Pequeños mineros de Santander protestan para rechazar zonas de reserva del MinAmbiente

Más de 300 habitantes de los municipios de California, Vetas, Suratá y Matanza protestaron pacíficamente frente a la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), oponiéndose a las zonas de reserva que el Ministerio de Ambiente pretende establecer en el área. La medida afectaría directamente a más de 35.000 habitantes de la región, quienes dependen de la minería como principal fuente de ingresos.

Los manifestantes, con pancartas y megáfonos, expresaron su rechazo al decreto que consideran arbitrario y que no ha sido concertado con las comunidades locales.

“Nos declaramos en desobediencia civil, contra un decreto que le hace conejo a la delimitación del Páramo que hemos trabajado por 12 años, y que condena a la ilegalidad a los mineros tradicionales y ancestrales”, dijo Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros (Asomineros).

El principal argumento de los manifestantes es que la minería, practicada de manera responsable, es esencial para el desarrollo de la región y forma parte de su herencia cultural.

Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), denunció que esta nueva declaración de reserva "condena a la ilegalidad a centenares de familias que han intentado formalizarse", y acusó al gobierno de tomar decisiones sin consultar a las comunidades afectadas.

A la protesta también se unieron las 160 familias de Calimineros, una empresa que ha sido reconocida como un modelo de formalización en Colombia. Sus representantes manifestaron su preocupación por la persecución a la minería ancestral, que ha alcanzado, según ellos, “niveles alarmantes” con medidas que no toman en cuenta las prácticas responsables y sostenibles de los mineros locales.

Los manifestantes instaron a las autoridades regionales, como la CDMB, la Gobernación de Santander y la Procuraduría, a condenar el decreto, el cual ya ha sido demandado ante el Consejo de Estado por su presunta ilegalidad.

"Defenderemos con nuestra vida nuestro derecho a trabajar y ejercer una actividad económica legítima", enfatizó Ivonne González.