Diferentes asociaciones de mineros en Santander afirmaron que se unen a la protesta, Asomical, Asomineros Vetas, Calimineros S.A.S., Asomar, Asomiprosoto y la Asociación Los del Boquete de Soto Norte, en representación de más de 2.000 pequeños y medianos mineros de la provincia de Soto Norte (Santander ), se adhieren al paro campesino así lo confirmo Ivonne González Presidente de Asomineros VETAS quien aseguró que “como comunidad hermana de Berlín y como compañeros de lucha los apoyan mutuamente”
De igual manera, aseveró que se unen como mineros a “los compañeros del bajo cauca, al sur Oeste Antioqueño del Sur de Bolívar, al Sur de Córdoba, de Boyacá y de Caldas”, ratificó González.
González aseguró, además, que en Soto Norte viven campesinos y mineros, y las dos poblaciones se ven directamente afectadas por el Decreto 044 de 2024, dado que les implicaría dejar de hacer sus actividades económicas, según González “ es una aplicación arbitraria, puesto que fue emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y nos impone una amplia Zona de Protección de los Recursos Naturales (78.000 hectáreas) en la región, por fuera del Páramo de Santurbán, afecta directamente nuestra casa, es decir más de 35 mil habitantes”.
Las comunidades mineras de Vetas, California y Suratá buscan ser escuchadas, pero aseguran que no ha pasado ni siquiera en las visitas que se han realizado, por lo que sienten que “vulneran los derechos y pone en riesgo la continuidad de una actividad que ha sido el sustento de nuestras familias por más de 470 años, pertenecemos a Bucaramanga nuestros hijos estudian ahí y trabajamos arduamente para sacar adelante nuestra región” resaltó González.
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En la región son más de 35.000 habitantes que por años han coexistido no solo de la producción agropecuaria sino también de la minería donde a su vez tienen títulos mineros que perderían con las Zonas de Reserva Protegidas, por eso se amparan en el Acuerdo Escazú y afirman que el Gobierno nacional no les ha respaldado sus derechos frente al acuerdo
Exigen que sus demandas sean escuchadas y buscar una solución que permita el desarrollo de las actividades económicas legales en las zonas de alta montaña.
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