Buscan sancionar a padres que no envíen a sus hijos a escuelas y colegios

El debate sobre la corresponsabilidad de los padres en la educación de sus hijos se intensifica en Colombia con la presentación de un proyecto de ley que propone sancionar a quienes consientan la inasistencia escolar. El autor de esta iniciativa, el representante a la Cámara por el Partido Liberal Óscar Sánchez detalló en una entrevista con Mañanas Blu los objetivos y alcances de la propuesta. Sin embargo, las declaraciones de la congresista Susana Boreal generaron controversia al cuestionar el impacto del sistema educativo actual y la obligatoriedad de asistir al colegio.

Medidas para garantizar el acceso a la educación

El representante Óscar Sánchez explicó que el proyecto de ley busca asegurar que los niños, niñas y adolescentes entre los cinco y 16 años permanezcan en el sistema educativo. Según Sánchez, la propuesta se centra en establecer sanciones pedagógicas y mecanismos de corresponsabilidad para evitar la deserción escolar.

“Queremos garantizar el derecho a la educación. No entiendo cómo hace dos años intentábamos declarar la educación como un derecho fundamental y ahora se cuestiona la obligatoriedad de asistir al colegio”, afirmó.

Entre las sanciones contempladas, se encuentran amonestaciones pedagógicas y trabajos comunitarios para padres en casos de inasistencia injustificada. Asimismo, se propone que Bienestar Familiar realice un seguimiento riguroso en los hogares con incumplimientos sistemáticos.

“La idea es crear una cultura de permanencia escolar que garantice mejores oportunidades para los menores”, añadió Sánchez.

Desafíos estructurales y limitaciones en zonas rurales

Durante la entrevista, se abordaron las barreras que enfrentan muchos niños en zonas rurales para asistir a la escuela, como la falta de transporte, alimentación y acceso a instalaciones educativas. Sánchez destacó que el proyecto contempla excepciones en casos de fuerza mayor, pero subrayó que el Estado debe garantizar herramientas como transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para apoyar a las familias en condiciones vulnerables.

“Sabemos que hay limitaciones, pero debemos trabajar en mejorar estas condiciones para que ningún niño quede por fuera del sistema educativo”, señaló.

Sin embargo, algunos críticos cuestionan cómo se diferenciará entre los padres que deliberadamente no envían a sus hijos al colegio y aquellos que no tienen los medios para hacerlo. Sánchez reconoció esta dificultad, pero insistió en que la corresponsabilidad de los docentes, el seguimiento institucional y el acompañamiento estatal son claves para implementar la medida de manera efectiva.

Polémica por las declaraciones de Susana Boreal

La representanteSusana Boreal , en medio del debate, expresó su desacuerdo con la obligatoriedad escolar, calificándola como una forma de violencia y cuestionando el estado del sistema educativo colombiano.

“Obligar a un niño a asistir al colegio no garantiza que reciba educación de calidad. El sistema está mandado a recoger; metemos a 40 o 50 niños en un salón con un profesor sin garantías, donde se les prepara para la explotación laboral futura, no para la vida”, aseguró Boreal.

Estas declaraciones desataron una ola de reacciones, incluidas las del propio Sánchez, quien rechazó tajantemente su postura.
“No comparto esas afirmaciones. Asegurar que nuestros niños asistan al colegio no es violencia; es abrirles oportunidades. Respetamos las posiciones divergentes, pero nuestra prioridad es garantizarles un futuro mejor”, respondió.

Alternativas y el debate sobre homeschooling

En el marco del debate, surgió la pregunta sobre la posibilidad de que los padres opten por educar a sus hijos en casa (homeschooling). Sánchez reconoció que esta alternativa no está contemplada en el proyecto actual, pero señaló que podría ser incluida tras un análisis más profundo.

“Es un tema que debemos estudiar, pero siempre garantizando la calidad y continuidad en la educación de los menores”, concluyó.

El proyecto de ley pone sobre la mesa la necesidad de reforzar el sistema educativo y garantizar el acceso igualitario, pero también abre un debate sobre los retos estructurales y la viabilidad de sancionar a los padres en un país con profundas desigualdades. La discusión continuará en el Congreso, donde se definirá si esta iniciativa logra convertirse en ley.