Corte frena recorte a EPS con el que Gobierno buscaba financiar salud en territorios

La Corte Constitucional ordenó que no se aplique esa norma hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva sobre ese caso.

El alto tribunal decidió suspender de manera provisional la resolución en la que el Gobierno descontaba el 5 % de estos dineros para el programa de equipos básicos de salud. La sala encontró que la destinación de ese 5 % para la operación de equipos básicos en salud, ordenada en los artículos 11 y 21 de la resolución 2364 de 2023, puede representar una diminución en el valor de la unidad de pago por capitación (UPC), y dar lugar a que las EPS cuenten con menos recursos disponibles para garantizar la prestación de la misma cantidad de servicios y tecnologías en salud cubiertos por el plan de beneficios en salud.

Esta medida fue tomada en referencia al Auto 875 del 10 de mayo de 2023, que revoca la destinación del 5 % de la unidad de pago por capitación (UPC) para la operación de equipos básicos de salud, según lo estipulado en los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023.

La preocupación principal es el desequilibrio financiero que podría generar esta medida; además, se cuestiona la falta de respaldo técnico del Ministerio de Salud para esta decisión y la ausencia de más recursos que compense la sustracción del 5 % de la UPC.

Por otro lado, la Sala Especial de Seguimiento argumentó que esta destinación disminuiría el valor de la UPC, lo que podría provocar una reducción de los recursos disponibles para las entidades promotoras de salud (EPS) y comprometer la prestación de servicios y tecnologías contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

En este caso, la decisión de la Sala es suspender temporalmente los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023 y el artículo 10 de la Resolución 2366 de 2023, que permitían al Ministerio de Salud destinar un porcentaje de la unidad de pago por capitación (UPC) para operar equipos básicos de salud.

Esta suspensión estará en vigor hasta que el Consejo de Estado emita un veredicto definitivo sobre la legalidad y constitucionalidad de dichas disposiciones.