataques, indicó la Defensoría del Pueblo.Extracciones y Rescates435 personas han sido evacuadas en vuelos humanitarios.En Tibú, 200 personas de especial protección fueron evacuadas con apoyo del Ejército Nacional.Impacto en Firmantes de PazLa violencia también afecta a quienes han apostado por la reconciliación:6 firmantes asesinados, 7 desaparecidos (2 liberados) y 102 desplazados.En Ocaña, los firmantes solicitan refugio debido a los altos riesgos que enfrentan.Homicidios y Levantamientos de CuerposEl Gobernador de Norte de Santander reporta 80 asesinatos, mientras que la Defensoría confirma al menos 60 víctimas. Medicina Legal ha identificado 41 cuerpos, de los cuales 34 han sido entregados a sus familias.Desplazamiento de la Comunidad YukpaLa situación también afecta a comunidades indígenas. En San Pablo, Tibú y Cúcuta, 631 personas Yukpa han sido desplazadas. El Resguardo Catalaura recibió varias familias, entregándoles 1.5 toneladas de alimentos, aunque las necesidades humanitarias siguen siendo urgentes.Vulnerabilidades de Mujeres y NNAEn Cúcuta se han reportado casos de trata de personas vinculados a Tibú, activándose rutas de protección para dos víctimas. La situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) también es crítica:1.500-1.800 NNA en riesgo en Cúcuta.1.000 en Ocaña.600 en Tibú.Acciones Humanitarias y NecesidadesPara mitigar la crisis, se han desplegado esfuerzos humanitarios:25 toneladas de ayuda entregadas en Ocaña.1 tonelada vía aérea enviada a Tibú.Sin embargo, persisten problemas como la falta de alimentos, insumos de higiene y colchones, así como riesgos de seguridad en los albergues.Un número indeterminado de personas ha cruzado la frontera buscando refugio en Venezuela, lo que complica aún más la crisis regional.La situación en el Catatumbo requiere una respuesta inmediata y coordinada para garantizar seguridad, caracterizar a las víctimas, mejorar las condiciones en los albergues y proteger a líderes, lideresas, alcaldes y personeros. La atención humanitaria y el compromiso con soluciones duraderas son indispensables para estabilizar a las comunidades afectadas.
El número de desplazados por la violencia guerrillera en la región colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), ascendió este martes a 32.000 tras seis días de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC.Así lo manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien dijo que 15.000 personas se vieron forzadas a buscar refugio en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 11.000 llegaron a Ocaña, segunda ciudad de ese departamento, y 5.300 a Tibú, localidad ubicada en el Catatumbo.Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.