Ana María Vesga, presidenta del gremio de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS ) en Colombia, expone una alarmante situación financiera que afecta directamente la atención médica en el país.
Una deuda acumulada de 2.3 billones de pesos indica que el sistema enfrenta serias dificultades para ofrecer servicios adecuados a la población.
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La deuda
Esta deuda no es reciente. Comienza con un ajuste del año 2022 por 819 mil millones de pesos que, pese a la autorización para su desembolso, no fue ejecutado.
Además, la situación se agrava con impagos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, que totalizan unos 500 mil millones de pesos mensuales. La falta de estos recursos ha contribuido al desabastecimiento de medicamentos esenciales, especialmente para pacientes con enfermedades huérfanas y tratamientos innovadores.
Impacto en los pacientes
Los pacientes afectados son aquellos que requieren medicamentos costosos que no están incluidos en el plan de beneficios, lo cual ha llevado a un aumento en las tutelas y quejas. Más del 50% de estas quejas están relacionadas directamente con la falta de financiación de tecnologías de salud que dependen de estos recursos. Vesga sostiene que la intervención de la Corte Constitucional es crucial en este contexto, instando al Ministerio de Salud a cumplir con las obligaciones económicas.
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La falta de acción del gobierno tiene serias consecuencias, no solo fiscales y penales para quienes se resistan a acatar las órdenes judiciales, sino también para los millones de colombianos que dependen de estos servicios.
El dilema: acatar la orden judicial o enfrentar las consecuencias de no cumplirla. La Corte ha establecido un plazo para que los pagos se realicen de manera oportuna para restaurar el flujo de atención y garantizar los recursos necesarios.
El reto del Ministerio de Salud
A medida que se aproxima la fecha límite, el ministro debe actuar rápidamente para cumplir con los requisitos establecidos. El desembolso de estos fondos debe ser automático y directo a los proveedores de servicios, sin pasar por la intermediación de las EPS, para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. La administración pública y el sistema de salud no pueden prolongar esta situación, ya que las consecuencias para la salud pública son demasiado graves.
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Escuche aquí la entrevista:
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