El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, expresó su rechazo a la propuesta del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, de cobrar una tasa de seguridad
a través de la factura de energía. Según Palma, la implementación de esta tasa sería “perjudicial para la economía de las familias santandereanas, ya que representaría un incremento en las facturas de un servicio esencial como lo es la energía”.
El ministro resaltó que la tasa de seguridad
, que ya ha sido objeto de controversia en otros departamentos como el Atlántico, ha generado implicaciones económicas y jurídicas.
"Este cobro afecta el bolsillo de los ciudadanos y va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad", manifestó Palma, quien indicó que el Gobierno nacional
ha hecho repetidos llamados a las autoridades locales para reconsiderar la implementación de estas cargas adicionales, argumentando que no deben ser asumidas por los usuarios del servicio de energía.
Palma recordó también que, durante su gestión como Agente Especial de Air-e, fue testigo de los efectos negativos de esta tasa en las regiones del Atlántico y Magdalena, donde representa más del 10% del valor total de las facturas de energía.
A este rechazo se suman los concejales de Bucaramanga, José David Cavanzo, Luis Eduardo Ávila y Cristián Andrés Reyes, quienes enviaron una carta al gobernador y a la Asamblea Departamental solicitando el retiro del proyecto de ordenanza número 019, aprobado en debate de comisión el 28 de marzo de 2025.
Los concejales argumentan que, en el contexto económico actual, marcado por la pobreza, el desempleo y el aumento de la canasta familiar, la implementación de un nuevo impuesto afectaría gravemente a las familias y la economía local.
El proyecto de ordenanza plantea imponer un cobro adicional por kilovatio consumido en el servicio de energía, con el objetivo de fortalecer la seguridad multidimensional y la convivencia ciudadana en el departamento.
Sin embargo, los concejales sostienen que el proceso de socialización con la ciudadanía ha sido insuficiente y que la medida no cuenta con un análisis de viabilidad adecuado.
“Es fundamental que cualquier contribución relacionada con la seguridad esté basada en un análisis detallado de impacto y equidad tributaria, sin generar cargas impositivas injustificadas”, señaló Cavanzo. Además, le pidieron al gobernador Juvenal Díaz, y la Asamblea, evaluar otras alternativas de financiamiento y optimización de recursos públicos para fortalecer la seguridad sin afectar la economía de los ciudadanos.
Este martes 1 de abril se realizará el segundo debate del proyecto de ordenanza para implementar una tasa de seguridad en Santander con cobro en el recibo de energía.
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