La senadora Paloma Valencia
, señaló que los indicadores reflejan el profundo deterioro de un sistema que, lejos de mejorar con las intervenciones, ha colapsado.
Denunció que, actualmente, el Gobierno controla nueve EPS que abarcan a más de 30 millones de afiliados, además de los 600.000 usuarios del Fomag. Sin embargo, los resultados de estas intervenciones han sido desastrosos. La cantidad de reclamos por cada 1.000 afiliados ha aumentado de manera alarmante. En el caso de la Nueva EPS, por ejemplo, los reclamos aumentaron un 39 % en comparación con 2022, llegando a 34,2 por cada mil usuarios. Otras EPS, como Famisanar, Sanitas y Coosalud
, muestran incrementos aún más graves, con aumentos del 46 %, 52 % y 62 %, respectivamente.
Añade que, además de la creciente cantidad de quejas y el desbordamiento de la siniestralidad, la crisis financiera es alarmante. Las EPS intervenidas deben un total de 17,3 billones de pesos a clínicas, hospitales y proveedores. De esta deuda, el 43 % corresponde a obligaciones con más de 180 días de vencimiento. Lo más preocupante es el crecimiento exponencial de la deuda a más de 360 días, que aumentó un 255 % en solo tres años, pasando de 548.000 millones de pesos en 2022 a 2,8 billones en 2025.
“La Nueva EPS, la más grande del país, concentra el 60 % de esta deuda, con pasivos que superan los 11,4 billones de pesos. De estos, 1,1 billones ya han sido declarados como cartera deteriorada, lo que indica que probablemente nunca serán saldados. La falta de transparencia financiera en estas entidades también agrava la situación, ya que no se han reportado datos financieros desde el año pasado, y la única información disponible ha sido obtenida a través de acciones legales”, aseguró.