La Federación Colombiana de Enfermades Raras, Fecoer, elevó una queja formal contra el Ministerio de Salud ante la Procuraduría General de la Nación por “incumplimiento sistemático” en el giro de presupuestos máximos, que, según la asociación, esto compromete gravemente el derecho a la salud de pacientes afectados por enfermedades huérfanas.
Dice la asociación que la resolución 1139 de 2023 indica las disposiciones relacionadas con el presupuesto máximo destinado a la gestión, financiación de servicios y tecnología en salud no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Es por eso por lo que, según Fecoer, el Ministerio de Salud ha incumplido con los pagos correspondientes a los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2023, así como los ajustes de 2022 que son de más de $800.000 millones y ponen en riesgo más de 80.000 pacientes, según lo explicó la federación en un comunicado por el incumplimiento de la Adtes.
Dicen que esto no solo incumple la resolución 1139 de 2022, sino que viola la Ley Estatuaria de Salud (ley 1751 de 2025) que reconoce a los pacientes enfermedades huérfanas como sujetos “de especial protección”, por lo que se debe garantizar su atención sin barreras administrativas o económicas.
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Fecoer mencionó que más del 40 % de los recursos de los presupuestos máximos están destinados a financiar medicamentos y tecnologías para estas patologías. Por eso, el director ejecutivo de la federación, Diego Gil, le pidió al Ministerio de Salud y al director de la Adres, Félix León Martínez, que tomen acciones inmediatas para garantizar que los recursos fluyan de manera oportuna.
Asimismo, según la queja, esta omisión por parte del Ministerio de Salud no solo pone en peligro la salud y la vida de los pacientes, sino que también contraviene las disposiciones legales y reglamentarias que garantizan su atención prioritaria, cuestionando la integridad del sistema de salud colombiano en su deber de proteger a los ciudadanos más vulnerables.
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