En un encuentro tenso y plagado de recriminaciones, los habitantes de California, Suratá y Vetas, en la provincia de Soto Norte, Santander, rechazaron la reciente declaratoria de reserva ambiental en el páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente.
La reunión, destinada a construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, culminó en una acalorada discusión. Y es que los mineros de la región, encabezados por Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, se congregaron en el coliseo del municipio de California para expresar su descontento hacia la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a quien le cuestionó duramente sus políticas, acusándole de condenar a la ilegalidad a centenares de familias que dependen de la minería artesanal.
“La diferencia entre nosotros es que sus raíces son foráneas, sus raíces son extranjeras, son de Palestina. Nosotros somos de raíces chitaneras, ella defiende los derechos de Palestina, nosotros los de nosotros, los santandereanos. Mientras que ella está preocupada por Palestina, aquí en Colombia, en nuestro territorio, nos está destinando a la ilegalidad. Nunca habíamos visto un Gobierno tan prepotente como este”, declaró González en medio de la reunión, desatando aplausos y silbidos de apoyo entre los asistentes.
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¿Cuál es la declaratoria en el páramo de Santurbán?
El anuncio del Ministerio de Ambiente sobre la declaratoria de reserva ambiental en el páramo de Santurbán, amparado en el Decreto N° 044, ha generado gran inquietud entre los mineros. Este decreto, que prohíbe la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en las zonas declaradas como reserva, fue percibido como una amenaza directa a la subsistencia de la comunidad minera local.
Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), expresó su indignación: “No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la ministra de Ambiente cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, se hace sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”.
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Ivonne González enfatizó que esta declaratoria no solo sepulta la economía de la región, sino que también viola varios derechos fundamentales. “Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales”.
Minambiente defiende la propuesta
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la posición del Gobierno, argumentando que la minería, incluso la artesanal, no puede comprometer los recursos hídricos vitales.
En la reunión, se expusieron los argumentos sobre el futuro del territorio y el impacto del Decreto N° 044, pero no se llegó a un consenso. La ministra afirmó que las áreas de reserva ambiental no afectarán las zonas de formalización minera en Soto Norte. Sin embargo, esta declaración no convenció a los presentes, quienes demandaron soluciones concretas y una mayor inclusión en las decisiones que afectan su modo de vida.
Al final de la reunión la ministra entregó el balance. “El diálogo con los mineros de Vetas, California y Soto Norte no terminó en un diálogo productivo. ¿Por qué no terminó en un diálogo productivo? Porque tenemos aquí un conflicto en donde hay un punto en común. El Gobierno nacional está de acuerdo con la formalización de la minería tradicional, la pequeña minería hecha por los habitantes de estos municipios, mineros, pero en una escala que permita que el agua podamos manejarla conjuntamente y no haya afectaciones al ciclo del agua. Por el otro lado, eso implica el ordenar el territorio alrededor del agua”.
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La ministra de Ambiente dijo que hay un instrumento y es la reserva temporal que nos da la sentencia del Consejo de Estado, pero es consciente que hay mucha resistencia social. “Esperamos poder recuperar algunos de los canales para que podamos avanzar en este proceso que no ha sido fácil y que ojalá podamos resolver de fondo este conflicto socioambiental en este gobierno”, concluyó.
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