En un evento realizado en la Universidad Militar Nueva Granada, que contó con la presencia destacada del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez , el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, y el rector de la universidad, MG (R) Alberto Ayala. Juntos, presentaron los resultados tangibles derivados de la implementación de la gratuidad en la matrícula académica para los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente.
En este encuentro dieron el balance de la implementación de la política "Puedo Estudiar" en 2024, el Gobierno ha destinado un total de 4 billones de pesos para asegurar la gratuidad en la educación superior pública. De esta suma, 2.2 billones han sido invertidos específicamente para beneficiar a más de 800.000 estudiantes, lo que representa una cobertura del 95 % de los matriculados en programas de pregrado en las 67 instituciones de educación superior públicas del país. Comparado con los resultados y la inversión del año 2022, que benefició a 750.000 estudiantes con 1.5 billones de pesos, estos avances son significativos y demuestran un compromiso sostenido con la educación como motor de transformación social.
Según proyecciones, durante el mandato del presidente Gustavo Petro se tiene prevista una inversión cercana a los 10 billones de pesos para garantizar la gratuidad educativa, alcanzando así a beneficiar al 97 % de los estudiantes de pregrado en las IES públicas para el año 2026. Según lo que afirma el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez.
Esta política a nivel territorial, ha beneficiado a la región Andina, la que mayor cantidad de beneficiarios aporta con un 55.38 %, seguida por la región Caribe con un 20.13 %, y la región Pacífica con un 17.85 %. Además, las regiones de Amazonía, Orinoquía, Insular y Caribe superan una cobertura del 97 %, asegurando así la inclusión educativa en áreas geográficamente dispersas y diversas.
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En términos demográficos “la política ha beneficiado a un 53 % de mujeres y un 47 % de hombres, con un 1.3 % perteneciente a población étnica y un 9.43 % compuesto por víctimas del conflicto armado. Del total de beneficiarios, el 43.4 % proviene de estratos socioeconómicos 1, 2 o 3, mientras que el 45.8 % se encuentra en los grupos A, B o C del Sisbén. Además, un significativo 14.3 % de los beneficiarios proviene de zonas rurales y un 10.8 % de municipios priorizados para el desarrollo y la paz (PDET)”, añadió el Ministerio de Educación.
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