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Procuraduría destituyó e inhabilitó a funcionaria de la CDMB que participó en política

La conducta fue calificada por la Procuraduría de manera definitiva como gravísima a título de dolo. Contra esta decisión procede el recurso de apelación.

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A través de un comunicado de prensa la Procuraduría General de la Nación confirmó que destituyó a una funcionaria de la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga que participó en Política utilizando su cargo en la corporación ambiental para favorecer deliberadamente a un aspirante político.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a la funcionaria Sandra Lucía Pachón Moncada, quien utilizó su cargo como jefe de la oficina de Gestión Social y Ambiental de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), para participar en una actividad política para favorecer las aspiraciones políticas del aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya”, explicó la Procuraduría.

Los hechos en mención por los cuales fue destituida la funcionaria pública se remontan al año 2019 cuando la disciplinada auspició una reunión política a partir de su cargo en la autoridad ambiental.

“El Ministerio Público demostró que la disciplinada en el marco del proceso electoral, iniciado el 27 de octubre de 2018, y en ejercicio del señalado cargo en la CDMB, propició o, cuando menos, permitió y consintió la realización de una reunión el 4 de junio de 2019, para que Anaya Martínez realizará lo que llamaron sondeos”, aclaró la Procuraduría.

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A la reunión, para la cual se invirtió más de medio millón de pesos, concurrieron empresarios, representantes de gremios, asociaciones civiles y canales de televisión comunitaria.

La Procuraduría, en primera instancia, consideró que “se pretende utilizar una reunión empresarial y de temas ambientales como sofisma de distracción y disfrazar la real intención que era la de buscar sondeos para la citada causa política la cual, en menos de una semana empezó a materializar radicando el 10 de junio de 2018, la solicitud de coalición de partidos para su candidatura"

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La conducta fue calificada por la Procuraduría de manera definitiva como gravísima a título de dolo. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria.

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