El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada Añokazi, por los incumplimientos relacionados con la delimitación del Páramo de Santurbán, proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017.
Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas (Asomineros), cuestionó la gestión de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, frente al proceso de delimitación del páramo de Santurbán: “Se evidenció el afán de la exministra por dejar una delimitación hecha, era una orden con un plazo de un año y han pasado ocho sin que se nos escuche, a la doctora Susana no le interesó la verdadera delimitación del páramo, firmó una reserva un día antes de dejar el cargo, sin argumentos técnicos ni jurídicos sólidos, y ahora, lamentablemente, la doctora Lena debe asumir esa responsabilidad”, expresó González.
Aunque reconoció que con la nueva ministra, Lena Estrada Añokazi, el diálogo ha sido más abierto y fluido, González insistió en la necesidad de que se cumplan los fallos judiciales. “Es hora de que los mineros no solo seamos escuchados, sino que también podamos trabajar sin sentirnos perseguidos por ejercer nuestra labor”, puntualizó.
Entre las fallas destacadas se encuentra el incumplimiento del cronograma oficial del proceso de delimitación, donde la Corte Constitucional exigió realizar mesas de trabajo con las partes afectadas sin embargo fueron realizadas solo 6 de las 31 mesas de trabajo previstas con las comunidades, así mismo dentro de las faltas la Corte evidenció la no priorización de recursos para cumplir con las órdenes judiciales.
El Tribunal requirió a la actual ministra para que, en un plazo de cinco (5) días, justifique las razones del incumplimiento o, en su defecto, cumpla integralmente con lo ordenado por la Corte Constitucional.
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La providencia también establece que la funcionaria deberá firmar personalmente sus respuestas, indicar los canales digitales habilitados para notificaciones y suministrar su número de cédula para efectos de identificación legal.
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El incumplimiento de esta sentencia, advirtió el Tribunal, implica desconocer su carácter vinculante y coercitivo, lo que podría derivar en sanciones personales. En efecto, de persistir el desacato, la ministra Estrada podría enfrentar sanciones económicas que recaerían directamente sobre su patrimonio, conforme al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
Este nuevo capítulo en el largo proceso por la protección del Páramo de Santurbán pone nuevamente en el centro del debate la obligación del Estado de garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos, así como de cumplir con las órdenes judiciales que protegen los derechos fundamentales de las comunidades involucradas.
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