La Corte Constitucional determinó que los derechos a la seguridad social y a la estabilidad reforzada de una mujer embarazada también cobijan a las migrantes, así su situación en el país no haya sido regularizada.
El pronunciamiento fue hecho al estudiar una tutela presentada por una joven venezolana que en el 2018 comenzó a trabajar, a través de un contrato verbal en un local de venta de empanadas y posteriormente, le avisó a su empleador que estaba embarazada y un mes después fue despedida.
“La corte reconoció la buena voluntad de muchos empleadores para brindar oportunidades de empleo a ciudadanos extranjeros, pero advirtió que las condiciones en las que se ejerza la labor debe contar con el cumplimiento de los requisitos legales o de lo contrario, se estaría perpetuando una situación de discriminación y abuso”, precisó la Corte.