Desde el Comité Político del Pacto Histórico, respaldaron la propuesta del presidente Gustavo Petro de conformar un equipo jurídico que permita denunciar ante las cortes internacionales la violación de derechos políticos en Colombia. Este llamado, según ellos, tiene como propósito fundamental proteger los valores democráticos y los derechos fundamentales que deben prevalecer en nuestro país.“Como Pacto Histórico, nos comprometemos a trabajar activamente en la creación y fortalecimiento de este equipo jurídico, asegurando que las denuncias ante las diferentes instancias internacionales se presenten con solidez, rigor y sustento, frente a los intentos de socavar los avances democráticos logrados por el pueblo colombiano”.A través de un comunicado también aseguraron que “la defensa de los derechos políticos de quienes han sido elegidos por mandato ciudadano es esencial para garantizar que los principios de independencia de poderes y transparencia no sean vulnerados por intereses particulares. Defender los derechos políticos de los ciudadanos y de quienes han sido elegidos por mandato popular es un pilar fundamental para la estabilidad y el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin el pleno ejercicio de estos derechos, no solo se pone en riesgo la representación política, sino que se debilita la posibilidad de construir una sociedad justa, equitativa y participativa”.Dicho anuncio surge luego de que la Corte IDH asegurara que el CNE sí tiene la facultad para investigar la campaña del presidente. Es por eso que afirmaron que seguirán al lado del presidente Gustavo Petro, defendiendo la democracia, los derechos humanos y la independencia de poderes, y no permitirán que se silencie la voz del cambio. “Este es un momento crucial para Colombia, y desde el Pacto Histórico reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo colombiano y su mandato de transformación”.Finalmente, hicieron énfasis en que rechazarán cualquier intento de censura política o golpe blando contra la voluntad popular, especialmente cuando está motivado por el capricho de actores políticos que buscan perpetuar prácticas clientelistas y bloquear el cambio necesario para Colombia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó recientemente la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quienes pedían que se garantizaran sus “derechos políticos y garantías judiciales” en el marco de una investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial.Este rechazo de la Corte IDH se produce en medio de un clima político tenso, donde Petro ha sostenido en varias ocasiones que la investigación en su contra forma parte de una estrategia para desestabilizar su Gobierno. El mandatario ha acusado al CNE de estar orquestando un “golpe blando” en su contra, un término que ha utilizado reiteradamente en sus declaraciones públicas. Para Petro, las indagaciones del CNE no son solo un proceso de investigación, sino que es un ataque político dirigido a tumbar su legitimidad y la de su administración.El pronunciamiento de la Corte IDH ha generado reacciones en diversos sectores políticos del país. Desde la oposición, congresistas como Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldaron la postura de la Corte, afirmando que el CNE debe continuar con su labor.“En este caso la Corte no accedió a su pretensión, ha quedado confirmado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y ahora por el sistema interamericano que el CNE tiene todas las facultades para seguir adelantando esta investigación administrativa en la campaña Petro, sus directivos, sus contadores, temas fiscales y por supuesto, el candidato” aseguró.En contraste, desde el Pacto Histórico, coalición que apoya al presidente Petro, se mostró apoyo al mandatario. El congresista Alejandro Toro aseguró que su bancada respaldará la decisión del presidente de formar un equipo jurídico para defenderse ante organismos internacionales. Toro afirmó que la lucha por los derechos del presidente continuará, a pesar de la negativa de la Corte IDH, y que seguirán buscando vías para que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que consideran una persecución política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un contundente pronunciamiento sobre la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, en relación con la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta por una presunta violación de los topes de financiamiento durante su campaña presidencial.La corte afirma que, tras analizar los argumentos, la Corte IDH declaró improcedente la petición presentada por los abogados de Petro.En su pronunciamiento del 28 de noviembre, el tribunal aclaró que el CNE carece de facultades para inhabilitar o restringir derechos políticos, lo que disipa los argumentos de la defensa del presidente sobre una supuesta violación del "fuero integral".“De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”, declaró la Corte, según El Tiempo. Además, enfatizó que el caso actual difiere de la sentencia emitida en 2020, cuando la Corte le dio razón al hoy mandatario sobre las competencias de la Procuraduría para inabilitarlo.Argumentos presentados por los abogados y el CNEEntre los argumentos de la defensa del presidente estaban que la decisión del CNE podría derivar en la pérdida de la investidura presidencial, dado que la investigación podría llegar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el Consejo de Estado solicitó a la Corte IDH declarar improcedente la petición y argumentó que las decisiones se han tomado en apego a la normativa constitucional y respetando el fuero presidencial.Un revés más para el presidente PetroEs relevante señalar que la defensa del presidente Gustavo Petro ha solicitado la anulación de la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que otorgó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para continuar con la investigación sobre una supuesta violación de los límites de financiación electoral.Este nuevo desarrollo en el proceso legal debilita la estrategia defensiva del mandatario en su intento por detener la indagación que el CNE está llevando a cabo respecto a su campaña electoral de 2022, en la que se alegó un exceso de financiación que superó los 5.000 millones de pesos.Los abogados del presidente presentaron una acción de tutela para salvaguardar su derecho al debido proceso, argumentando que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había infringido su fuero constitucional al asignar al CNE la responsabilidad de investigar las irregularidades en la financiación y los informes relacionados con sus campañas presidenciales. Sin embargo, el Consejo de Estado, tras evaluar los argumentos, determinó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, ya que no se evidenció que la decisión del Consejo de Estado fuera arbitraria ni que afectara derechos fundamentales del presidente.bEn este contexto, el tribunal concluyó que era legal la competencia del CNE para investigar el caso y que el fuero constitucional del presidente no constituía un obstáculo para dicha investigación.Petro y la Corte CIDHEl pasado mes de octubre, los magistrados del CNE abrieron investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley. Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La apertura de la investigación generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un «golpe de Estado». Petro llamó a sus seguidores a "defender" la democracia en las calles. Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República. No es la primera vez que Petro acude a esta protección. En 2013 fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años. La Procuraduría lo acusó de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la CIDH, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
La defensa del mandatario solicitó anular la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que le otorgaba competencia al CNE para continuar con la investigación por presunta violación de topes electorales.El nuevo capítulo de esta novela jurídica deja por el piso la estrategia defensiva del presidente Gustavo Petro en su intento por frenar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña por presunta violación de los topes de financiación de 2022, que superó los 5.000 millones de pesos.Los abogados del mandatario interpusieron una acción de tutela para proteger su derecho al debido proceso, argumentando que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado violó su fuero constitucional al asignar al Consejo Nacional Electoral la competencia para investigar irregularidades en la financiación y presentación de informes de sus campañas presidenciales de 2022.Petro solicitó anular la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, que le otorgaba competencia al CNE para continuar con la investigación administrativa.El Consejo de Estado, tras analizar los argumentos, concluyó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, ya que no se demostraba que la decisión del Consejo de Estado fuera arbitraria ni que afectara derechos fundamentales del presidente.En este contexto, el tribunal determinó que la competencia del CNE para investigar el caso era legal, y que el fuero constitucional del Presidente no impedía esa investigación.La Corte también destacó que la acción de tutela solo podría ser procedente si existiera una vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental, lo cual no ocurrió en este caso. Por lo tanto, se concluyó que el fallo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no debía ser revocado.“... La decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado estableció que el Consejo Nacional Electoral es competente para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a la campaña presidencial 2022, pero, no señaló en manera alguna que dicho órgano se encontrara facultado para sancionar la conducta específica de violación de los topes máximos de financiación de la campaña, por ser una irregularidad frente a la cual opera el fuero de juzgamiento”, reseñó la reciente decisión judicial.Es decir, el alto tribunal ratificó que el CNE sí puede continuar con sus indagaciones siempre y cuando sean en el ámbito administrativo y, sus hallazgos, serán trasladados al Congreso de la República quien sí tiene las competencias para una eventual sanción.En esa medida, la tutela también fue negada porque consideró que no se estaba vulnerando el debido proceso al presidente Petro pues el pliego de cargos es un acto administrativo de trámite y no es una decisión de fondo sobre el futuro judicial de él.Incluso, invocó otros caminos jurídicos que el mandatario y su defensa en el caso podrían usar para defenderse.28 de febrero de 2022: El representante Edward Rodríguez presentó queja contra Gustavo Petro por presunto incumplimiento en informes de ingresos y gastos de campaña para la consulta del Pacto Histórico.2 de febrero de 2023: Se radicó queja anónima ante el CNE por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta del Pacto Histórico.28 de febrero de 2023: El CNE abrió indagación preliminar y ordenó recaudo de pruebas en el proceso.3 de mayo de 2023: José Manuel Abuchaibe denunció ante la Comisión de Acusaciones al presidente Petro por violar topes de gastos en la campaña presidencial.26 de mayo de 2023: La Comisión de Acusaciones remitió la denuncia de Abuchaibe al CNE, que asignó un nuevo radicado.5 de junio de 2023: Federico Gutiérrez, Miguel Polo Polo, Miguel Uribe y Alejandro Pardo presentaron denuncias por presunta financiación prohibida y violación de topes de campaña.6 de junio de 2023: La Comisión de Acusaciones trasladó estas denuncias al CNE.4 de julio de 2023: El CNE incorporó las denuncias en un solo expediente y acumuló otra presentada por Abuchaibe.16 de mayo de 2024: La Comisión de Acusaciones pidió al CNE remitir actuaciones investigativas relacionadas con las denuncias.5 de junio de 2024: El CNE planteó conflicto de competencias con la Comisión de Acusaciones ante el Consejo de Estado para definir autoridad competente.Tutela de Fundación DILO COLOMBIA: Intentó llevar el conflicto a la Corte Constitucional, pero fue declarada improcedente.6 de agosto de 2024: El Consejo de Estado declaró al CNE competente para investigar irregularidades en financiación de campañas y al Congreso responsable de decidir eventuales sanciones políticas.2 de diciembre de 2024: El Consejo de Estado declaró improcedente la tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, que buscaba anular el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de los topes de financiación en su campaña presidencial de 2022, que superó los 5.000 millones de pesos.
Este lunes 9 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral notificó formalmente al partido Alianza Social Independiente (ASI) la resolución N° 05745, aprobado el 29 de octubre pasado, y con el cual se termina la actuación administrativa adelantada en contra de este partido por cuenta de una presunta violación al régimen de financiación de partidos políticos.El origen de esta investigación se remonta a marzo de 2024, cuando en medio del acalorado debate del primer texto de la Reforma a la Salud (texto que fue archivado en la Comisión Séptima de Senado), el senador por el Pacto Histórico, Wilson Arias, presentó denuncia ante el CNE contra los partidos Conservador, De La U, ASI, Centro Democrático y Liberal, por la presunta financiación ilegal por parte de empresas involucradas en el sector salud como Keralty, Seguros Bolívar, entre otros.Según el magistrado ponente, Altus Baquero (Partido Liberal), la denuncia no tiene fundamento, ya que aunque empresas como Keralty, Seguros Comerciales Bolívar, y Banco Davivienda podrían contar con un presidente ejecutivo de origen extranjero, esta son empresas legalmente constituidas en Colombia y no violan el régimen de financiación de partidos.Además, que tanto Keralty como Seguros Bolívar, no son catalogadas como una EPS, por lo que no se viola el artículo 11 de la Ley 1474 de 2011 (Régimen de Partidos y Movimientos Políticos), por lo que concluye la Sala Plena que el proceso debe terminar.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió a Álvaro Hernán Prada como su nuevo presidente. Esta decisión se dio en medio de en un contexto político polémico, pues llega tras la renuncia de César Lorduy al cargo.Cabe recordar que Prada, junto con Benjamín Ortiz son los dos magistrados que adelantan la investigación formal en contra del presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y varios dirigentes de la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades.Justamente, la nueva cabeza del CNE aseguró, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, que se brindarán las garantías a todos los sujetos procesales con investigaciones abiertas. Ante los cuestionamientos, respondió que las decisiones se toman por mayoría calificada, reflejando “un voto de confianza y compromiso entre los magistrados”.Las críticas de Petro y la controversia de la imparcialidadEn varias ocasiones, el jefe de Estado se ha pronunciado sobre la capacidad del CNE para investigar. Al ser Prada miembro del Centro Democrático, el presidente ha insinuado que esto podría afectar la imparcialidad del organismo. Ante esto, Prada afirmó que “nunca ha reconocido enemigos” y que su labor es netamente judicial, más no política.“Yo nunca he dicho que el presidente Petro es mi enemigo, nunca. No reconozco enemigos a nadie. Entre otras cosas, no creo en la enemistad, creo siempre que uno debe tener posiciones ideológicamente distintas (…) Yo tenía la camiseta puesta en ese momento cuando estaba en el Congreso de la República, la camiseta de congresista, donde se hacen evidente las diferencias ideológicas. Acá tengo la camiseta puesta de juez, de imparcial, y eso no solamente se dice, se prueba”, subrayó.Asimismo, mencionó que el CNE ha demostrado a lo largo de su trayectoria la capacidad de sancionar a partidos políticos de todas las tendencias, dejando claro que sus decisiones no están ligadas a la política partidista.“(…) Se prueban las decisiones que hemos tomado en el Consejo Nacional Electoral, donde a cualquiera de nosotros nos ha tocado sancionar a los partidos que nos postularon y, por el contrario, nos ha tocado terminar, absolver a candidatos que pertenecen a partidos contrarios; eso muestra que nosotros la ruta que tenemos es la Constitución y la ley, no otra distinta”, aseveró.También habló sobre la posibilidad de que el Pacto Histórico se decante por Álvaro Echeverri para ocupar dicho puesto, lo que podría generar aún más tensión dentro del actual escenario político. Prada destacó que el Congreso es el órgano que debe elegir a los nuevos magistrados y que son las negociaciones internas las que decidirán cómo se manejará este proceso.Sobre un “golpe blanco”, enfatizó que eso significa una “desobediencia civil, una presión internacional y una manipulación mediática”, lo cual no está ocurriendo, según recalcó.“Por el contrario, nosotros caminamos de acuerdo a la Constitución, la ley y la jurisprudencia y, además, de la jurisprudencia de las cortes del Consejo de Estado, que ha ratificado, al igual que la Corte Constitucional, la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las candidaturas presidenciales”, añadió.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral eligió este miércoles 4 de diciembre al magistrado Álvaro Hernán Prada como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien asume luego de la renuncia de César Lorduy al cargo de magistrado.El magistrado, integrante del Centro Democrático, fue elegido con siete votos de los nueve con derecho a voto. Las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, decidieron apartarse de la decisión y emitieron un voto en blanco y un voto por Altus Baquero como presidente.“Priorizaré optimizar el trabajo jurídico a cargo de los despachos y las dependencias a través de la innovación tecnológica, de la mano con la inteligencia artificial para agilizar, simplificar la gestión administrativa del CNE y, no menos importante, facilitar el acceso de partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y de candidatos a las herramientas y las decisiones de la Corporación. Y así, nos permita trabajar con imparcialidad, rigor y dedicación para garantizar elecciones libres, seguras y transparentes”, señaló el magistrado Prada en su primer pronunciamiento como Presidente.La llegada de Prada a la cabeza de la autoridad tiene un gran impacto, ya que junto con Benjamín Ortiz (Liberal) son los dos magistrados que adelantan la investigación formal en contra del presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, y varios dirigentes de la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades en la financiación de la misma.Prada estará acompañado en la vicepresidencia por el magistrado Cristian Quiroz de la Alianza Verde.
La renuncia del actual presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Cesar Lorduy, ha generado un gran impacto en el Congreso, que se aboca ahora a discutir y votar su renuncia y buscar su reemplazo en un momento clave en medio de la investigación administrativa en contra del presidente Gustavo Petro y varios dirigentes de su campaña por presuntas irregularidades en la investigación de la misma.La salida del magistrado de Cambio Radical también se da en medio de los cuestionamientos, denuncias e investigaciones en contra de Lorduy por presunto acoso sexual a la congresista Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana, a quien le habría pedido 500 millones de pesos y favores sexuales a cambio de no anular la candidatura de Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta en el 2023.Pero también se especula que la renuncia de Lorduy tendría otro motivo: retirarse del cargo de magistrado antes de finalizar el año para no quedar impedido para participar en las elecciones legislativas de 2026.Es ante esto que el senador Carlos Motoa de Cambio Radical (misma colectividad de Lorduy) pidió que sea el Congreso en pleno, en su calidad de ser su elector, quien lo cite para que exponga los motivos reales de su renuncia y que los congresistas deliberen si aceptan estas razones.“Hemos conocido la renuncia del magistrado César Lorduy y voy a solicitar a la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Representantes para que en el Congreso en pleno se cite a este magistrado y explique las razones de fondo de su renuncia. Vamos a defender a las víctimas mujeres y también los procesos en los que él vulneró el debido proceso”, aseguró Motoa.
César Lorduy presentó su renuncia como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). La renuncia se conoció luego de que el propio Lorduy entregara su carta de renuncia al presidente del Senado, Efraín Cepeda, recién el pasado 2 de diciembre.La carta, que ha sido de acceso público, expresa la gratitud de César Lorduy hacia los 254 congresistas que lo eligieron para su cargo el 30 de agosto de 2022: "Agradezco el inmenso honor que me otorgaron", se menciona en el texto.Este hecho es significativo, ya que Lorduy ha sido un personaje clave en las investigaciones relacionadas con el presidente Gustavo Petro y su campaña electoral en 2022. Además, cabe recordar, se le ha acusado de irregularidades en la financiación de la campaña, específicamente por la supuesta violación de los límites establecidos.Controversias en torno a César LorduyA lo largo de su tiempo en el CNE, César Lorduy no ha estado exento de controversias. Su vínculo con el partido Cambio Radical y su participación en decisiones críticas han sido objeto de debate en varias ocasiones. Su renuncia podría abrir la puerta a una reconfiguración dentro del CNE, lugar que se ha visto sumido en tensiones política. La batalla política que se avecinaLa aceptación de la renuncia de Lorduy por parte del Congreso marcará el inicio de una nueva batalla política en Colombia. Se espera que el presidente del Senado convoque a sesiones para estudiar el caso y decidir sobre la posible elección de un nuevo magistrado.Los partidos están considerando sus opciones estratégicas. El Partido Cambio Radical podría intentar afianzar su posición con la selección de un reemplazo, mientras que otros partidos como El Pacto Histórico y el movimiento de Gustavo Petro podrían buscar influir en la elección para obtener una mayor representatividad en el CNE. Implicaciones de la renuncia para Gustavo Petro La renuncia de César Lorduy es, además, de particular importancia dada su implicación en las investigaciones que actualmente enfrenta el presidente Gustavo Petro. Con la vacante que crea la salida de Lord, el futuro de estas indagaciones podría verse afectado, dependiendo de quién ocupe el cargo y qué decisiones tome el nuevo magistrado respecto a las acusaciones anteriores. La política colombiana se encuentra en un punto crítico, y este desarrollo podría cambiar el rumbo de la investigación y, potencialmente, de la administración de Petro.
Luego de cerca de dos meses desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abriera una investigación formal a la campaña Petro presidente por presunta violación de topes electorales, la defensa del mandatario, encabezada por el abogado Héctor Carvajal, envió una carta al CNE asegurando que se abstendrán de responder los cargos formulados al presidente. En la misiva argumentan que “la actuación es violatoria de los derechos fundamentales del presidente, al debido proceso, al juez natural y al fuero especial constitucional”.Además, aseguran que, según la Corte, pasados los 30 días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir las denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas, pero la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos, como, por ejemplo, la Contraloría. Por esas razones, y agregando que la decisión del CNE viola el fuero del presidente, ya que la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la única que puede investigarlo, señalan que no responderán.“Una vez se resuelva el asunto que nos ocupa por quien tenga la competencia constitucional y legal para resolverlo, lo mismo que en el orden jurídico internacional, el señor presidente de la República acatará las decisiones que se profieran conforme al ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales suscritos y aprobados por el Estado colombiano”, se lee en el documento.Cabe mencionar que existen varias acciones de tutela presentadas con el objetivo de detener la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral. Estas han sido rechazadas por los tribunales, destacándose dos recientes decisiones tomadas el pasado 24 de octubre. El Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Cesar declararon improcedentes los recursos interpuestos, ratificando la continuidad del proceso.
