La JEP determinó que exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) impulsaron un plan criminal de compra masiva de tierras despojadas en Urabá y el Bajo Cauca, apoyado en la violencia paramilitar y el desplazamiento.
Autoridades advierten que disidencias de las Farc estarían detrás del bloqueo en Guaviare, presionando a comunidades campesinas e indígenas para exigir el retiro de una base militar del Ejército.
La JEP calificó como genocidio el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) y señaló penalmente a cinco altos mandos del Ejército por su papel en la persecución y exterminio del movimiento político.
La JEP imputó a 34 personas —entre exintegrantes de las Farc, exmiembros del Ejército y civiles— por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Urabá, el Bajo Atrato y el Darién entre 1986 y 2002.
En medio de la grave crisis de violencia que vive el departamento, comunidades del Cauca se unirán este 7 de diciembre en un gran llamado nacional por la paz y la vida.
El exintegrante de las FARC-EP, Simón Trinidad, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz su acreditación como víctima del exterminio de la Unión Patriótica, al afirmar que fue perseguido y forzado al exilio antes de unirse a la guerrilla.
El Gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) anunciaron nuevos compromisos para avanzar en el proceso de paz, entre ellos la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
La Jurisdicción Especial para la Paz acreditó al territorio de los Montes de María como víctima en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles.
Mientras crecen las críticas a la política de Paz Total y se revelan posibles infiltraciones de grupos armados en la inteligencia militar, el Gobierno mantiene su apuesta por el diálogo. En Barbacoas (Nariño), entre el 4 y el 6 de diciembre, se desarrolla el nuevo ciclo de negociación con la disidencia de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.
Aunque el presidente Gustavo Petro asegura que los homicidios han disminuido en 2025, los datos oficiales revelan un aumento tanto en las cifras absolutas como en la tasa nacional.
El asesinato de la líder indígena Elizabeth Mojica Nieves eleva a 181 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2025, un aumento del 9,7 % frente a los 165 casos registrados al 2 de diciembre del año pasado.