El Ministerio de Transporte de Colombia ha rechazado la solicitud de liquidación de Metrolínea S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del Área Metropolitana de Bucaramanga, argumentando la ausencia de un plan de contingencia por parte de los alcaldes de Bucaramanga y su área metropolitana para garantizar la continuidad del servicio.
La decisión se tomó tras la asamblea de accionistas de Metrolínea, celebrada el pasado 27 de marzo, en la cual Bucaramanga propuso la liquidación del ente gestor bajo la causal de no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda solicitaron suspender el estudio de liquidación hasta recibir un informe detallado sobre la situación financiera y operativa del sistema.
En una carta dirigida al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el Ministerio de Transporte solicitó el acompañamiento de la Procuraduría para generar alternativas que permitan la continuidad del servicio de transporte masivo en la región.
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En el documento, se destaca que la crisis de Metrolínea se debe, entre otros factores, a las deficiencias operativas del concesionario Metrocinco Plus, que no cuenta con la flota necesaria para prestar el servicio, y a la falta de aportes presupuestales suficientes por parte de algunos municipios del área metropolitana.
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El Ministerio exigió a los alcaldes presentar un plan de contingencia que garantice la operación del sistema y el uso de la infraestructura construida con recursos de cofinanciación de la Nación.
Además, solicitó un análisis detallado del estado financiero de Metrolínea, un dictamen de la Revisoría Fiscal y una explicación sobre por qué en otras ciudades con problemas similares se han encontrado soluciones para mantener la operación del sistema, mientras que en Bucaramanga se plantea la liquidación.
El Ministerio de Transporte señaló que está comprometido con la sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo y advirtió que la prestación del servicio es una responsabilidad de las autoridades locales en coordinación con el Gobierno nacional.
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