LaDefensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis en la prestación de servicios de salud en Colombia e instó al Gobierno y al Congreso de la República a adoptar medidas urgentes para garantizar el derecho fundamental a la salud, independientemente de la aprobación de la reforma en discusión.
Según el concepto presentado por la Defensoría ante el Congreso, el sistema de salud atraviesa dificultades estructurales que afectan la atención a la población. El documento enfatiza que, con o sin reforma, es imprescindible adoptar medidas para resolver problemas como el flujo de recursos, la falta de acceso oportuno a servicios y medicamentos, y las inequidades en la atención a poblaciones vulnerables.
En una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , la Defensoría destaca que en los últimos años se ha registrado un incremento alarmante en las quejas y acciones de tutela por vulneración del derecho a la salud. Desde 2020 hasta 2024, se han recibido más de 130.000 quejas, y solo en lo corrido de 2025 ya se contabilizan cerca de 5.000, con una proyección de superar las 34.000 para fin de año. Entre las principales denuncias están los retrasos en la asignación de citas médicas, la falta de disponibilidad de medicamentos y el incumplimiento de fallos de tutela.
Si bien desde 2010 el derecho a la salud es el que más quejas presenta ante la Defensoría del Pueblo, el crecimiento de las mismas se aceleró entre 2023 y 2024, y hemos observado que, en lo corrido del 2025, se presenta un agravamiento en el acceso a los servicios que afecta a las personas y lesiona el derecho a la salud
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La Defensoría también le expone al Ministerio de Salud la crisis en varias regiones del país, incluyendo el Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño. En estas zonas, el acceso a los servicios de salud es crítico debido a cierres de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que en 2024 ascendieron a 1.200, según la mesa de crisis del sector.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno establecer un plan de respuesta inmediata mediante puestos de mando unificado en salud, con capacidad para resolver la crisis en las regiones más afectadas.
“La Defensoría del Pueblo considera que existen circunstancias críticas que sufren las personas, frente a las que se no puede hacer caso omiso, que deben ser atendidas con urgencia a través de mecanismos excepcionales que den respuestas inmediatas a las necesidades de salud. Entendemos que estas circunstancias también expresan una problemática de fondo del funcionamiento del sistema de salud que debe abordarse en los espacios democráticos de deliberación, para impulsar soluciones sostenibles en el largo plazo, en beneficio del bien común”, dice una carta de la Defensoría al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La entidad también ha instado al Congreso a garantizar que cualquier reforma al sistema de salud contemple soluciones estructurales y viables, asegurando sostenibilidad fiscal y calidad en la atención.
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"El estado actual del sistema de salud no es compatible con el goce efectivo del derecho a la salud. Se requiere una acción inmediata para evitar el agravamiento de la crisis, sin importar el desenlace de la reforma", afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz .
Aunque el proyecto de ley se basa en principios constitucionales generales apropiados, no es clara la forma en que se adelantará el proceso de transición entre el sistema actual y la implementación del modelo que se adopte con la reforma. Particularmente, es necesario prever la manera en que se resolverá la dificultad crónica del flujo de recursos financieros para la operación del sistema. Dicha dificultad ha afectado la oportunidad, la integralidad y la calidad de la atención en salud. La discusión de la reforma es una oportunidad positiva para proyectar un sistema de salud en el que todos los actores involucrados en su funcionamiento (i) acepten que, tras 30 años de la puesta en marcha del actual sistema, este padece de distorsiones, inequidades y omisiones; a la vez que (ii) reconozcan y protejan las importantes capacidades construidas.
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