"Insuficiencia en el pago no debe afectar entrega de medicamentos": Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en entrevista con Mañanas Blu sobre la creciente crisis en el sistema de salud y destacó que la mayoría de quejas que recibe la Defensoría están relacionadas con la falta de acceso a servicios médicos y medicamentos.En los últimos dos años, la Defensoría ha registrado un aumento significativo en las quejas sobre atención médica especializada, pasando de 4.200 en 2022 a 9.300 en 2024. Asimismo, las denuncias sobre la falta de acceso a servicios básicos de salud crecieron de 4.600 a 7.700 en el mismo periodo. "La crisis de disponibilidad de medicamentos es inadmisible”, afirmó Marín, subrayando que el problema no es la escasez de fármacos en el mercado, sino su falta de distribución adecuada.Disputa sobre la responsabilidad del Gobierno y el sector privadoUno de los puntos más controvertidos es la responsabilidad en la actual crisis del sistema. Marín señaló que el gobierno, en su rol de interventor y regulador del sistema de salud, tiene parte de la responsabilidad, pero también los actores privados. La Defensora destacó que, aunque hay recursos asignados para el sistema de salud—$99,6 billones en 2024—, existe una brecha financiera entre lo que se gira a las entidades prestadoras y lo que realmente se necesita para garantizar la atención médica y el suministro de medicamentos. “No estamos ante una situación de desfinanciación total, pero los recursos no se están distribuyendo de manera eficiente”, precisó.El dilema de la financiación y la propuesta de un ente independienteUno de los principales problemas es la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo mediante el cual se financia la prestación de servicios de salud en Colombia. La Corte Constitucional ya ha determinado que este recurso no es suficiente, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de un ajuste en el modelo financiero del sector.Ante esta incertidumbre, Marín propuso que la evaluación sobre la sostenibilidad del sistema no recaiga exclusivamente en el Ministerio de Hacienda, sino que sea analizada por un organismo independiente. “Nuestra propuesta es que un ente imparcial dé un concepto sobre la financiación, para que no haya dudas sobre si la plata alcanza o no”, indicó la Defensora, sugiriendo que esta entidad podría estar conformada por expertos académicos o instituciones nacionales con autonomía frente al gobierno.Reforma a la salud: necesidad de un plan de transición estructuradoEn relación con la reforma a la salud que se debate en el Congreso, la Defensora del Pueblo reconoció que es necesaria, pero advirtió sobre la importancia de planificar cuidadosamente su implementación. “Cualquier reforma debe garantizar que lo que ya se ha logrado no se pierda, sino que se fortalezca”, enfatizó.Uno de los aspectos clave es la capacidad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para asumir la gestión de pagos, en caso de que la reforma elimine a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según Marín, esto requiere estudios técnicos previos para garantizar que la transición no afecte la prestación del servicio a los pacientes.“Si la reforma debe tomar unos años para implementarse de manera adecuada, que así sea, pero con estudios serios que nos den tranquilidad”, concluyó la Defensora.