Unión Europea pide a plataformas tecnológicas ser más rigurosos para evitar ventas fraudulentas

La Comisión Europea (CE) pidió hoy a las grandes compañías tecnológicas, como Amazon , Allegro, Alibaba/AliExpress, Facebok, Google o Ebay que incrementen sus esfuerzos en la segunda ola del COVID para luchar contra la venta fraudulenta de productos sanitarios, como mascarillas o gel hidroalcohólico.

"Sabemos por nuestra experiencia previa que los estafadores ven esta pandemia como una oportunidad para engañar a los consumidores europeos", dijo el comisario de justicia, Didier Reynders, y alentó a las compañías tecnologías, con las que hoy se reunió junto a las autoridades de protección al consumidor de los Estados miembros, a "unir fuerzas" para "ser más ágiles durante la segunda ola".

La reunión es la última que el Ejecutivo comunitario ha mantenido desde marzo con las oficinas nacionales de protección al consumidor y las compañías -entre las que también están CDiscount, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media7Yahoo y Wish- para pedir a estas últimas que identifiquen las prácticas ilegales de mercadotecnia de los estafadores durante la pandemia de coronavirus .

Desde entonces, según afirma la CE, estas empresas se han comprometido a retirar de sus páginas web "cientos de millones de ofertas y anuncios ilegales" de productos como mascarillas o geles hidroalcohólicos que han proliferado desde que la primera ola de la covid-19 golpeó a los países de la Unión Europea (UE).

Entre las prácticas ilegales que han detectado las autoridades nacionales están la venta de mascarillas a un precio un 600 % superior al "normal", alertas de que determinados productos sólo van a estar disponibles durante "un tiempo muy limitado", que "se venderán rápidamente" o la venta de productos que supuestamente previenen o curan el coronavirus, sin que existan evidencias científicas de ellos.

Las prácticas de mercadotecnia fraudulentas contravienen las normas comunitarias y las compañías tecnológicas están obligadas a estar en contacto con las autoridades nacionales de protección al consumidor para que les puedan alertar de nuevos fraudes y solicitarles que actúen "rápidamente" para eliminarlas de sus páginas web.