La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha alertado sobre un grave desequilibrio financiero que podría generar la implementación de la reforma a la salud aprobada recientemente en la Cámara de Representantes.
Según los cálculos de la Andi, la reforma podría provocar un déficit de $141,4 billones en los próximos diez años, un monto que pone en riesgo la estabilidad económica del sistema de salud y, por ende, la capacidad del Estado para garantizar la cobertura universal y el acceso a servicios de salud.
Esta proyección contrasta drásticamente con las estimaciones del Ministerio de Salud, que prevé un superávit de $21,8 billones, lo que refleja una diferencia de $163 billones, lo que aumenta las dudas sobre la viabilidad fiscal de la reforma. La Andi sostiene que, lejos de resolver los problemas estructurales que aquejan al sistema de salud, la propuesta gubernamental podría agravar la crisis financiera del sector, haciendo aún más insostenible la cobertura de los servicios y afectando a millones de colombianos.
La preocupación de la Andi se fundamenta en los estudios técnicos que muestran que la reforma no aborda los problemas estructurales que hoy enfrenta el sistema de salud, como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las deficiencias en su cálculo. De hecho, la Corte Constitucional, en su Auto 007 de 2025, declaró que el cálculo actual de la UPC no es suficiente para cubrir las necesidades reales de la población, y ordenó su revisión para garantizar su suficiencia en los próximos años.
La Corte subrayó la importancia de contar con mecanismos transparentes y efectivos que aseguren que los recursos asignados al sistema de salud se ajusten a las demandas y características de la población. En este contexto, la Andi cuestiona la propuesta de una reforma que implica la sustitución total del sistema de salud sin antes equilibrar financieramente el modelo actual.
Para la Andi, esta sustitución sin un análisis previo podría empeorar la crisis, ya que ampliaría las obligaciones del Estado sin asegurar fuentes de financiamiento claras y sostenibles. En última instancia, la implementación de esta reforma podría generar una carga insostenible para las finanzas públicas y comprometer el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
La Andi hace un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para que reconsideren la reforma y busquen alternativas que fortalezcan el sistema de salud sin poner en peligro la estabilidad económica del país y la sostenibilidad del modelo de atención.