Keralty expresó su desacuerdo, señalando que continuará a la espera de los fallos judiciales en los procesos en curso, tanto nacionales como internacionales, y ejercerá todas las acciones legales pertinentes para recuperar la administración directa de EPS Sanitas.
Según Keralty, esta intervención no solo ha agravado la crisis del sector, sino que también ha empeorado los indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas, lo que contraviene la solución planteada por el Gobierno ante una presunta “mala gestión” de los administradores privados.
La compañía argumentó que el verdadero problema radica en la desfinanciación del sistema de salud y en las deudas acumuladas que el Gobierno ha omitido reconocer, lo que, según Keralty, no puede atribuirse a una mala gestión de su parte. En este sentido, señalaron que la resolución de prórroga reconoce que las medidas adoptadas durante la intervención no han logrado mejorar los resultados financieros, sino que han empeorado la situación.
Además, afirman que la intervención no ha cumplido con los objetivos de gestión en términos de calidad del servicio, satisfacción de los usuarios y atención a las quejas, lo que ha provocado un aumento significativo de reclamaciones en el Sistema General de Salud. Por otro lado, en su comunicado, indican que las cifras recientes de la Superintendencia Nacional de Salud también confirman el deterioro progresivo en la prestación de los servicios de salud desde el inicio de la intervención.
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