Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar el proyecto de ley que buscaba la vinculación de las madres comunitarias como trabajadoras del Estado.
Plazas aseguró que la objeción de del proyecto por parte del presidente Santos “no viola los derechos de las madres comunitarias” pues explicó que ellas “ya están formalizadas, tienen un contrato de trabajo y tienen todas las garantías”.
La directora del ICBF reveló que actualmente, el instituto contrata servicios a través de operadores “que, entre otros, se encargan de contratar a las madres comunitarias con todas las garantías del caso”.
Dijo que la situación se maneja de esa forma porque el Instituto tiene muchos servicios por cubrir “y si lo hiciéramos nosotros se desbordaría la atención porque no daríamos abasto”.
Agregó que no se puede considerar tercerización porque lo que hace el instituto es contratar “expertos” en el tema que van desde conseguir los lugares hasta la contratación de las madres comunitarias.
La funcionaria aseguró que contratar directamente a las mujeres sería generar unos 60 mil nuevos cargos de una sola vez lo cual “colapsaría el servicio”.
Además, dijo que las mujeres gozan de estabilidad laboral pues “tienen contratos hasta el 2018 y luego de eso se pedirá la ampliación del mismo. Ellas llevan 27 años en esto”.
“Si fuera tan malo ser madre comunitaria, no se heredaría entre familias”, afirmó.
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