La audiencia de acusación contra Andrés Torres, Camilo Mendoza y Jaime López, exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) vinculados a irregularidades en la licitación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, volvió a aplazarse. La juez 62 penal del circuito de Bogotá criticó duramente las constantes dilaciones por parte de la defensa, señalando que estas han impedido avanzar en el proceso durante más de seis meses.“Llevamos seis meses tratando de hacer la audiencia de acusación”, afirmó la jueza, quien además hizo un llamado a los abogados para que cesen las excusas. Durante la diligencia, convocada para que la Fiscalía presentara el escrito de acusación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la defensa de los imputados solicitó un nuevo aplazamiento, argumentando conflictos de agenda.Uno de los abogados justificó su solicitud diciendo: “Mi cliente me ha contratado a mí, y no considero adecuado obligarlo a cambiar de abogado por cumplir una fecha específica”. Sin embargo, la jueza respondió tajantemente: “No quiero escuchar más excusas (…) no quiero escuchar que ninguno viene preparado”.Este nuevo aplazamiento posterga la audiencia para el próximo 27 de enero luego de que no se lograra concertar una nueva diligencia antes del cierre de este año.Cabe mencionar que ante la serie de retrasos de la investigación, la Fiscalía reestructuró el equipo a cargo de la corrupción ligada a la multinacional brasileña Odebrecht este año.
El expresidente Juan Manuel Santos había señalado que la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila se había dejado invadir por el "virus del odio", una expresión que Álvaro Uribe no dudó en aprovechar para arremeter contra su antiguo aliado político.A través de su cuenta en X, Uribe calificó a Santos de "solapado" y lo comparó con el actual presidente Gustavo Petro, quien, según el exmandatario, tiene una postura más clara en cuanto a su ideología socialista. "Santos es solapado, Petro frentero; Santos es socialista o defensor de la empresa privada a su conveniencia. El presidente Petro siempre ha sido socialista", escribió Uribe.La crítica de Uribe no se limitó solo a la ideología política. El expresidente recordó las tensas relaciones de Santos con los Gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro. Según Uribe, Santos fingió ser un enemigo de ambos durante su campaña presidencial, pero en realidad tuvo intentos de acercamiento con ellos después. "Utilizó a Chávez para firmar con las Farc. Fue a su sepelio con 'lágrimas de cocodrilo' y después los traicionó", afirmó Uribe.Además, el exmandatario aprovechó la oportunidad para revivir el escándalo de Odebrecht, al recordar que Santos aún no ha aclarado el origen de los fondos para su campaña presidencial de 2014. "Tampoco alcanzará a mostrar las cuentas de la campaña porque todavía debe las de Odebrecht", agregó, refiriéndose a las investigaciones sobre el presunto financiamiento ilegal de su campaña con dineros provenientes de la constructora brasileña.Estas declaraciones marcan otro capítulo en la guerra de palabras entre Uribe y Santos, dos figuras que, aunque compartieron un tiempo en el poder, mantienen una relación marcada por las diferencias políticas y personales. Mientras Santos sigue defendiendo su legado en la firma de los acuerdos de paz con las Farc y su postura moderada, Uribe continúa su crítica frontal al Gobierno de su sucesor y al actual presidente Petro, a quien acusa de ser un fiel seguidor de la ideología socialista.
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado este lunes a 20 años y seis meses de prisión por la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por Zaida Pérez, emitió la sentencia en la que se considera que el exgobernante favoreció a la constructora brasileña en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une a Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.Así, la Justicia peruana aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y once años y seis meses por lavado de activos."En el delito de colusión, tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de la referida obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique", indicó el Poder Judical en la red social X.
La reciente decisión de la Fiscalía de reestructurar el equipo de tareas especiales del caso Odebrecht, debido a bajos resultados según la actual administración a cargo de Luz Adriana Camargo, ha despertado inquietudes sobre las actuaciones del ente acusador y de los fiscales de ese equipo en los últimos tres años y medio.El pasado 10 de julio de 2024 se emitió una nueva resolución para definir nuevos equipos de trabajo. Entre las novedades, se destaca que 12 fiscales de un equipo de 17 fueron removidos de la unidad que, en un principio, estuvo liderada por el fiscal Gabriel Jaimes. Los nuevos equipos estarán conformados por cinco fiscales, cinco asistentes, cinco miembros de la policía judicial y siete analistas de élite.Datos recientes que entregó la Fiscalía a Blu Radio demuestran que, de los 144 expedientes activos, 55 han presentado problemas debido a errores en los procesos de imputación y acusación. Incluso, el ente acusador señaló que, de esos 144 expedientes, solo 30 tienen posibilidades de éxito para la Fiscalía en juicio.Precisamente, este jueves 26 de septiembre, la Fiscalía retiró siete acusaciones contra personas vinculadas a Odebrecht, al considerar que no existen pruebas sólidas para llevarlas a juicio. Sin embargo, el ente investigador corrigió cuatro escritos de acusación, en los que sí ha encontrado argumentos suficientes contra asesores y funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura en los proyectos manchados por la corrupción.Tras las recientes informaciones, el exfiscal Francisco Barbosa se mostró crítico frente a los cuestionamientos de que su administración no avanzó en el caso Odebrecht y recalcó que se hicieron 106 imputaciones. “No me vengan a decir que no les funciona el modelo de Odebrecht, que sí funcionó. Otra cosa es que quieran modificar el modelo para retirar imputaciones”, dijo, y enfatizó en que, ahí sí, “que le expliquen eso al país”.Blu Radio consultó el informe de rendición de cuentas de marzo de este año, presentado pocos días antes de que terminara su periodo. Según el informe, el grupo de tareas especiales de Odebrecht, entre 2020 y 2023, hizo 104 solicitudes de imputación, de las cuales se concretaron 73 imputaciones.¿Qué pasó con las imputaciones a 12 exdirectivos brasileños de Odebrecht?Dentro de esas 104 solicitudes estaban los nombres de los exdirectivos brasileños de la multinacional Odebrecht que la Fiscalía anunció en agosto de 2023, donde se destacan nombres como el presidente de la multinacional entre 2008 y 2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martonelli, Luiz Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia), entre otros. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna de esas acusaciones. Asimismo, el informe señala que se presentaron 21 escritos de acusación, cuatro principios de oportunidad y 11 sentencias condenatorias. Otro de los hallazgos de este documento es que las cuantías que la multinacional Odebrecht aún no ha regresado al Estado son significativas. “Igualmente, logramos establecer que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de 514 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado más de 19 mil millones de pesos, lo que concluye que Odebrecht le debe al Estado más de 494 mil millones de pesos producto de actividades ilegales”, dice el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía de Francisco Barbosa.Actualmente, los juicios que están a punto de iniciar o ya están en proceso son contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, y el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade.La Fiscalía seguirá retirando imputaciones y acusaciones del caso OdebrechtCabe mencionar que el nuevo equipo del grupo de tareas especiales no descarta seguir retirando imputaciones y acusaciones en medio del análisis detallado que permita definir si hay argumentos para acudir a los estrados judiciales con personas que han sido vinculadas al entramado criminal de Odebrecht.
La Fiscalía reestructuró el grupo de tareas especiales encargado del caso Odebrecht, reduciendo su equipo de 17 a 5 fiscales. La decisión se tomó luego de que se evidenciaran resultados insuficientes en el avance de los juicios contra los implicados en la corrupción de la multinacional brasileña.Según el ente acusador, de los 144 expedientes activos, 55 han presentado problemas debido a errores en los procesos de imputación y acusación.Los nuevos equipos estarán conformados por 5 fiscales, 5 asistentes, 5 miembros de la policía judicial y 7 analistas de élite.Este jueves, la Fiscalía retirará 7 acusaciones contra personas vinculadas a Odebrecht, al considerar que no existen pruebas sólidas para llevarlas a juicio. Sin embargo, también se radicarán dos nuevos escritos de acusación, en los que la entidad sí ha encontrado argumentos suficientes.Por otro lado, se conoció que Gabriel Dumar, uno de los protagonistas y ventiladores del caso Odebrecht, está negociando un principio de oportunidad.La nueva directriz de la Fiscalía indica que, de los 144 expedientes, 30 tienen posibilidades de éxito. Con este objetivo, se busca que el fiscal que realiza la imputación y la acusación también sea el encargado de llevar el caso a juicio.
El 26 de agosto de 2024, el juez 50 Penal del Circuito de Bogotá, con función de Segunda Instancia de Control de Garantías, confirmó la decisión del juez 39 Penal Municipal de negar la solicitud de la Fiscalía para declarar en contumacia al empresario brasileño Amilton Hideaki, directivo de Odebrecht. Este fallo supone un revés para la Fiscalía, que desde abril de 2024 ha intentado avanzar en el proceso penal contra Hideaki en ausencia del empresario que está en Brasil colaborando con la justicia de su país.El juez 39 Penal Municipal de Bogotá, el 26 de abril de 2024, rechazó la solicitud de la Fiscalía de proceder en contumacia debido a repetidos problemas técnicos que impidieron la realización de las audiencias de imputación desde Brasil, donde reside el empresario. La Fiscalía argumentó que el caso corría el riesgo de prescribir si no se tomaban medidas, insistiendo en que "no se puede seguir esperando de manera indefinida". No obstante, el juez consideró que Hideaki había demostrado disposición para cumplir con las citaciones, y que los inconvenientes técnicos no eran motivo suficiente para proceder sin la presencia del señalado.El abogado defensor de Hideaki, Jaime Granados, sostuvo que la Fiscalía debía respetar los acuerdos de cooperación internacional vigentes entre Colombia y Brasil, subrayando que el traslado de las diligencias a Brasil, conforme al convenio de Cartagena, era la vía adecuada para continuar con el proceso.Este caso está relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht, uno de los más grandes de América Latina. La Fiscalía ha intentado imputar a Hideaki por delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, considerándolo una figura clave en la red de sobornos que Odebrecht utilizó para asegurar contratos en Colombia. La primera solicitud de imputación contra Hideaki fue presentada en 2019 por el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, quien criticó la falta de acciones enérgicas contra los ejecutivos de la multinacional.
En una audiencia realizada este jueves, 22 de agosto, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del segundo proceso penal en curso contra Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el marco del escándalo de corrupción de Odebrecht. La solicitud se fundamenta en el principio jurídico que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.La delegada de la Fiscalía expuso que Andrade fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, específicamente por las presuntas irregularidades en los otrosíes 3 y 6 del contrato de concesión 01 de 2010, correspondiente a la Ruta del Sol II. Sin embargo, la funcionaria señaló que ya existía un proceso penal en curso por los mismos hechos en el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, donde Andrade enfrenta un juicio por este y otros delitos relacionados con el caso Odebrecht.Durante la audiencia, la fiscal explicó que la imputación en el segundo proceso se hizo sin considerar la existencia del juicio previo, lo que podría generar una nulidad. Resaltó la necesidad de evitar un problema jurídico y el desgaste innecesario de la administración de justicia. Por ello, se solicitó la preclusión del caso, argumentando que la justicia ya está actuando en otro juzgado sobre los mismos hechos.La audiencia continuará el próximo 12 de septiembre, cuando la jueza 62 Penal del Circuito escuchará a la defensa de Andrade, a la abogada de la ANI y a la Procuraduría antes de tomar una decisión definitiva sobre la solicitud de preclusión. Este desenlace es crucial, ya que determinará si el segundo proceso contra Andrade se cierra o si la justicia continúa su curso en paralelo al juicio ya en marcha.La defensa de Andrade ha sostenido que la duplicidad de los procesos podría constituir una vulneración de sus derechos, argumento que será clave en la próxima fase del caso.En el proceso en curso, que está en etapa de juicio, la Fiscalía encontró que la firma de los otrosíes habría permitido comprometer recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Además, se habría desafectado un tramo por un valor cercano a los $20.000 millones, cuando debía hacerse por una suma superior a los $65.000 millones.Esta parte de la ruta que conecta el centro del país con la costa Caribe fue adjudicada a favor de Consol, de la cual hacía parte la multinacional corrupta Odebrecht.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Óscar Iván Zuluaga Escobar, excandidato presidencial de Centro Democrático, y a su hijo David Zuluaga Martínez, por presuntamente ocultar aportes de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de 2014.Se les acusa de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. La investigación sugiere que Zuluaga Escobar y su hijo tenían conocimiento de la financiación ilegal y no presentaron los reportes correspondientes ante las autoridades electorales.>>> Lea también: Fiscalía “hunde el acelerador” y revive investigaciones por Odebrecht y Centros PobladosLa Fiscalía cuenta con material probatorio que demuestra reuniones entre el entonces candidato y delegados de Odebrecht. Según la investigación, Zuluaga y algunos asesores de su campaña se habrían reunido en Brasil y Bogotá con integrantes de la multinacional para acordar el pago de 1.610.740 dólares por honorarios que debían ser reconocidos a un reconocido publicista.“Los acusados presuntamente tenían conocimiento de que la financiación recibida era ilegal y, a pesar de ello, no habrían presentado ante las autoridades electorales correspondientes los reportes que relacionan dichos ingresos. Esto, se considera, habría hecho incurrir en error a funcionarios públicos que autorizaron la reposición de votos por 25.291 millones de pesos”, señaló la Fiscalía en un comunicado.David Zuluaga Martínez, como gerente de la campaña, es acusado de presentar informes de ingresos y egresos sin incluir el aporte de Odebrecht para gastos de publicidad."A Zuluaga Martínez, como gerente de la campaña, se le reprocha su aparente responsabilidad en la presentación de informes de ingresos y egresos al CNE, sin incluir el aporte que se atribuye a la constructora brasileña para gastos de publicidad", añade el comunicado.
Mediante las resoluciones 037 y 0328 del 2024, la Fiscalía revivió las investigaciones en los casos de corrupción de Centro Poblados y Odebrecht. Para el caso específico de Carlos Ángel Cáceres Bayona, deberá comparecer como testigo en la investigación que avanza como presunto vinculado al caso de corrupción por Centros Poblados. Según la Fiscalía, el implicado llegó a un acuerdo en el que deberá restituir 9.062 millones de pesos, dinero del que se apropió por el anticipo del contrato 1043 de 2020, cuyo objetivo era la dotación tecnológica en varios colegios del país. Sin embargo, Cáceres Bayona realizó un primer desembolso de 3.302 millones de pesos.Para el caso de corrupción de Odebrecht, Gabriel Alejando Dumar Lora, condenado a 54 meses de prisión, la Fiscalía determinó que el principio de oportunidad se le aplica la renuncia de la acción penal bajo inmunidad parcial, ya que el señalado contribuyó al cumplir y declarar de manera voluntaria aportando pruebas como la participación de los excongresistas Antonio del Cristo Guerra de la Espriella y Bernardo Miguel Elías Vidal.Dumar Lora, figuró como representante legal del consorcio que suscribió dos contratos con el Concesionario Ruta del Sol II para la ejecución de obras, pero se realizó bajo la vinculación de una empresa ficticia que recibió $6.558.122.125, dinero del que se apropió y fue declarado como legal. Sin embargo, para el caso de corrupción, esta suma fue repartida como coimas a varios funcionarios públicos y particulares.Las dos figuras jurídicas serán presentadas ante jueces de control de garantías para su respectivo aval judicial.
El próximo 30 de julio, la Fiscalía acusará formalmente a 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por irregularidades en la licitación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, vinculadas al escándalo de corrupción de Odebrecht. Estos exfuncionarios, quienes ocupaban roles clave en la ANI durante el proceso, enfrentan acusaciones específicas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Según la investigación liderada por el fiscal Gabriel Jaimes, coordinador del grupo de tareas especiales para el caso Odebrecht, los exfuncionarios habrían facilitado a la concesionaria Ruta del Sol, controlada por Odebrecht, la ejecución de diseños y obras adicionales mediante varios otrosíes al contrato original. Estas modificaciones, que fueron aprobadas unilateralmente, presuntamente carecían de los estudios previos requeridos y no contaban con la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), lo cual constituye una violación flagrante de los procedimientos legales.Entre los exfuncionarios implicados se encuentran Andrés Figueredo Serpa, quien ocupó el cargo de vicepresidente de gestión contractual; Camilo Mendoza Rozo, quien fue vicepresidente de gestión contractual y luego vicepresidente de planeación de riesgos y entorno; María Clara Garrido, exvicepresidente administrativa y financiera; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de estructuración; Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico; y Yasmina del Carmen Corrales, quien supervisó el contrato de concesión.Además, están implicados José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de proyectos carreteros; Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de proyectos carreteros; David Leonardo Montaño García, experto en GGC2; Alexandra Lozano Vergara, exgerente de gestión contractual; Harbey José Carrascal, exasesor; Francisco Javier Forero, exasesor financiero; Emerson Durán Varas, exgerente financiero VGC; Cesar Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos; Édgar Chacón Hartman, exgerente Predial VPR; y Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.La Fiscalía sostiene que estas adiciones irregulares al contrato aumentaron el valor total de la Ruta del Sol II en un 32 % y prolongaron su plazo de ejecución de 20 a 25 años. Además, la ANI habría pagado a la concesionaria más de 7.804 millones de pesos colombianos por estudios y construcción, cifra que incluye 3.177 millones por estudios y 4.630 millones por la construcción del tramo mencionado.
