Luego de que se diera a conocer lo que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda han nombrado como el tercer hallazgo forense esta semana en en lo que se conoce como la fosa común a cielo abierto más grande del mundo, las excavaciones continuarán este sábado en La Escombrera, si el clima así lo permite.Y es que a medida que pasan las horas siguen conociéndose la existencia de más restos óseos allí, además de prendas de vestir, lo que hace revivir las esperanza de las familias mientras que las entidades involucradas avanzan en resguardar las estructuras humanas que fueron recuperadas en la zona y que son trasladas a Medicina Legal para su plena identificación. Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, relator de las medidas cautelares allí se refirió al tema."No hay partes expuestas. En esa medida, digamos, no hay urgencia de continuar la prospección y la excavación. Continuaríamos salvo que, digamos, siga lloviendo. Y a partir del balance hacia el mediodía, veremos si se adopta un plan de urgencia para continuar. Pero, en principio, la idea sería que no. No hay riesgo de pérdida de esqueleto", destacó Salazar.Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que algunos de los restos óseos pertenecen a tres personas, entre ellos una mujer, los cuales no han podido ser identificados plenamente a pesar de las prendas de vestir y otros elementos encontrados por los forenses.Tras cerca de una década de excavaciones, este es el segundo hallazgo en una misma semana pues el pasado miércoles el equipo forense halló restos óseos y prendas de vestir pertenecientes a dos cuerpos y que están en proceso de identificación.Según detalló el magistrado Salazar, hay varios aspectos en investigación que den más indicios de los desaparecidos allí, por ejemplo, una base paramilitar en la parte alta de la comuna 13."Todo indica que hubo una base paramilitar en la parte alta de la comuna 13 durante más de un año y nadie actuó. Y que esa base paramilitar fue un lugar de tortura y desde donde se llevaba la gente para ser enterrada. Eso se planteó desde el principio. Eso está siendo objeto de instrucción", manifestó el magistrado.En la comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. Se presume que hay restos de quienes padecieron la violencia en medio de operaciones militares y acciones paramilitares entre principios de la década de los 80 y del 2.000.
A medida que pasan las horas siguen los miembros la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda y la Fiscalía hallando restos óseos en lo que se conoce como la fosa común a cielo abierto más grande del mundo.Este viernes en un nuevo barrido se encontraron otras estructuras humanas que fueron recuperadas en la zona y serán trasladas a Medicina Legal para su plena identificación. Julián Baracaldo, antropólogo de la JEP."En el área que nosotros abordamos registramos cinco hallazgos. Esos cinco hallazgos corresponden a estructuras óseas aisladas, por ejemplo el número 18 es un hueso largo de una extremidad inferior, el número 19 corresponde a estructuras óseas de manos igual que el del 20, preliminarmente en ese sentido podemos decir que hay estructuras óseas que tienen diferencias en tamaño", dijo Baracaldo.El experto explicó que los hallazgos fueron numerados del 18 al 22 y que por ejemplo el número 20 corresponde con huesos de las diferentes secciones que componen una mano; el número 21 es un brazo del lado izquierdo y el 22 solo a una estructura ósea que también es de una mano, exactamente es un guito metacartiano. "Queremos resaltar que el número de los hallazgos no se corresponde con el número de personas que posiblemente pueden estar ahí. Estos son los números con los cuales se serian unos inventarios óseos y quienes concilian la información para establecer el número de personas aquí recuperadas es el Instituto Nacional de Medicina Legal en los laboratorios con toda la infraestructura que se requiere para hacer esa labor", explicó el antropólogo.Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que algunos de los restos óseos pertenecen a tres personas, entre ellos una mujer, los cuales no han podido ser identificados plenamente a pesar de las prendas de vestir y otros elementos encontrados por los forenses.Tras cerca de una década de excavaciones, este es el segundo hallazgo en una misma semana pues el pasado miércoles el equipo forense halló restos óseos y prendas de vestir pertenecientes a dos cuerpos y que están en proceso de identificación.Desde el año 2015 de manera suspendida se han hecho cinco excavaciones en la zona y en la reciente, que comenzó en julio, ya se han removido 36.450 metros cúbicos de tierra, tras escuchar precisamente las solicitudes que colectivos de víctimas venían haciendo a la administración de Medellín y entidades del sistema de justicia transicional.En la Comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. Solo en esta ciudad, el número asciende a 5.912 personas desaparecidas. Se presume que hay restos de quienes padecieron la violencia en medio de operaciones militares y acciones paramilitares entre principios de la década de los 80 y del 2.000.
Tras el hallazgo de estructuras óseas humanas y prendas de vestir en La Escombrera en Medellín, continúa un arduo trabajo de identificación y cotejo con la base de datos de personas desaparecidas en la comuna 13 que, según la Unidad de Búsqueda, son por lo menos 502.Luego del anuncio, magistrados de la JEP, la Unidad de Búsqueda y la Fiscalía hicieron presencia en este sitio, considerado una fosa común a cielo abierto para adelantar las diligencias. Por ahora, y con un estimado de más de seis meses para identificar los cuerpos hallados, pidieron a los familiares con personas desaparecidas que se tomen muestras de sangre, si no lo han hecho, que permitan hallar con mayor rapidez sus identidades. "Para poder identificar, necesitamos distintas líneas de evidencia, pero en particular en este estado en que encontramos estos cuerpos, la muestra también es muy importante para poder hacer los perfiles genéticos y contrastarlos con muestras biológicas también procedentes de familias buscadoras", manifestó Luz Forero, directora de la Unidad de Búsqueda.Víctimas tienen esperanzaLo sucedido aumenta la esperanza para las víctimas que aún esperan encontrar a sus seres queridos, sobre todo quienes cuentan con un indicio certero de que el cuerpo se halla en La Escombrera. Este es el caso de Luz Enith Franco, a quien dos paramilitares se le llevaron a su esposo Arles Edison Guzmán el 30 de noviembre de 2002 cuando llegaron al restaurante “Asados el 20” en el barrio 20 de julio, mientras trabajaban, a escasos metros de un puesto de control del Ejército y la Policía.María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y quien representa a la familia de Arles Edison en un caso que llegó a la CIDH y tuvo sentencia contra el Estado colombiano, explicó que un paramilitar entregó a la Fiscalía un croquis de donde estaba el cuerpo, en uno de los polígonos priorizados en La Escombrera."El polígono incluye el posible lugar en el que señala el croquis está Arles Edison. Entonces, pues de los ciento desaparecidos que hay en La Escombrera, el único desaparecido sobre el cual se tiene algún indicio cierto de que es probable que esté en ese sitio es Arles Edison Guzmán", detalló.Piden ser escuchadasEl mayor lamento de las víctimas es que las autoridades no tomaran acciones desde el año 2001, cuando tras la dura época de violencia en la Comuna 13, se hablaba de decenas de cuerpos que eran abandonados en este sitio de explotación de la empresa El Cóndor. Así lo dijo Margarita Restrepo, otra de las buscadoras que exigen el derecho a saber qué pasó con sus hijos y seres queridos."Donde esto nos hubieran escuchado desde el 2000 o el 2001 y nos hubieran creído. Yo creo que esta es una puerta para encontrar más cuerpos. Nosotras no somos mentirosas, pero donde las administraciones pasadas nos hubieran creído, no nos hubieran dicho que éramos locas y que eso era mentira, yo creo que hubiéramos logrado muchas cosas más", expuso Restrepo.Para Luz Elena Galeano, víctima por la desaparición de su esposo e integrante de Mujeres Caminando por la verdad, los obstáculos no solo se vieron en esa época sino por ejemplo en el 2016, cuando el actual alcalde Federico Gutiérrez cursaba su primer periodo y no continuó con las labores en la zona, tras una búsqueda infructuosa por parte de la Fiscalía."En el año 2016, después de la búsqueda que hizo la fiscalía en el 2015, nos negó la búsqueda en ese polígono porque él llevó a unos españoles y lo que dijeron era que ahí no iban a encontrar nada. Hoy se le demuestra al señor Federico Gutiérrez que estamos diciendo la verdad, que la voz de las víctimas debe ser escuchada", subrayó la lideresa.El polígono protegido con medidas cautelares tiene un área de 6.912 metros cuadrados. Dentro de esta zona, hay un área de 2.417 metros que fue priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas en la fase 5, que tras 146 días de estar en marcha, se han removido 36.450 metros cúbicos de tierra.Según los registros de la Unidad de Búsqueda, solo en Medellín hay un universo de 5.912 personas desaparecidas. De ellos, se presume que en La Escombrera hay restos de cerca de 140 personas desaparecidas en medio de operaciones militares y acciones paramilitares entre principios de la década de los 80 y del 2.000.
La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una acusación formal contra el coronel retirado David Herley Guzmán Ramírez por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de 18 personas. Los hechos ocurrieron entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, mientras Guzmán comandaba el Batallón Contraguerilla 79, en los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango.Según el escrito de acusación, Guzmán Ramírez, en asociación con otros militares y grupos paramilitares del norte de Antioquia, habría ejecutado homicidios de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las víctimas, presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, fueron objeto de tratos crueles y degradantes para obtener incentivos internos del Ejército Nacional.La mayoría de los cuerpos fueron exhumados de cementerios en Ituango y Dabeiba, con un 90% de las víctimas identificadas preliminarmente por expertos forenses. Estos hallazgos sustentan la reconstrucción de los hechos, que incluyó pruebas documentales y testimoniales, pese a que parte de los registros originales se perdieron en un incendio.La investigación, que suma 25.000 folios de documentos analizados, incluyó el testimonio de 130 testigos y el análisis de 643 evidencias testimoniales y 170 informes periciales. Durante el proceso, la Fiscalía de la JEP también descubrió dos nuevos casos que no habían sido reportados previamente.Esta acusación, la quinta presentada por la Unidad de Investigación y Acusación en casos de ejecuciones extrajudiciales, refuerza los avances en el esclarecimiento de crímenes ocurridos durante el conflicto armado. Cabe recordar que recientemente también se formuló una acusación contra Justo Pastor Ruiz Mahecha, vinculado al Batallón La Popa de Valledupar.Ahora, el coronel retirado enfrentará un juicio que podría determinar su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el expediente del general retirado Mario Montoya Uribe. Este movimiento se da ante la negativa del excomandante del Ejército de reconocer su responsabilidad en más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003.Según la magistrada Catalina Díaz, las pruebas contra Montoya son contundentes y evidencian su contribución dolosa al patrón macrocriminal que resultó en la muerte y desaparición de al menos 118 personas, presentadas como bajas en combate mientras el militar lideraba la IV Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, el silencio del general retirado ha obligado a la JEP a trasladar el caso a la UIA, que ahora debe decidir si lo acusa formalmente o solicita la preclusión del proceso.Giovanni Álvarez, director de la UIA, explicó las diferencias entre el estándar probatorio que exige la JEP y el requerido por la fiscalía de esta unidad. “Aquí el fiscal no solo tiene que probar la ocurrencia de los hechos y la presencia del implicado, sino también demostrar su grado de participación y responsabilidad”, indicó. Aunque el término máximo para investigar es de dos años y medio, Álvarez destacó la necesidad de actuar con agilidad para optimizar las pruebas ya recopiladas.En este caso, la UIA prevé practicar nuevas pruebas para fortalecer el expediente, especialmente en un escenario adversarial, dado que Montoya no acepta los cargos. “Siempre es necesario practicar nuevas pruebas por el estándar probatorio que tenemos que cumplir”, afirmó Álvarez, resaltando que las investigaciones serán exhaustivas y buscarán llenar cualquier vacío probatorio.La posibilidad de involucrar a expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos también está sobre la mesa si los fiscales consideran sus testimonios esenciales. Según Álvarez, esto podría realizarse mediante comparecencias presenciales o certificaciones juradas, debido a su calidad de exmandatarios.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 36 integrantes del ejército que no fueron seleccionados como responsables de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Norte de Santander, lo que ha dicho el presidente de la JEP Alejandro Ramelli es que esta decisión se da porque ellos hicieron aportes significativos a la verdad.Además, Ramelli explicó que se trata de 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo Segundo y un subteniente, quienes aportaron verdad suficiente para acceder a beneficios que comprenden eliminación de antecedentes penales.“Al concederles la renuncia a la persecución penal, se procede con la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales conforme las normas vigentes de la Constitución y los estipulados en el acuerdo de paz de 2016”, afirmó el Ramelli.El magistrado resaltó que este beneficio permite que los comparecientes retomen su vida, además que destacó que es una decisión complementaria a una resolución previa en la que se imputó a los máximos responsables de 120 homicidios de los falsos positivos.“Aplicar este beneficio a quienes no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad. Esta decisión complementa el trabajo de la Sala de Reconocimiento, que previamente imputó a 11 máximos responsables por el asesinato de 120 personas en estado de defensión”, añadió el presidente de la JEP.Sin embargo, este tribunal de justicia transicional advirtió a los comparecientes que el beneficio de la renuncia a la persecución penal está condicionado al cumplimiento continuo del régimen de condicionalidad estricto.“En caso de que alguno de los comparecientes incumpla este régimen el beneficio podrá ser revocado y su caso será remitido a la jurisdicción ordinaria”, mencionaron los magistrados.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de cinco días hábiles al general (r) Mauricio Santoyo Velasco para que entregue un aporte detallado sobre la relación y apoyo entre agentes del Estado, como fuerza pública, y grupos paramilitares, que terminó en la violación de derechos humanos en Medellín, Antioquia, durante 2001.Esto se da en el marco de la investigación de los crímenes de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, asesinados el 6 de octubre de 2000 en la ciudad.>> Lea también: Procuraduría a JEP en caso Almario: "Existe una vulneración al principio de legalidad"La directriz dada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que a su vez responde a una orden de la Sección de Apelación de la JEP, busca determinar si los hechos en los que está involucrado el general serán priorizados en algunos de los macrocasos como el 08 y su subcaso Antioquia, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.El pasado 10 de diciembre dicha Sección de Apelación había dejado en firme la decisión que le niega la libertad condicional a quien también fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.La decisión se toma ya que los magistrados consideran que Santoyo no ha aportado verdad ni ha reconocido responsabilidad alguna ante la JEP sobre sus alianzas con el paramilitarismo pese a ya tiene una condena en su contra proferida en Estados Unidos.
El exrepresentante a la Cámara por Caquetá Luis Fernando Almario, ha dicho ante la JEP que no se ha probado su responsabilidad en el homicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboni y Rafael Ocasiones Llanos. Este hecho se registró en una carretera en el Caquetá en el año 2000.Cote ha sido acusado por sus vínculos con la extinta guerrilla de las Farc, especialmente con el Bloque Sur, y por eso podría enfrentar un juicio en la JEP.Almario pidió la nulidad del escrito de acusación en su contra por violación al debido proceso y a los derechos fundamentales. Agrega que ningún miembro de las Farc ha sido condenado, en el caso investigado, por persecución, pero insiste en que ya ha dicho que no acepta responsabilidad en los hechos mencionados.“En esta investigación me han señalado, sin elementos probatorios válidos, de estar vinculado con las Farc-EP, de haberme “unido” con ellos para ejecutar los hechos delictivos que culminaron con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay, así como el homicidio de Diego Turbay y su comitiva, hechos delictivos por los cuales las Farc-EP ya fueron condenados, ya existen sendas sentencias condenatorias contra la cúpula de esa organización subversiva y varios de sus integrantes por conductas tipificadas en el Código Penal Colombiano; ha sido de público conocimiento la aceptación de estos en la ejecución de estos sucesos, han aceptado su responsabilidad, al punto que hicieron una petición pública de perdón por el “error” en que incurrieron”, señala Almario.La Procuraduría en las últimas horas se pronunció al respecto, en un documento enviado a la JEP. Para el Ministerio Público, las investigaciones de la Unidad de Investigación y Acusación, es decir, la Fiscalía de la JEP, le permitieron al fiscal llegar a una nueva calificación jurídica de los hechos por los que Almario ha sido procesado. La Procuraduría asegura que se probó que hubo acciones repetidas en el tiempo contra diferentes personas y en diferentes lugares.“Como lo consideró el fiscal, la fuerza política de Almario Rojas, afín a las Farc-EP se constituyó como la primera fuerza electoral del Caquetá para las elecciones del 2007, cuando ya no existía el movimiento turbayista.Es decir, los hechos por los cuales se sometió Almario Rojas a la JEP se constituyeron como el punto partida para que la Unidad de Investigación y Acusación develara la existencia de patrones de macrocriminalidad denominados en el escrito de acusación consolidado como patrón de violencia contra líderes políticos, simpatizantes y personal de seguridad que perteneció al turbayismo en Caquetá y patrón de captura del Estado para el ejercicio ilegítimo del poder político en Caquetá 1994-2007", señala la Procuraduría.A pesar de este argumento, el Ministerio Público sí considera que puede haber vulneraciones al principio de legalidad en el caso de Almario.Esta delegada estima que existe una vulneración al principio de legalidad con la calificación del delito de persecución. Pero, además, también se transgrede el principio de favorabilidad, establecido en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que señala que su aplicación es obligatoria en las decisiones de la JEP. Al respecto, la jurisdicción ha sostenido que el principio de favorabilidad será́ aplicable en el caso de supuestos de hecho que sean similares, pero regulados de forma distinta por normas que son aplicables en el mismo periodo.Sin embargo, la acusación no resuelve la razón por la cual se acude al marco jurídico del Derecho Penal Internacional, aun cuando las normas internas contemplan parte de las situaciones de hecho estudiadas en el caso en los tiempos señalados. Esto podría impactar el alcance del principio de favorabilidad, pues las consecuencias jurídicas son distintas frente a la elección de un marco jurídico”, señala la Procuraduría.Ante esta situación el Ministerio Público considera que la Sección de Apelación de la JEP le debe ordenar a la Unidad de Investigación y Acusación calificar jurídicamente de conformidad con el derecho interno, con el fin de respetar los derechos de Almario y de esta manera adelantar un juicio con garantías al debido proceso y el derecho a la defensa.“Que se revoque el auto AI-075 de 2024 de la SAR, de conformidad al recurso de apelación del FAT 1 de la UIA. Que se ordene a la UIA calificar jurídicamente los hechos de conformidad con el derecho interno (Ley 599 de 2000), en respeto irrestricto de los derechos y garantías fundamentales del compareciente, de acuerdo con el recurso de apelación del compareciente y su defensa”, dice a la JEP la Procuraduría.
Durante 3 días se realizó una audiencia en la que 25 militares que hicieron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur), de Medellín, reconocieron su responsabilidad en casos de falsos positivos.Esta diligencia hace parte de la ruta no sancionatoria de la JEP por medio de la cual al menos 6.000 comparecientes de la fuerza pública buscan resolver su situación jurídica.Durante la diligencia el soldado profesional en retiro Fabio León Torres reconoció que ante la justicia ordinaria algunos militares entregaron versiones falsas sobre las ejecuciones extrajudiciales.“Lo que se habló en la penal militar y lo que se habló en la Fiscalía todo fue mentira, es que engañamos a la justicia. Hoy no podemos engañar a las víctimas ni a la JEP porque estamos esclareciendo la verdad”, aseguró el soldado que hizo parte de las Afeur.El compareciente también se refirió a algunos militares que aún no reconocen su responsabilidad en estos casos.“Hay militares que no quieren asumir responsabilidad y señalan a otras personas, pues algún día tendrán que venir acá y si no lo aceptan, ya ellos verán. Por eso creamos todos estos falsos positivos porque todo esto lo creamos todos nosotros los militares, nos dejamos creer de una política de Estado en ese entonces y cometimos todos esos hechos”, agregó el soldado.Los militares también le pidieron perdón a algunos de los familiares de las víctimas que estaban presentes en la diligencia."Fui quien le disparó con mi arma de dotación. Mis compañeros dispararon en otras direcciones y simularon un combate para decir que un grupo ilegal nos había atacado”, señaló sobre uno de los casos el compareciente Fredy Alberto Zapata.La diligencia fue presidida por el magistrado Pedro Elías Díaz de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, quien aseguró que “esto no solamente debe servir a los comparecientes para que dimensionen el daño causado a unas familias y personas, también para que la sociedad y la institucionalidad observen hasta dónde llegaron estos hechos”.
El representante a la cámara Miguel Polo Polo fue denunciado por el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y por las víctimas de los falsos positivos. Lo anterior después de que se conociera un vídeo en el que Polo Polo mete unas botas de caucho a una bolsa de basura. Dichas botas habían sido parte de un acto de memoria de las madres de los falsos positivos.Tras la denuncia contra el congresista, la Corte Suprema de Justicia le pidió a la JEP enviar información sobre las 6.402 víctimas de falsos positivos.“Envíe copia magnética de las decisiones judiciales publicadas por dicha corporación que contengan listados de victimas que hicieran parte del universo provisional de hechos cuantificado con cifra de 6.402 mediante auto n.° 033 de 12 de febrero de 2021 de la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y las conductas”, se lee en un oficio enviado a la jurisdicción desde el despacho del magistrado de la Corte Misael Fernando Rodríguez.Es importante recordar que tras conocerse la polémica de Polo Polo, la JEP realizó un acto de memoria y reconocimiento a las víctimas de los falsos positivos.Ese evento se realizó en la sede de la jurisdicción en Bogotá y allí los magistrados leyeron los nombres de casi 2.000 víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales.
