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Investigan a Didi, Uber y Cabify por competencia desleal: ponen en riesgo a usuarios

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, las aplicaciones tienen influencia fundamental que no se limitarían a un simple rol de intermediación para la prestación del servicio de transporte.

Plataformas Didi / Uber / Cabify / referencia
Plataformas Didi / Uber / Cabify / referencia
Foto: AFP

La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigaciones contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia para determinar si infringieron el régimen de competencia desleal al promover la prestación de servicios de transporte incumpliendo la regulación del sector bajo condiciones que generan ventajas a las plataformas.

La investigación no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, ya que promueven dicha prestación ilegal al ser una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados.

Las aplicaciones son las encargadas de determinar el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la plataforma y la determinación de los ingresos de los conductores, entre otros, por lo que allí se determinaría su influencia que no se limita a un simple rol de intermediación.

”El incumplimiento de la regulación del sector transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas. En adición, la infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicios”, indicó la SIC.

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En caso de que se compruebe la infracción por parte de las apps a la libre competencia, la SIC impondría a cada persona jurídica multas hasta de 100.000 SMLMV ($130.000 millones). Además, la entidad también podrá imponer órdenes dirigidas a que la realización de las actividades económicas de las investigadas se adecúe a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.

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