Un Consejo de Seguridad extraordinario se llevó a cabo a puerta cerrada en Bucaramanga en respuesta al atentado sufrido por el dragoneante Dyeezen Fernando Carrillo Sánchez del Inpec al llegar a su turno en la cárcel Modelo, y quién se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander.
Durante el encuentro participaron funcionarios de la Gobernación de Santander, representantes de la Defensoría del Pueblo y líderes de los guardias de seguridad de las cárceles del departamento, Fiscalía, y representantes de Alcaldía de Girón y Bucaramanga.
Aparecen nuevas amenazas contra guardianes del Inpec en Girón: "empezamos el plan pistola" #VocesySonidos https://t.co/0vqcQqefkW
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 19, 2024
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que "los líderes de los guardias expusieron las amenazas de las que son víctimas, en el contexto de un supuesto "plan dominó" orquestado por internos de cárceles a nivel nacional".
Hernández anunció que solicitarán apoyo al Gobierno nacional para garantizar la protección de los funcionarios, quienes actualmente enfrentan más de 24 amenazas de muerte en las cárceles de Palogordo, en Girón, y la Modelo, en Bucaramanga. Además, se han recibido varias denuncias al respecto.
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El Consejo de Seguridad también incluyó a representantes de la Policía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía, la Procuraduría Regional de Santander y la Defensoría del Pueblo, con ellos se buscaba generar compromisos de apoyo y respaldo a los guardias del Inpec, que son victimas de estas amenazas que están siendo efectivas y atentan contra sus vidas.
"Escuchar a todo el personal y desarrollar un plan de acción conjunto para mejorar las garantías de seguridad y control para los funcionarios, fue fundamental y por esa razón necesitamos aumentar nuestras capacidades para contrarrestar estos actos que atentan contra la vida de los guardias", afirmó Hernández.
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De igual manera fue enfático en resaltar la importancia de integrar a todos los alcaldes del departamento, quienes son responsables de los internos que persisten en las cárceles locales, para abordar de manera conjunta esta problemática.
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