Luego de la visita de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a la provincia de Soto Norte, Santander, los habitantes de California, Suratá y Vetas rechazaron la declaratoria de reserva ambiental en Santurbán. El anuncio de la funcionaria fue la creación de una zona de reserva temporal de recursos naturales en toda la provincia, según el Decreto 044, pero los paramunos advirtieron que esta medida afectaría gravemente las actividades económicas de más de 15.000 personas en la región.
Según Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), esta declaratoria condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que llevan años intentando formalizarse.
“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad. Esta medida se toma sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”, declaró Maldonado.
Asimismo, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, expresó su profunda preocupación por esta medida inconsulta que ignora los acuerdos alcanzados con el Gobierno en las mesas de delimitación del páramo de Santurbán durante los últimos dos años.
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“La resolución del Gobierno Nacional sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestros derechos a la participación ciudadana, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y a la identidad cultural de los mineros tradicionales”, afirmó.
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Daniel Maldonado, representante de la Asociación de Mineros Tradicionales de Suratá, también se manifestó en contra de lo que considera una persecución sistemática a la minería en su territorio.
“Este Gobierno habla del Acuerdo de Escazú, pero vulnera nuestra participación y desprecia los procesos de concertación. Nosotros no hacemos minería dentro del Páramo, pero no por eso nos pueden obligar a dejar de ser mineros. Esta es una estrategia para desacatar las sentencias de la Corte Constitucional y extender la delimitación del Páramo hasta Bucaramanga”.
Los líderes sociales también denunciaron que el Ministerio de Ambiente realizó una convocatoria engañosa para la discusión, utilizando logos del proceso de delimitación para un tema diferente y sin la presencia de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
“Es absurdo que para un tema que afecta a 30.000 paramunos, el Ministerio de Ambiente quiera que solo hablen 2 personas por municipio, elegidas por ellos mismos. Esto vulnera todos los derechos”, denunció Ivonne González.
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Ante el anuncio del Ministerio de Ambiente, los líderes sociales, mineros de pequeña escala y paramunos anunciaron que llevarán a cabo movilizaciones y acciones jurídicas para evitar que se violen sus derechos con una declaratoria de reserva temporal arbitraria.
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