Dos exfuncionarios del hospital San Francisco de Asís en Sincelejo, Sucre, y un contratista fueron capturados por su presunta participación en una red de corrupción que se apropia de recursos de la salud a través de engaños jurídicos. Los hechos en cuestión se habrían dado entre 2023 y 2024.
Se trata de Milena Sofía Pacheco Peña, exgerente del hospital; Carlos Arturo Guerra Sierra, quien fuera subgerente administrativo y financiero, y se encargó de proyectar los estudios previos del contrato celebrado que tendría irregularidades, y Rubby del Carmen Cassiani Escorcia, representante legal de la empresa contratista.
Las detenciones se dieron en la capital sucreña y en Barranquilla en medio de una operación de la Unidad Anticorrupción de la Dijín de la Policía.
Las investigaciones partieron de la denuncia que, a finales del año pasado, interpuso el gerente de la Nueva EPS en Sucre alertando posibles irregularidades en un contrato firmado entre el hospital San Francisco de Asís y la empresa CENCAS Ltd para prestar asesoría legal.
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Sin embargo, este convenio fue aprovechado de manera irregular para iniciar un cobro coactivo por los ajustes en la tarifa por el aumento en la Unidad de Pago por Capitación, UPC, más intereses de mora. El cobro coactivo es la posibilidad que tiene el Estado de cobrar deudas a su favor pero sín recurrir a una autoridad judicial.
Con esta figura, según la investigación, los funcionarios del hospital se habrían desviado $18.000 millones, que estaban en las cuentas de la Nueva EPS, pese a que eran recursos inembargables pues su destino era el sistema de salud.
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Los agentes de la DIJIN lograron determinar que los funcionarios del hospital aprovecharon sus cargos y responsabilidades para extralimitarse competencias que no tenían al usar el cobro coactivo cuando correspondía a otras instancias. Para esto, además, contaron con el apoyo de una firma de abogados.
La otra irregularidad detectada es que la firma asesora contratista Centro de Cobranzas y Asesorías, CENCAS LTDA, se habría quedado con un monto entre $3.800 millones y $4.000 millones producto de una comisión del contrato. Es decir, llegó a terceros y no fue invertido en el sector salud.
Esta empresa tiene su sede en Barranquilla y asesora a diferentes entidades del sector salud en el país, en especial en Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Guajira, Antioquia y otros.
Fue la que contactó al hospital San Francisco de Asís y presentó la propuesta del contrato mencionado y que hoy está bajo la lupa, también por la condición impuesta de que el pago corresponda a un 20% del monto recaudado.
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Las irregularidades con los cobros irregulares son una de las principales preocupaciones que ha alertado la Superintendencia de Salud tras la intervención a Nueva EPS pues serían varios los casos en los que otras entidades logran cobrar recursos públicos valiéndose de entramados jurídicos. La Procuraduría también está sobre el tema.
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