Procuraduría pidió nuevas pruebas en investigación contra Gobernador de Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación pidió nuevas pruebas en la investigación contra el actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, por presuntas irregularidades en un contrato de más de 2 mil millones de pesos ejecutado entre 2016 y 2019.

“La Procuraduría General de la Nación pidió nuevas pruebas y prorrogó por tres meses la investigación contra el actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, por su presunta responsabilidad en irregularidades para la ejecución de un proyecto agrícola de producción de cacao, financiado con recursos de Regalías por $ 2.838 millones durante su segundo período como mandatario departamental entre 2016 y 2019. La medida también cobija a Sonia Arango Medina, secretaria general de la gobernación, Leonel Rodríguez, secretario económico (2016-2019) y Omar Villamizar Luciani, supervisor del contrato”, explicó el ente de control a través de un comunicado.

De igual forma la Procuraduría prorrogó por tres meses más la investigación contra el actual gobernador de Santander William Villamizar Laguado para escuchar los nuevos testimonios que solicitó.

“Las nuevas pruebas solicitadas por el Ministerio Público son los testimonios de dos ex rectores y otros colaboradores de la Universidad de Pamplona relacionados con la ejecución, copias de liquidación de los contratos de obra e interventoría, listado de agricultores que han recibido los beneficios del proyecto, aquellos que por diferentes razones no han accedido y un informe sobre el estado actual del proyecto”, aclaró el ente de control.

Entre las presuntas irregularidades por las cuales se inició la investigación están el no haber indicado en los informes de interventoría deficiencias en el suministro de agua para el mantenimiento de los cultivos y que más de la mitad de los beneficiarios cuentan con conexión a distritos de riego, condición necesaria del proyecto.

De igual forma la procuraduría también encontró presuntas fallas de tipo administrativo como no haber publicado los documentos contractuales y otros datos de obligatorio cumplimiento en aplicativos estatales como el Secop.