Luego de tres meses de haber ordenado la intervención de la EPS Sanitas, la Superintendencia de Salud entregó el primer balance del diagnóstico que hizo el interventor de esta EPS.
“Mientras la empresa reportaba pérdidas al final del año, o sea, en los gastos administrativos y todo al final del ejercicio, decían "no, estamos en pérdidas y por eso vamos a un riesgo financiero muy importante, reportaban esas pérdidas, pero aumentaban los gastos administrativos de maneras injustificadas”, reveló el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
Según Leal, Sanitas gastó más de 104.000 mil millones de pesos en operación de centros médicos.
“Es que los centros médicos se supone que son EPS, las EPS funcionan distinto, la EPS no debe pagar como la administración o el funcionamiento de los centros médicos, para eso paga el gasto médico para que en esos centros médicos se haga la atención a los pacientes”, explicó Leal.
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El funcionario agregó: “No solo pagaban la administración de esas entidades, sino que además les pagaban el arriendo 64 contratos de arrendamiento por un valor total de 4.666 millones de pesos mensuales, es decir, 56.000 millones anuales y además de pagarles el arriendo les pagaban las mejoras en la infraestructura, 800 millones de pesos en esas mejoras”.
Además, el superintendente reportó que se firmaron contratos que no tuvieron ningún beneficio para la EPS, citó como ejemplo un contrato con la sociedad, Andrés Murcia Vargas, abogados asociados.
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La intervención por un periodo de un año la anunció la Superintendencia de Salud alegando supuesta insolvencia de Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, y deudas de más de dos billones de pesos. Pero Keralty aseguró que la situación de sostenibilidad financiera de la EPS la provoca “en gran medida el mismo Gobierno”.
Eso debido a que no hace “los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad, “la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.
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