La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud del programa de “Desmonte Progresivo” presentada por la EPS Sura el pasado 28 de mayo.
Dijo la Superintendencia de Salud que luego de revisar y tramitar esta solicitud y, basados en un estudio técnico fundamentado en el riesgo que corre el sistema y la EPS dentro del sistema de salud, se decide negar el retiro.
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En su lugar, se ha acordado que la EPS Sura continúe trabajando en diferentes mesas técnicas que garanticen la continuidad en la prestación de servicios y el derecho fundamental a la salud de más 5.4 millones de afiliados, así como la definición de un cronograma que va a establecer diferentes compromisos que estén orientados a fortalecer la atención de todos los pacientes.
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La Superintendencia dice que va a mantener una vigilancia estricta y permanente para que se cumplan cada uno de los acuerdos con el objetivo principal de velar por un acceso oportuno a los servicios de salud y que la EPS cumpla con su responsabilidad a través de toda la red de atención médica y especializada en clínicas y hospitales.
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Así las cosas, la orden es que la EPS deberá continuar prestando los servicios de calidad a la ciudadanía e ir fortaleciendo todas las estrategias para garantizar su sostenibilidad y eficacia dentro del sistema de salud.
En mayo pasado, la EPS planteó este desmonte como una herramienta que permitía el retiro ordenado, con una transición coordinada y planificada de sus afiliados, así como de su información clínica.
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En ese momento, la entidad privada argumentó que los problemas financieros de todo el sistema colombiano agravaron su situación, contabilizando, entre 2022 y 2023, pérdidas por más de $360.000 millones y para el cierre de 2024 la proyección es que esa cifra ascienda a los $500.000 millones.
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Ahora la empresa deberá responder qué otro camino jurídico toma, pues otra de las posibilidades es un proceso de reorganización, declararse en insolvencia o, por el contrario, una intervención por parte del ente de control.
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