Jalón de orejas de Procuraduría a minsalud tras asegurar que vacunación de COVID-19 fue experimento

La Procuraduría General de la Nación solicitó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, evitar las declaraciones sin sustento técnico- científico y en contravía de las políticas en salud pública acerca de la vacunación contra el COVID-19, en medio del debate citado por la Comisión Primera del Senado de la República.

“Las vacunas son una intervención en salud pública, avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud que buscan proteger a la humanidad de enfermedades, activan las defensas naturales del organismo para que puedan resistir a infecciones específicas y fortalecer el sistema inmunitario”, dice el ente de control.

Además, el Ministerio Público se unió a las declaraciones y pronunciamientos de la Asociación Colombiana de Inmunología-ACOI-, Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana de Reumatología, Sociedad colombiana de pediatría (Regional Bogotá), médicos, expertos y demás organizaciones que han rechazado las intervenciones del funcionario.

Según el ente de control, acompañaron, desde enero de 2021 hasta finales de 2022, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Puesto de Mando Unificado de seguimiento integral al proceso de vacunación contra el COVID 19 y a todos los actores del sistema a nivel nacional, regional y local; realizando seguimientos permanentes al cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19; lo que constituyó en un éxito en salud pública para el país, con notables reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Al cierre en su comunicado, la Procuraduría le hizo un llamado al jefe de la cartera de moderar sus comentarios frente al proceso de vacunación.

“En consecuencia, se reitera al servidor público proceder con conocimiento científico; la cabeza del sector salud debe generar respeto, tranquilidad y confianza en el proceso de inmunización y en todo lo construido alrededor de tres décadas por diferentes actores públicos y privados, con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la salud de los colombianos”, dijo la Procuraduría.

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