“Queremos devolver la empresa Empas a Bucaramanga": congresista Cristian Avendaño

Avanza proyecto de ley que prohibiría participación accionaria de las Corporación Regionales Ambientales en empresas deservicios públicos domiciliarios.

Con el objetivo de eliminar el conflicto de interés y evitar que las Corporaciones Autónomas Regionales puedan ser juez y parte de las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 235 de 2023, impulsado por el representante Cristian Avendaño. Esta iniciativa busca prohibir la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, en empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

En el caso específico de Santander, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) posee actualmente el 99% de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS), entidad a la que también supervisa y sanciona. Esta situación, según Avendaño, crea un conflicto de intereses que ha afectado negativamente la gestión y el desarrollo de proyectos cruciales para la región.

“La aprobación de este proyecto de ley permitirá devolver la Empresa Pública de Alcantarillado de Santandera los bumangueses, cuyo valor patrimonial asciende a cerca de medio billón de pesos. Además, permitirá que los cerca de 100.000 millones de pesos que se recaudan anualmente en los recibos de acueducto y alcantarillado sean invertidos de una manera mucho más eficiente," afirmó Avendaño.

La medida no solo busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos, sino también transferir las funciones de supervisión ambiental a los municipios donde se prestan los servicios. Esto, según Avendaño, facilitará la realización de inversiones estratégicas necesarias, como la mejora en el tratamiento de aguas residuales y la renovación de las redes de alcantarillado.

Desde su creación, Empas ha sido objeto de controversia debido a su uso como fortín burocrático y a la presunta financiación de campañas políticas con los recursos de los bumangueses y santandereanos. Con esta nueva ley, se espera poner fin a estas prácticas y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera más efectiva y en beneficio de la comunidad.

"Este proyecto representa un avance significativo en la gestión de recursos para Bucaramanga, asegurando que puedan ser utilizados de manera más efectiva. Seguiremos trabajando duro para lograr que esta ley sea aprobada en el segundo semestre del año en curso", concluyó Avendaño.

Ante la aprobación en primer debate, falta ver qué dirán los caciques de los clanes políticos de Santander a quienes se les atribuye el control total de estas empresas.