Bustos aseguró que se trata de “cuestionar a nivel judicial la descontrolada adquisición de una sede para la Contraloría en una sospechosa operación de más de 300 mil millones de pesos tratándose de uno de los inmuebles más lujosos del país y de los más caros adquiridos por el Estado”.
Agregó que no comprende por qué no se le dio a conocer al país el proceso de adquisición en el que se estaba “y por qué no se sometió al escrutinio de otras entidades y de la ciudadanía misma la posibilidad de esta negociación”.
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Según el director de la Red de Veedurías, el contralor general debería dar “muestras de austeridad y buen manejo de los recursos del Estado”.
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Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:
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