La reciente decisión de Meta de eliminar su sistema de verificación de datos a través de terceros ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la democracia y la integridad informativa. El anuncio, realizado por Mark Zuckerberg, señala que este cambio inicialmente se implementará en Estados Unidos, sustituyendo a los verificadores independientes por un sistema denominado Community Notes (“notas comunitarias”), donde los usuarios serán quienes identifiquen y contextualicen información engañosa.
¿Qué cambia con esta decisión?
El modelo anterior se basaba en asociaciones con organizaciones independientes y expertos acreditados en verificación de datos, quienes analizaban publicaciones potencialmente engañosas, desmentían información falsa y añadían contexto para garantizar que los usuarios accedieran a contenido confiable. Sin embargo, Meta ahora apuesta por un sistema que confía en los propios usuarios para realizar esta labor.
Según Zuckerberg, esta decisión responde a un “panorama político y social cambiante” y busca priorizar la libertad de expresión. No obstante, las críticas no se han hecho esperar, sobre todo porque el nuevo enfoque podría amplificar la desinformación en lugar de combatirla.
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Críticas a decisión de Meta sobre fact check
Catalina Botero Marino, abogada y exrelatora de libertad de expresión de la CIDH, expresó en Mañanas Blu 10 AM serias preocupaciones sobre esta decisión, señalando que reemplazar los sistemas de verificación profesional por mecanismos controlados por los usuarios no solo es ineficaz, sino que también representa un peligro para la democracia.
“Reemplazar el sistema de fact check por un sistema de control de usuarios es reproducir los sesgos de los usuarios y creo que pierde la democracia”, afirmó Botero Marino. Además, explicó que los fact checkers no censuran ni eliminan contenido, sino que verifican datos de interés público, añadiendo información para que las plataformas decidan qué medidas tomar. Esto es esencial para combatir la desinformación sin comprometer la libertad de expresión.
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La abogada también criticó la idea de que los usuarios puedan sustituir el trabajo de los verificadores. Argumentó que los usuarios carecen de los métodos, tiempo y recursos necesarios para analizar de manera rigurosa la información, lo que puede derivar en la amplificación de información falsa o sesgada.
Para Botero Marino, la decisión de Meta es un paso atrás en la lucha contra la desinformación y un golpe a la integridad de los procesos democráticos. En un contexto donde las redes sociales son fuentes clave de información, dejar la verificación en manos de usuarios no capacitados puede agravar la propagación de noticias falsas, teorías conspirativas y desinformación que afectan directamente a la opinión pública.
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