El Gobierno español ha abierto un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, la cual señala la realización de talleres destinados a cambiar la orientación sexual de personas homosexuales en siete diócesis de la Iglesia católica. Esta investigación buscará determinar si estas actividades deben ser sancionadas conforme a la ley.
El Ministerio de Igualdad informó este martes que analizará el contenido de la denuncia para establecer las acciones correspondientes dentro de sus competencias. En su comunicado, el ministerio recordó que las terapias de conversión están prohibidas en España y son consideradas como prácticas sancionables.
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La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+ clasifica las terapias de conversión como una "sanción administrativa muy grave".
Las multas por este tipo de infracción oscilan entre 10.001 y 150.000 euros. Según esta ley, se sanciona la promoción o práctica de métodos o terapias que busquen modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, independientemente de su consentimiento o el de sus representantes legales.
El anuncio de la apertura del expediente se hizo público después de que la ministra de Igualdad se reuniera con Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.
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Esta asociación denunció a siete diócesis por organizar charlas que promueven estas prácticas, impartidas por la empresa Media Salud Comunicación S.L. y su administradora única, Marta Sanz Lovaine. Estas actividades han sido difundidas a través de parroquias, entrevistas en medios de comunicación y documentales.
Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, subrayó la importancia de abrir un debate social sobre las terapias de conversión, destacando que estas prácticas niegan la identidad y orientación sexual de las personas, provocando daños psicológicos a largo plazo que afectan su vida afectivo-sexual.
"Es fundamental que la sociedad entienda el impacto negativo de estas prácticas y que se tomen medidas contundentes para erradicarlas", afirmó del Valle.
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