Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente , se refirió a las dudas del Ministerio Público a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de disminuir el precio del SOAT para motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses.
"Hemos recibido muchas quejas respecto a este proyecto de decreto, hemos analizado la situación y se realizaron dos observaciones, una digirida alMinisterio de Salud y otra al Adres. El incremento de la siniestralidad en 2022 fue casi de un 90%, especialmente en motos, esto ha venido aumentando a un 184%", sostuvo.
Según Ojeda, de acuerdo con los registros de Fasecolda, anualmente las IPS o instituciones de salud atienden más de 2 millones de personas con cargo al Soat.
"Si se reduce el Soat, se afectaría la atención por la baja cobertura. Antes, hasta 800 salarios mínimos eran atendidos por el Soat. Ahora se rebaja esa tarifa a 300 para la cobertura en salud. Están muy preocupadas lasEPS, me mandaron una solicitud diciendo, si esta cobertura se baja, ¿quién va a pagar eso?", afirmó la funcionaria.
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Según Ojeda, no es clara la capacidad de la Adres para asumir las cuentas cuando la atención en salud de esos siniestros supere los 300 salarios mínimos.
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"Las clínicas están preguntando, si supera los 300 salarios mínimos, ¿cuál es la capacidad de Adres para ubicar y pagar esas cuentas? Otro punto es la fuente de financiación de la Unidad de Pago por Capitación, sobre todo del régimen subsidiado, que es parte del Soat" , explicó.
El Ministerio Público también expresó preocupación por un tema de debido proceso, ya que Adres solo pagaba las reclamaciones por 'carros fantasmas', es decir los accidentes en los que el conductor escapaba del lugar del accidente, pólizas falsas o vehículos sin Soat, lo que generaba unas 300.000 reclamaciones mensuales y esto requiere una importante auditoría.