Esta semana uno de los temas que más generó polémica es el llamado ‘mico’ incluido en la ley anticorrupción que hace tránsito en el Congreso: un artículo propone sancionar a funcionarios que suministren, sin autorización previa, información a los periodistas.
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El espíruto del proyecto presentado por la Fiscalía es sancionar a las personas que cometan actos de corrupción y abolir varios de los beneficios jurídicos que tienen algunas personas procesadas y capturadas, entre ellas la casa por cárcel, además de contemplar penas más duras para quienes desfalquen al Estado por montos superiores a los 100 salarios mínimos, sin embargo, es el polémico artículo el que levanta ampolla y prende alarmas en medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
La iniciativa se encuentra en último debate en la Plenaria del Senado establece que podrían ir a prisión quienes den a conocer un documento o noticia que deba mantenerse en secreto, con una pena de entre 4 a 8 años de prisión.
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Se trata del artículo 418 de la ley 599 de 2000: "El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de veinte 20 a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por (10) años".
El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, analizó en Sala de Prensa BLU los alcances del artículo, explicando que lo que pretendía ser una medida anticorrupción terminaría “dando incentivos para que la corrupción se mantenga”.
Explicó que el funcionario que denuncie corrupción “lejos de ser un delincuente es un valiente”, pues se ha visto desde el ejercicio periodístico que “muchas veces hay funcionarios que advierten irregularidades, irregularidades por fuera del marco democrático, y acuden a la prensa para ponerla en conocimiento y se pueda hacer una denuncia”.
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Por su parte, Belisario Moreno, asesor del despacho del fiscal encargado, dijo que, en realidad, esa conducta es un delito “ya contemplado en el Código Penal del año 2000 e incluso desde ante era prohibido en nuestro ordenamiento jurídico”.
“El rol de los funcionarios es el cumplimiento de unos deberes específicos y dentro de estos está la salvaguarda de cierta información, información que, de conformidad con la ley, ha sido establecida como de carácter reservado”, explicó el funcionario.
Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.
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