
Quejas sobre sistema de salud han crecido 75,7 % en los últimos dos años
El panorama es especialmente grave en departamentos como sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño.

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La Defensoría del Pueblo alertó sobre un alarmante incremento del 75,7 % en las quejas por vulneración del derecho a la salud en Colombia entre 2023 y 2025, según reveló en una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo . El documento detalla un agravamiento en la crisis del sistema, con retrasos en atención, falta de medicamentos y cierres de servicios, especialmente en regiones como Sur de Bolívar, Sucre, Valle y Nariño.
En los últimos dos años, según la Defensoría, las quejas por fallas en la prestación de servicios se concentran principalmente en cuatro aspectos:
El informe señala que, en lo corrido de 2025, las quejas podrían duplicar las cifras de 2022. Solo en los primeros meses del año, se registraron más de 2.040 reclamos por demoras en citas con especialistas y acceso a servicios médicos esenciales, superando los números del mismo período en años anteriores. Además, la falta de medicamentos aumentó un 30% entre enero y febrero de 2025 frente a 2024, y un 67% en comparación con 2023 y 2022.
La Defensoría también evidenció el cierre de 1.200 instituciones prestadoras de salud (IPS) en 2024, principalmente privadas, afectando a Bogotá, Cundinamarca y Norte de Santander. A esto se suma el incumplimiento de tutelas: en Bogotá y Cundinamarca, de 452 fallos judiciales, se solicitaron 141 desacatos por no garantizar tratamientos ordenados por jueces.
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Ante la gravedad de la situación, la Defensoría pidió al Ministerio de Salud implementar medidas excepcionales, como "puestos de mando unificado" en zonas críticas, para agilizar respuestas. Además, instó a priorizar la información solicitada al Gobierno para evaluar las acciones tomadas hasta ahora.
Reforma estructural
La entidad anunció que presentará al Congreso un concepto sobre lareforma al sistema de salud
, subrayando la necesidad de ajustes sostenibles. "Estas cifras reflejan un problema de fondo que requiere soluciones de largo plazo", señaló la Defensora del Pueblo en la misiva.
“El Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos. No se puede condicionar la salud de la gente a disputas sobre financiación”, enfatizó la defensora Iris Marín
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