Desde el 1 de agosto entró en vigor la ley que regula la inteligencia artificial entre los países que hagan parte de la Unión Europea. Alberto Menghini, jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia, explicó en La Nube los detalles e implicaciones de la IA.
Menghini aclaró que el objetivo de esta ley no es poner una camisa de fuerza a la innovación, sino generar un marco de confianza y valores éticos que permita un mayor desarrollo de la IA. Según el funcionario, la ley no está en contra del desarrollo de aplicaciones de IA, sino que establece condiciones habilitantes para su desarrollo seguro y en beneficio del ser humano.
"Es importante aclarar que no es una ley en contra del desarrollo de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Al contrario, es crear las condiciones habilitantes para que se desarrolle de forma más más segura", dijo en La Nube.
En cuanto a las empresas líderes en el campo de la IA que decidan no unirse a esta regulación, Menghini señaló que es normal que exista tensión entre los reguladores y los actores tecnológicos, pero destacó que muchas empresas valoran el esfuerzo de establecer un marco regulador que les brinde certeza legal y regulatoria.
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En cuanto a la participación de los gobiernos en el desarrollo de sistemas de IA, Menghini dijo que la Unión Europea está apostando por la investigación y desarrollo en este campo, como es el caso de la supercomputación. Existe una clara voluntad de no depender únicamente de la industria privada y contar con sistemas propios para estar a la vanguardia de la innovación tecnológica.
La regulación de la IA busca proteger los derechos humanos y generar un desarrollo equilibrado de esta tecnología. Además, Menghini resaltó la responsabilidad que también tienen los ciudadanos en este proceso y la importancia de no delegar únicamente en los gobiernos la protección de los derechos en el ámbito de la IA.
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"No es que sea prohibido utilizar la inteligencia artificial, lo que te dicen es claramente no pongas en ninguna plataforma, digamos, pública, de acceso público o en una plataforma de una empresa privada, documentos sensibles, documentos con información que no se podría divulgar", concluyó.
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